Marysol Mena Moreno
Expediente 771/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 771/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Marysol Mena Moreno
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de seis de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: - El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en el inciso d), del artículo 21, en razón de que el seis de octubre de dos mil veinte se desechó la demanda de amparo. - Se señala como fecha susceptible para tal efecto el treinta de octubre de dos mil veintitrés, toda vez que, cumplido el plazo de conservación, debe ser destruido después de tres años de haberse dictado el auto que dio por concluido el presente asunto. Una vez completado el término antes indicado, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente expediente, e inclúyase en el acta de baja documental correspondiente que deberá ser enviada a la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese de manera electrónica a la quejosa. 771/2020-VIII.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida vía electrónica por Juan Carlos Meléndez Flores, quien se ostenta como apoderado legal de Marysol Mena Moreno, contra actos del Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado, anótese en el libro de registro de juicios de amparo con el número 771/2020-VIII, fórmese expediente impreso y electrónico. -ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA- De la lectura del escrito que se provee, se advierte que la promovente reclama: "1.- La falta de impartición de una justicia completa pronta y expedita. 2.- La OMISIÓN DE OTORGARLE EL TRAMITE DEBIDO A LA EJECUCION DEL LAUDO DICTADO DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL NÚMERO 643/2017, por parte de la Autoridad responsable y en consecuencia la violación a los numerales 17 constitucional y 122, 196, 197, 198 y 200 del ESTATUTO JURIDICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. Particularmente en los siguientes puntos: Omisión de requerir de pago inmediato al Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, respecto de las cantidades líquidas contenidas en el laudo." Por otra parte, en el capítulo de antecedentes de su escrito de demanda, señala: "6.- Ahora bien a fin de ejecutar el laudo dictado por la responsable, en fecha 10 de septiembre del año 2020, se promoción (sic) solicitando al Presidente del Tribunal de Arbitraje la ejecución de las cantidades líquidas precisadas en dentro del laudo, sin que hasta el día de hoy el Presidente del Tribunal de Arbitraje se pronunciara al respecto, lo que conlleva con la conducta desplegada por la responsable que se retrase y obstaculice el normal curso del juicio, lo que sin duda vulnera la Garantía contemplada en el Artículo 17 Constitucional, que conlleva que con la conducta desplegada por la responsable que se retrase y obstaculice el normal curso del juicio." - Desechamiento por notoria improcedencia- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará la demanda de amparo, y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Sobre el alcance de la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se cita la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". En ese sentido, una vez examinado el acto reclamado, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción I de la Ley de Amparo, así como con el artículo 17, párrafo segundo constitucional, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 17.- (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán para impartirla en los plazos y términos que fijen expeditos las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." De la interpretación armónica de los citados artículos, debe precisarse que el primero refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el segundo de dichos numerales precisa que tiene el carácter de quejoso en el juicio de amparo, quien alegue que la omisión reclamada viola los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. Finalmente, el artículo 17 constitucional, segundo párrafo, dispone la garantía a la tutela jurisdiccional, entendida como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Sobre esto último es aplicable la jurisprudencia 42/2007 de la Primera Sala del Alto Tribunal, visible con el registro digital 172759, en la página 124 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 2007, del siguiente tenor literal: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." De esta guisa, la Sala en mención también ha reconocido que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa a la quejosa ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 8/2015, con registro IUS 2008883, publicada en la página 478 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, abril de 2015, Tomo I, del siguiente rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." En el caso que nos ocupa, el promovente esencialmente reclama una afectación cometida en un procedimiento jurisdiccional consistente en la dilación del Tribunal de Arbitraje responsable de acordar lo conducente respecto de la solicitud que presentó en el sentido de ejecutar las cantidades líquidas determinadas en el laudo y requerir el cumplimiento voluntario de. pago de las mencionadas cantidades por el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, respecto de las cantidades líquidas contenidas en el laudo. Ahora, aun cuando alega violaciones al artículo 17 de la Constitución Federal, resulta inconcuso que la omisión que reclama no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo; es decir, la falta de acuerdo al escrito en que solicita el requerimiento de pago inmediato al Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, respecto de las cantidades líquidas contenidas en el laudo. Además, aunque la omisión pudiera