Mateo Rueda Sánchez
Expediente 653/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 653/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/12/2020
Partes del expediente
- Mateo Rueda Sánchez
- GUSTAVO BARAHONA RAMIREZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, y el cómputo que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se provee: En razón de que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído de dieciocho de noviembre del presente año, en el que se desechó de plano la demanda de amparo presentada, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento al primer párrafo del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es DESTRUIBLE, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso d) del artículo 21, del citado Acuerdo General1 , al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En atención a lo anterior, es evidente que, el presente juicio de amparo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos lo dispuesto en los artículos 21, tercer párrafo, 22, 23 y 24 del acuerdo normativo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, el presente expediente deberá destruirse en el Juzgado y posteriormente remitirse el acta y listados correspondientes a la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 35 del acuerdo en comento. Finalmente, se conmina al oficial administrativo para que remita físicamente al archivo el presente juicio de amparo, más tardar en el término de cinco días hábiles.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por 1. Gustavo Barahona Ramírez, 2. Andrés Ángel Ramos, 3. Abner Pérez Guzmán, 4. Daniel Jiménez Ramos, 5. Mateo Rueda Sánchez, 6. Fabián Hernández Díaz, 7. Víctor Manuel Gómez Estrada, 8. Umberto Nasami Hernández Bello, 9. Ediberto Hernández López, 10. Miguel Domínguez Díaz, 11. Luis Rey Rueda Domínguez, 12. Mateo Rueda Rueda, 13. José Manuel Días Alegría, 14. Gonzalo Morales Martínez, 15. José Rubicel Domínguez Lucas, 16. Luis Alberto Rueda Gómez, 17. José Eduardo Díaz Gómez, 18. José Rubén Sosa Lucas, 19. José Edgar Jiménez Hernández, 20. Emilio Jiménez Hernández, 21. Macario Jiménez Cordero, 22. Jesús Díaz López, 23. Gabriel Díaz Rueda, 24. Jesús Cruz Rueda, 25. José Ricardo Gómez Díaz, 26. Humberto Díaz Díaz, 27. Jorge Humberto Díaz Rueda, 28. José Alberto Domínguez Domínguez, 29. Melquiades Domínguez Cordero, 30. Guadalupe Jiménez Cordero, 31. Miguel Díaz Estrada, 32. Vicente Gómez Estrada, 33. Juan Pablo Cruz Sánchez, 34. Antonio Jiménez Cordero, 35. José Alfredo Jiménez Cordero, 36. Amancio Gómez Estrada, 37. José Alfredo Hernández Ramírez, 38. José Francisco Gómez Cordero, 39. Eliseo Álvarez Cruz, 40. Vicente Díaz Estrada, 41. Crecencio Domínguez Rueda, 42. María Guadalupe Rueda González, 43. Cynthia Jazmín Pérez Rueda, 44. Diego Díaz Rueda, 45. Miguel Aguilar Asmitia, 46. Williams Sánchez Bouchot, 47. Marco Antonio Sánchez Bouchot, 48. Jesús Sánchez Cruz, 49. Jaime Gutiérrez Díaz, 50. Israel Ramírez Ramírez, 51. Roque Hernández Estrada, 52. Félix Eladio Olán Flores, 53. Roberto González Jiménez, 54. Camilo Pérez Cruz, 55. Carmen López Baes, 56. José Antonio Méndez Jiménez, 57. Gustavo López Azmitia, 58. Miguel López Báez, 59. Francisco Javier Ramos, 60. Ángel José Sánchez Sánchez, 61. Jesús Manuel Vázquez González, 62. Yerry Alvert Moralez Ramírez, 63. Emiliano Ruiz Gómez, 64. José Antonio Méndez Hernández, 65. Nixon Ramos González, 66. Ezequiel Méndez Jiménez, 67. Orencio Díaz Gómez, 68. Misael Ramírez Arcia, 69. Juan De Dios Ramos Álvarez, 70. Sergio Sánchez Sánchez, 71. Eddy Pérez Cruz, 72. Orbelín Jiménez González, 73. David Bello González, 74. Andrés Ángel Ramos, 75. Orbelín Jiménez Ramos, 76. Guadalupe Ramírez Cruz, 77. Elías Jiménez Ramos, 78. Salomón Jiménez Ramos, 79. Misael Ramírez Arcia, 80. Leticia Pérez Guzmán, 81. María Leticia Alegría Lucas, 82. Amelia Díaz Meza, 83. María Angélica Rueda Alegría, 84. María De Los Ángeles Domínguez Sánchez, 85. Maricela González Vázquez, 86. Isidra Lucas Alegría, 87. Edelmira Jiménez Cordero, 88. Lorena Jiménez Cordero, 89. María Sánchez Gómez, 90. Áurea Hernández Moreno, 91. María Virginia Domínguez Sánchez, 92. Brígida Rueda Sánchez, 93. Amelia Díaz Meza, 94. Obdulia Jiménez Cordero, 95. María Luvia Gómez Estrada, 96. Teresa De Jesús Domínguez Flores, 97. Ana María Rabanales López, 98. Guillermina Hernández Estrada, 99. Lulú Ramírez Arcia, 100. Elena Ramírez Cruz, 101. Esmeralda Ángel Ramos, 