Mateo Cavita Pineda
Expediente 1165/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1165/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Mateo Cavita Pineda
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, consecuentemente, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el procedimiento que se actúa, en términos del numeral 2, de la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, de conformidad con el numeral 21, inciso b), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que el quejoso *** no desahogó la prevención formulada en auto de ocho de los cursantes. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y se tiene únicamente como actos reclamados el auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal de origen ***, por el cual se apercibió con multa equivalente a veinticinco unidades de medida y actualización, así como su ejecución. Así, vista de nueva cuenta la demanda de amparo que promueve la parte quejosa. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de Ley de Amparo en vigor, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tiene aplicación al caso, por su sentido jurídico, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con número de registro 186605, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Bajo esa guisa, este órgano de control constitucional de oficio advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que se debe desechar de plano la demanda que nos ocupa. En ese contexto, cabe señalar que el numeral 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XVIII, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". En efecto, el análisis del artículo transcrito, pone de manifiesto: a) Que el gobernado, agraviado por un acto de autoridad que tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, podrá acudir en demanda de amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias procesales que se establezcan en la Ley que rija ese acto y tiendan a revocar, modificar o nulificar el mismo; y, b) Que las excepciones a esta regla se darán para los casos de terceros extraños a juicio, o cuando se afecte la libertad personal del quejoso, y para aquellos actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Ahora bien, los artículos 261 y 267 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala aplicable a la causa penal de origen ***, establecen: "[.] Artículo 261.- Solamente los autos contra los cuales no se concede por este Código el recurso de apelación, serán revocables por el juez que los dictó. (.) Artículo 267.- Son apelables, salvo disposición legal en contrario: I.- Las sentencias de primera instancia; II.- Los autos que nieguen o decreten el sobreseimiento en el caso de la fracción III del artículo 242; III.- Los autos de falta de elementos para procesar; IV.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución; V.- Los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos; VI.- Los autos que resuelvan algún incidente no especificado. VII.- El auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria; VIII.- Las demás resoluciones que señale la ley. [.]" De los referidos numerales se advierte que los autos contra los cuales no se concede el citado código el recurso de apelación, serán revocables por el juez que los dictó. Por otra parte, el artículo 267 establece las determinaciones contra las que procede recurso de apelación. En el caso, el quejoso se duele del auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal ***, por el cual se apercibió con multa equivalente a veinticinco Unidades de Medida y Actualización. Asimismo, el quejoso exhibió la constancia original del citado proveído; documental que cuenta con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, dado que fue expedida por una autoridad competente en usos de sus atribuciones -diligenciaria adscrita al juzgado responsable-. Así, contra el acto reclamado procede el referido recurso de revocación previsto en el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, dado que en se trata de un proveído de mero trámite en el que se requirió a la parte quejosa diversos documentos y se le apercibió con multa equivalente a veinticinco Unidades de Medida y Actualización. Lo anterior es así, dado que contra el acto reclamado no procede recurso de apelación, al no ubicarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 267 del citado código adjetivo. De ahí que, el quejoso, previo a la promoción del presente juicio de amparo, debió agotar el recurso de revocación contemplado en el citado precepto, toda vez que es un medio de defensa legal procedente para combatir este tipo de determinaciones. En ese contexto, si el acto que reclama la parte quejosa es aquél que puede ser analizado a través del recurso correspondiente, entonces debe entenderse, en relación con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que previamente a acudir a éste, debió impugnarse a través del referido medio ordinario de defensa, por tanto, si la accionante constitucional no lo hizo así, es patente que no agotó el medio de impugnación ordinario, esto es, el recurso de revocación en términos del artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, aplicable. Consecuentemente, el inconforme inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, actualizándose la hipótesis prevista por la fracción XVIII, del numeral 61, de la ley de la materia, toda vez que la existencia de dicho recurso se advierte en forma patente, en tanto que el propio quejoso exhibió el original de la constancia de notificación del proveído reclamado. Por lo que, la causa de improcedencia analizada es manifiesta e indudable. Es aplicable la tesis aislada CCLXXV/2012; emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2002286, cuyo rubro dice: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Tampoco es óbice a la determinación anterior, la circunstancia de que pudiera considerarse dicho acto como de ejecución irreparable, ya que aún contra ese tipo de actos, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes, a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de los supuestos de excepción al principio de definitividad. Apoya lo anterior, la tesis III.2o.C.4 K (10a.), de la Décima Época, cuyo rubro es el siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES INCOMPATIBLE CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA." Por tanto, existiendo una norma que contempla un recurso, es indudable que el quejoso estaba facultado y obligado a la vez, para interponerlo y plantear en él lo pertinente; consecuentemente, antes de acudir al juicio constitucional, debió agotar el recurso ordinario procedente y al no hacerlo así, el acto reclamado debe catalogarse como no definitivo. Por último, debe hacerse la precisión que en el caso no se actualiza la excepción al principio de definitividad a que alude el numeral 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XVIII, inciso b), pues el acto aquí reclamado no afecta la libertad personal del quejoso, quien es parte en la causa penal de origen -agraviado-, por lo que tiene la obligación de agotar los recursos procedentes. Motivo por el cual, es válido estimar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII; por tanto, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo.
- Principal
Se hace efectivo el apercibimiento hecho a la parte QUEJOSA, al no haber acudido a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala dentro de los dos días siguientes, en el horario comprendido entre las nueve y las quince horas, a partir de la fecha en que se le dejó el AVISO JUDICIAL en el domicilio señalado en autos y se procede a notificar por lista que se fija en los estrados del Juzgado y en la página electrónica www.cjf.gob.mx, EL AUTO DE TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, del cual ya existe síntesis publicada con anterioridad.
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