eventualmente parecer que es contraria a la prosecución en tiempo del procedimiento natural, porque el artículo 142 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al servicio de los gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus municipios y organismos descentralizados, dispone como regla general, en lo que interesa, que para las actuaciones procesales no tenga fijado un término, éste será de tres días; lo cierto es que para efectos exclusivos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, respecto a la omisión de acordar dicha promoción, es necesario, por tratarse de violaciones de naturaleza adjetiva, que la citada autoridad incurra en una abierta dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento de origen, lo que podrá advertirse [acorde con la doctrina jurisprudencial que enseguida se indicará] cuando hayan transcurrido mínimamente cuarenta y cinco días naturales siguientes al en que debieron emitirse conforme a la ley laboral respectiva. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto, en la Jurisprudencia 2ª./J. 48/2016 (10ª), donde sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Jurisprudencia la anterior, que es visible con el registro 2011580, en la página 1086 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, mayo de 2016, Tomo II, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Luego, la propia Segunda Sala, ha reconocido la dificultad para establecer un lapso genérico de la duración de la demora que pueda ser considerado de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no, una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el amparo indirecto. De igual suerte, ha señalado que la interpretación del artículo 8o. de la Constitución Federal, sobre la falta de respuesta a una petición que llega a un extremo de cuatro meses, no significa que la autoridad cuente con ese periodo para responder, sino exclusivamente que ese lapso hace indiscutible la infracción al derecho fundamental de obtener una respuesta en breve término. Consecuentemente, la Segunda Sala ha resuelto que, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, se determina que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. En consecuencia, el plazo mencionado, determina un periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y resulta un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento; pues constituye un criterio -por lo que hace a la materia laboral- que proporciona un estándar mínimo objetivo que ofrece seguridad jurídica a las partes en el juicio. Es aplicable a esta consideración, por las razones que la informan, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada bajo el rubro y contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Así las cosas, lo reclamado por la promovente del amparo es la falta del acuerdo por el cual el Tribunal de Arbitraje del Estado ordene la ejecución del laudo dictado que deba recaer a la petición de la quejosa para que se inicie el procedimiento de ejecución del laudo mediante el requerimiento de cumplimiento voluntario a cargo de la demandada en el juicio arbitral; sin embargo, a tal respecto el artìculo197 del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, dispone: "ARTICULO 197.- Cuando se pida la ejecución de un laudo o convenio, el presidente del Tribunal dictará auto de ejecución y comisionará al actuario o secretario general para que, asociado con la parte que obtuvo la resolución favorable, se constituya en el domicilio de la parte obligada, para que dé cumplimiento a la resolución." Por tanto, toda vez que el precepto transcrito no establece término alguno para pronunciarse en torno a la solicitud de ejecución del laudo, se entiende entonces que será a partir de la fecha de recepción del pliego petitorio que deben contarse los cuarenta y cinco días naturales a que se refiere la jurisprudencia obligatoria, a efecto de identificar si existe una dilación excesiva del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto; por lo que si en el particular se presentó el escrito el diez de septiembre de dos mil veinte, el plazo para emitirse pronunciamiento fenecerá el veinticinco de octubre del año que transcurre. No es obstáculo a las anteriores conclusiones, el que en la citada jurisprudencia 2ª./133/2019, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, para proporcionar el indicado estándar mínimo, haya partido del análisis temporal que prevé el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, para que las Juntas oficiosamente provean lo necesario a fin de que el juicio continúe con su trámite; y que en el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, no se establezca disposición expresa que regule temporalidad alguna para que el Tribunal arbitral provea lo conducente para la prosecución del juicio burocrático; puesto que, no obstante tal ausencia; de conformidad con el artículo 10 del mismo Estatuto Jurídico, en los procedimientos burocráticos serán aplicables supletoriamente las normas contenidas en la Ley Federal del Trabajo y, por tanto, el citado artículo 772, es aplicable supletoriamente al Capítulo Sexto del Título Décimo a los términos del multicitado Estatuto Jurídico. En consecuencia, aun cuando el escrito cuya omisión reclama la promovente lo ingresó el diez de septiembre de dos mil veinte; sin embargo, la falta de acuerdo no puede estimarse - bajo el estándar mínimo objetivo diseñado por la jurisprudencia- como una omisión que se traduzca en una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, generadora del agravio real y actual que permita acudir a esta vía de impugnación, pues conforme al parámetro diseñado, la responsable aún no ha incurrido en una dilación excesiva que haga procedente el juicio de amparo. Debe señalarse además, que en la