Mary Cruz Figueroa Galvez
Expediente 983/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 983/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/09/2018
Partes del expediente
- Mary Cruz Figueroa Galvez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el numeral 81, fracción I, inciso d), de la ley en la materia, en contra del proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho (fojas 20 a 23), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEIDO: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por rendido el informe justificado de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al cual anexó constancias relativas al expediente laboral ****, de su índice. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora bien, del contenido de dichas constancias este juzgador advierte que en el caso opera la causal de sobreseimiento prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. En efecto, precisa señalar que el artículo 63, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "ARTICULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". De la interpretación del artículo en cita, se desprende que cuando de las constancias de autos aparezca de manera clara que no existe el acto reclamado, o bien, al no advertirse de las constancias, que la parte quejosa pueda probar su existencia hasta la celebración de la audiencia constitucional, de no hacerlo, debe decretarse el sobreseimiento del juicio. Lo que da pauta a considerar que la disyuntiva "o", permite decretar el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, aún antes de la celebración de la audiencia constitucional cuando, como en el caso, como se verá, de las constancias aportadas por la autoridad compareciente claramente se prueba que la omisión reclamada no existía a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Es decir, si bien es costumbre de los órganos jurisdiccionales el decretar el sobreseimiento en la audiencia constitucional, a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece, específicamente de la redacción del numeral 63, fracción IV, se colige que fue intención del legislador autorizar a los tribunales de amparo a decretar el sobreseimiento por inexistencia de actos en dos momentos, el primero en la audiencia constitucional o, como en el caso, en cualquier momento procesal, cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Luego, tenemos que el acto del que se duele el solicitante de amparo consiste en: "ACTO RECLAMADO: La dilación en el trámite del procedimiento ya que a la presente fecha no se ha formulado el laudo, por lo que SOLICITO SE DICTE LAUDO Y SE NOTIFIQUE A LAS PARTES PARA LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN SUS ETAPAS". Ahora, para lograr una correcta intelección del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en que se apoya este juzgador, es necesario analizarlo en relación con otros preceptos de la propia ley, como son los diversos numerales 1o. fracción I y 75, los cuales establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad...". El artículo 1o., fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales, es decir, se está refiriendo a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo en armonía con los diversos que también han sido transcritos, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos reclamados deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues dicho precepto no distingue la materia en que se haya originado el acto, como tampoco ocurre respecto a la naturaleza de éste. En ese sentido, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que en auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, el secretario de acuerdos de la junta responsable certificó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar y dio vista a las partes para que dentro del término de tres días expresaran su conformidad con dicha certificación, apercibidas que de no hacerlo, se les tendría por desistidas de las mismas, en términos del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. De lo que se colige que el juicio laboral de origen aún no se encontraba en aptitud de resolverse, dado el estado en que se encontraba a la fecha de la presentación de la demanda, a saber, el diez de agosto de dos mil dieciocho, pues la autoridad responsable no estaba en condiciones procesales para emitir la resolución en aquella contienda. De ahí que la omisión de que se duele la quejosa, no existe, pues para sostener que la responsable ha incurrido en la abstención que se le reclama, se reputa necesario que se acredite que es ese el acto procesal pendiente en el procedimiento, situación que como se ha visto, no se actualiza en el asunto que nos ocupa. Por lo que, el acto en sí mismo no existía a la fecha de presentación de la demanda y por su propia naturaleza, necesitaba demostrase y justificarse con algún medio de prueba idóneo y suficiente. Así, se estima que, para acreditar la existencia del acto de abstención señalado en esta vía, el cual se hace valer en la omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral ****, es necesario que se acrediten algunos requisitos, a saber: que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte la quejosa; que dicha controversia se encuentre en estado de resolución; y que haya trascurrido el término que la ley de la materia señale para fallar. En este orden de ideas, conviene verificar de manera analítica si en los autos de este juicio se encuentran acreditados dichos aspectos. 1) Que realmente exista un juicio -en el caso laboral- en el que sea parte la quejosa. Este aspecto en particular implica, que los impetrantes del amparo tengan el carácter de parte en el juicio de origen; lo anterior se acredita con las manifestaciones realizadas por la propia quejosa, así como de las constancias remitidas por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad (fojas 13 y 14), del juicio laboral ****, a las cuales previamente se les otorgó valor probatorio pleno, en párrafos precedentes, y de las cuales se desprende que la quejosa ****, es parte actora en el citado expediente laboral de origen. 2) Que se encuentre el juicio de origen en estado de resolución. Este segundo elemento, el cual implica que el juicio de origen se encuentre en un estado procesal tal que amerite el dictado del laudo, y que se logra por haberse cerrado la instrucción y no quedar pruebas pendientes por desahogar; por lo cual, no se acredita lo anterior, ya que de las constancias de referencia, se advierte que el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, el secretario de acuerdos adscrito a la junta responsable, certificó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar y dio la vista a las partes que señala el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que a la fecha de presentación de la demanda e incluso en la fecha en que se dicta este acuerdo, no se ha ordenado el cierre de instrucción. 3) Que haya transcurrido el término establecido por la Ley Federal del Trabajo para fallar. La Ley Federal del Trabajo en los numerales anteriormente trascritos, señala para fallar, los términos siguientes: Diez días para formular en forma de laudo el proyecto por escrito. Cinco días para que los miembros de la junta manifiesten si se encuentran diligencias pendientes por desahogar. Ocho días para el desahogo de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. y; Diez días para que se les cite para discutir y votar dicho proyecto. De lo anterior, se advierte que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad, tiene un plazo de treinta y tres días hábiles para dictar el laudo definitivo. Consecuentemente, se demuestra que el primer elemento sí se encuentra acreditado, sin embargo los aspectos precisados en los incisos 2) y 3), no se encuentran acreditados, debido a que aún no se ha ordenado el cierre de instrucción, por lo que aún no le puede transcurrir el término a la responsable para el dictado del laudo correspondiente; de ahí que no existe el acto reclamado atribuido a la responsable. Luego, al haberse acreditado la inexistencia del acto reclamado, se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo conducente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en este juicio de amparo. ***En ese orden, es patente que a nada práctico conduciría esperar a la celebración de la audiencia constitucional, porque la parte quejosa con ningún elemento de prueba podría desvirtuar la inexistencia del acto reclamado; pues como quedó demostrada en párrafos que anteceden, la omisión reclamada es inexistente al no encontrarse el juicio en esa etapa procesal. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Dado lo expuesto con antelación, se deja sin efectos la audiencia señalada para las nueve horas con treinta minutos del doce de septiembre de dos mil dieciocho, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Agréguense con vista a las partes los informes justificados rendidos por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, a través del encargado de la presidencia, y del actuario adscrito a dicha junta, residentes en esta ciudad; y dése nueva cuenta con los mismos en la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto por el numeral 117 de la ley en la materia. Ahora bien, vista la certificación de cuenta, para efectos de mejor proveer y estar en aptitud de dictar una sentencia apegada a derecho; con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la recepción del oficio que al efecto se envíe, remita la totalidad de constancias que integran el expediente ****, de su índice. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y de Actualización, la que asciende a la cantidad de $ 8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con el 238 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia , del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese.
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