Mateo Hernandez Martinez

Expediente 257/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
257/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
19/09/2017

Partes del expediente

  • Mateo Hernandez Martinez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes el oficio signado por el Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo. En atención a su contenido, téngase a la oficiante acusando de recibo el expediente 133/2016 y exhorto 101/2017, circunstancia de la cual toma conocimiento este Juzgado. Cúmplase.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que el fallo dictado en este expediente no fue recurrido dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia del dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, en el que NEGÓ el amparo y protección de la Justicia a MATEO HERNANDEZ MARTINEZ, ha causado EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, archívese el presente asunto como totalmente concluido Hágase la devolución al Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, expediente 133/2016 y exhorto 101/2017 mismo que envió en apoyo a su informe justificado, solicitando ordene a quien corresponda elabore el acuse de recibo correspondiente, previo desglose y constancia que obre en autos. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental por lo que el cuaderno principal es depurable. Notifíquese.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 257/2017-2; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante oficio 1781 de tres de marzo de dos mil diecisiete, la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, por incompetencia remitió la demanda de amparo promovida por Mateo Hernández Martínez y diversos anexos, toda vez que el acto reclamado le corresponde conocer a un juzgado de distrito, de cuyo contenido se desprende que el quejoso solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que continuación se especifican: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo. Mediante proveído de siete de abril de dos mil diecisiete -foja 130-, el quejoso amplió su demanda, señalando como responsable al: Acuario Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo ACTO RECLAMADO: Los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil promovidos por Eréndira Patricia Zamora Cárdenas, en su carácter de apoderada legal de Alianza Eléctrica S.A. de C.V., dentro del expediente 133/2016, radicado en el Juzgado Primero de Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, y señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de siete de marzo de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la citada demanda de amparo, registrándose con el número 257/2017-2, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se inició en los términos del acta que antecede; por tanto, se procede a emitir la resolución correspondiente. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tratarse de una resolución que surte sus efectos y las responsables residen en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de la litis. El artículo 74 de la Ley de Amparo autoriza al juez de Distrito a interpretar la demanda de garantías con el objeto de desentrañar la verdadera intención de la parte quejosa, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en ella y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado y las pruebas aportadas (incluso con la totalidad de la información que obra en el expediente), en congruencia con lo dispuesto por los diversos 108, 115 y 117 del ordenamiento de referencia, según trata la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P. VI/2004 plenarias, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos XI y XIX, de abril de dos mil cuatro y dos mil, Novena Época, páginas 32 y 255, respectivamente, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Se precisa el acto reclamado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual consiste en:  El ilegal emplazamiento realizado en los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil 133/2016, así como todo lo actuado. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Juez y Actuario adscritos al Juzgado Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Circunstancia que se corroboró con el expediente 133/2016, el cual adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, y la tesis de jurisprudencia 226, sustentada por el propio Pleno del más Alto Cuerpo Colegiado del País, que dispone: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO" . CUARTO. Análisis de causas de improcedencia o sobreseimiento. Por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen o no las partes o que este órgano de Control Constitucional advierta de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la Jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Luego, si las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna, ni