Mateo López Arcos
Expediente 733/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 733/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/08/2017
Partes del expediente
- Mateo López Arcos
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de julio de dos mil diecisiete. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el ocurso de ****, parte quejosa en este juicio, por medio del cual da cumplimiento a lo requerido en proveído de siete de julio de dos mil diecisiete. Ahora bien, cabe señalar que el cumplimiento de los puntos que le fueron requeridos en el auto citado en el párrafo que antecede a la aquí quejosa, lo realizó bajo protesta de decir verdad, por lo que considerando la presunción de buena fe, goza de credibilidad ante este Juzgador; en tal virtud, se tiene por desahogado dicho requerimiento. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En el caso particular se advierte de manera oficiosa, que en el caso se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XIII, XVIII y XXIII, en relación con los numerales 1, 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, virtud a las siguientes consideraciones. Así es, en el caso, se estima que el acto reclamado en el juicio de amparo, que se hizo consistir en el incumplimiento al pago de las cantidades retroactivas por concepto de veinte días de aguinaldo a partir del año dos mil doce, así como el pago total de sesenta días de aguinaldo para los años subsecuentes, tal como se estableció en la sentencia pronunciada por la Sala Regional Chiapas-Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio de nulidad *****, es un acto derivado de otro consentido y, por ende, el juicio es improcedente en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: XIII.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;" Es así, pues la causa de improcedencia en cita acorde con la disposición expresa de la Ley de Amparo, en las fracciones XIII y XIV del artículo 61, establece como causas de improcedencia el reclamo de actos consentidos, ya sea de manera expresa o tácita; luego, sí el amparo contra actos de esa naturaleza no procede, menos lo será para aquellos que se deriven de los propios actos que se consintieron. En ese sentido, acorde a la interpretación que ha dado nuestro Máximo Tribunal del País, entendemos que los actos derivados de otros consentidos, de los que se refiere es improcedente el juicio de amparo, son aquellos que no son sino una consecuencia directa de otros que la ley refuta como consentidos; es decir, son acciones u omisiones de la autoridad, que por su propia naturaleza, fueron precedidos de otros que en su momento el propio quejoso consintió, pues a pesar del evidente perjuicio que le ocasionaron, no los controvirtió en su momento correspondiente, a pesar de que tuvo conocimiento de ellos. Lo expuesto deriva de la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Primera Parte, consultable en la página 9, del rubro y texto siguiente: En el caso concreto se estima que opera la causal de improcedencia invocada, porque el ahora quejoso señaló como acto reclamado el incumplimiento a la sentencia pronunciada por la Sala Regional Chiapas-Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el veinticinco de enero de dos mil doce, con el número ****, en que se declaró la nulidad de la negativa ficta impugnada, para el efecto que la autoridad demandada emitiera una nueva resolución en que determinara que al actor le correspondía el pago de sesenta días de aguinaldo y efectuara el pago de la diferencia de veinte días de aguinaldo desde la fecha en que se otorgó el derecho a la pensión, hasta el año inmediato anterior a aquél que se cubra, así como al reconocimiento del pago total de sesenta días de aguinaldo para los años subsecuentes. Asimismo, de los antecedentes del acto señalados por el quejoso se advierte que dicha sentencia se declaró cumplida el quince de abril de dos mil catorce y en la propia fecha, se declaró el archivo del juicio como total y definitivamente concluido, posteriormente, el dos de septiembre de la misma anualidad, la parte quejoso adujó ante la sala del conocimiento, el incumplimiento total de la sentencia, sin embargo, ésta no fue procedente por ya obrar un pago a favor del aquí quejos, con lo cual, se declaró el cumplimiento de la sentencia dictada. De ese modo, es claro que, si con posterioridad a esa declaración de cumplimiento total de la sentencia de nulidad, ésta fue incumplida en sus términos por la ahora señalada como responsable, tal omisión fue consentida por el quejoso al no promover en su contra el recurso ordinario que la ley de la materia prevé, tal como expresamente lo manifiesta en su escrito de aclaración de la demanda. Con base en lo anterior, es dable concluir que el acto que es reclamado en el juicio de amparo es una consecuencia legal y directa de aquel que el impetrante del amparo consintió al no haber interpuesto el medio de impugnación idóneo para lograr su modificación o revocación, por ello, se establece que es un acto derivado de otro consentido. En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, se estima que también opera en el caso particular, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no agotó el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto reclamado, antes de acudir al juicio de garantías. Dicho precepto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". La norma transcrita consagra el principio constitucional de definitividad que rige en el juicio de garantías, de acuerdo con éste, el juicio de amparo resulta improcedente si antes de promoverse no se interpone el recurso o medio de defensa dentro del procedimiento de origen, por virtud del cual, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, aun cuando la parte interesada no lo hubiera hecho valer oportunamente. