Matías Alberto Cortés López

Expediente 881/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
881/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
09/12/2020

Partes del expediente

  • Matías Alberto Cortés López

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, se declara que el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo promovida por -----------, por propio derecho, en el juicio de amparo 881/2020-V, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En atención a lo anterior, se estima que este expediente es susceptible de destrucción, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado Acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifi´quese por lista a la parte quejosa, en los términos que establece el arti´culo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por -------------, por propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, y otra autoridad; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 881/2020-V. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Ahora bien, de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo en que Matías Alberto Cortes López, por propio derecho, ocurre a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos que se hacen consistir en: 1. Del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, reclama: ? La omisión de atender las peticiones realizadas por la parte quejosa, realizadas en fecha seis de noviembre de dos mil veinte, de folios números 010511 y 010512, en las cuales: En el primero de ellos, solicita se gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informe lo relativo a las cuentas bancarias de la parte demandada, asimismo, proceda al congelamiento de sus cuentas bancarias y se le expida el cheque correspondiente a su favor; de igual manera, solicita se aperciba al Titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con las medidas de apremio para el caso de no cumplir, y en caso de desobediencia se de vista al agente del Ministerio Público por el delito de desobediencia; finalmente realice todas las gestiones necesarias para ejecutar el laudo. Por cuanto hace al segundo, manifiesta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, no retuvieron la cantidad que le correspondía conforme al laudo condenatorio, y a segunda omitió rendir información del periodo del veintiséis de octubre de dos mil diecinueve, al treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, de la cuenta bancaria de la parte demandada, por lo que ambas incurrieron en desobediencia, y por ello, solicita se le imponga una multa a la citada institución financiera, y se haga la denuncia ante el Agente del Ministerio Público por el delito de desobediencia en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER; así también, solicita se gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que procede al congelamiento de las cuentas bancarias de la parte demandada, finalmente realice todas las gestiones necesarias para ejecutar el laudo. 2. Del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, reclama: ? La omisión de notificar personalmente, las determinaciones correspondientes, a los escritos presentado por la parte quejosa en fecha seis de noviembre de dos mil veinte, dentro del expediente laboral J.2/306/2012; y, 3. De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores e Institución Bancaria BBVA Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, reclama; ? La omisión de trabar legal y formal embargo de la cuenta número 0141594087, correspondiente al expediente laboral J.2/306/2012. De lo anterior, respecto a los actos señalados en los numerales 1 y 2, se estima que, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, conforme a lo que a continuación se expone: Los numerales citados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De igual forma, es conveniente señalar que el numeral 107, fracción V, del ordenamiento en mención, a saber: Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; El primer dispositivo transcrito evidencia la improcedencia del juicio de amparo en los casos en que ésta resulte de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la propia Ley de Amparo. Así, en relación al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando los daños causados por éstos no tengan solución alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: Derechos sustantivos: Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías individuales, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos: Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una resolución favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En ese orden de ideas, los actos reclamados señalados en el primer y segundo numeral, en esta vía devienen improcedentes, pues no constituyen un acto que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues atendiendo a la naturaleza normativa respecto a su ámbito espacial de validez en relación con las autoridades responsables, tiene aplicación la Ley Federal del Trabajo, misma que en su numeral 838, señala lo siguiente: Artículo 838.- El Tribunal dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley. De esta manera, si la parte quejosa reclama la dilación y omisión de la responsable de dictar proveer respecto de los escritos presentados por la parte quejosa en fecha seis de noviembre de la presente anualidad, dentro de las temporalidades que establece la Ley Federal del Trabajo, atendiendo a lo expuesto, dicho acto reclamado no constituye para la parte quejosa, un acto de imposible reparación, que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental, ya que, si bien es cierto a la fecha, el término de cuarenta y ocho horas siguientes al en que reciba promociones por escrito, ha transcurrido, lo que se puede advertir en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, ya que la quejosa manifiesta que el seis de noviembre del año en curso, presentó dichos escritos ante la Junta responsable, en consecuencia, el término