este órgano de Control Constitucional advierte de oficio la actualización de alguna de ellas, lo que procede es analizar la constitucionalidad de la resolución reclamada. QUINTO. Análisis de fondo. Conforme al análisis de las constancias que integran el presente expediente, se procede al estudio de la diligencia de emplazamiento practicada al aquí quejoso en los medios preparatorios a ejecutivo mercantil, seguido por Eréndira Patricia Zamora Cárdenas apoderada legal de Alianza Eléctrica S.A. de C.V., ante el Juzgado Primero Civil y Familiar de Apan, Hidalgo, en el expediente 133/2016 de su índice, para lo cual, es necesario hacer constar que el peticionario de amparo argumenta, en esencia en los conceptos de violación, transgreden las garantías establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales de la Ley de Amparo, toda vez que el emplazamiento no fue realizado en forma personal ni en su domicilio, y por ende, las consecuencias jurídicas derivadas del referido procedimiento. Bajo ese contexto, es menester determinar, si en el caso la cita del emplazamiento, se verificó en forma contraria a las disposiciones legales aplicables, por ser la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, lo que lleva a establecer el criterio de que el emplazamiento es de orden público y los jueces deben investigar de oficio si se efectuó y, en su caso, si se observaron las leyes aplicables. Así, el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, exige para la plena satisfacción de la garantía de audiencia previa al acto privativo de la vida, de la libertad y de las propiedades, posesiones o derechos, la existencia de un "juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." Las formalidades esenciales del procedimiento, son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: I. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; II. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; III. Oportunidad de alegar; y IV. Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. En ese sentido, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias constituye una formalidad esencial del procedimiento que de no respetarse impide u obstaculiza una adecuada defensa. En consecuencia, la falta o el defectuoso emplazamiento al juicio constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, pues afecta la exigencia de que se dé la oportunidad al gobernado de alegar lo que a su derecho convenga, así como la de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes, lo que lógicamente implica colocarlo en un serio estado de indefensión. Previamente conviene precisar, como se insiste, que el segundo párrafo del artículo 14 constitucional consagra la garantía de audiencia, que implica el derecho de todo gobernado para que, previamente a cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privarlo de su vida, de su libertad, de su propiedad, de sus posesiones o de sus derechos, se le dé oportunidad razonable de defenderse en juicio; el debido respeto a la garantía de audiencia impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga (ante tribunales previamente establecidos y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho) y que pueda culminar con un acto privativo, se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Apoya el anterior criterio, la jurisprudencia publicada en la página 133, tomo II, diciembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." La primera y más importante de esas formalidades esenciales del procedimiento y, además, requisito indispensable para que se puedan cumplir las otras, es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias: en el proceso jurisdiccional esa primera formalidad se denomina generalmente emplazamiento. La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio; precisamente por la importancia y trascendencia que tiene el emplazamiento es que, por un lado, las leyes procesales lo regulan detalladamente estableciendo las formalidades de que debe estar investido y, por otro, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad; es indudable que las formalidades que disponen las leyes procesales para la práctica del emplazamiento, no tienen otra finalidad que la de garantizar, hasta donde racionalmente sea posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse. Por tanto, el emplazamiento tiene como objeto que la persona a quien se le practique tenga conocimiento del procedimiento al que es llamado para preparar sus defensas ante el juzgado que conozca del asunto. Acorde a lo anterior, por cuestión de turno se procede al análisis de la diligencia practicada al quejoso Mateo Hernández Martínez, para lo cual se insertan las imágenes de dichas diligencias: De lo anterior, se advierte que para el análisis de la legalidad de la diligencia de emplazamiento, habrá que atenderse a las reglas de notificación en los artículos 1392, 1393 y 1394 del Código de Comercio, así como los numerales 432, 309, 310 y 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles, preceptos que señalan: En efecto, los artículos 1392, 1393 y 1394 del Código de Comercio prevén: "Artículo 1,392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el deudor sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de persona nombrada por éste." "Artículo 1,393. No encontrándose el deudor a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos." "Artículo 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación se emplazará al demandado.