102. Alejandra Rueda Gómez, 103. Olga Lidia Ramos, 104. Ángel Carmen Ramos, 105. Ángel Rosa Jiménez Jiménez, 106. Lourdes Olán Flores, 107. Ninfa Ramírez Cruz, 108. Sandy Lizbeth Sánchez González, 109. María Santo Sánchez Sánchez, 110. Daniel Jiménez Ramos, y 111. Vicente Domínguez Flores; quienes se ostentan como miembros activos del Sindicato de Trabajadores Obreros de la Industria Electromecánica Montaje y la Construcción en General Similares y Conexos del Estado de Chiapas, con sede en Alto Amacohite, Tercera Sección Municipio de Ostuacan, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 653/2020. DIGITALIZACIÓN De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 22, 23, 24 y 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que se presenten de manera impresa y que no hayan sido digitalizadas, así como garantizar su gestión electrónica eficiente; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o, en su caso, se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos. En ese sentido, se instruye al Secretario, Actuario y Oficial Administrativo respectivos, que permanentemente verifique la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico, asegurándose que concuerden en su totalidad. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto el numeral en comento estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el articulo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia, e impone corno taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veinte, dictado en el expediente sindical 5/2478/2002, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por medio del cual se toma nota del comité ejecutivo y de las altas de nuevos socios del Sindicato de Trabajadores Obreros de la Industria Electromecánica Montaje y la Construcción en General Similares y Conexos del Estado de Chiapas, con sede en Alto Amacohite, Tercera Sección Municipio de Ostuacan. Así, analizada la demanda de amparo en su integridad y el anexo que la acompaña, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6, todos de la Ley de Amparo, preceptos que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De las disposiciones transcritas se desprende que el amparo puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por conducto de su representante o por su defensor si se trata de un acto que corresponda a un procedimiento del orden penal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que le ley lo permita expresamente; lo cual refleja que la persona que ocurre al amparo debe tener legitimación. Ahora bien, dentro del concepto de legitimación de las partes, debe distinguirse la legitimación en el proceso de la legitimación en la causa. La primera, es un presupuesto del procedimiento, se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro. Ciertamente, la legitimación procesal es la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia, que tiene lugar cuando el derecho que se discutirá en el juicio es ejercitado por quien tiene aptitud para hacerlo valer, bien porque se ostente como titular de ese derecho o en su defecto, porque cuente con la representación legal de dicho titular. La segunda, implica tener la titularidad del derecho cuestionado en el juicio, en tanto que la legitimación en la causa se identifica con la vinculación de quien invoca un derecho sustantivo, que la ley establece en su favor, y que hace valer mediante la intervención de los órganos jurisdiccionales cuando ese derecho es violado o desconocido; es decir, es la afirmación que hace el actor, el quejoso, el demandado o el tercerista, de la existencia de un derecho sustantivo, cuya aplicación y respeto pide al órgano de justicia, por encontrarse frente a un estado lesivo. Por otra parte, los presupuestos procesales son los requisitos sin los cuales no puede iniciarse, ni tramitarse con eficacia jurídica un proceso; por ello, se trata de cuestiones de orden público que deben ser analizadas incluso de oficio, antes de efectuarse el estudio del fondo del asunto. En este sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto procesal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si quien promueve carece de capacidad para comparecer, sería ociosa la continuación de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en él; a diferencia de la legitimación en la causa, que al ser una cuestión sustancial, es un presupuesto de la pretensión para la sentencia de fondo, por lo que sólo es