especie no resulta aplicable la Jurisprudencia 1.140.T. J/2 (10a.), con número de registro 2019307 y texto "EJECUCIÓN DE LAUDO. LA OMISIÓN DE ACORDAR LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN, PORQUE PARALIZA EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, LO QUE JUSTIFICA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", que cita el representante de la parte quejosa en su demanda, habida cuenta que ésta fue emitida con anterioridad a la sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, como se ha destacado en el presente acuerdo, abordó a cabalidad el análisis del estándar mínimo temporal que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral No se soslaya que la promovente del amparo, a pesar de que aseveró en su demanda que exhibía copia certificada del auto de radicación del juicio laboral de origen, no acompañó documento alguno que demuestre la personalidad con que se ostenta, y que de acuerdo con el artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, tal deficiencia constituye una irregularidad de la demanda que amerita prevenir a la promovente previo a su admisión, sin embargo como se ha precisado, aún y cuando se purgara la citada irregularidad el juicio de amparo resulta improcedente pues existe jurisprudencia aplicable al caso que conduce a este juzgador a determinar que tornaría ocioso e innecesario efectuar dicha prevención; de modo que, además, a efecto de garantizar el acceso efectivo y pronto a la justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución, se desecha de plano la demanda de amparo. Téngasele proporcionando medio de contacto y señala números telefónicos y correo electrónico, de lo que se toma nota, para los efectos legales a que haya lugar. Con apoyo en el artículos 22 del Acuerdo General 21/2020, en relación con los artículos 3 y 26 de la Ley de Amparo, ante la situación de emergencia generada por el virus SARS-CoV2, en la medida de lo posible, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de "juicio en línea"; para ese efecto, mediante la utilización de la firma electrónica vigente, desde el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal las partes previamente deberán solicitar la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones que se emitan en este juicio. En atención a lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020, se hace saber a las partes que, en los términos previstos en ese ordenamiento, para el caso de ser necesaria la consulta del expediente de manera física, el desahogo de comparecencia o requerimientos, deberán generar una cita a través del Portal de Servicios en Línea, en el que se encuentra un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", con el enlace https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx /ServiciosJurisdiccionales. En el contexto de la pandemia derivada del virus por COVID- 19, a fin de evitar la concentración de personas o en el supuesto de que no sea no es posible que las partes acudan físicamente a este juzgado a imponerse de las constancias de los autos y dado que en el presente caso las partes no tienen autorización para la consulta del expediente electrónico por no haberlo solicitado, se hace de su conocimiento que en el caso de requerir de alguna constancia del expediente deberán manifestarlo así, proporcionar una cuenta de correo electrónico y, en caso de tratarse de algún archivo digital de audio y video o multimedia que obre en autos, además deberán proporcionar una cuenta de la plataforma de Dropbox, a las que podrá enviárseles la constancia solicitada, previa autorización que otorgue éste órgano jurisdiccional. Por otra parte, se tiene al promovente solicitando se autorice el acceso al expediente electrónico, así como la realización de las notificaciones vía electrónica, por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 36, 37, 39 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza que el acceso al expediente electrónico y las notificaciones a la quejosa sean realizadas vía electrónica, a través del acceso al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el nombre de usuario "carlosmeléndez", que proporcionó en su escrito de demanda, ello a través del acceso al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se comisiona a la analista jurídico SISE de este órgano jurisdiccional de amparo realice la asociación del nombre de usuario proporcionado, con la captura de los datos de las partes en el seguimiento del expediente. De conformidad con los numerales 30, fracción III, de la Ley de Amparo, 13 y 64 del Acuerdo General en consulta, cuando las partes estimen que no sea posible consultar el texto del documento remitido, deberán dar aviso de inmediato al Consejo de la Judicatura Federal, por conducto del vínculo denominado "aviso de fallas técnicas" y, en caso de que ello no sea posible, el aviso se dará a través del correo electrónico destinado para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea. Asimismo, en su caso, deberá comunícalo al órgano jurisdiccional para los efectos correspondientes. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Ténganse como autorizado legal en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a Martin Eduardo Ramírez González, Karla Fabiola Robles Amador y Sergio Ricardo Delgadillo Medellin, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, conforme al sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General. Notifíquese de manera electrónica a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente José Guadalupe Arias Ortega, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, asistido del Secretario José Rubén Ávila González, quien autoriza y da fe, dentro del juicio de amparo 771/2020-VIII.
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