Maryssol Lira Contreras

Expediente 1576/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1576/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
30/01/2018

Partes del expediente

  • Nayeli Hernandez Guevara
  • Maryssol Lira Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Se declara que la sentencia ha causado ejecutoria. Archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    Glósese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por la Defensora Pública Federal, quien asesora a la quejosa en este juicio; en razón de que en este asunto el trece de noviembre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no se notificó a la Defensora Pública designada la sentencia dictada el trece de noviembre del año en curso; en esas condiciones, a fin de no violentar las normas esenciales que rigen el procedimiento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2º, se regulariza el procedimiento para el único efecto de que se le notifique dicha resolución. Por ende, glósese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por la Directora Jurídica del Centro Federal de Readaptación Social número 16, CPS Femenil, Morelos, en razón de que el juicio en que se actúa a la fecha se dictó sentencia.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de noviembre de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las once horas con seis minutos del trece de noviembre de dos mil diecisiete, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien legalmente actúa, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo número 1576/2017, promovido por Karina Nayeli Hernández Guevara; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Acto seguido, se declara abierto el periodo probatorio.- Abierto el mismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales que allegaron las responsables, al rendir su informe justificado, entre las que consta copia certificada del expediente clínico de la quejosa, así como el dictamen médico-forense ofrecido por el asesor de la quejosa, mismo que será materia de valoración al momento de emitir el fallo constitucional que proceda. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Acto seguido, se procede abrir el periodo de alegatos, en el cual la Secretaria hace constar que la quejosa no formuló alegatos; asimismo se hace constar que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento, mismo que se encuentra agregado a los presentes autos y en caso de ser necesario, serán tomados en cuenta. Por consiguiente, se procedió a cerrar el período de alegatos y al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por terminada la audiencia, levantándose la presente acta, por lo que, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. V i s t o s los autos para resolver el juicio de amparo número 1576/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito de demanda de amparo presentado por Karina Nayeli Hernández Guevara y otra, el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, remitido en esa misma fecha al Juzgado Séptimo de Distrito de esta ciudad, quien lo radicó con el número 1490/2017, y en acuerdo de esa propia fecha, admitió la demanda por la diversa peticionaria de amparo, ordenando la separación de juicios, y la remisión de la Oficina de Correspondencia Común de copias certificadas para enviarlo a un diverso órgano de control constitucional, correspondiendo por turno a este Juzgado Primero de Distrito. El veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, recibidas en este Juzgado, las copias certificadas, con esa propia fecha se radicó con el número 1576/2017, en este libelo Karina Nayeli Hernández Guevara, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos de la Directora General, Titular del Área Jurídica, Titular del Área Médica, y Titular del Área Técnica, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS", con sede en Coatlán del Rio, Morelos; actos que hizo consistir: "IV. ACTO RECLAMADO: Atención médica en medicina general, ginecología y odontología así como el tratamiento adecuado en razón de mis padecimientos. SEGUNDO. Los acto que señaló como reclamados la quejosa, los estimó violatorios en su perjuicio de las garantías consagradas en los artículos 1, 4, 18 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por auto de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda; se registró en el libro de gobierno con el número 1576/2017; en el citado proveído, se hizo del conocimiento de las partes, que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, que en caso de atender una solicitud de información, al elaborar la versión pública de la sentencia, se testaran las partes o secciones clasificadas, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista por la ley. En ese tenor, una vez que las partes se notificaron de lo anterior, no hicieron manifestación alguna. Asimismo, se designó a la quejosa un defensor público, se fijó fecha y hora para la celebración de la Audiencia Constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, misma que forma parte integrante del presente fallo; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 de la Ley de Amparo y de conformidad con los Acuerdos Generales 03/2013, 15/2013 y 32/2014, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se trata de actos en materia administrativa respecto de autoridades con residencia en esta ciudad, dentro de la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Antes de analizar la certeza de los actos reclamados y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Tiene aplicación al caso la tesis 741, Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Séptima Época, página 499, bajo la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. ACTOS RECLAMADOS Y CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU ORDENACIÓN. La demanda de amparo debe ser considerada como un todo, y la designación de los actos reclamados y la expresión de los conceptos de violación, deben buscarse en cualquier parte de la misma, aunque no sea en el capítulo