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establezca para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de defensa, el amparo resulta improcedente. Principio que responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos públicos subjetivos de los gobernados. En efecto, el juicio de amparo representa una figura jurídica instituida para frenar los abusos y arbitrariedades de las autoridades, toda vez que su código de valoración es la Constitución General de la República, que expresa la más pura voluntad del pueblo sobre sus propias reglas de gobierno y, en específico, el catálogo de derechos mínimos e irreductibles de todo individuo. Es así que tal medio de control constitucional no puede ser empleado como un simple recurso más, obligatorio para combatir cualquier acto de autoridad, sino sólo aquellos que ya no puedan ser atacados ordinariamente. Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio en comento responde a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, intentando que su promoción y la consecuente activación del mecanismo de control constitucional encargado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando la conducta de la autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. En el caso concreto, como se ha expuesto, la quejosa señala como acto reclamado la omisión en que incurrió el Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al no cumplir con la sentencia de nulidad de veinticinco de enero de dos mil doce, dictada en el juicio de nulidad con número de expediente *****; acto contra el cual procede un medio de impugnación antes de acudir al juicio de amparo. En efecto, dicha omisión debió combatirla ante la Sala Fiscal mediante el recurso de queja, en los términos del artículo 58 fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, del contenido siguiente. "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. De la lectura a los supuestos establecidos en la norma transcrita, se advierte que la omisión de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de nulidad que se reclama a la autoridad responsable, materia de la litis, puede ser combatida ante la autoridad jurisdiccional a través del procedimiento de queja establecido en la legislación de la materia aplicable, la cual, acorde con la manifestación bajo protesta de decir verdad del quejoso, manifestada en su demanda y escrito aclaratorio, no se intentó. Por tanto, si el aquí quejoso no promovió el medio de impugnación que la ley de la materia establece, el acto reclamado carece de definitividad para los efectos de este proceso de control constitucional, lo que actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, se estima que en el caso, el Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Chiapas, señalado como responsable, no tiene calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Al respecto el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". Por su parte, el artículo 1 de la invocada ley de la materia establece: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". Asimismo, el artículo 5 de la invocada Ley de la materia, dispone: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". La interpretación literal y sistemática de los preceptos invocados permiten establecer que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o incluso, de particulares en los casos señalados en la propia Ley. Igualmente se precisa que son partes en el juicio de amparo la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En este sentido destaca lo previsto en la norma, referente a que, para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, pero cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, esto es, cuando dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En relación con esto, es decir, al analizar el concepto de autoridad responsable o particular responsable en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en la ejecutoria de veintiséis de marzo de dos mil catorce, de la contradicción de tesis 4/2014, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Tercero del Segundo Circuito, Tercero del Tercer Circuito, Segundo, Sexto y Décimo Séptimo del Primer Circuito y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: En efecto, del contenido de la tesis transcrita se colige que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país interrumpió el criterio antes mencionado al considerar que los actos efectuados por Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, por lo que contra tales actos procede el recurso de revisión, en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al haberlos emitido un organismo descentralizado, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley Orgánica, lo cual, no trastoca el sentido y alcance que debe tener el significado de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo conforme a la legislación vigente, de la manera en que se expuso en la contradicción de tesis que se invoca. De esa manera, se advierte que para el Alto Tribunal del País, la identificación del concepto "autoridad" y, por ende, del concepto "particular que realiza actos equivalentes a los de autoridad", en la actual Ley de Amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan en el seno del Estado, a saber: de subordinación, de supraordinación y de coordinación, que consisten en: a) Subordinación, son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes; b) Supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; y, c) Coordinación, son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. En tal virtud, será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquélla que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Por otra parte, tratándose de particulares, los sujetos en contra de quienes es procedente el juicio de amparo son aquellos cuyos actos sean equivalentes a los de autoridad; esto es, siguiendo el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquellos que desde una posición de supra a subordinación, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Bajo estas premisas, en el caso no se actualizan los supuestos normativos precisados, toda vez que el acto reclamado al Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Chiapas, con residencia en esta ciudad, consiste en el incumplimiento al pago de las cantidades retroactivas por concepto de veinte días de aguinaldo y el pago total de sesenta días de aguinaldo para los años subsecuentes, como se estableció en la sentencia dictada por la Sala Regional Chiapas-Tabasco, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio de nulidad *****. En efecto, atento a las notas distintivas que estableció el Máximo Tribunal de la Federación, en el caso que nos ocupa no se configura un actuación estatal susceptible de someterse al análisis constitucional, en tanto que el acto reclamado carece de los requisitos señalados, en virtud a que la relación entre el quejoso y la responsable es de coordinación, con motivo de la relación que guarda con el quejoso como ente asegurador, es decir, la señalada como responsable no actúa como persona de derecho público revestida de imperio frente al particular, por lo que la negativa de los funcionarios del organismo precitado a realizar el pago del concepto de aguinaldo en la forma que señala la parte quejosa, carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad, al estar ausente la vinculación de subordinación o supracordinación características del acto de autoridad. Así, es claro que en el caso que nos atañe, el acto reclamado a la responsable no es una conducta propia de un ente de derecho integrante de la Administración Pública, sino deviene de una relación de coordinación, en que la autoridad responsable actúa como ente privado, (como organismo desconcentrado de seguridad social), es decir, como asegurador en sustitución del empleador, en consecuencia del vínculo que existe entre la quejosa y la dependencia patronal, o con fundamento en un acto jurídico, por el que se obliga a otorgar ciertas prestaciones en servicios, especie o en numerario al asegurado, como en este caso; por lo tanto, la omisión o negativa que se le reclama no puede ser combatida a través del juicio de amparo, por carecer de los elementos necesarios para estimarse un acto propio de autoridad. Sin que sea aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia invocada por la parte quejosa en su demanda, toda vez que el supuesto planteado en dicho criterio se refiere a una etapa de ejecución del juicio contencioso administrativo, es decir, existe una relación procesal entre las partes, en que la postura que guardan las partes actora y demandada es de supra o subordinación, virtud a la característica propia del juicio contencioso administrativo; lo que en el caso no acontece, virtud a que la sentencia de nulidad fue declarada cumplida desde el quince de abril de dos mil catorce, momento procesal en que se ordenó el archivo del juicio, lo que le puso fin en forma total y definitiva. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XIII, XVIII y XXIII, en relación con los numerales 1, 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por improcedente. Lo anterior, sin perjuicio a los derechos fundamentales del quejoso, para exigir el cumplimiento de la sentencia de nulidad y hacer valer el derecho que adquirió con ella, ya que éstos pueden ser ejercitados a través de la vía ordinaria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el ocurso de ****, parte quejosa en este juicio, por medio del cual da cumplimiento a lo requerido en proveído de siete de julio de dos mil diecisiete. Ahora bien, cabe señalar que el cumplimiento de los puntos que le fueron requeridos en el auto citado en el párrafo que antecede a la aquí quejosa, lo realizó bajo protesta de decir verdad, por lo que considerando la presunción de buena fe, goza de credibilidad ante este Juzgador; en tal virtud, se tiene por desahogado dicho requerimiento. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En el caso particular se advierte de manera oficiosa, que en el caso se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XIII, XVIII y XXIII, en relación con los numerales 1, 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, virtud a las siguientes consideraciones. Así es, en el caso, se estima que el acto reclamado en el juicio de amparo, que se hizo consistir en el incumplimiento al pago de las cantidades retroactivas por concepto de veinte días de aguinaldo a partir del año dos mil doce, así como el pago total de sesenta días de aguinaldo para los años subsecuentes, tal como se estableció en la sentencia pronunciada por la Sala Regional Chiapas-Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio de nulidad *****, es un acto derivado de otro consentido y, por ende, el juicio es improcedente en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: XIII.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 10,116 expedientes
- Matea Pérez Gómez10/2020
- Matea Pérez Gómez1031/2019
- Mateo Gómez Pérez410/2016
- Mateo Joaquín Del Valle Morales228/2019
- Mateo Joaquín del Valle Morales100/2018
- Mateo Joaquín Del Valle Morales1457/2018
- Mateo López Díaz754/2018
- Mateo Moreno Deara1359/2018
- Mateo Pérez Molina1448/2018
- Matías Trujillo Zambrano2248/2016
- Matilde Aguilar Nuñez699/2020
- Matilde Aguilar Nuñez471/2022