- En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061.- La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al deudor sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio.- En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregara también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por el, en que consten los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente el Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores." Por su parte, el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el capítulo relativo a embargos (al cual remite el artículo 1393 del Código de Comercio), dispone: "CAPÍTULO VI.- "EMBARGOS.- Artículo 432. Decretado el embargo, si el deudor no fuere encontrado en su domicilio, para hacerle el requerimiento de pago, se le dejará citatorio para que espere a hora fija del día siguiente hábil, y, si no espera, se practicará la diligencia con la persona que se encuentre en la casa, o con el vecino más inmediato.- Cuando se encontrare cerrada la casa, o se impidiere el acceso a ella, el ejecutor judicial requerirá el auxilio de la policía, para hacer respetar la determinación judicial, y hará que, en su caso, sean rotas las cerraduras, para poder practicar el embargo de bienes que se hallen dentro de la casa." Así mismo, los artículos 309, 310 y 311 del citado ordenamiento adjetivo civil, señalan: "Artículo 309. Las notificaciones serán personales: I.- Para emplazar a juicio al demandado, y en todo caso en que se trate de la primera notificación en el negocio; II.- Cuando dejare de actuarse durante más de seis meses, por cualquier motivo; en este caso, si se ignora el domicilio de una parte, se le hará la notificación por edictos; III. Cuando el tribunal estime que se trata de un caso urgente, o que, por alguna circunstancia, deben ser personales, y así lo ordene expresamente; y IV. En todo caso, al Procurador de la Republica y Agentes del Ministerio Público Federal, y cuando la Ley expresamente lo disponga." "Artículo 310. Las notificaciones personales se harán al interesado o a su representante o procurador, en la casa designada, dejándole copia íntegra, autorizada, de la resolución que notifica. Al procurador de la Republica y a los Agentes del Ministerio Público Federal, en sus respectivos casos, las notificaciones personales les serán hechas a ellos o a quienes los substituyan en el ejercicio de sus funciones, en los términos de la Ley orgánica de la institución. Si se tratare de la notificación de la demanda, y a la primera busca no se encontrare a quien deba ser notificado, se le dejará citatorio para que espere, en la casa designada, a hora fija del día siguiente, y, si no espera, se le notificará por instructivo, entregando las copias respectivas al hacer la notificación o dejar el mismo." "Artículo 311. Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto en el artículo 307, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos. En caso de no poder cerciorarse el notificador, de que vive en la casa designada, la persona que debe ser notificada, se abstendrá de practicar la notificación, y lo hará constar para dar cuenta al tribunal, sin perjuicio de que pueda proceder en los términos del artículo 313." De la intelección de las normas anteriores, se observan las formalidades que toda notificación debe contener y en particular el emplazamiento, como lo son las siguientes: I. Que el emplazamiento del demandado se notificará de manera personal en el domicilio señalado por su contraparte, previo cercioramiento de que dicho domicilio corresponde al del demandado, asentando para tal efecto los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, así como aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como del buscado. Notificación personal. a. Cuando se encuentre a la persona buscada o a su representante, se entenderá la diligencia con el interesado o su representante, entregándole cédula en la que se contenga la orden de embargo, copia de la demanda, así como de los documentos base de la acción y de los ordenados por el artículo 1061 del Código de Comercio; se levantará acta de tal diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de aquél con quien se hubiera entendido la actuación, para