destacado correspondiente, ya que aunque se acostumbre señalar cada elemento en un lugar destacado, no hay precepto alguno que establezca que ello es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda". Así como la jurisprudencia número 2a./J. 55/98, visible a fojas 227, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir: Atención Médica general y especializada en ginecología y odontología. Tratamiento adecuado a sus padecimientos. TERCERO. Las autoridades responsables Directora General, Titular del Área Jurídica, Titular del Área Médica, y Titular del Área Técnica, todas del Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS", con sede en Coatlán del Rio, Morelos, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados. No obstante lo anterior, tal negativa no es de tomarse en consideración debido a que las quejosas reclaman actos de omisión relacionados con cuestiones de salud, lo cual guarda relación con la obligación que tiene el Estado de garantizar los servicios de salud y asistencia social tendientes a satisfacer las necesidades de la población, entendiéndose por tales servicios, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona, por lo que la simple negación de la autoridad responsable sobre la existencia de ese acto es insuficiente para revertir la carga probatoria, ya que no se trata de una negativa lisa y llana sino que conlleva implícito un hecho positivo consistente en la prestación adecuada y eficiente de atención médica, por estar de por medio el derecho humano a la salud de la quejosa y la discrecionalidad en la prescripción de medicamentos e incapacidades medicas no puede convertirse en una arbitrariedad libre de control de constitucionalidad; por tanto, se evidencia la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo por analogía la tesis IV.2o.A.23 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIII, octubre de 2012, tomo 4, página 2467, que dice: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA SIMPLE AFIRMACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SOBRE LA INEXISTENCIA DE LOS ACTOS EN SU INFORME JUSTIFICADO, RELATIVOS A OTORGAR INCAPACIDADES Y MEDICAMENTOS, ES INSUFICIENTE PARA REVERTIR LA CARGA DE LA PRUEBA Y, POR TANTO, DICHA ACTUACIÓN CONTRAVIENE AQUÉL. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos coincidentemente, entre otros tratados internacionales, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consagra el derecho humano a la salud, que se traduce en la obligación del Estado de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población, entendiéndose por tales servicios, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona. Por tanto, si la quejosa demuestra ante la instancia constitucional, mediante los documentos relativos que ha presentado un padecimiento de salud que está siendo atendida en la institución de salud pública correspondiente, y le atribuye a ésta la negativa de otorgarle las incapacidades y medicamentos necesarios; entonces la simple afirmación de las autoridades responsables sobre la inexistencia de esos actos en su informe justificado, es insuficiente para revertir la carga probatoria, ya que no se trata de una negativa lisa y llana, sino que conlleva implícito un hecho positivo consistente en la prestación adecuada y eficiente del servicio médico, pues por estar de por medio el irreductible derecho humano a la salud del derechohabiente, la discrecionalidad en la prescripción de incapacidades y medicamentos a ella, no puede convertirse en una arbitrariedad libre de control de constitucionalidad. En tal virtud, si las citadas autoridades no esclarecen y justifican la constitucionalidad de la negativa que se les atribuye, no obstante que tienen a su alcance los medios documentales adecuados para ello, su actuación contraviene el referido derecho humano a la salud.". Además, porque las autoridades penitenciarias están obligadas a proveer para todos los internos en centro penitenciarios, sin discriminación alguna, servicios públicos permanentes y adecuados, atención médica oportuna e idónea, condiciones de esparcimiento, trabajo, educación y estudio decorosos y alimentación suficiente y balanceada, entre otros, sin que puedan alegar la insuficiencia de recursos como un impedimento para satisfacer, incluso, de manera esencial, el otorgamiento de ese mínimo vital, pues en todo caso persiste la obligación de asegurar el disfrute de los derechos dentro de las circunstancias existentes. CUARTO. Previo el estudio de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, se procede analizar la procedencia del presente juicio de garantías por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al no advertirse que se actualice causa de improcedencia alguna, ni que se invoque por las partes ninguna, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación esgrimidos por el impetrante, en relación con el acto reclamado, al no existir precepto legal que establezca la obligación de hacerlo; además, tal circunstancia no lo deja en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página quinientos cincuenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que textualmente dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." QUINTO. Al no advertir de oficio que se actualice causa de improcedencia, procede a analizar los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa Karina Nayeli Hernández Guevara. Previo al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado es menester precisar que en el juicio de amparo encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo vigente; por tanto, de ser necesario se suplirá la deficiencia de la queja en los conceptos de violación expuestos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a.VIII/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo III, febrero de 1996, página 267, del rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. SU FINALIDAD ES DAR SEGURIDAD JURÍDICA AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD.". Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa y, por ende, debe negarse el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Lo anterior se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que serán estudiadas de manera particular en párrafos precedentes. Al analizar el acto reclamado con base en el control de convencionalidad, este órgano constitucional no pasa por alto que los juzgadores federales deben respetar no sólo los derechos individuales sino también los humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, tal como lo exige el artículo 1 constitucional que prescribe: "1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.--- Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.--- Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.--- Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.". Es aplicable la tesis P.LXVII/2011, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro III, diciembre de 2011, página 535, que expresa: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.". El artículo 25, primer párrafo de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece: "25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.". El artículo 12, primer párrafo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dispone: "12. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.". Finalmente, el artículo 4, cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho a la salud en los siguientes términos: "4. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.". La salud es un derecho que los dispositivos legales en cita elevan a nivel de derechos humanos inherentes a todo hombre. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el derecho a la salud comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. Así se determinó en la tesis 2607, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000, novena época, tomo I, Const., P.R. SCJN, página 1812, que dispone: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDIVIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS RESPECTIVOS. La Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4o., párrafo cuarto de la Carta Magna, establece en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en: a) la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Deriva de lo anterior, que se encuentra reconocido en la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud, el que tal garantía comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes conforme al cuadro básico de insumos del sector salud, sin que obste a lo anterior el que los medicamentos sean recientemente descubiertos y que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención por parte del sector salud, pues éstas son cuestiones ajenas al derecho del individuo de recibir los medicamentos básicos para el tratamiento de su enfermedad, como parte integrante del derecho a la protección de la salud que se encuentra consagrado como garantía individual, y del deber de proporcionarlos por parte de las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos.". De acuerdo con las constancias remitidas por las autoridades responsables, Karina Nayeli Hernández Guevara, se advierte la nota médica de cinco de octubre de este año, en la que se evidencia que presenta como impresión diagnóstica: Obesidad II, Psudoartrosis de Codo Izquierdo Sec. A FX antigua, Conjuntivitis Izquierda, expidiendo la receta correspondiente y el control de medicamento atinente. Asimismo se evidencia que, la quejosa tiene prescripción dietética de cinco de octubre de dos mil diecisiete, efectuada acorde a su condición; sumado a que también se le ha dado atención odontológica, efectuado un diagnóstico y tratamiento con fármacos necesarios y eficientes para la afección detectada.. De igual manera, de las constancias remitidas como anexo al informe justificado, es factible advertir, que el once de enero de dos milo diecisiete, se practicó a la justiciable estudio de colposcopía, encontrando afectaciones ginecológicas, por lo cual se expidió la receta y medicamento conducente. Al margen de lo anterior, es evidente que a la quejosa se le ha otorgado el servicio médico desde que ingreso al centro de reclusión, pues se encuentra en su expediente la historia clínica de la quejosa, diversas recetas médicas, revisiones de manera periódica y entrega del medicamento prescrito, estudios clínicos otorgándole tratamiento para dichas enfermedades, entre otras, que fueron diagnosticadas y tratadas, tal como se advierte del expediente clínico que obra agregado a los presentes autos. En este contexto, a las indicadas probanzas se les otorga eficacia demostrativa plena en términos de lo dispuesto por los artículos 93, 127 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, y de las cuales se advierte que contrario a lo expuesto por la justiciable, las responsables si se han ocupado de proporcionarle los elementos físicos y médicos para que recupere su salud, esto, de manera oportuna, sin que sea factible que sea ella quien determine que especialistas necesitan atenderla, pues se advierte adecuada la atención médica que se presta a la solicitante de amparo, con los recursos médicos que cuenta el centro de reclusión. En las condiciones apuntadas, al no vislumbrarse que las autoridades responsables infrinjan una violación a los derechos humanos de la quejosa, sino que, por el contrario, vela por la su salud y bienestar físico, son infundados los conceptos de violación al no advertir queja deficiente que suplir a la luz del artículo 79, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo, por lo que resulta procedente negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa Karina Nayeli Hernández Guevara, respecto del acto reclamado materia de análisis en este considerando. SEXTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la Karina Nayeli Hernández Guevara, respecto de las autoridades que quedaron precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el último considerando, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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