Marylaura Sosa Vega
Expediente 525/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 525/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Marylaura Sosa Vega
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio que remite el Actuario del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, por medio del cual acusa recibo del diverso por el cual se devolvió las constancias originales del expediente principal 1183/2018-IV, así como el recurso de revisión 518/2019, por ya no ser necesarios en el presente juicio de amparo, en razón de que en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno se ordenó el archivo del citado juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, uno de abril de dos mil veintidós. Visto los autos, se advierte que el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno causó estado el auto veintisiete de abril del citado año que desechó la demanda de amparo y se ordenó el archivo de este expediente como totalmente concluido; por tanto, devuélvase a la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, el expediente principal 1183/2018-IV y el recurso de revisión 518/2019, toda vez que ya no son de utilidad en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido del licenciado José Leónides Miguel Santos Cortés, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia que en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no es de valor jurídico ni de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte QUEJOSA. Culiacán, Sinaloa, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. I. Recepción de demanda. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, al que anexa los autos originales del amparo directo 157/2021, promovido por Sergio Hernández Hernández, autorizado jurídico de Marylaura Sosa Vega, contra actos de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, así como el recurso de revisión 518/2019 y el expediente 1183/2018, en virtud que declara carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo, y ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de distrito en esta ciudad. En esas condiciones, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno; de igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. II. Competencia. En atención al contenido del auto de catorce de abril del año en curso emitido por el tribunal oficiante, este Juzgado Federal se avoca al conocimiento de la demanda promovida por Marylaura Sosa Vega, por conducto de su autorizado jurídico en el juicio de origen; personalidad que se reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, y otra autoridad. III. Desechamiento. A fin de proveer lo conducente en relación a la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, es preciso señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta a desechar de plano la demanda de amparo al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto, se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Supuesto que se actualiza en el caso concreto, ya que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte la parte quejosa reclama la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, de nueve de octubre de dos mil veinte, en el recurso de revisión 518/2019, la cual a su vez confirmó el proveído de diecinueve de enero de dos mil diecinueve en el que se determinó negar tener por ampliada la demanda del expediente 1183/20218-IV.. Resulta incuestionable que la demanda de amparo debe desecharse, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.] De la interpretación conjunta de las normas legales transcritas (la segunda de ellas en sentido contrario) lleva al conocimiento que el juicio de amparo es improcedente contra actos en juicio cuya ejecución no sea irreparable. El segundo de los preceptos es claro al establecer cuándo se está ante actos cuyos efectos son de imposible reparación, al disponer que por éstos se entiende aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, la connotación que el legislador aportó a la Ley de Amparo respecto el significado jurídico de imposible reparación desplazó al anterior criterio analógico entre actos que afectaban derechos meramente sustantivos y actos que afectaban derechos procesales en grado predominante o superior. Derivado de ese cambio legislativo, en los juicios de amparo debe prescindirse de este último concepto, puesto que no lleva a la afectación directa e inmediata de derechos sustantivos como lo establecen los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en juicio que no afecten derechos sustantivos, pues sólo la trasgresión a éstos es considerada de imposible reparación. De tal manera, el juicio de amparo biinstancial resulta improcedente contra actos que sólo involucren derechos procesales, pues con ello no se inmiscuyen derechos sustantivos, como pudiera ser la vida, propiedad, posesión, etcétera; sin que bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo sea válido acudir al concepto de violación procesal que produce afectación en grado predominante o superior, conforme la abrogada Ley de Amparo. En este contexto, resulta dable sostener que la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, de nueve de octubre de dos mil veinte, en el recurso de revisión 518/2019, la cual a su vez confirmó el proveído de diecinueve de enero de dos mil diecinueve en el que se determinó negar tener por ampliada la demanda del expediente 1183/20218-IV, no puede ser de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo biinstancial ya que sus efectos son meramente procesales. Es así, pues como se ha precisado dicha cuestión no se refiere a una transgresión a los derechos sustantivos, ya que el juicio de origen 1183/20218-IV, se seguirá hasta el dictado de la sentencia y, sólo en caso de que ésta sea contraria a los intereses de la parte demandada en el juicio natural, aquí quejoso, éste podrá controvertir dicha violación como procesal, cuando reclame dicho fallo en el juicio de amparo directo. Por tanto, el acto reclamado no corresponde a aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues en su caso existe la posibilidad de que la parte promovente obtenga una resolución favorable a sus intereses y, en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. En relacionadas condiciones, como la determinación reclamada que nos ocupa no constituye acto de imposible reparación para efectos del juicio de amparo indirecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en el precepto 113 del ordenamiento en cita, procede desechar de plano la demanda de amparo por manifiesta y notoria improcedencia. IV. Formación de cuadernos de pruebas. Con los expedientes 1183/2018-IV y 518/19, fórmense los cuadernos de pruebas I y II, los cuales deben conservar su folio y entreseello original. V. Domicilio y autorizados. Se tienen por autorizados en términos simples del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, virtud soslayó conferirles facultades amplias de manera expresa. Por cuanto hace al correo electrónico ahc.corporativojuridico@gmail.com, se tiene como forma especial y expedita de contacto a través del cual se puede entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. El referido medio electrónico de comunicación sólo será para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Ahora virtud que en la demanda de amparo se fijaron los estrados para recibir notificaciones, pero de las constancias remitidas por las autoridades responsables se advierte la parte quejosa tiene como domicilio procesal en esta ciudad el ubicado en boulevard Nueva España, número 4490, fraccionamiento La Conquista, Culiacán, Sinaloa; por tanto, túrnense los autos al actuario adscrito a fin de que se constituya en ese domicilio y notifique a la parte quejosa el presente proveído. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, deberá requerirle para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto señale domicilio procesal en esta ciudad. O, en su caso, dentro del mismo plazo proporcione usuario del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y de manera expresa solicite la recepción de notificaciones vía electrónica para autorizarlas y habilitar la consulta del expediente electrónico. Deberá apercibirla que de omitir proporcionar usuario o no señalar domicilio procesal en esta ciudad, dentro del plazo establecido, las notificaciones de carácter personal se verificaran por medio de lista. VI. Transparencia y acceso a la información. Cabe precisar que cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos, conforme a la ley de la materia. Notifíquese de manera personal a la parte quejosa, y requiérasele señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante José Leónides Miguel Santos Cortés, secretario que asiste y da fe.
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