que exista debida constancia de ello. Notificación por cédula. b. Cuando no se encuentre a la persona buscada o a su representante, se le dejará citatorio con los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que debe ser notificada, para que lo espere, dentro de un lapso comprendido entre las seis y setenta y dos horas posteriores a la de haberse constituido en el domicilio del demandado -citatorio del cual se anexa copia a la diligencia para constancia de dicha actuación- y, de no aguardar el interesado, se practicará la diligencia con cualesquiera de las personas precisadas con antelación, a quienes para los efectos del emplazamiento, se les entregará cédula en la que se contenga la orden de embargo, copia de la demanda, así como de los documentos base de la acción y de los ordenados por el artículo 1061 del Código de Comercio; se levantará acta de tal diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de aquél con quien se hubiera entendido la actuación, para que exista debida constancia de ello. En esas condiciones, este juzgado federal contrario a lo aseverado por el peticionario de amparo Mateo Hernández Martínez, considera que la diligencia reclamada (emplazamiento) cumple con los requisitos establecidos con anterioridad. Lo anterior es así, pues el fedatario se cercioró de que estaba en el domicilio correcto por así advertirse de la placa y nomenclatura oficial, y por así manifestárselo César Ponce Martínez, quien manifestó que es empleado del aquí quejoso, quien le expuso que la persona buscada no se encontraba, dejando en su poder el quince de marzo de dos mil dieciséis el citatorio correspondiente; asimismo, asentó que dicha persona no quiso identificarse por lo cual asentó su media filiación, además de asentar que no quiso firmar. Posterior a ello, en cumplimiento a la citatorio de referencia, el actuario responsable se constituyó de nueva cuenta a las quince horas del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, en el domicilio por la parte demandada, respecto del cual de nueva cuenta asentó que se cercioró de estar en el lugar correcto por así advertirse de la placa y nomenclatura oficial, y por así habérselo manifestado César Ponce Martínez, quien refirió ser empleado del aquí quejoso, quien ante la falta de identificación asentó su media filiación. Una vez constituido en dicho domicilio, solicitó a César Ponce Martínez la presencia del aquí quejoso, quien le indicó que no se encontraba, por tal motivo entendió la diligencia de emplazamiento con éste, quien manifestó ser empleado de la buscada -aquí quejoso-, a quien por su conducto le notificó la hora y fecha señalada para el desahogo de la confesional de Mateo Hernández Martínez, así como el apercibimiento en caso de no comparecer. Asimismo, le hizo saber que el promovente de los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil 133/2016 lo es Eréndira Patricia Zamora apoderada legal de Alianza Eléctrica S.A. de C.V., quien le demanda la cantidad de $132,371.47 (ciento treinta y dos mil trescientos setenta y un pesos 47/100 M.N.), deuda originada por la compra de material descrita en los hechos de citado juicio, a quien además le corrió traslado con la copias respectivas; además, asentó que dicha persona se negó a firmar de conformidad. En el caso particular, es de precisar que relativo al emplazamiento, el artículo 1393 del Código de Comercio, en relación con el diverso 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles, da la pauta de practicar el emplazamiento con los parientes, empleados o domésticos del demandado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado para el llamamiento a juicio, circunstancia que aconteció en el presente asunto, toda vez que en la primera búsqueda en la que incluso dejó el citatorio y la propia diligencia de emplazamiento, la misma fue entendida por César Ponce Martínez, quien indicó ser empleado del aquí quejoso, y ante la negativa de identificarse asentó su media filiación; de ahí que el fedatario judicial estaba facultado para realizar el emplazamiento a través de tal persona. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "EMPLAZAMIENTO. EL FEDATARIO JUDICIAL EN EL ACTA CORRESPONDIENTE DEBE ASENTAR EXPRESAMENTE QUE EL DEMANDADO NO SE ENCONTRABA EN EL DOMICILIO SEÑALADO AL EFECTO PARA QUE LA DILIGENCIA RELATIVA PUEDA PRACTICARLA CON PERSONA DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." Sin que en el caso fuera necesario que el notificador responsable se cerciorara de la relación laboral que indicó tener la persona con la que entendió la diligencia, pues el artículo 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no prevé tal cercioramiento; tampoco si dicha persona tenía facultades para recibir la cédula de emplazamiento, pues como ya se dijo, tal numeral prevé que se deje con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, siempre