Matías Austria García

Expediente 960/2013 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2013.

Datos del expediente

Expediente
960/2013
Año
2013
Actuaciones
4
Última actuación
22/10/2013

Partes del expediente

  • Matías Austria García

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    VISTO EL ESTADO DE AUTOS Y LA CERTIFICACION DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DIAS, PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 104 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, HA TRANSCURRDIO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCION DE DOS DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DESECHO DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA, EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE CINCO DE JUNIO PASADO, DICTADA POR LA SEGUNDA SALA CIVIL Y FAMILIAR, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LOS AUTOS DEL TOCA CIVIL 790/2010-II; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCION. DEVUELVANSE LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL TOCA CIVIL CITADO, ASI COMO EL TESTIMONIO DE APELACION, 78/2010, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO RESPECTIVO, Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.

  3. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL ACUERDO DE DOS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Pachuca de Soto, Hidalgo, dos de octubre de dos mil trece. Visto el oficio 1925/2013 del Presidente de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 5820/2013, con el que remite original de demanda con dos anexos, promovida por ***, por propio derecho, cuatro copias de lo mismo; constancia de emplazamiento, testimonio de apelación 78/2010, copias certificadas del toca civil 790/2010-II; así como el diverso SEPLE./ADS./019/4597/2013 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, recibido vía correo electrónico del Presidente de este tribunal colegiado; regístrese en el libro de gobierno correspondiente, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, respecto de la demanda que se provee se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente y oficioso por tratarse de una cuestión de orden público, en atención a las siguientes consideraciones. Primeramente, cabe apuntar que el ordinal 17 de la Ley de Amparo vigente, establece como término para la interposición del juicio constitucional el de quince días, disposición legal que textualmente refiere lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, (.)." Por su parte el numeral 18 de la citada ley dispone que término debe contarse a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rige; es decir, para realizar el cómputo mencionado en el caso a estudio, la ley aplicable resulta ser el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Hidalgo, ya que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de cinco de junio de dos mil trece, dictada por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca civil 790/2010-II. Por otra parte, de las constancias integrantes del juicio indicado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, en términos de su ordinal 2º, se observa a foja ciento ochenta y siete, de los autos de las copias certificadas del toca civil 790/2010-II, que la notificación del acto reclamado se realizó al ahora quejoso por lista, el diez de junio de dos mil trece, la cual surtió sus efectos en el momento mismo en que se realizó, atento a lo establecido por el ordinal 94 del Código de Procedimientos Familiares Civiles del Estado de Hidalgo, que a continuación se transcribe: "Artículo 94.- Los términos y plazos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente hábil a aquél en que se hubiere hecho el emplazamiento o notificación." Bajo ese orden de ideas y toda vez que la notificación del acto reclamado surtió sus efectos el mismo diez de junio pasado, el término de quince días para la presentación de la demanda de garantías empezó a transcurrir el once de junio pasado, para fenecer el uno de julio del año que transcurre, por lo que si la demanda de garantías se presentó ante la Sala responsable hasta el veintinueve de agosto de dos mil trece, según se advierte del mata sello que aparece en la misma, es evidente que transcurrió en exceso el término que se disponía para presentarla, por lo que es de entenderse que el acto reclamado fue tácitamente consentido por el ahora quejoso al no presentarla dentro del término legal. No es óbice a la anterior determinación el hecho de que el quejoso manifieste que la fecha en que se le notificó el acto reclamado fue el nueve de agosto del presente año, toda vez que dicha aseveración se desvirtúa con las constancias que obran en el toca civil remitido, así como con la certificación realizada por la Secretaria de Amparos de las Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, al pie de la demanda de amparo que nos ocupa. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso 17, ambos del ordenamiento legal anteriormente invocado, se desecha de plano por extemporánea la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, en contra de la sentencia de cinco de junio de dos mil trece, dictada por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca civil 790/2010-II, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 179 del dispositivo legal en cita. En relación a la anterior determinación, se comparte el criterio sustentado por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, en la jurisprudencia visible en la página seiscientos sesenta y dos, tomo III, junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIÓN. JUICIO DE GARANTÍAS, EFECTOS DE LA. PARA REALIZAR EL CÓMPUTO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO). El artículo 21 de la Ley de Amparo, establece que el término para la interposición del juicio de garantías, será de quince días, que se contarán a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto reclamado. Por tanto, tal numeral remite, para realizar el cómputo, para la interposición del juicio de amparo, a la ley que rige el acto y toda vez que el artículo 125 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, señala que los plazos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que se hubiere hecho la notificación, las notificaciones surten sus efectos en el momento mismo en que se realicen, por lo que para los efectos del cómputo para la interposición del juicio de garantías, en asuntos del orden civil, debe empezar a contarse a partir del día siguiente a aquel en que se efectuó la notificación del acto reclamado". Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j); y fracción III; de la ley de la materia, notifíquese el presente acuerdo para los efectos legales correspondientes. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, a la parte quejosa, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para tales efectos, los indicados en el escrito de demanda. En su oportunidad, archívese el expediente en que se actúa como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, visto el oficio de cuenta remitido por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en atención a su contenido, téngase a la autoridad oficiante informando que en sesión ordinaria de once de septiembre de dos mil trece, la Comisión de Adscripción sometió a consideración del Pleno determinar la conclusión de los efectos de la comisión temporal del Magistrado José Guadalupe Sánchez González en el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, y se acordó su readscripción, por necesidades del servicio, del Primer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad capital, en sustitución del Magistrado Federico Jorge Martínez Franco, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil trece. Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad de votos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, este órgano colegiado quedará integrado a partir de la fecha indicada con los Magistrados: Guillermo Arturo Medel García (Presidente), Miguel Vélez Martínez y José Guadalupe Sánchez González. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 2º, de la Ley de Amparo vigente, dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuarto transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; en concordancia, con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1°, 3°, 5°, 6°, 7° y 8° del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; de igual forma, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional o ley federal o local.

  4. Juicio de Amparo Directo

    NOTIFIQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

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