dable analizar dicho presupuesto al momento de que ésta es emitida. Apoya lo anterior, la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 45, Volumen 76, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que a la letra dice lo siguiente: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo. Ahora, por legitimación procesal, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que es el presupuesto necesario para el ejercicio de la acción constitucional, que consiste en que en el proceso debe actuar, precisamente, quien conforme a la ley le competa hacerlo; es decir, la situación en que se encuentra una persona respecto de determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta. Lo anterior se puede advertir de la tesis aislada visible en la página 95, Volumen 97-102, cuarta parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que indica: "INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN PROCESAL. SON CONCEPTOS DISTINTOS. Por interés jurídico debe entenderse el que tienen las partes respecto de los derechos o de las cosas materia del juicio; es la posibilidad de acudir a los tribunales para obtener de ellos una tutela jurídica, mediante la sentencia que se pronuncie, o sea, la facultad de ejercitar una acción para obtener una prestación o evitarse un perjuicio o la lesión de un derecho. La legitimación, en general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica, para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél, o de intervenir en ésta. La legitimación para obrar, a su vez, consiste en que precisamente deba actuar en el proceso, quien conforme a la ley le competa hacerlo; es la identidad de quien actúa, con quien la ley le otorga ese derecho, o sea la condición de las personas que promueven la acción o se defienden de la que ha sido intentada contra ellas. En el caso, los quejosos carecen de legitimación pues acuden por propio derecho, en su carácter de miembros activos del Sindicato de Trabajadores Obreros de la Industria Electromecánica Montaje y la Construcción en General Similares y Conexos del Estado de Chiapas, con sede en Alto Amacohite, Tercera Sección Municipio de Ostuacan, y de forma específica, reclama el acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veinte, dictado en el expediente sindical 5/2478/2002, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por medio del cual se toma nota del comité ejecutivo y de las altas de nuevos socios de dicho sindicato, que a decir de los promoventes no fueron electos mediante el voto de los trabajadores. Lo anterior, se corrobora con manifestaciones que expresó el promovente del amparo en su escrito de demanda, cuyo contenido en la parte que interesa, dicen: "PRIMERO.- ES EL CASO QUE CON FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2020, NOS ENTERAMOS DE LA EXISTENCIA DE UN ACUERDO DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2020, RADICADO EN EL EXPEDIENTE SINDICAL 5/2478/2002, DONDE SE TOMA NOTA DEL COMITÉ EJECUTIVO DE ESTE SINDICATO, LO CUAL NOS TOMO POR SORPRESA TODA VEZ QUE NOSOTROS SOMOS MIEMBROS DE ESE SINDICATO Y JAMAS FUIMOS CONVOCADOS A ASISTIR A LA ASAMBLEA DE FECHA 8 DE FEBRERO DEL 2020, NI TUVIMOS CONOCIMIENTO ALGUNO DE LA CONVOCARTORIA DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019, Y JAMAS PLASMAMOS NUESTRA FIRMAS EN DICHOS DOCUMENTOS NI EN NINGUNA LISTA DE ASISTENCIA COMO APARECE EN EL ACUERDO DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2020. SEGUNDO.- ES POR ESO QUE DESCONOCEMOS QUIEN O QUIENES PARTICIPARON EN DICHA ASAMBLEA Y POR SUPUESTO DESCONOCEMOS AL COMITÉ EJECUTIVO QUE SE NOMBRA EN DICHO ACUERDO, TODA VEZ QUE NO SE PUDO HABER LLEVADO A NINGUN ACUERDO SIN NOSOTROS POR QUE SOMOS MAYORIA EN DICHO SINDICATO Y NO FIRMAMOS NINGUNA LISTA DE ASISTENCIA, NI FUIMOS NOTIFICADOS DE LA CONVOCATORIA Y MENOS AUN DE LA ASAMBLEA QUE SUPUESTAMENTE LLEVO A CABO EL C. EUSEBIO MENDOZA RODRIGUEZ. TERCERO.- ASI TAMBIEN SABEMOS QUE NUESTRAS FIRMAS QUE APARECEN EN LA LISTA DE ASISTENCIAPRESENTADA ANTE LA H.JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE SON FALSAS, TODA VEZ QUE NOSOTROS NO FIRMAMOS NINGUNA LISTA DE ASISTENCIA, NI ASISTIMOS A LA ASAMBLEA DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2020, POR LO QUE SOLICITAMOS SE DECLARE NULO ESE ACUERDO Y LA JUNTA FIJE FECHA Y HORA PARA LA REALIZACION DE UNA NUEVA ASAMBLEA DONDE SE VOTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 371 BIS FRACCION SEGUNDA DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y SE DE FE DE LA VOTACION DE LA ELECCION DEL COMITÉ EJECUTIVO DE NUESTRO SINDICATO. CUARTO.- NO OMITIMOS MANIFESTARLE ASI TAMBIEN QUE EL PROCEDIMIENTO DE ELECCION PLASMADO EN EL ACUERDO DE FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2020, NO ESTA CONTEMPLADO EN LOS ESTATUTOS DE NUESTRA ORGANIZACIÓN POR LO QUE NO FUE EL PROCEDIMIENTO CORRECTO PARA LA ELECCION DEL COMITÉ, TODA VEZ QUE EN DICHA ASAMBLEA SE APROBARON NUEVOS ESTATUTOS, POR LO QUE DESCONOCEMOS PLENAMENTE LO MANIFESTADO EN DICHO ACUERDO Y AUN MAS DESCONOCEMOS CUALES FUERON LAS REFORMAS A LOS ESTATUTOS Y DESCONOCEMOS LAS ALTAS Y LA ELECCION DEL COMITÉ QUE FUE POR DEMAS VIOLATORIA DEL PROCEDIMIENTO Y DE NUESTRAS GARANTIAS INDIVIDUALES Y LABORALES." En efecto, como se adelantó, dicho acto no es susceptible de afectar derechos humanos de los agremiados en particular, sino que se encuentran vinculados con los derechos colectivos de la organización sindical, caso en el cual únicamente los representantes del sindicato, reconocidos por la ley, se encuentran legitimados para controvertir las cuestiones inherentes. Acto que, por su naturaleza, únicamente trasciende a los derechos colectivos, es decir, a los del sindicato, no así a los trabajadores, en lo particular. Efectivamente, la importancia de la toma de nota y de las decisiones y acuerdos que emiten los órganos que la integran, se encuentran íntimamente ligadas a los intereses colectivos, por ello, en caso de existir algún vicio de legalidad en ellas, el afectado sería el sindicato, al que la ley reconoce como persona moral; por ende, éste podría ejercer la acción de amparo por conducto de sus representantes legalmente reconocidos. Así es, solamente los representantes del sindicato están legitimados para reclamar los actos de esa naturaleza, pues en términos del artículo 3761, de la Ley Federal del Trabajo, la representación corresponde a la directiva del sindicato, no a los trabajadores (o patrones en el caso de sindicatos de esta índole), ya que la decisión personal e individual de cada trabajador no se afecta en forma directa por la toma de nota. Es así porque, si bien existe el acto que los trabajadores quejosos reclaman, también lo es que tal acto no afecta los derechos individuales de los quejosos como agremiados, sino que, en todo caso, a quien irroga perjuicio es al sindicato como persona colectiva que corresponda, esto es, a todos los miembros que lo conforman en cuanto a los derechos colectivos de la organización sindical. En ese sentido, para impugnar el acto reclamado, los quejosos debieron promover por conducto de sus órganos de representación; sin embargo, los agremiados instaron el juicio constitucional de manera individual, por propio derecho, como miembro del Sindicato de Trabajadores Obreros de la Industria Electromecánica Montaje y la Construcción en General Similares y Conexos del Estado de Chiapas, con sede en Alto Amacohite, Tercera Sección Municipio de Ostuacan, sin tener la calidad de representantes, tan es así, que para acreditar su carácter de agremiados, exhibieron junto a su escrito de demanda, copia simple del acuerdo reclamado de dieciocho de febrero de dos mil veinte, dictado en el expediente sindical 5/2478/2002, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, como se viene diciendo, los quejosos como agremiados, carecen de legitimación para instar el juicio de amparo, porque reclaman un acto cuya conexión jurídica sólo existe entre la autoridad responsable y el sindicato mencionado, al reclamar la resolución de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, en la cual se le otorgó la toma nota del comité ejecutivo y de las altas de nuevos socios al Sindicato de Trabajadores Obreros de la Industria Electromecánica Montaje y la Construcción en General Similares y Conexos del Estado de Chiapas, con sede en Alto Amacohite, Tercera Sección Municipio de Ostuacan; por ende, dicho acto no es susceptible de afectar derechos individuales de los agremiados sino que se encuentran vinculados con los derechos colectivos de la organización sindical; luego, en caso de que el acto de la elección adolezca de vicios de legalidad, la afectación sería en perjuicio de dicha organización, por lo cual únicamente los representantes del sindicato, reconocidos por la ley o por los estatutos, se encuentran legitimados para controvertir las cuestiones inherentes a tal registro. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 252/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 317, Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 165371, que a la letra dice lo siguiente: "TOMA DE NOTA DEL CAMBIO DE LA DIRECTIVA SINDICAL. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, DE LOS ESTATUTOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, NO CONFIERE LEGITIMACIÓN A LOS TRABAJADORES EN LO INDIVIDUAL PARA IMPUGNARLA EN EL JUICIO DE AMPARO. Aunque el artículo 376 de la Ley Federal del Trabajo dispone que la representación del sindicato puede ejercerla la persona que se designe en los estatutos, del artículo 49, fracción I, de los Estatutos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, al establecer que son obligaciones de los socios en general, "conocer, interpretar, cumplir y hacer cumplir el Acta Constitutiva y los presentes Estatutos, así como los Reglamentos Interiores y denunciar ante quien corresponda el incumplimiento de los mismos; oponiéndose a cualquier acuerdo que contravenga nuestras disposiciones estatutarias.", no deriva que los trabajadores en lo individual estén legitimados para promover juicio de amparo contra la toma de nota del cambio de la directiva sindical, pues dicha disposición estatutaria es insuficiente para considerar que un trabajador pueda acudir en representación del interés colectivo. Lo anterior es así, porque conforme a los artículos 356, 357, 359, 364 a 366, 368, 371, 374 y 376 de la Ley Federal del Trabajo, el sindicato actúa por conducto de sus representantes y a través de ellos ejerce derechos y adquiere obligaciones, de ahí la importancia del registro y la toma de nota del cambio de la directiva sindical, pues pone en manos de quien o quienes en su beneficio la reciben, no sólo el patrimonio del sindicato, sino también la defensa de sus agremiados y aun la suerte de los intereses sindicales, de manera que la mencionada norma estatutaria no otorga la representación del ente colectivo, sino más bien impone la obligación (y el derecho) de los socios para denunciar y oponerse a los actos y acuerdos contrarios a los estatutos, en tanto sólo refleja que los socios instrumentaron un medio extraordinario interno de vigilancia que les permite ejercer acciones entre ellos ante las instancias ordinarias para denunciar u oponerse respecto de los actos contrarios a los estatutos, sobre todo ante las autoridades del propio sindicato, como pudiera ser un consejo de vigilancia u otro similar, pero no confiere a un trabajador legitimación para acudir al juicio de amparo o significa que pueda oponerse a actos de autoridad. En consecuencia, los trabajadores individualmente considerados del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana carecen de legitimación para reclamar un acto cuya conexión jurídica sólo existe entre la autoridad responsable y el sindicato o la sección sindical, como lo es la toma de nota del cambio de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional o Local de una de sus Secciones, pues dicho acto no afecta derechos individuales de los socios sino que se encuentra vinculado con los derechos colectivos de la organización sindical; luego, en caso de que el acto de la elección adolezca de vicios de legalidad, la afectación sería en perjuicio de dicha organización, por lo que únicamente los representantes del sindicato reconocidos por la ley están legitimados para controvertir las cuestiones inherentes a tal registro. De igual forma, resulta aplicable la tesis Xlll.2°.6 L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, de la Novena Época, página 700, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Mayo de 1996, de rubro y texto: SINDICATOS. TOMA DE NOTA DE NUEVO COMITÉ DIRECTIVO. LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO EN CONTRA DE DICHA DETERMINACIÓN. Cuando la minoría de los miembros de un comité directivo destituido de un sindicato, promueve juicio de amparo biinstancial contra la toma de nota de la nueva directiva y, conforme a los estatutos que rigen su vida interna, los acuerdos de aquel órgano de gobierno sindical deben ser tomados por mayoría de votos; al no satisfacerse tal presupuesto, ello determina la falta de legitimación para ejercitar la acción constitucional, lo cual ineludiblemente hace que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo; de ahí que deba confirmarse