que se trata de un pariente, empleado o doméstico. Así, contrario a lo afirmado por el peticionario del amparo, se consideran suficientes los medios por los cuales el actuario responsable, se cercioró del domicilio del deudor del juicio de origen, ya que el artículo 1393 del Código de Comercio, señala como requisito esencial que el actuario haga constar los medios por los que se cercioró de que el domicilio corresponde al de la persona buscada, por lo que sí asentó que dicho cercioramiento se efectúo por la placa y nomenclatura y a través del dicho de su empleado; esa circunstancia constituye uno de los medios que prevé el artículo antes referido, por los cuales es posible que el fedatario se cerciore que el domicilio en el que se constituyó correspondía al de la persona buscada, quedando con ello, cumplido el requisito esencial de cerciorarse del domicilio de la buscada. De igual manera, es menester precisar que el Máximo Tribunal del País ha sostenido que la falta de firma en el acta de la persona con quien se entiende la diligencia, no implica necesariamente que el emplazamiento sea ilegal, ya que el actuario judicial es un funcionario investido de fe pública que valida con su firma los hechos pasados ante él, por lo que, lo ahí asentado genera certidumbre de su contenido, siempre y cuando se hayan satisfecho los demás requisitos legales mínimos para esa diligencia, de manera que no exista duda de que fue cumplido su objeto, que es hacer del conocimiento de la persona buscada de la existencia de un juicio instaurado en su contra. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia que la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro: "NOTIFICACIÓN. CUANDO EL NOTIFICADO SE NIEGA A FIRMAR EL ACTA DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA, BASTA QUE EL ACTUARIO ASIENTE LA CAUSA, MOTIVO O RAZÓN DE TAL CIRCUNSTANCIA, EMPLEANDO CUALQUIER EXPRESIÓN GRAMATICAL." Además, el impetrante de garantías omitió aportar con medio de convicción alguno, desvirtuar la fe pública del actuario, al asentar que César Ponce Martínez es su empleado, y que el domicilio donde se constituyó, es el principal asiento de sus negocios, pues no debe perderse de vista que el artículo 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no obliga al actuario a cerciorarse de la veracidad de las manifestaciones que realiza la persona con quien se entiende la diligencia, sino sólo a cumplir con las formalidades previstas por la ley; más bien, si se cercioró debidamente de que se constituyó en el domicilio de la parte deudora, teniendo su actuación pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario, que le corresponde aportar a la parte quejosa. En la inteligencia de que con ello no se le arroja la carga de la prueba de hechos negativos, sino que por contar con el material probatorio necesario para justificar quiénes son sus empleados, en todo caso, debió justificar que dicha persona no se encontraba dentro de su lista de empleados, o bien que éstos eran otros e inclusive probar que no tiene empleados en el giro comercial aludido. De tal suerte que, tomando en cuenta que en el caso no se desvirtuó lo asentado en la razón actuarial relativa que César Ponce Martínez es empleado de la parte quejosa, debe estimarse que el emplazamiento es legal, ya que se insiste, es inexacta la aplicación de los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que no fue oída ni vencida en juicio, sin que haya planteado razonamiento jurídico alguno tendiente a destruir el ilegal emplazamiento que aduce tener la citada diligencia, y tampoco haya desvirtuado con medio probatorio alguno, el hecho de que César Ponce Martínez no es su empleado con quien el Actuario responsable entendió la citada diligencia, y que el domicilio en el cual se practicó el emplazamiento que se duele la peticionaria de garantías, no corresponde al asiento principal de sus negocios. Sin que pase desapercibido, que el quejoso haya exhibido diversas documentales a efecto de acreditar que el emplazamiento no se llevó a cabo en su domicilio; pues del contenido de las mismas lo únicamente que se acredita es el pago del predial del inmueble que indica y de la compraventa del inmueble, sin embargo, no acredita que en el mismo habite; por tanto, debe tenerse por ciertas las afirmaciones que vierte el Actuario responsable, al contar con fe pública. Por tales motivos, con dichas documentales no se acredita la ilegalidad del emplazamiento del que adolece, por lo que se colige lo infundado de sus argumentos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis visible en la página número 249, del Tomo XI abril, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO, NO ES NECESARIO QUE EL ACTUARIO SE CERCIORE DE QUE LA PERSONA CON LA QUE ENTIENDE LA DILIGENCIA ES EFECTIVAMENTE QUIEN DICE SER." En