Maryvel Suday Tamez

Expediente 816/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
816/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/07/2022

Partes del expediente

  • Maryvel Suday Tamez

Actuaciones

  1. Principal

    1. Firme desechamiento. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de once de julio de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de garantías; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 2.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 2.3 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    1. Recepción de demanda. Téngase por recibido el escrito remitido vía electrónica a nombre de Maryvel Suday Tamez, contra actos de la Jueza de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 816/2022, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Sobre la procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. La jurisprudencia en cuestión expone que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, la demanda de amparo se presentó a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin embargo carece de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). 3.1 Improcedencia de la demanda de amparo. En esas condiciones, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 6 y 3, cuarto y quinto párrafo, estos últimos a contrario sensu, de la Ley de Amparo. 3.2 Falta de firma electrónica. Lo anterior, toda vez que, legalmente, no hay manifestación de voluntad para acudir a la instancia constitucional. De acuerdo con los artículos invocados, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; esto es, sólo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la legislación de la materia, por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha legislación. En este sentido, tomando en cuenta que la firma entraña la exteriorización de la voluntad de las personas en todos los actos jurídicos y, toda vez que la demanda de amparo no cuenta con ninguno de los supuestos promoventes, debe considerarse que no exteriorizaron su voluntad para acudir a la vía constitucional; es decir, no hay instancia de parte. Conforme a los lineamientos del artículo 76, párrafo segundo, en relación con los diversos 59 y 64, todos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las demandas presentadas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso, o en su caso, quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, que es equiparable a un documento de identidad con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa. A lo anterior, se suma lo establecido en el artículo 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, vigente, el cual establece que, para la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, las partes o sus representantes deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que el órgano jurisdiccional deberá haber autorizado. La actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Sin que en el caso nos encontremos en el supuesto de excepción a que se refiere el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, conforme al cual no se requerirá la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 del mismo ordenamiento legal, toda vez que, en esencia, los actos que se pretenden reclamar derivan de un procedimiento jurisdiccional en materia civil. 3.3. Criterio aplicable. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a) pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4. Conclusión. Conforme a lo expuesto, fundado y motivado, este órgano constitucional determina que el juicio de amparo promovido deviene improcedente; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. 5. Domicilio y autorizados para notificaciones. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en San Juan 800 (esquina con San Marcos), Fraccionamiento San José, Código Postal 26017, en esta ciudad. Se tiene como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo al licenciado Carlos Guillermo González Silva, por contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales; y únicamente para imponerse de autos a José Francisco Mares García, por así haberlo solicitado. 6. Consulta electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica a la solicitante con nombres de usuario "...". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentren vigentes los usuarios; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 6.1 Instrucción a Oficial Judicial A. Se instruye al Oficial Judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule a los usuarios proporcionados con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 7. Correo electrónico y número de teléfono. Se tiene por señalados el correo electrónico y número de teléfono que proporciona la parte quejosa en el escrito de cuenta, en el entendido de que se establecerán para comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin d evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus. 8. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 9. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 10. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que se serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter de reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 11. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 12. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio; por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaría hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición; las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 13. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.

  3. Principal

    El día de hoy queda debidamente notificada la parte promovente por medio de lista de acuerdos del auto de once de julio del año en curso, lo anterior, por no acudir a notificarse de manera personal.

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