el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de ese mismo ordenamiento legal. Sin que lo anterior implique, que los trabajadores en lo individual no puedan inconformarse respecto de las irregularidades que observen en el funcionamiento de la agrupación, por ejemplo, al momento de la elección de las personas que ocupan cargos directivos, pues para ello cuentan con los medios internos de vigilancia reconocidos por la agrupación que les permiten ejercer acciones entre ellos, ante las instancias ordinarias, para denunciar u oponerse a actos contrarios a los estatutos y, sobre todo, ante las autoridades del propio sindicato, como pudiera ser un consejo de vigilancia u otro similar. Tales instrumentos de la vida interna del gremio, de ninguna manera confieren a un trabajador legitimación para acudir al juicio de amparo en los términos ya referidos, pues el hecho de que les permitan oponerse a cualquier acuerdo contrario a los estatutos no significa que pueda oponerse a actos de autoridad, como corresponde al juicio de amparo. En consecuencia, si los promoventes del amparo, aquí recurrentes, instaron por su propio derecho, con la finalidad de impugnar un acto de autoridad que afecta al ente sindical, como lo es el acuerdo otorgó la toma nota del comité ejecutivo y de las altas de nuevos socios al Sindicato de Trabajadores Obreros de la Industria Electromecánica Montaje y la Construcción en General Similares y Conexos del Estado de Chiapas, con sede en Alto Amacohite, Tercera Sección Municipio de Ostuacan, resulta incuestionable que carecen de legitimación. En ese orden de ideas, es claro que con relación al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia invocada, de ahí que, lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, por notoriamente improcedente, en términos de los artículos 112 y 113 del citado ordenamiento legal. Similar criterio sostuvo el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el recurso de queja 3/2020, de su índice, en sesión de cinco de mazo de dos mil veinte, el cual este órgano jurisdiccional considera adecuado y orientador para desechar la demanda en el presente asunto. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la ley de la materia, se tiene como representante común de los quejosos a Mateo Rueda Sánchez. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO Ahora, con relación a la devolución de documentales, se deja de acordar, en virtud de no haber sido solicitada. REGLAS DE ACTUACIÓN Por otra parte, vista la cuenta que antecede, con apoyo en los lineamientos contenidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (en adelante AG 21/2020), este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REANUDACIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Con fundamento en el artículo 2 del AG 21/2020, hágase saber a las partes que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, se levantó la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. 1.1. Reglas de actuación para el personal judicial y las partes. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la reanudación estará sujeta a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.1.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general, el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial por las tardes. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. En términos del artículo 2, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye al Secretario, Actuario y Oficial Administrativo respectivo, a verificar permanentemente la debida integración y correspondencia cronológica entre el expediente físico y electrónico. 1.1.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.1.3. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar datos de contacto como un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, con el único propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.1.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común, del bloque vespertino al que pertenece este Juzgado (con atención de las 15:00 a las 19:00 horas), la promoción u oficio de forma física, la cual estará ubicada en el acceso del edificio sede del Poder Judicial de la Federación. 1.1.