Mateo Perez Ventura
Expediente 1803/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1803/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Mateo Perez Ventura
Actuaciones
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso b), de la ley de amparo, el contenido de las determinaciones emitidas el dieciséis y diez, ambas de noviembre de dos mil diecisiete, que de manera sintetizada señalan: "Cuernavaca, Morelos, dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta signado por la Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero; por medio del cual, remite el expediente original del juicio de amparo número 1311/2016, así como la resolución de quince de noviembre del año en curso, dictada en el cuaderno auxiliar 439/2017, del índice de ese Juzgado; atento a lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los numerales 62, 219 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes. Acúsese el recibo correspondiente. Asimismo, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, en acatamiento a los puntos primero y quinto incisos 2), 5) y 7), del acuerdo 10/2008, notifíquese a las partes la resolución de mérito, y de manera personal a la quejosa, para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE." ---Resolución de quince de noviembre de dos mil diecisiete, cuyos puntos resolutivos indican: "Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo establecido por los artículos 8°, 17, segundo párrafo, 103 y 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 61 fracción XIV, 63 fracción V, 73, 74, 75, 76, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Celia Trinidad García, por los motivos asentados en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. La presente resolución será publicada en términos de lo establecido en el considerando último de esta determinación. Háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con el original de esta resolución devuélvanse los autos a su lugar de origen, para que proceda en términos del inciso número 6 y siguientes del punto Quinto del Acuerdo General 54/2008, modificado por el diverso 53/2011, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo quedar testimonio en el cuaderno auxiliar número 439/2017, que en su momento será enviado al archivo. Así lo resolvió y firma Yair Bardomiano Pineda Saldaña, Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero, ante el licenciado Martín Vázquez Morales, Secretario que autoriza y da fe, el quince de noviembre de dos mil diecisiete, por así permitirlo las labores del juzgado. (Rúbricas)."
- Principal
Al haber transcurrido el término de dos días concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificaciones del proveido o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado de distrito el proveido de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, a catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Mateo Pérez Ventura, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1803/2017, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo antes señalada, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113, de la Ley de la Materia, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este órgano de control constitucional advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62, de la Ley de la Materia. En efecto, para el caso que nos ocupa, el acto reclamado en esta instancia constitucional, se hace consistir en la omisión de la autoridad responsable en emitir el laudo, dentro del juicio laboral 01/986/16. Sin embargo, dicho acto no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Luego, tomando en consideración que en la demanda de amparo se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, así como violaciones a los artículos 14 y 17 de la Ley Suprema, el acto que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra la parte quejosa, sino que se da justamente dentro del mismo, al no pronunciar la resolución en forma de laudo dentro del juicio laboral 01/986/16. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Robustece lo anterior, la tesis P./J.37/2014, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página treinta y nueve, Libro Siete, Tomo I, Junio de dos mil catorce, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.". Más aún que con motivo de la falta del dictado y notificación del laudo no puede considerarse que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues el cierre de instrucción apenas fue decretado el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, y la demanda de amparo que ahora nos ocupa se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el trece de noviembre de dos mil diecisiete; es decir, han transcurrido menos de cuatro meses de haber ejercido el derecho de petición, por lo que, es claro que dicha demanda, conforme a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta notoria e indudablemente improcedente. En consecuencia, como la parte quejosa reclama en su escrito inicial actos que no son de imposible reparación y tampoco afectan algún derecho sustantivo, pues no, se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, ya que la quejosa refiere que apenas el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, se cerró instrucción en el juicio laboral de origen, y se duele de la omisión de dictado del laudo, por lo que con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.". Transparencia y acceso a la información pública. Luego, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, se hace de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva el consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Domicilio procesal y autorizados. En otro orden de ideas, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. Por último, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos a las personas que indica, y con facultades amplias a los profesionistas que refiere, en razón de que no es necesario tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 184 al 187 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. En otro orden de ideas, con el objeto de evitar dilaciones en el trámite de esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita al actuario adscrito para que las notificaciones que surjan en este juicio de garantías, sean practicadas incluso en horas y días inhábiles, previa constancia que asiente para que quede justificado el motivo de esa actuación. Lo anterior, en términos de la tesis I.6o.C.365 C, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 887, Tomo XXII, Noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL EN EL AMPARO. SI EL ACTUARIO JUDICIAL, NO OBSTANTE HABERSE PRESENTADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN DISTINTOS HORARIOS Y DÍAS HÁBILES, NO LOGRA LOCALIZAR AL INTERESADO PARA HACER DE SU CONOCIMIENTO EL AUTO DE REQUERIMIENTO, PREVENCIÓN O ACTUACIONES QUE EL TRIBUNAL ESTIME CONVENIENTE, DEBEN HABILITARSE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR AQUELLA DILIGENCIA COMO LO PREVÉ EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SUPLETORIO DE LA LEY DE LA MATERIA. De los artículos 27, 28, fracciones II y III, y 29 de la Ley de Amparo, se advierte que en el juicio de garantías es obligación del juzgador, ordenar notificar personalmente a los interesados, aquellas providencias en las que se les formulen requerimientos o prevenciones, y sólo por exclusión, les serán notificadas por lista las demás resoluciones. Por su parte, el artículo 30 de la ley de la materia precisa ciertos casos en los cuales una notificación que deba hacerse en forma personal, ya sea por prescripción de la ley o por mandato judicial, finalmente se ordenará practicar por lista, cuando el quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio, con domicilio o casa señalados para oír y recibir notificaciones, no esperen al actuario judicial, una vez que, con anterioridad ha dejado citatorio previo, al no encontrárseles en la primera búsqueda y cuando no conste en autos domicilio, ni designación de casa o despacho para oír y recibir notificaciones. Finalmente, el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señala que las actuaciones judiciales tienen lugar en días y horas hábiles, que comprenderán, entre las ocho y las diecinueve horas de días hábiles y el artículo 282 del mismo ordenamiento establece que el tribunal respectivo puede habilitar días y horas inhábiles, cuando hubiere causa urgente que así lo amerite, expresando ésta y la diligencia que deba practicarse. Ahora bien, si de autos se advierte que el actuario judicial, no obstante haberse presentado en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, en distintos horarios y días hábiles, no logra localizar a la parte interesada, a efecto de dar cumplimiento al artículo 28 citado, deben habilitarse días y horas inhábiles para realizar la diligencia de notificación personal a la quejosa, tercera perjudicada o persona extraña al juicio, en el domicilio designado para tal efecto y hacer de su conocimiento el auto de requerimiento, prevención o actuaciones que el tribunal estime pertinente, como cuando se requiere a la quejosa para que comparezca a reconocer como suya la firma que obra en la demanda de amparo, en la inteligencia que de no hacerlo se le tendrá por no interpuesta. Con esa actuación se crea en las partes la confianza de que en cualquiera de los casos mencionados, serán notificadas personalmente y no por lista, pues de hacerlo de esta manera, se les dejaría en total estado de indefensión.". En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. Finalmente, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve.
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