Masahyra Velasco Cruz
Expediente 1060/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1060/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Masahyra Velasco Cruz
- Masahyra Velasco Cruz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. REPRESENTANTE ACEPTA CARGO. Agréguese a los autos, el escrito con evidencia criptográfica de Norma Patricia Herrera Martínez, Asesora Jurídica Federal adscrita a la Delegación Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, por medio del cual, en cumplimiento a lo requerido por este Juzgado Federal, acepta y protesta el cargo, para representar a los menores de iniciales A.M.L.V. y B.L.V., y anexa copia de su cedula profesional 6919694, que lo acredita como licenciada en derecho; por tanto, téngase a dicha profesionista por discernido del cargo conferido. Por tanto, désele vista con las constancias de autos, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene por domicilio para recibir notificaciones el que señala en el escrito de cuenta. Asimismo, téngasele designando en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a César López Ramos, Miguel Ángel Ramírez Salazar, Flavio Rodríguez Sangines, Nelly Quiroz Tecpanecatl, Avisaí Iván Martínez Váz********************y********************; en su atención, se tienen por autorizados en dichos términos, al tener cédula profesional registrada en la base de datos del sistema de registro de profesionales del derecho (REGPROF), a través de la página http://ciber.cjf.gob.mx/RegProf/Entrada_Login.asp, para ejercer la profesión de licenciado en derecho. De igual forma, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, a las restantes personas que indica; por así solicitarlo expresamente. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, toda vez que de la página del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que el usuario ********************, se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que como lo solicita, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario de referencia para efecto de consultar el expediente electrónico a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para lo cual instrúyase al analista jurídico de dicho sistema adscrito a este Juzgado de Distrito. CORREO Y TELÉFONO. Ahora bien, toda vez que se en auto de dieciséis de noviembre de la presente anualidad, se ordenó reservar respecto al correo electrónico, número telefónico de la asesora y usuario hasta en tanto aceptara y protestara el cargo, lo que ya aconteció, en tales condiciones, se levanta dicha reserva y se toma nota del correo electrónico y número de teléfono únicamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará al expediente, previa certificación correspondiente. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Así lo proveyó y firma Laura Esther Cruz Cruz, Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Kithzaim José Ruiz Santiago, Secretario Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito con evidencia criptográfica de Norma Patricia Herrera Martínez, Asesora Jurídica Federal adscrita a la Delegación Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública, por medio del cual, aduce aceptar y protestar el cargo, para representar a los menores de iniciales A.M.L.V. y B.L.V., y anexa copia de su cedula profesional 6919694, que la acredita como licenciada en derecho; lo anterior toda vez que dicho requerimiento se realizó únicamente dentro del juicio principal del que deriva este cuaderno incidental. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Así lo proveyó y firma Laura Esther Cruz Cruz, Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Kithzaim José Ruiz Santiago, Secretario proyectista que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio del Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa. Ahora bien, de lo manifestado por la autoridad responsable y de las constancias de cuenta, se desprende que surge a la vida jurídica, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, en torno al tema que nos ocupa, sirve de apoyo la jurisprudencia con registro 196820, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Así como la tesis con registro 197367, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De lo anterior, se tiene que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, por las razones siguientes: El acto reclamado en esta instancia constitucional, se hizo consistir en la omisión de emitir y notificar el auto admisorio respecto a la demanda presentada por Misahyra Velasco Cruz, por propio derecho y en representación de sus menores hijos iniciales A.M.L.V. y B.L.V, el ocho de septiembre del año en curso, en vía de controversia familiar, registrada bajo el número de expediente 411/2023, del índice de la responsable, en la que entre otras cosas, se solicitó le fuera conferida la guarda y custodia provisional -y en su momento la definitiva- así como una pensión alimenticia provisional -y en su momento la definitiva- en favor de dichos menores; lo que a su decir, constituye una violación al artículo 17 constitucional que reconoce el derecho a la pronta administración de justicia, ello en detrimento del derecho de los menores involucrados a recibir alimentos. Ahora, en el caso, se actualiza la citada causa de improcedencia toda vez que la autoridad responsable, mediante auto de ocho de noviembre de la presente anualidad admitió la citada demanda, y entre otras cuestiones, ordenó el emplazamiento del padre de los menores, otorgó la guarda y custodia de los infantes involucrados a la progenitora Misahyra Velasco Cruz y determinó en favor de éstos una pensión alimenticia provisional (fojas 31 a 55) Determinación que además fue notificada a la parte promovente (fojas 57 a 64). En tales condiciones, al encontrarse acreditado en autos que el ocho de noviembre del año en curso, la autoridad responsable, admitió la demanda de origen, proveyendo de manera destacada sobre la guarda y custodia de los menores y sobre el otorgamiento a su favor de una pensión alimenticia provisional; se estima que se encuentra satisfecha la pretensión de la quejosa, esto es, que la responsable proveyera sobre la admisión de la demanda que presentó, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la tesis VI.1o.T.6 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, legible en la página 2522, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del registro 2012413, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SOBRESEER POR DICHA CAUSAL Y NO POR INEXISTENCIA DEL ACTO, SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE ACORDAR UN ESCRITO DE DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA, Y DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTE QUE, CON POSTERIORIDAD A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SE DICTÓ EL PROVEÍDO CORRESPONDIENTE." La decisión adoptada también tiene como finalidad garantizar una impartición de justicia pronta y expedita, reconocida en el artículo 17 Constitucional, habida cuenta que como el retraso en la administración de, constituyen una consecuencia de la omisión de acordar el escrito inicial de demanda; pues, para que la responsable estuviera en condiciones de continuar con el procedimiento de origen, primero se debía superar la omisión de proveer sobre la demanda presentada por la parte quejosa, que es el acto destacado en el presente juicio. En relación con lo anterior, es importante recordar que al emitir la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había estimado que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, los efectos de la sentencia de amparo debían comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, a partir de una nueva reflexión abandonó tal criterio para considerar que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento -en el caso ahí analizado juicio laboral-; lo que se encuentra contenido en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)". En ese sentido, se considera que al quedar insubsistente la omisión reclamada, cesaron sus efectos, restituyendo a la parte quejosa en sus derechos como si, respecto de ese acto se hubiera concedido el amparo; acto omisivo que se analiza en función de la etapa procesal en que se encuentra el procedimiento de origen. Por lo anterior, al quedar acreditada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ante la cesación de los efectos del acto reclamado, se decreta el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, en términos de lo establecido en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento legal. En tales condiciones, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las doce horas con catorce minutos del once de diciembre de dos mil veintitrés. Asimismo, comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse la captura correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las nueve horas del día veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, atento a las razones que anteceden, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo, por medio de lista de acuerdos, misma que se fija en un lugar visible y de fácil acceso al local de este juzgado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, notifico la determinación de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, a la parte quejosa, dejando a su disposición en esta secretaría las copias del citado proveído. Doy fe.
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