Maryury Adali Avila Argueta
Expediente 2929/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2929/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Maryury Adali Avila Argueta
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de quince de febrero de dos mil veintidós, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene perdido ese derecho, y se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso b), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se dio por concluido el juicio sin decidirlo en lo principal; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante la Secretario Domingo Alberto Martínez Nava, que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, a nueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito del quejoso, mediante el cual solicita se requiera al Instituto Registral y Catastral, con sede en esta ciudad, a fin de que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo cancele la anotación de suspensión definitiva al suscrito; al respecto, no ha lugar a proveer de conformidad su petición, atendiendo a que no forma parte de los efectos de la sentencia concesoria de amparo, la cual fue para el efecto siguiente: "Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 835/2018, a partir del ilegal emplazamiento, inclusive y, ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión." No obstante ello, del estado que guardan los autos se aprecia que el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 835/2018, a partir del ilegal emplazamiento, y repuso el procedimiento, girando oficio al Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, para que deje sin efectos el embargo precautorio trabado sobre el bien inmueble propiedad de la codemandada aquí quejoso, cuyos datos de inscripción son finca 143283 del Municipio de Reynosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copias certificadas del proveído mediante el cual ordenó dejar sin efectos el embargo precautorio en cita, así como del oficio mediante el cual ordena su cumplimiento y notificación. Con el apercibimiento, que de ser omisa se le impondrá una multa de cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 192, párrafo segundo, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para que continúe el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del puesto y consignación de la responsable, en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante el Secretario Domingo Alberto Martínez Nava, que autoriza y da fe.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por Erick Roberto Núñez López, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del tercero interesado Néstor García Vera, mediante el cual desahoga la vista otorgada por auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y al efecto manifiesta que no está debidamente cumplida la sentencia emitida en cumplimiento a la concesión del amparo decretada en autos, por los motivos que expone; circunstancia por la cual, solicita se requiera nuevamente a la autoridad responsable a fin de que emita una nueva resolución tomando en cuenta los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito. En atención a su contenido, se provee lo siguiente: Debe recordarse que la sentencia concesoria del amparo dictada en el presente juicio, de fecha treinta de agosto del año en curso, se dictó para los efectos siguientes: "[.] 1. Deje insubsistente la resolución interlocutoria de dos de marzo de dos mil veintidós, dictada en el incidente de competencia por razón de territorio planteado en el juicio laboral 633/2020. 2. Emita otra determinación en la que, con plenitud de jurisdicción, pero fundada y motivadamente, resuelva lo que en derecho proceda, atendiendo a la DIANA KAREN LOPEZ CASTILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1c.93 31/03/23 10:37:33 Litis planteada por las partes, valorando todas y cada una de las pruebas ofertadas y desahogadas en el incidente, y analizando la hipótesis legal establecida en el artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo, para sostener su competencia o no, aunado a que, si en el caso, estimara que la improcedencia de la incidencia se funda en lo establecido en el numeral 700, del código obrero, deberá explicar los motivos y causas inmediatas para adoptar tal consideración. [.]" Lo subrayado es propio. En cumplimiento a la mencionada ejecutoria, la responsable, mediante resolución de siete de octubre de dos mil veintidós, presentada en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintiuno de octubre del año en curso, en el apartado de los considerandos de dicha resolución, expuso, en lo que importa, lo siguiente: "[.] SEGUNDO.- Atendiendo a las constancias que integran los autos del expediente en que se actúa se procede a continuación a resolver el INCIDENTE DE COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO PROMOVIDO POR LA PARTE DEMANDADA EN EL PRINCIPAL en su escritorio contestatorio donde funda el INCIDENTE DE COMPETENCIA en la que argumenta que: ". INCIDENTE DE COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO como se advierte del escrito de contestación a fojas 67-68 de fecha 16 de abril del 2021". En virtud de que de la demanda inicial se desprende que la parte actora refiere que su último centro de trabajo lo fue en Gómez Palacios, Durango, hasta la fecha de su jubilación, motivo por el cual solicita se decline la competencia por territorio la cual de plano debe ser procedente en dicho incidente propuesto.- Por lo que al no haber controversia en que el reclamante prestó sus servicios en la ciudad de Gómez Palacios, Durango, hasta la fecha de su jubilación, porque así lo señala en los hechos de su demanda y señala también que su último centro de trabajo lo fue en Gómez Palacios, Durango, hasta antes de su jubilación 17 de febrero del 2020, no dejando pasar por alto que el accionante reclama indemnización correspondiente a la INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE POR ENFERMDAD DE TRABAJO, de patologías de trabajo adquiridas al servicio de la demandada.".- Por lo anteriormente expuesto y fundado es de resolverse y se -------- RESUELVE--------- PRIMERO.- Esta Junta Especial Número 60 de la Federal de Conciliación y Arbitraje se declara incompetente para conocer y resolver el DIANA KAREN LOPEZ CASTILLO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.1c.93 31/03/23 10:37:33 presente Incidente de Competencia promovido por la demandada en el principal PEMEX EXPLORACIÓN Y PROTUDCCIÓN, relativa y aplicable de la Ley Federal del Trabajo. ---SEGUNDO.- Se declara PROCEDENTE EL INCIDENTE DE COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO PROMOVIDO POR LA PARTE DEMANDADA [.]". De la anterior transcripción, se deja en claro que la autoridad responsable no cumplió cabalmente con los términos expuestos en la ejecutoria de amparo, pues se observa que únicamente se limitó a mencionar, por una parte, el lugar en el que se ubica la fuente de trabajo del actor, por la otra, la petición de la demandada, aquí quejosa, para que se decline la competencia por razón de territorio, y en una parte más, que de acuerdo a lo señalado por el actor en la demanda inicial del expediente laboral (último centro de trabajo y diversa prestación que reclama), resuelve declararse incompetente para conocer de la demanda laboral y determina procedente el incidente de competencia por razón de territorio. En efecto, la autoridad responsable no brinda más argumentos lógicos y jurídicos que fundamenten y motiven debidamente su resolución, es decir no analiza la hipótesis legal establecida en el artículo 899-A de la Ley Federal del Trabajo, para sostener su competencia o no, ni tampoco estima que la improcedencia de la incidencia se funda en lo establecido en el numeral 700, del código obrero, ni siquiera valora la prueba mencionada en la resolución de amparo. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, informe a este órgano de control constitucional la forma y términos en que haya dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada de mérito bajo lo expuesto en el presente proveído, acompañando las constancias con las cuales lo acredite. Apercibida que de no acatar lo ordenado, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto el numeral 258 de la Ley de Amparo. Finalmente, en el caso de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para que continúe el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del puesto y consignación de la responsable, en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo
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