Mateo Pérez Galicia

Expediente 990/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
990/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
07/08/2017

Partes del expediente

  • Mateo Pérez Galicia
  • Mateo Pérez Galicia y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; siete de agosto de dos mil diecisiete. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Civil de Cuantía Menor de Santiago Tianguistenco, Estado de México, a través del cual acusa recibo del oficio 21407; por medio del cual se le devolvieron diversas constancias; en consecuencia, agréguese para que surta los efectos legales conducentes. Por otra parte, del estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, en sentido contrario, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito, en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, tomando en consideración que el trece de julio del presente año, causó estado el auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con mas de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo general Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Victor Manuel Rendón Sosa, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaiones del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judiciatura Federal, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    VIII.- Vista de la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha quedado firme. Por otra parte, devuélvanse las constancias respectivas al Juez de Cuantía Menor de Santiago Tianguistenco, Estado de México. Asimismo, se le solicita, acusar el recibo correspondiente dentro del plazo de tres días, término previsto en la fracción II, del artículo 297 de la legislación común antes referida, con el apercibimiento que en caso de ser omisa se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los artículos 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    VII) (CITATORIO PARTE QUEJOSA) Toluca, Estado de México; veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual informa que mediante auto de doce de junio de dos mil diecisiete, dicho Tribunal Colegiado declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Mateo Pérez Galicia y Adela Reyna González Miranda; asimismo, remite el juicio de amparo directo 435/2017 formado con motivo del escrito de referencia, y anexos adjuntos. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto, por lo cual acúsese el recibo del oficio y anexos adjuntos, fórmese expediente y asiéntese en el libro de gobierno con el registro 990/2017-Vl. De igual modo, respecto de las constancias remitidas por la oficiante manténganse como anexo y procédase a realizar la carátula respectiva. Causa de improcedencia. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En primer término se debe precisar que los impetrantes señalan como acto reclamado todo lo actuado en el expediente 755/2012, así como la posible ejecución de la sentencia dictada en ese procedimiento el trece de febrero de dos mil trece; y, que mediante auto de doce de junio de los corrientes, el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado que remitió los autos afirmó que reclamar todo lo actuado en el citado juicio ejecutivo mercantil, únicamente le corresponde a Adela Reyna González Miranda, quien no acudió al mismo y por lo tanto pudiera resultarle el carácter de tercera extraña, no así a Mateo Pérez Galicia ya que de las constancias que integran los autos hacían evidente que este último fue oído y vencido en juicio que ya se encuentra en etapa de ejecución. Ahora bien, del análisis oficioso de las constancias que integran los autos y los autos originales del juicio mercantil de origen, se obtiene que en el particular respecto de ambos quejosos se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107 fracción VI del citado ordenamiento, este último interpretado a contrario sensu, que literalmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)" Del precepto legal trascrito en segundo término, se advierte que el juicio de amparo en la vía indirecta procede contra aquellos actos suscitados dentro o fuera de juicio, que produzcan afectación a quien siendo parte en él, no fue oído en defensa por no haber sido emplazado, o si bien sucedió, fue de manera incorrecta, lo que implica que no se encuentre obligado a agotar el principio de definitividad previsto en la Ley de Amparo. Es oportuno destacar que la fracción VII del artículo 107 Constitucional establece que para los terceros extraños no opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo porque al no haber sido parte en el procedimiento de origen es obvio que tampoco pudieron hacer uso de aquellos recursos o medios de defensa previstos por la ley de la materia, para lograr su intervención en dicho procedimiento, en el entendido que dicho principio operará siempre y cuando de las constancias del sumario se aprecie que sea eficaz el planteamiento correspondiente, lo que en la especie no acontece pues no obstante que la quejosa Adela Reyna González Miranda afirme que nunca fue oída y vencida en juicio, en autos del juicio de origen consta que incluso compareció a las audiencia confesionales de dieciséis de enero de dos mil trece, diligencias en las que proporcionó su nombre completo y correcto (fojas 64 a 68 del juicio mercantil de origen), además de comparecer a la tercería excluyente de dominio derivada de dicho procedimiento (fojas 28 y 36 a 38 de la tercería derivada del juicio mercantil de origen); lo que también acontece por lo que se refiere al quejoso Mateo Pérez Galicia, quien fue emplazado a juicio y además contestó la demanda instaurada en su contra (fojas 15 y 16, así como 30 a 34, del juicio mercantil 755/2012). Tales medios de convicción, como se adelantó, se tienen a la vista al resolver y gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa el artículo 2º de la ley de la materia. En este orden de ideas, si en términos del artículo 107 fracción VI de la ley de la materia, persona extraña es aquélla que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de su tramitación o en la ejecución de las resoluciones correspondientes, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; o bien aquella persona que alega no haber sido citada al procedimiento de origen porque no fue llamada conforme a las formalidades legales correspondientes; en el caso no se actualiza dicha hipótesis, pues de autos se aprecia que los quejosos comparecieron ante la autoridad responsable, por lo que no pueden tener el carácter de terceros extraños. De ahí que no puedan acudir a la presente instancia constitucional ostentándose con el carácter de terceros extraños al procedimiento de origen, pues con independencia del estatus del procedimiento de ejecución, lo cierto es que no desconocían la existencia del citado juicio mercantil, por lo que estaban en aptitud de hacer valer los medios legales ordinarios que estimaran conducentes. Razón por la cual, el juicio de amparo intentado con el carácter de extraños al procedimiento resulta improcedente, lo que además es acorde con la parte conducente de la Jurisprudencia P./J.39/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal.". Cabe resaltar que la causa de improcedencia que se actualiza, es de las consideradas de mayor amplitud, pues de acuerdo a la tesis citada incluso operar en el supuesto que la demanda de amparo se promueva oportunamente, es decir, antes de que transcurra el plazo referido en el artículo 17 de la Ley de Amparo; hipótesis en la cual, sigue en pie la otra causal, ya que la improcedencia del juicio deriva de la certeza de la temporalidad en que la parte quejosa efectivamente comparece a él y, a partir de ello, está obligada a inconformarse con la actuación que pretenda combatir, mediante los medios ordinarios de defensa previstos en la legislación aplicable; resultando entonces procedente el juicio de amparo indirecto únicamente contra lo resuelto en dichos medios de defensa, siempre y cuando verse sobre un acto de imposible reparación, denominado de autonomía destacada, cuando es emitido en la etapa de ejecución, o bien, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Sin que pasa inadvertido que el tribunal colegiado que remitió los autos señalara que respecto de Mateo Pérez Galicia no se actualizaba la hipótesis de tercero extraño porque fue oído y vencido en un juicio que ya se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, pues también en ese supuesto el presente juicio es improcedente por lo que a dicho quejoso se refiere, en primer término porque aún en la fase ejecutiva, previamente a acudir al juicio de amparo dicho quejoso debió agotar el principio de definitividad por ser parte formal en el procedimiento, ello de conformidad con la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, en segundo porque reclama la "posible ejecución de la sentencia dictada el trece de febrero de dos mil trece", lo cual no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, ya que no es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado en el juicio mercantil de origen, ni declara la imposibilidad material o jurídica pata darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo de ese expediente, en términos de dispuesto en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En el contexto apuntado, al encontrarse plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107 fracción VI, del citado ordenamiento, este último interpretado a contrario sensu, así como la diversa contenida en la fracción XVIII del artículo referido en primer término, con apoyo en artículo 113 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se desecha la demanda toda vez que los quejosos no tienen el carácter de tercero extraños al juicio mercantil 755/2012 y, por tanto, estaban obligados a agotar el principio de definitividad previamente a acudir a la presente instancia constitucional. Domicilio. En conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el indicado en el proemio de la demanda. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizados a las personas citadas en el escrito de demanda que se atiende para los efectos ahí precisados, siempre y cuando cuenten con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de lo contrario se tendrán únicamente para oír y recibir notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    III) Toluca, Estado de México; veintiséis de junio de dos mil diecisiete. En términos de lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese para los efectos legales correspondientes el telegrama signado por el Delegado en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de la Directora de Gestión de Peticiones Ciudadanas y Promoción Social de la Secretaría de Salud, a través del cual informa gestiones que se encuentran realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debiendo estarse a lo acordado por auto de diecinueve de junio del año en curso, en el que se requirió nuevamente cumplimiento al fallo protector. Notifíquese.

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