Maryuri Atsayana Osorio Isaula y Otros.

Expediente 904/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
904/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Maryuri Atsayana Osorio Isaula y Otros.
  • Maryuri Atsayana Osorio Isaula

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que en acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés ***, se tuvieron por recibidas diversas constancias relativas a los actos reclamados, que fueron remitidas por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, al incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena".1 Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridad responsable, consistentes en la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual le impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Lo anterior lleva aparejado, que se regularice su situación migratoria, se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y gocen plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Se afirma de esa manera, porque el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población2, en la cual fueron establecidos nuevos supuestos jurídicos para que los extranjeros puedan adquirir una Clave Única de Registro de Población de carácter temporal3, con la finalidad de que accedan a estos sistemas integrados de registro e identificación. En este sentido, se ha añadido como supuesto de asignación de la Clave Única de Registro de Población a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria4 bajo las siguientes consideraciones: "La CURP se asignará a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y de protección complementaria, que se encuentren en territorio nacional, posterior a la obtención del documento correspondiente expedido por la COMAR, el cual debe contener una CURP por cada persona que se inscriba en dicho documento y debe estar asociada a la CUR (Clave única de refugiado). La CURP asignada tendrá carácter temporal, por un periodo no mayor a los 180 días naturales, hasta en tanto la COMAR resuelva, a través de la expedición del documento correspondiente, que se reconoce la condición de refugiado o protección complementaria. En este caso, se establecerá el carácter permanente de la CURP una vez que el INM emita el documento migratorio que corresponda." El otorgamiento de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal ha sido destacado por el Estado Mexicano en el Informe Anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, como un logro del gobierno en los compromisos adquiridos, ya que, con este documento, "se facilita el acceso a servicios públicos a las personas solicitantes de la condición de refugiado"5. Sin embargo, el mismo gobierno reconoció que para maximizar el impacto positivo de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal6 , todavía se busca mejorar su expedición a los solicitantes de asilo y extender su cobertura. De esta manera, como parte de los compromisos nacionales del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones en el dos mil diecinueve, el Estado mexicano asumió que, el Registro Nacional de Población facilitará la expedición de la Clave Única de Registro de Población temporal a los solicitantes de la condición de refugiado para permitirles el acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros7 . Argumentos que se sostienen con las consideraciones llevadas a cabo en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, consultable en el Libro 14, junio de 2022, Tomo V, página 4170, registro digital 2024808, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: "PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso alegaron la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Migración, como la norma en la que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que para reconocer la validez constitucional del artículo 59 de la Ley de Migración no debe interpretarse como prohibitivo, limitante o excluyente del acceso de las personas solicitantes de la condición de refugiado a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Al contrario, las personas solicitantes de la condición de refugiado tienen acceso efectivo a la CURP como manifestación de su derecho a la personalidad jurídica, pues este documento es un elemento que les permite acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. Justificación: La CURP se entiende como materialmente exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, de manera que no se agrave su situación de vulnerabilidad. Esta decisión se afianza a partir de una interpretación conforme (desde un ámbito funcional, sistemático y armónico) del artículo 59 de la Ley de Migración con el sistema de protección de derechos humanos que rige en nuestro país, la práctica del Estado Mexicano y los compromisos adquiridos internacionalmente. De esta manera, se busca derribar los obstáculos administrativos que las personas solicitantes de asilo enfrentan en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, tal y como es el derecho al trabajo o a la salud, entre otros. Al respecto, cabe destacar que el 18 de junio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en el cual se añadió como supuesto de asignación de la CURP temporal a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria. Dicho acuerdo es consistente con la comprensión de la CURP como una herramienta registral, pero también como un documento llave de acceso a los servicios que otorga la Administración Pública Federal y, en consecuencia, como manifestación de la dimensión formal del derecho a la personalidad jurídica. De ahí que negar el acceso a la CURP o supeditarlo a una calidad migratoria de estancia no es consistente con las obligaciones estatales de protección, garantía y respeto de derechos humanos, sobre todo porque de esa manera se asignarían resultados desiguales sin justificación razonable a grupos con una importante situación de vulnerabilidad, como lo son las personas solicitantes de la condición de refugiado." Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia8 que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden de ideas, cabe precisar que, en la especie, respecto de los mencionados actos reclamados, esta Juzgadora de oficio, advierte que se actualiza la causal de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)". Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección constitucional pedida. Respecto de esta causa de improcedencia, se tiene que existen dos hipótesis: a) por revocación y b) por sustitución. La primera se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial, mientras que el segundo supuesto consiste en que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto del primero de los supuestos citados el amparo resulta improcedente. Resulta aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, registro digital 193758, del rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En el caso concreto, la parte quejosa, como se mencionó, se duele de la dilación en el inicio del trámite para obtener la condición de refugiado, lo cual le impide tener acceso a la obtención de la Clave Única de Refugiado (CUR) y la Clave Única de Registro de Población (CURP). Lo cual lleva aparejado que se regularice la situación migratoria de la parte quejosa, para que se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y goce plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Ahora, como se estableció con antelación, la autoridad responsable, exhibió las siguientes documentales: 1. Acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, en que la autoridad responsable previno a la parte quejosa, respecto al trámite de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (foja 77). 2. Acuerdo de cinco de septiembre dos mil veintitrés, en el que admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado de la parte quejosa, y le asignó la Clave Única de Refugiado, lo cual le fue notificado (fojas 80 a 83), y, 3. Clave Única de Registro de Población para Extranjeros (CURP) a favor de la parte quejosa (fojas 84 a 86). De lo anterior, se aprecia que mediante acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa, y por diverso auto de cinco del mismo mes y año, se admitió a trámite la solicitud de la condición de refugiado de aquélla. De igual manera, la autoridad responsable emitió en favor de la parte quejosa, la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado, con la que se le garantiza la no devolución a su país de origen fuera de procedimiento y, además, le generó la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros; documentales a las que se les otorgó valor probatorio pleno en párrafos que anteceden. Además, de las aludidas constancias se desprende que se encuentra transcurriendo el plazo de cuarenta y cinco días hábiles para que la responsable emita la resolución con la que culmine el procedimiento de determinación de reconocimiento o no de la condición de refugiado, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 249 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como en los diversos 4510 y 4711 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. De lo expuesto con antelación, se advierte, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia ya descrita, en consideración que se dio el trámite correspondiente a la solicitud de la parte quejosa, y emitió las constancias de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (CUR), y la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población, en favor de la parte quejosa, circunstancia que le fue notificada personalmente el cinco de septiembre de dos mil veintitrés; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto (veintitrés de agosto de dos mil veintitrés); por tanto, es evidente que han cesado los efectos de los referidos actos reclamados, toda vez que se admitió a trámite la solicitud de la parte quejosa, misma que culminó. En ese contexto, con el contenido de las documentales anteriormente reseñadas, es dable sostener que con las acciones desplegadas por la autoridad responsable desaparecieron total e incondicionalmente los actos cuya constitucionalidad se combate, en tanto que se admitió a trámite su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y se expidieron las constancias cuya falta de emisión reclamó la parte quejosa, mismas que le fueron entregadas en forma personal. De ese modo, quien hoy resuelve, concluye que lo actuado por la autoridad responsable se equipara a los efectos que produce la concesión de la protección constitucional, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, de las precisiones realizadas con antelación se concluyó que los actos reclamados relativos a la omisión de expedirle su constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (CUR), y la negativa de otorgarle su respectiva clave única de registro de población (CURP), han cesado en sus efectos. En esas condiciones, es inconcuso que al presente asunto sobreviene la causa de improcedencia precisada por la fracción XXI, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los aludidos actos reclamados; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.9/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 196820, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Así como la diversa jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 184572, Novena Época, localizable en el Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Lo anterior, pues a nada práctico conduciría continuar con la tramitación del presente asunto, pues la causal de improcedencia antes invocada resulta insuperable y la parte quejosa obtuvo lo que pretendía con la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Captura de resolución en el sistema integral de seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; por tanto, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, en términos de lo que establecen los artículos 30, 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de sentencias y resoluciones de órganos jurisdiccionales en sistemas electrónicos de gestión" emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a los actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida del Secretario, Jair José Luis Mejía Corona, con quien actúa y da fe, quien certifica este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE PROMOCIÓN. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los únicamente para que obre como corresponda el oficio signado electrónicamente por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en la ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula Chiapas, mediante el cual, remite diversas constancias relacionadas con el acto reclamado, toda vez que en proveído de veintiuno de septiembre del actual (fojas 92 a 94), se tuvieron por recibidas las mismas y se acordó conforme a derecho. RELACIÓN DEL ESTADO PROCESAL. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que para este día se encuentra señalada la audiencia constitucional, sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que aún no transcurre la vista concedida a las partes en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 92 a 94), con las constancias remitidas por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación en Tapachula Chiapas, a través del Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en la ciudad de México. DIFERIMIENTO. En esas condiciones, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las doce horas con veinte minutos del diez de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la copia autorizada del proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, emitido en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo; así como con la copia certificada del oficio signado por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mediante el cual remite diversas constancias relacionadas con el acto reclamado. En esas circunstancias, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales en mención, pruebas que se admiten y desahogan dada su especial y propia naturaleza, sin perjuicio que se hagan relación de ellas en la audiencia constitucional. Dese vista a partes de conformidad con el artículo 117 de la Ley de la materia. (.). Cabe aclarar que el criterio invocado, no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que se aplicó con sustento en el artículo sexto transitorio de dicha legislación actual. Notifíquese

  4. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. INFORME DE CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Visto el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la resolución interlocutoria de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés (fojas 35 a 45), remitiendo las constancias con las acredita su dicho; consistentes en copia certificada de diversas constancias que integran el expediente administrativo *****, integrado a la parte quejosa asimismo, solicita que sean agregadas dichas actuaciones al cuaderno principal. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta, para los efectos legales conducentes y tómese conocimiento de lo informado por la autoridad oficiante. REMISIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, como lo solicita la autoridad oficiante, remítase copia certificada del oficio de cuenta, sus anexos y del presente proveído al expediente principal del juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa; para que surta los efectos legales conducentes y sean tomadas en consideración al momento de resolver. Lo anterior es así, puesto que del oficio que se acuerda, se evidencia que la autoridad informante estima actualizada una causal de improcedencia. INFORMACIÓN RESERVADA Finalmente, no pasa desapercibido lo manifestado por la autoridad oficiante, relativo a los datos que refiere confidenciales plasmados en el oficio de cuenta, por lo que la información proporcionada se atenderá con la debida formalidad y en los términos que establecen los artículos 8º, 9º en relación con el 1º, y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; aunado a que el uso de la información proporcionada solo es del conocimiento de las partes que intervienen en este sumario constitucional y ello se gestiona así, observando los lineamientos que establecen los preceptos normativos previamente invocados. Notifíquese.

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