ya referido comenzó a trascurrir al momento en que se presentaron dichos escritos, esto es, el seis de noviembre de dos mil veinte, mismo que feneció el diez de noviembre del presente año. La dilación y omisión reclamada no resulta un acto de imposible reparación, ya que no resulta ser una afectación superior que deba ser analizada en este momento, mediante el juicio constitucional, ya que no se le deja en estado de indefensión al promovente. Lo anterior, tomando en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para saber si se ha configurado una dilación excesiva que se traduzca en una paralización del procedimiento de origen, debe considerarse un estándar mínimo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio, por lo que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones habidas al emitir proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse, siendo que en el caso, dicha temporalidad se encuentra transcurriendo, dando inicio el once del presente mes y año, de lo que resulta evidente que a la fecha de la presentación de la demanda (dieciocho de noviembre de dos mil veinte) aún no fenecía dicho término. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 33/2019 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, de rubro que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." Por otro lado, en relación al acto reclamado en el punto 3, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, conforme a lo que a continuación se expone: Los numerales citados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De igual forma, es conveniente señalar que el numeral 107, fracción V, del ordenamiento en mención, a saber: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." En relación al artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que autoridad para efectos del amparo, es aquella a la cual las normas jurídicas le otorgan las características de un órgano público y que con independencia de que disponga de manera directa o no de la fuerza pública, tiene la potestad legal de emitir actos unilaterales, a través de los cuales puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello la voluntad de éstos, y sin necesidad de acudir a los órganos judiciales. Dicho criterio se encuentra en la tesis P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V (febrero de 1997), página 118, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que una autoridad será considerada con tal carácter en el juicio de amparo, cuando reúna las siguientes características: 1. Ser un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. 3. Que con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Bajo tales circunstancias, debe mencionarse que no todo acto que provenga de autoridad o de particulares asimilados, es susceptible de ser reclamado en este medio extraordinario de defensa, sino sólo aquel acto positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas concretas (acto estricto sensu) e impuesto a las personas de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Siendo estos últimos elementos los que determinan que el juicio de amparo sea procedente en contra de los actos que se atribuyen a las autoridades, razón por la cual es conveniente explicarlos: El acto de autoridad es unilateral porque para su existencia y eficacia no requiere del concurso o colaboración del gobernado frente al cual se ejercita. Es imperativo porque supedita la voluntad de la persona a quien va dirigido, porque la voluntad de éste le queda sometida. Y es coercitivo porque puede constreñir, forzar al gobernado para hacerse respetar. Asimismo, es pertinente establecer las diferencias que existen cuando se presentan las relaciones jurídicas entre la autoridad (junto con los particulares que actúan como tal) y los gobernados, esto es, en el ámbito de supra subordinación y de coordinación, determinando lo siguiente: Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre las autoridades o particulares con dicho carácter y los gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de imperio, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan, por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad o particular en funciones de autoridad, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos que emitan o ejecuten. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Es aplicable a contrario sensu al razonamiento anterior, la tesis 2a. XXXVI/99 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Página 307, de rubro que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." De las anteriores consideraciones, se desprende el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, autoridades para efectos del juicio de amparo son las que ejercen facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado o particulares que tengan las mismas potestades que esos entes del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del Estado se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. En el particular, este órgano jurisdiccional considera actualizada la causa de improcedencia detallada, puesto que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Institución Bancaria BBVA Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, de trabar legal y formal embargo de la cuenta 0141594087, de la diligencia de requerimiento de pago y embargo de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente laboral J.2/306/2012. En ese sentido, el acto reclamado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores e Institución Bancaria BBVA Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, no cumple con los lineamientos antes señalados a efecto de que pueda ser considerado como acto de autoridad, esto es, no encuadra dentro del supuesto marcado en la fracción II del referido artículo 5° de la Ley de Amparo, ya que, ordinariamente, éstos se involucran entre sí en relaciones de coordinación, no de supra a subordinación. En efecto, la omisión de dichas instituciones en el juicio de