Mateo García Alamilla
Expediente 1743/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1743/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Mateo García Alamilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA 5.VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado de cuenta rendido por el MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, y anexo que acompaña, consistente en copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente laboral 158/2007 acumulado al 167/2007, de su índice; en tal razón, con el contenido de éstos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante las constancias que anexó, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Debido a la voluminosidad de la constancia remitida por la autoridad responsable, constante de un tomo, manéjese ésta por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. No obstante lo anterior, del informe justificado que se provee se advierte que la autoridad responsable fue omisa en remitir la totalidad de las constancias que integran el expediente laboral de origen, por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la ley de la materia, requiérase a la citada autoridad, a efecto de que dentro del término de tres días contado a partir del día al en que sea notificada del presente proveído, remita copia certificada de todas y cada una de las constancias A PARTIR DEL LAUDO dictado en el expediente laboral 158/2007 acumulado al 167/2007, las cuales deberán estar debidamente legibles, foliadas y costuradas, toda vez que son necesarias para resolver el presente asunto, apercibida que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, se hará acreedora a la multa con la que fue conminada en auto de veintiuno de octubre de la presente anualidad. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia visible en la página 728, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABAR DE OFICIO LAS RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. REFORMAS AL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. El nuevo texto del último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo no establece solamente una facultad potestativa de los tribunales de control constitucional para recabar oficiosamente pruebas cuando se actualicen los supuestos previstos en el mismo, susceptible de ejercitarse o no. Por el contrario, impone como un deber de los Jueces de amparo el de recabar en forma oficiosa las pruebas que fueron rendidas ante la responsable, que no obren en los autos del juicio constitucional y que estimen necesarias para la resolución del asunto. Por tanto, de acuerdo con la nueva redacción del precepto que se examina, de no cumplir los Jueces de Distrito la obligación de recabar pruebas oficiosamente cuando ello sea procedente, su omisión constituirá una infracción a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, que motivará la revocación de la sentencia recurrida en revisión para reponer el procedimiento, a fin de que el Juez de amparo omiso cumpla con lo ordenado en el artículo 78, último párrafo, de la misma ley."
- Principal
MESA 5. VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el alegato ministerial de cuenta, signado por el Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, del que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa, como lo prevé el artículo 124 de la ley de la materia; asimismo y como lo solicita el referido representante social, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia certificada de la sentencia que se dicte en el juicio en que se actúa.
- Principal
MESA 5.VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; con el escrito de demanda de cuenta, se tiene a PABLO CUPIL FRÍAS, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama del TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, con sede en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 1, 5, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que mediante proveído de veintiuno de octubre del año actual, se admitió a trámite el diverso juicio de amparo 1743/2019-5, del índice de este juzgado, promovido por MATEO GARCÍA ALAMILLA, contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de dar cumplimiento al laudo de veintidós de febrero de dos mil trece, dictado en el expediente laboral 158/2007 y su acumulado 167/2007; por lo anterior, resulta inconcuso que el presente juicio 1823/2019-4, fue promovido por PABLO CUPIL FRÍAS, contra la misma autoridad responsable y por el mismo acto reclamado. Por tanto, con apoyo en el artículo 17 Constitucional en lo relativo a administrar justicia pronta y completa, con la finalidad de evitar se divida la continencia de la causa y que eventualmente se pudieran dar resoluciones contradictorias, se decreta de oficio la acumulación del juicio de amparo 1823/2019-4 al 1743/2019-5, por ser este último, el que se recibió primero en tiempo, por lo que deberán quedar en una misma pieza de autos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 24/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Ahora, queda vigente la hora y fecha señalada para la audiencia constitucional en el juicio de amparo primigenio, esto es, las DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. SE DESECHA POR AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la omisión reclamada por el quejoso al Presidente Municipal, Síndico de Hacienda y Regidores, todos del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco, parte de la premisa que aquellos no han dado cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente 158/2007 y su acumulado 167/2007, tramitado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, en el que son parte demandada, el quejoso reconoce la relación laboral que existió entre él y las citadas autoridades, lo que supone, se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, como ocurre en el caso, por lo que no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor, aquí parte quejosa. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 2007066, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 699, que dice: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." De las propias manifestaciones formuladas por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, se advierte que el juicio antes referido se encuentra en proceso de ejecución del laudo y que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, es quien realiza los actos tendentes a ello, conforme a los instrumentos legales con que cuenta para tal efecto, de tal suerte, que es esa instancia quien debe exigir su cumplimiento, sin que en el caso se advierta la existencia de una resolución en que ese Tribunal haya determinado la imposibilidad de ejecutar el laudo. En apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia 2a./J.34/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el libro 53, abril de 2018, Tomo I, Página 478, Fuente, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común Laboral, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." Por lo anterior, no ha lugar a tener como autoridades responsables al Presidente Municipal, Síndico de Hacienda y Regidores, todos del Ayuntamiento Constitucional de Nacajuca, Tabasco y por ende, se desecha la demanda de amparo respecto de los actos reclamados a aquellos, en términos del artículo 61, fracción XXIII en relación al 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el segundo de los mencionados interpretado en sentido contrario. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguiente al en que reciba el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir vía fax al número 01 (99-3) 3-10-50-23 o al correo oficial 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx; lo anterior permitirá, además, agilizar el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio de constitucionalidad de impartición de justicia pronta y expedita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año; asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable de la pena en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omita el que le conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señale la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y por autorizados a los profesionistas que menciona en la misma, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN DE LAS DEMÁS PARTES. Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de terceros interesados en el presente asunto al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Nacajuca, Tabasco, el Cabildo del Ayuntamiento de Constitucional de Nacajuca, Tabasco, así como a sus integrantes Primer regidor Janice Contreras García, Segundo regidor Jesús Manuel de la Cruz Hernández, Tercer regidor Beatriz Adriana de la Cruz Rodríguez, Cuarto regidor Belizario López Almeida, Quinto regidor Sonia Pérez Tosca, Sexto regidor Marco Antonio Falcón Ocaña, Séptimo regidor Adriana Robles Flores, Octavo regidor Ernesto Hernández Jiménez, Noveno regidor Alejandra de los Santos de la Cruz, Décimo regidor José Luis Hernández Hernández, Décimo primer regidor Yuli del Carmen Jiménez de la Cruz, Décimo segundo regidor Francisco Donaldo Pérez Chaires, Décimo tercer regidor Lili del Carmen Concepción Ocaña, Décimo cuarto regidor Elda Viviana Peña Torres, Directora de Programación Diamantina Melchor Cárdenas, Directora de Finanzas Mirella Cerino Díaz y al Director de Administración Miguel de la Cruz Díaz. Por lo anterior, en términos del artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, por medio de oficio, emplácese a los citados terceros interesados; adjuntando una copia simple de la demanda de amparo, para que en caso de que lo estimen conveniente, se apersonen a juicio a hacer valer sus derechos, informándoles que la audiencia constitucional se llevará a efecto en la hora y fecha señalada en líneas anteriores. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora bien, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. Tramítese por separado y duplicado el incidente de suspensión respectivo por haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, como lo dispone el artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.
- Principal
MESA 10.VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; Agréguese a los autos, el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 241/2019 y el original del juicio de amparo en que se actúa; acúsese recibo. Ahora bien, como de la ejecutoria de que se trata se advierte que el Tribunal revisor resolvió: "[.] PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGÚNDO. Se sobresee en el juicio de amparo.[.]" En consecuencia, agréguese a los autos el cuaderno de antecedentes únicamente con las constancias originales, toda vez que las demás son copias certificadas del propio expediente y carecen de valor institucional, por lo que procédase a la destrucción de estas últimas; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales a que hubiere lugar, realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo.
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