MATEO MARTÍNEZ MEJÍA y Otros.
Expediente 600/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 600/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/09/2021
Partes del expediente
- MATEO MARTÍNEZ MEJÍA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Promoción Agréguense a los autos los escritos de cuenta, por medio de los cuales **************** quien se ostenta como defensora pública del quejoso ****************, desahoga la prevención realizada mediante proveído de cinco de agosto que transcurre; atento a ello, téngase por cumplido el punto III, del requerimiento de mérito, y por satisfecha la prevención de mérito. Consideración previa Tomando en consideración que mediante proveído de diecinueve de agosto en curso, se tuvo a la promovente precisando que la demanda de amparo se insta a favor de ****************, no así respecto de ****************, el presente asunto versará únicamente en cuanto al primero de los nombrados, precisión que se tiene por hecha, para los efectos legales conducentes. Acto reclamado Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, así como de sendos ocursos aclaratorios, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: - El acuerdo de catorce de julio del año en curso, dictado en el expediente ****************, mediante el cual se negó la devolución del billete de depósito N 852419. Improcedencia De conformidad con el artículo 113, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar la demanda en cuestión a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, precepto este último que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.).". El análisis del precepto legal transcrito, pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa, antes de la presentación de este medio extraordinario de defensa, no agotó el recurso ordinario establecido en la ley que rige el acto reclamado, mediante el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; es decir, el juicio de amparo, por regla general, es procedente contra actos definitivos que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno, respetándose de esta forma el principio de definitividad rector del juicio de amparo. Por otro lado, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo Entonces, por regla general el juicio de amparo es procedente contra actos que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso o medio de defensa ordinario alguno. Lo anterior se erige como el principio de definitividad rector del juicio de amparo. En ese contexto, los elementos con los que se integra la causal de improcedencia en comento, son: a) Que sea una resolución de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; c) Que por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada; d) Que la parte agraviada no hubiese hecho valer el recurso ordinario antes de acudir al juicio de amparo; y, e) Que no se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; actos que afecten la libertad personal del quejoso. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y, Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Ahora bien, se cumple con los requisitos de los incisos a), b), c) y d), en razón de que se trata de una determinación judicial respecto la cual la ley concede un recurso, a fin que pueda ser modificada, revocada o nulificada e, igualmente, la parte quejosa no hizo valer el recurso ordinario previo a la promoción de este juicio de amparo, como se advierte de lo manifestado ocursos aclaratorios. Es así pues, en la especie, contra el acto reclamado la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 130, prevé que existe un medio de impugnación que se puede interponer contra la determinación combatida, esto el, el recurso de revocación. Asimismo, en el presente asunto no se actualiza alguno de los casos de excepción de la causal de improcedencia que se examina, pues es evidente que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; no afecta la libertad personal de la parte quejosa; ni se trata de un auto de vinculación a proceso; y tampoco se trata de persona extraña al procedimiento, puesto que es parte formal y material en el juicio de origen, pues es la parte actora; por ello, da cumplimiento a lo plasmado en el inciso e). En consecuencia, antes de acudir al juicio de amparo, la parte promovente debió interponer el medio de impugnación de mérito a fin de colmar el principio de definitividad, que implica el agotamiento previo del recurso o medio de defensa ordinario procedente respecto a un determinado acto de autoridad; lo que se traduce en que es obligación del quejoso agotar los recursos ordinarios, antes de promover el juicio constitucional; por tanto, en la especie, el juicio de amparo es improcedente. Lo anterior tiene sustento la tesis de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, conforme a lo establecido en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la presente demanda, por notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad de México, a diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los escritos de cuenta, por medio de los cuales *************, quien se ostenta como defensora pública del quejoso ************ pretende desahogar la prevención realizada mediante proveído de cinco de agosto que transcurre; atento a ello, provéase lo conducente. En ese sentido, mediante proveído de cinco del mes en curso, se previno a la parte promovente para que realizara lo siguiente: "I. Indique si presenta la demanda