origen, no puede considerarse que deriva de una relación de supra a subordinación, ello es así, puesto que la omisión reclamada no tiene origen en un plano superior al quejoso, que se encuentre regulado en el derecho público relativo a regir lo actos dotados de imperio, puesto que la falta de actuar de dichas instituciones, no son con motivo del ejercicio de alguna de sus facultades establecidas en la ley que rige sus actos, ya que dicha omisión deriva de un requerimiento formulado por la Junta laboral, en ese sentido, las instituciones referidas en este caso, actúan como auxiliares dentro del juicio laboral, pues fueron requeridas a efecto de trabar legal y formal embargo de la cuenta precisada en párrafos precedentes, por lo que se encuentran en un plano de igualdad en comparación con el quejoso, ya que si bien no son parte directa en el juicio laboral, lo cierto es que actúan como auxiliares en el juicio. En ese sentido, al estar sujetos a las determinaciones adoptadas por la junta de conciliación, tanto el ahora quejoso, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores e Institución Bancaria BBVA Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, actúan en un plano de coordinación, dicho de otra forma, la relación entre ellas es de igualdad y bilateralidad, pues si bien, como ya se mencionó, dichas autoridades fungen sólo como auxiliares dentro del procedimiento; sin embargo, de la misma manera que el ahora quejoso, se encuentra supeditado en igual manera a la legislación aplicable al procedimiento laboral, en este caso, la autoridad laboral cuenta con las herramientas para hacer cumplir sus determinaciones, específicamente conminar a las instituciones trabar legal y formal embargo en contra de la parte actora. De ahí que, como ya quedó apuntado, la omisión reclamada a las autoridades ya precisadas, no deriva de alguna relación que tengan como características principales la imperatividad, coercitividad y la unilateralidad, pues no derivan de actuación u omisión, como en el caso acontece, de la Comisión e Institución Bancaria, en funciones propias de una autoridad, en ejercicio de sus facultades, pues su omisión deriva de un requerimiento formulado por una junta laboral, dentro de un procedimiento, en su carácter de auxiliar en desarrollo del proceso, el cual, dicho sea de paso, se encuentra sujeto a la aplicación de las medidas antes señaladas. En ese orden de ideas, los actos atribuidos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores e Institución Bancaria BBVA Bancomer Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, no son actos de autoridad para efectos del presente juicio de amparo. Bajo esa óptica, este juzgador concluye que, en el caso, se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, y el artículo 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Así, al encontrarse acreditada las causales de improcedencia anteriormente analizadas, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por -----------, por propio derecho. Sin que pase inadvertido que el quejoso también adujo señalar como actos reclamados: Del Presidente de la Junta Especial Número Dos del Valle Cuautitlán-Texcoco: 1.- La dilación en la ejecución del laudo. 2.- La omisión de dictar medidas más eficaces para ejecutar el laudo. 3.- La omisión de requerir el cumplimiento del laudo. 4.- La omisión de hacer denuncia respectiva ante el Ministerio Público. Del Actuario de la Junta Especial Número Dos del Valle Cuautitlán-Texcoco: 1.- La omisión de requerir personalmente al demandado el pago del crédito laboral. Sin embargo, los actos que señala el quejoso se encuentran inmersos en los escritos de petición del quejoso de seis de noviembre de noviembre de dos mil veinte, pues en ellos solicita que se tomen medidas eficaces para ejecutar el laudo, que se impongan medidas de apremio, que se realice denuncia ante el Agente del Ministerio Público, y se realicen todas las gestiones necesarias para ejecutar el laudo, motivo por el cual no se pueden considerar como actos autónomos y destacados, pues son el motivo de las peticiones señaladas. Máxime que en el juicio laboral, las dilaciones reclamadas deben analizarse respecto a actos concretos y no de manera genérica, considerando únicamente la etapa procesal en que se encuentra el juicio, siendo que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (dieciocho de noviembre de dos mil veinte), el acto concreto que causa dilación al quejoso es la omisión de no acordar los escritos de fecha seis de noviembre de dos mil veinte, por lo que en su oportunidad la Junta responsable proveerá sobre las solicitudes del quejoso. Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo I, libro 1, diciembre dos mil trece, Décima Época, página setecientos treinta y dos, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Aunado a que la Junta responsable no actúa de manera oficiosa, sino a petición de parte, de ahí que el análisis de los actos reclamados se haya delimitados a los que han quedado precisados en párrafos precedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Página 2772, de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." En diverso aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en Avenida ------------, Cuautitlán Izcalli, Estado de México.----------- De conformidad con el numeral 21 de la ley de la materia, se faculta al Actuario Judicial adscrito, para que, de ser necesario, en días y horas inhábiles practique las diligencias que deriven de este asunto. En complemento a lo anterior, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Ahora bien, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados de la parte quejosa a las personas que refiere, para los efectos que precisa, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de autos. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. De igual manera, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

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