las relatadas condiciones, la diligencia de emplazamiento, que se practicó al solicitante de amparo Mateo Hernández Martínez, en los medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil, seguido por Eréndira Patricia Zamora apoderada legal de Alianza Eléctrica S.A. de C.V., ante el juez responsable en el expediente 133/2016 de su índice, debe quedar incólumes, dado que la parte quejosa omitió ofrecer medios de convicción idóneos que desvirtuaran la fe pública del actuario responsable. Se apoya la anterior determinación, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación, en noviembre de 1991, visible a tomo VIII, página 113; misma que es del siguiente tenor: "EMPLAZAMIENTO. PRUEBAS PARA DESVIRTUARLO. Si se cuestiona la legalidad del emplazamiento, deben aportarse elementos de convicción suficientes para desvirtuarla, ya que el diligenciario en su carácter de funcionario está investido de fe pública, por lo que sus actuaciones tienen pleno valor probatorio, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario." Así mismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 55, del Tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "ACTUARIO, FE PUBLICA DEL, NO PUEDE DESVIRTUARSE SINO CON PRUEBAS FEHACIENTES Y CONTUNDENTES. Si bien es cierto que la fe pública de que está investido un actuario judicial no convalida las marcadas alteraciones y contradicciones en que incurra, también lo es que no puede aceptarse que esa fe quede desvirtuada con prueba que no demuestre en forma fehaciente y contundente las respectivas alteraciones o contradicciones en que haya podido incurrir ese funcionario, por lo que si se toma en cuenta lo antes asentado, resulta incuestionable que no puede estimarse que un simple informe del centro de trabajo del arrendatario y su respectiva tarjeta de control de asistencia sean suficientes para desvirtuar la fe pública con que cuenta el actuario que llevó a efecto la notificación para manifestarle a la demandada la voluntad del arrendador de dar por terminado el contrato respectivo." Así, es inconcuso que las autoridades señaladas como responsables acreditaron que la diligencia de emplazamiento que se hizo en los medios preparatorios de origen al deudor -ahora quejoso- se realizaron en forma apegada a derecho, según ha quedado expuesto en párrafos precedentes, situación que conlleva a considerar que no existen las violaciones a las garantías individuales que inexactamente afirma la solicitante del amparo, que se violaron en su perjuicio, puesto que la diligencia de emplazamiento, resulta correcta y ajustada a derecho, por lo que el peticionario de amparo estuvo en aptitud de comparecer al desahogo de la prueba confesional y, desde luego, agotar todos y cada uno de los medios de defensa que la ley le otorga, pero al no comparecer al referido procedimiento fuera de juicio, dio margen para que se le declarara confeso de todas y cada una de las posiciones que fueron calificadas de legales; sin embargo, ello no debe estimarse como un acto ilegal, sino como una consecuencia legal y necesaria en virtud de la desatención en que incurrió al no haber comparecido a dicho medios preparatorios con la oportunidad debida, pues fue correctamente emplazado, según ha quedado precisado en párrafos anteriores. Consecuentemente, los efectos de la razón del actuario tiene valor probatorio pleno, debido a la fe pública con que se encuentra investido, y las circunstancias de tiempo, lugar, forma y modo que asienta en su diligencia, deben tenerse por ciertas, mientras no se demuestre que sean contrarias a la realidad o en sí mismas ilógicas. De modo que la fe dada por un funcionario judicial, como lo es, el fedatario en ejercicio de su encargo, se encuentra investido de fe pública; por tanto, corresponde a quien impugna una actuación demostrar, con pruebas eficaces, que son ciertos los vicios que le atribuye a dicha actuación, y si no se hizo así, conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe el actuario judicial. Por otro lado, es pertinente precisar que la parte quejosa señaló expresamente todas las actuaciones realizadas con posterioridad al emplazamiento, incluida la diligencia de cinco de abril de dos mil dieciséis, que además de declararla confesa, ordenó la devolución de los documentos que fueron exhibidos en el referido procedimiento. Al respecto, este juzgado de Distrito, considera que al haberse determinado que la diligencia de emplazamiento, se realizó siguiendo las formalidades legales, conforme los razonamientos y fundamentos expuestos con anterioridad, los argumentos dirigidos a controvertir dichas actuaciones, resultan inoperantes, ya que este órgano de amparo no está en posibilidad de dar contestación a tales argumentos, ya que al resultar legalmente emplazado el deudor -hoy quejoso- estaba en posibilidad de combatir las referidas diligencias, mediante el recurso de apelación que hubiese interpuesto en contra de esas actuaciones, en el momento procesal oportuno. Entonces, al omitir agotar dicho medio de impugnación en el momento procesal oportuno contra las actuaciones que considera ilegales, deviene inoperante que controviertan las actuaciones del juicio de origen, mediante el presente juicio de amparo indirecto. Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 121/2005, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, DEBE CONSIDERAR INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN ENDEREZADOS CONTRA EL LAUDO, Y NO REMITIR LA DEMANDA A UN TRIBUNAL, COLEGIADO DE CIRCUITO PARA QUE CONOZCA DE ELLOS" En consecuencia, debido a lo inoperante e infundado de los conceptos de violación, conforme a las razones expresadas, es procedente negar el amparo solicitado, contra los actos del Juez Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo y actuario de su adscripción, al no acreditarse que los actos reclamados hubieren transgredido las garantías que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al hoy quejoso; aunado a que no se fundamentó en leyes declaradas inconstitucionales por nuestro máximo Tribunal de Justicia, así como tampoco existe alguna violación manifiesta de la ley que autorice a suplir queja deficiente en términos del artículo 76 bis, fracción VI, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. No se omite indicar que en este asunto se citaron diversas jurisprudencias y tesis que, aunque integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, siguen siendo aplicables, conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo; por tanto, lo que en ellas se interpreta no se opone a las disposiciones de la ley de la materia aplicable. SEXTO. Publicación. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en atención a que la parte quejosa de mérito durante el procedimiento no expresó su inconformidad respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales en la sentencia que ahora se dicta, en tales condiciones, publíquense los mismos, en la inteligencia que dicho fallo quedará a disposición del público para su consulta. Asimismo y en términos de las disposiciones primera y segunda del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de tres de septiembre de dos mil siete, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; este Juzgador Federal considera que la presente sentencia debe capturarse en el módulo referido; asimismo una vez capturada la sentencia emitida, procédase a glosar al presente expediente la constancia de captura generada por el sistema antes aludido. Por lo anteriormente expuesto, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 74, 217 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Mateo Hernández Martínez, contra el acto y la autoridad indicados en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Se le tiene como no opuesta a la parte quejosa a que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de esta resolución, en tanto este fallo no sea impugnado, pues de ser así, se estará a lo que la parte exprese durante la substanciación del recurso que haga valer. TERCERO. Una vez publicada la presente determinación, procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. CUARTO. De conformidad con lo establecido en los artículos 1° y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, este ultimo de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para una mejor y pronta impartición de justicia, se autoriza expedir copia simple de la presente sentencia a las partes que así lo soliciten de manera verbal (al momento de la notificación o con motivo de esta) y acrediten estar autorizadas para recoger las mismas, previa toma de razón y constancia quede en autos. Notifíquese.

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el emplazamiento a la parte tercero interesada Alianza Eléctrica, sociedad anónima de capital variable, se llevó a cabo el diecinueve de julio del presente año, resulta evidente que entre dicha data y el día de hoy no media el tiempo pertinente para que dicha parte pueda ofrecer pruebas o formular alegatos. En consecuencia, con sustento en la tesis aislada V.4º.1 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO." En tal virtud, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. Finalmente, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a la tercero interesada Alianza Eléctrica, sociedad anónima de capital variable, para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que a la fecha desahogara dicho requerimiento; en esas condiciones, procédasele a notificar los subsecuentes proveídos por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo Vigente, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Notifíquese.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano