MATHIAS CONTRERAS CASIMIRO y Otros.
Expediente 1647/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1647/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 18/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- MATHIAS CONTRERAS CASIMIRO y Otros.
- JOSÉ ANTONIO LUCAS HERNÁNDEZ y Otros.
- Monica Jurado Delgado
- Mathias Contreras Casimiro
- Victor Hugo Blanco Tacuba
- SENON BAÑOS RAMIREZ y Otros.
- Consejo de Honor Y Justicia de la Policia Estatal de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido electrónicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco de Juárez, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja, interpuesto por la quejosa ****, el que quedó registrado bajo el recurso de queja administrativo 121/2023, lo cual se toma del conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a quince de marzo de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado por la quejosa ********************atento a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de queja en contra del auto de tres de marzo del presente año, por el que este Juzgado Federal desechó la ampliación de la demanda de amparo. Por tanto, agréguese una copia del ocurso que se provee y remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con sede en Acapulco de Juárez, el original y copia de éste, así como copia certificada de las constancias que se estiman necesarias para la substanciación de dicho medio de impugnación; y de conformidad con el numeral 101 de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación, en los siguientes términos: es cierto el acto impugnado, en virtud de que en la fecha indicada se dictó el auto que se reclama. Por otra parte, se considera innecesario requerir a las demás partes a efecto de que en el término de tres días que prevé el numeral 101 de la ley de la materia, señalen las constancias que consideren pertinentes para la substanciación del citado recurso, lo anterior en aras de la pronta impartición de justicia que tutela el artículo 17 constitucional. Con apoyo en el artículo 102 de la Ley de Amparo, se ordena suspender el procedimiento del presente juicio constitucional hasta en tanto sea resuelto el recurso interpuesto y se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Por otra parte, visto el oficio signado por la Presidenta de la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Estatal (antes Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal), en representación de la citada Comisión dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero; mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de tres de marzo del año en curso, remite copia certificada de las constancias que le fueron solicitadas; ahora bien, tomando en consideración que en esta fecha se ordenó suspender el procedimiento, con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, se reserva a proveer sobre su contenido hasta en tanto sea resuelto el citado medio de impugnación Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a tres de marzo de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado por los quejosos ***** y la certificación secretarial de cuenta; atento a su contenido, toda vez que lo hace dentro del término concedido, téngasele por desahogada la prevención realizada en auto de veintiuno de febrero del presente año. En consecuencia, previo a acordar en relación con el escrito de ampliación, se toma en consideración el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por tanto, se procede al análisis íntegro del escrito de ampliación de demanda de amparo, a fin de determinar con exactitud la intención de la parte promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Expuesto lo anterior, del análisis integral del ocurso que se provee, se advierte que la parte quejosa formula demanda, respecto de los siguientes actos reclamados: "La discusión, aprobación, expedición, promulgación, publicación y refrendo del artículo 88 del Código de Procedimiento Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 215. El auto de 9 de junio de 2022 y de sus constancias de notificación de 14 y 15 de junio de 2022, mismos que fueron exhibidos en su informe justificado la Presidenta del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal." Establecido lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista en artículo 61, fracción, XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, incisos a) y b) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Así pues, interpretando a contrario sensu este último precepto y fracciones, para que el amparo indirecto sea procedente tratándose de actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, éstos deben tener efectos de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Luego, como esta vía constitucional se endereza contra el auto de nueve de junio de dos mil veintidós, como las notificaciones de catorce y quince de junio del mismo año, así como la discusión, aprobación, expedición, promulgación, publicación y refrendo del artículo 88 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 215; resulta evidente que el amparo que se promueve en vía de ampliación es improcedente, toda vez que el acto reclamado no trae aparejada una ejecución que puedan lesionar de manera real y efectiva los derechos sustantivos de la parte quejosa, ni lo deja sin defensa, porque esa violación procesal podrá reclamarla junto con la resolución que resuelva el fondo de la litis planteada dentro del procedimiento administrativo de origen. En ese sentido, debe decirse que los actos de imposible reparación a que se refiere la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo, son aquéllos que dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio tienen una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, esto es, que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos reconocidos en la constitución, ya que esos efectos no pueden repararse en alguna actuación posterior del juicio del que derivan tales actos. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido un criterio orientador para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Federal y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el cual es el siguiente: 1) Como regla general, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la afectación no podría repararse ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación de la garantía individual. En relación con el concepto de actos de imposible reparación para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivossino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por lo tanto, es regla general que los actos que tienen efectos sobre los derechos adjetivos de las personas, no tienen el carácter de irreparables, porque existe la posibilidad legal de que a la postre al resolverse en definitiva el procedimiento del cual emana el acto reclamado se obtenga una resolución favorable a las pretensiones de los quejosos, y por ende, los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones, desaparezcan. Así, debe destacarse que el juicio de amparo biinstancial es improcedente contra actos dentro del procedimiento que no ocasionen al agraviado un perjuicio de imposible reparación. De suerte que como se señaló, el auto de nueve de junio de dos mil veintidós y las notificaciones de catorce y quince de junio del mismo año, dadas las consecuencias que trae aparejado, no es un acto que tenga efectos de imposible reparación en términos de la fracción III, del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que no genera en forma inmediata y directa una afectación de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la libertad, la propiedad y la posesión, entre otros. Tampoco el acuerdo en el cual se aplicó el artículo 88 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 215, conlleva consecuencias de imposibilidad. Pues dicho auto versa sobre la contestación que dió la autoridad responsable al escrito que le fue presentado por la parte quejosa el siete de junio de dos mil veintidós, en el que determinó que no ha lugar acordar de conformidad la prueba superviniente que ofreció en dicho escrito, toda vez que no reunía las características de ser una prueba superviniente en términos del artículo 88 del citado código, y tal aspecto puede ser reparado dentro del procedimiento administrativo que se lleva en forma de juicio, que puede ser favorable, pero en caso de no ser así, dicho acto procesal puede reclamarse ante la instancia correspondiente, de tal suerte que no puede ser considerado como un acto de imposible reparación. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 17/98, sustentada por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 1998, Tomo VII, página 187, Novena Época, con número de registro 196530, cuyo rubro y contenido dice: "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. El procedimiento administrativo de ejecución regulado por los artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad la resolución de alguna controversia entre partes contendientes, por lo que en rigor no puede decirse que se trate de un procedimiento seguido en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero consta de una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme que constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación y, como tal, presupuesto formal del comentado procedimiento de ejecución, similar en estos aspectos a una sentencia ejecutoriada. Por tanto, se justifica que el juicio de amparo sólo pueda promoverse hasta que se dicte en el citado procedimiento de ejecución fiscal la resolución con la que culmine, es decir, la definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, pudiéndose reclamar en tal oportunidad todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de garantías contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que rigen ese procedimiento, ya que de la interpretación relacionada de la citada fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, y de la fracción III del mismo precepto legal, se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que operan las mismas razones para sostener que, tratándose del mencionado procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie." Por tanto, tampoco es dable ampliar la demanda contra el artículo 88 del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero 215, dado que su estudio no puede desvincularse del acuerdo de nueve de junio de dos mil veintidós, que también se reclama, los cuales por versar sobre pruebas supervinientes, sólo inciden en aspectos procesales pero no sustantivos. Ilustra a lo anterior, la tesis aislada I.7o.A.98 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2006, Tomo XXIII, página 1881, Novena Época, con número de registro 175839, que es del tenor literal siguiente: "PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN FORMA DE JUICIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CON MOTIVO DE UNA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES AHÍ SURGIDA, SI NO SE TRATA DE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 114, fracciones II y IV y 158, último párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que la vía idónea para reclamar una cuestión surgida dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, que sea de imposible reparación, relativa a la constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, es el amparo indirecto que se tramita ante el Juez de Distrito, aunque ello no se precise en la fracción IV del citado numeral 114 que alude a actos en el juicio, ya que por igualdad de razón debe aplicarse a los actos dictados en los procedimientos seguidos en forma de juicio, lo que de suyo permite inferir que en un caso concreto la existencia de la imposible reparación resulta ser un requisito esencial para la procedencia de esa vía. Lo anterior en virtud de que una cuestión de constitucionalidad surgida en el procedimiento seguido en forma de juicio tiene una ejecución de imposible reparación si los efectos legales y materiales producidos como consecuencia de la aplicación en él de una ley, tratado internacional o reglamento, alcanzan a afectar al quejoso de manera cierta e inmediata en algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales que no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el citado procedimiento por haberse consumado irreparablemente la violación. Precisamente esa es la lógica que informa la procedencia del juicio de garantías en lo general, sirviendo de apoyo a lo anterior el contenido del invocado artículo 158, último párrafo, de la ley de la materia, que claramente establece que cuando durante el juicio surjan cuestiones de constitucionalidad de leyes que no causen perjuicios de imposible reparación, éstas han de combatirse, precisamente, en el dictado del fallo definitivo." Por tanto, los actos reclamados no tienen en forma alguna efectos de imposible reparación, porque no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Atento a lo expuesto, se concluye que es notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción III, incisos a) y b) del diverso 107 (a contrario sensu), de la Ley de Amparo, lo que obliga en términos de lo dispuesto en el diverso numeral 113 de la misma ley, a desechar de plano la ampliación de demanda planteada por su notoria improcedencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de la materia y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, residente en esta ciudad, para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la totalidad de constancias que integran el procedimiento administrativo de origen y del expediente SSP/CHJ/002/2019, toda vez que son necesarias para resolver el fondo del presente juicio de amparo. Se le apercibe que de no hacerlo en el plazo que para ello se le concede, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con los artículo transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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