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la administración regional las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 1.1.6. Contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se pone a disposición el correo electrónico del juzgado (e-mail): 6jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, para lo cual el interesado debe enviar un correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Número de expediente e información requerida. c) En caso de que la información que se pida no sea genérica, tendrá que enviarse una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente en horario hábil si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En el número telefónico del juzgado sólo podrá atenderse información genérica, durante el horario presencial de este juzgado (de lunes a viernes de las 12:30 a las 18:30 horas, según el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, con relación al período de vigencia). 1.1.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, no se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar por escrito o en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. 1.2. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de incumplimiento. CONSTANCIAS RELATIVAS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO QUE NO SE GLOSAN FÍSICAMENTE En otro aspecto, toda vez que, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, remitió en primer término, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, una digitalización preliminar de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo y, con posterioridad, envió el documento original respectivo. En tal virtud, ya que la digitalización preliminar de mérito corresponde a la demanda que se recibió en documento original, se considera innecesario que se imprima e incorpore al expediente físico, a fin de evitar duplicidad de constancias, por lo que se ordena glosar físicamente únicamente las constancias de la demanda original remitidas por la citada oficina de correspondencia común. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, como autorizados en los términos que indica a las personas que refiere. En el caso de notificaciones que deban practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, atendiendo además a lo que establece el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIOS ELECTRÓNICOS Por otro lado, hágase del conocimiento de las partes que, a fin de garantizar la adecuada defensa y preservar la eficacia de los derechos fundamentales de defensa efectiva y de oposición a la publicidad de datos personales, así como de los bienes constitucionales que justifican la reserva de información, garantizados en los artículos 6, apartado A, fracción I, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y derivado de una interpretación armónica de aquellos derechos y bienes, se les autoriza desde este momento, para que hagan uso de cualquier medio digital, fotográfico o cualquiera que resulte apto para reproducir el contenido de las actuaciones existentes en el presente juicio de amparo, excepto las de carácter confidencial o reservado que no resulten necesarias para el ejercicio de una adecuada defensa y sólo tiene como finalidad brindar la oportunidad de defensa. En relación con lo anterior, se apercibe a las partes, que en caso de incumplimiento del deber de secrecía o del mal uso que puedan dar a la información que reproduzca por la utilización de los medios electrónicos autorizados, se procederá de conformidad con lo establecido en las disposiciones aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que dicho deber se incorporará a la esfera jurídica, tanto de la parte respectiva, como de la o de las personas que en su nombre tengan acceso a la información contenida en este expediente y sus constancias afectas, a través de los medios electrónicos cuyo uso se autoriza, aun cuando hubieran sido aportadas al medio de control de constitucionalidad sin indicar su naturaleza confidencial o reservada. Esto, de conformidad con los artículos 5 y 12 de la Ley de Amparo, así como 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deba realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con fundamento en los artículos 68, 110, y 113 y demás relativos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos artículos 6 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley citada, hágase del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual podrán hacer en cualquier momento del juicio y, que en caso de allegar constancias que consideren reservadas o confidenciales, aporten los elementos con los que demuestren tales circunstancias.
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