en representación del sentenciado ***********, o bien, de ***********, o en favor de ambos. II. En caso de presentarla en representación de la segunda nombrada, deberá exhibir documento fehaciente con el que acredite su personalidad, para promover el juicio de amparo que insta. III. Hecho lo anterior, bajo protesta de decir verdad, narre los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o actos reclamados (cada uno de ellos) de manera cronológica y sucinta. Debiendo especificar entre tal información, la fecha en que tuvo conocimiento del acto. IV. Indique si contra el acto que reclama promovió algún medio de impugnación. IV (sic). En caso de ser afirmativo el punto anterior, señale en qué estado procesal se encuentra. V. Asimismo, indique la relación del toca 104/2021, del índice del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito. Lo anterior, en razón a que de las constancias que anexó la signante, en específico el toca 104/2021, del índice del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, se advierte que el sentenciado lo es ***********, y no así, las personas a las que pretende representar.". Así, en los escritos de cuenta, en cumplimiento a lo anterior, en síntesis, se realizó lo siguiente: 1. Señaló que la demanda se promueve en representación de *************, no así respecto de ************* (I y II). 2. Se hizo una narración de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o actos reclamados (III). 3. Precisó que contra el acto que reclama no se promovió medio de impugnación alguno (IV). 4. Indicó que la relación que hizo del toca 104/2021, del índice del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, lo fue únicamente como precedente judicial (V). Entonces, de lo anterior se desprende que si bien, se cumplieron ciertos aspectos en cuanto a la prevención de marras, lo cierto es que, respecto a la narrativa de "hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o actos reclamados", no se hizo bajo protesta de decir verdad, requisito que resulta indispensable, puesto que es por medio de ésta que se acredita la veracidad de lo dicho a través del principio de buena fe que todo juicio de amparo debe seguir; asimismo, tampoco se precisó la fecha en que la promovente tuvo conocimiento del acto reclamado, ya que aun cuando hubiese indicado que "tuvo conocimiento del acto reclamado hasta el nueve de julio del presente año", cierto es que el acto reclamado fue dictado el catorce de dicho mes y anualidad, lo que resulta incongruente ya que, en modo alguno, pudo enterarse de éste previo a su emisión. Por tanto, a efecto de estar en posibilidad de calificar sobre el desahogo de la prevención de mérito, la parte promovente deberá cubrir la totalidad de los aspectos que la motivaron, en términos de lo expuesto, por lo que una vez que fenezca el plazo para ello otorgado, provéase lo conducente. Finalmente, hágase del conocimiento de la promovente que aún resta un día, legalmente computado, de los cinco otorgados en la prevención de demanda, al haber transcurrido cuatro de ellos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Director de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, por medio del cual informa que se encuentra imposibilitado para nombrar defensor público al aquí quejoso en virtud de que se menciona una autoridad federal como responsable. Por tanto, requiérase al Director del Instituto Federal de la Defensoría Pública en la Ciudad de México, con el objeto de que en el término de tres días hábiles, legalmente computados, designe a un defensor público para que asista a ***********, en el trámite del presente juicio de amparo; sin perjuicio alguno de que éste pueda revocar a la persona designada y señale a otra diversa que la asista; para tal efecto, se remite copia simple de la demanda que dio origen al presente sumario para los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, y una vez que sea designado el defensor público, infórmesele que atendiendo a la situación que actualmente vive el país, derivado de la pandemia de COVID-19, el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial de la Federación han adoptado medidas estrictas de distanciamiento social y esquemas para asegurar la continuidad de las actividades gubernamentales y de impartición de justicia. Al respecto, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante Acuerdo General 21/2020, precisó que la pandemia subsiste como un peligro para la salud de todas y todos, de modo que la reactivación no se realiza en un contexto de "normalidad", lo que implica que subsistan las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, y se insiste en la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales. Tomando dicho contexto social y tecnológico, atendiendo a la reciprocidad institucional y a los principios de celeridad y justicia pronta y expedita, de manera extraordinaria se autoriza que dicha aceptación y protesta del cargo se remita por vía electrónica, acompañada de cédula profesional y de la credencial que la identifique como miembro de la institución de defensa que representa. Por ende, se requiere al defensor en su momento designado para que haga llegar la aludida aceptación y protesta del cargo en el plazo de tres días, en las condiciones ya precisadas. Apercibido que de ser omiso, o no manifestar el impedimento que tenga para ello, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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