Mary Carmen San Martin Porras

Expediente 1188/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1188/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2022

Partes del expediente

  • Mary Carmen San Martin Porras

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que la parte quejosa no recurrió el acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintidós, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. Valoración documental. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. Devolución de documentos originales a las partes. Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintidós. Parte quejosa desahoga prevención Se ordena agregar al expediente, el escrito de cuenta de la quejosa, por el cual desahogan la prevención de ocho de noviembre de dos mil veintidós. Esto es así, ya que refiere que su reclamo se orienta en la conducta omisiva de xxx, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla de acordar y notificar la petición escrita de veinticinco de octubre del año en curso, realizada en la averiguación previa xxx, del índice de la autoridad responsable en cita; Por tal motivo se provee: Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, tal como se observa tanto de la demanda como del escrito de cuenta, la parte quejosa se duele de la omisión atribuida a xxx, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de acordar y notificar la petición escrita de veinticinco de octubre del año en curso, realizada en la averiguación previa xxx, del índice de la autoridad responsable en cita. Al respecto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la misma legislación. De los anteriores preceptos, debemos entender que para efectos del juicio de amparo, que un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales reconocidos en la constitución federal y los tratados internacionales. Las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona.3 En el caso, tanto de la exposición realizada en el capítulo de acto reclamado de la demanda, de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, de los conceptos de violación, del acuse del escrito recibido ante la autoridad señalada como responsable el veinticinco de octubre del año en curso, así como del escrito de aclaratorio, no se advierte que la omisión atribuida a la fiscal responsable constituya un acto de imposible reparación que afecte de manera directa los derechos fundamentales de la quejosa. Al respecto, el artículo 8° de la Constitución Federal, se desprende que toda autoridad ante quien alguna persona formule por escrito cualquier tipo de solicitud o petición, siempre que ésta se haga de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar respuesta congruente en breve término y, además, hacer del conocimiento del promovente el resultado de su petición; debiéndose entender por lo primero, que toda respuesta de autoridad que recaiga a una solicitud de los gobernados debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado sin omisión de alguna cuestión, sin que existan consideraciones contrarias entre sí y respetando los principios de congruencia y, por lo segundo, que la respuesta debe emitirse en un lapso en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, y ésta debe darse a conocer al peticionario. En el caso, recién el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, la aquí quejosa presentó el escrito del cual se duele por su falta de respuesta ante la representante social que señala como responsable, por lo que a la fecha en que pretendió accionar en sede constitucional (siete de noviembre del año que transcurre), apenas han trascurrido siete días hábiles. A consideración de la suscrita, no hay violación al derecho de petición que se encuentra previsto en el artículo 8° de la Constitución Federal, ya que como se expuso en el párrafo que antecede, no ha transcurrido un lapso que racionalmente pueda estudiarse o acordarse lo solicitado. En tales condiciones, es evidente que la autoridad responsable no ha tenido el tiempo necesario para analizar el escrito cuya omisión de proveer se duele la parte quejosa, para emitir el acuerdo o acuerdos correspondientes y ordenar su notificación, lo cual, como establece el citado precepto constitucional, debe de realizarse en breve término, mas no de forma inmediata. Así, se debe considerara que un plazo razonable para atender una petición escrita, es de cuatro meses, por lo que de exceder de dicho plazo para emitir el acuerdo relativo a una petición escrita, se puede establecer que existe una violación al derecho fundamental previsto en el artículo 8° de la Constitución Federal. A ese respecto, se debe establecer que si a la fecha de la presentación de la demanda, transcurrió un plazo de siete días hábiles -como se evidenció en párrafos previos-, y atento a los criterios que se citaron en esta determinación, se estima que a la autoridad responsable no le ha transcurrido un término prudente para determinar que ha transgredido en perjuicio de la quejosa, el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° de la Constitución Federal. De lo anterior se colige que el acto reclamado no le produce una afectación directa e inminente a los derechos fundamentales de la parte quejosa. De ahí que, en este caso el amparo indirecto sea improcedente, pues no estamos ante la excepción de procedencia consistente en que la omisión de emitir los pronunciamientos correspondientes que afecte el ejercicio de algún derecho sustantivo de la parte quejosa. Además, a juicio de esta operadora jurídica, el tiempo que ha transcurrido desde la fecha de presentación del escrito que nos ocupa cuya respuesta aún no se emite (siete días hábiles), a la data de la interposición de la demanda de amparo, no constituye una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, dada la complejidad de la petición efectuada por escrito presentado ante la fiscal señalada como responsable el veinticinco de octubre de dos mil veintidós (el ejercicio de la acción penal por los delitos de 1) responsabilidad de abogados patronos y litigantes; 2) falsificación de documentos en general; 3) delitos cometidos en la procuración y administración de justicia y en otros ramos del poder público; y 4) falsedad de declaraciones). Ello, sumado al hecho de que la parte quejosa, tampoco ha vuelto a instar a la autoridad responsable para que dé respuesta a su petición. Por lo tanto, se estima actualizada en forma indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo presentada por xxx.

  3. Principal

    SE DEJO DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA POR LO TANTO SE NOTIFICAN POR MEDIO DE LISTA EL ACUERDO DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS Y SE TIENE POR NOTIFICADA DEL SIGUIENTE ACUERDO: Puebla, Puebla, diez de noviembre de dos mil veintidós. Parte quejosa desahoga prevención Se ordena agregar al expediente, el escrito de cuenta de la quejosa, por el cual desahogan la prevención de ocho de noviembre de dos mil veintidós. Esto es así, ya que refiere que su reclamo se orienta en la conducta omisiva de xxx, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla de acordar y notificar la petición escrita de veinticinco de octubre del año en curso, realizada en la averiguación previa xxx, del índice de la autoridad responsable en cita; Por tal motivo se provee: Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, tal como se observa tanto de la demanda como del escrito de cuenta, la parte quejosa se duele de la omisión atribuida a xxx, Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de acordar y notificar la petición escrita de veinticinco de octubre del año en curso, realizada en la averiguación previa xxx, del índice de la autoridad responsable en cita. Al respecto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V, de la misma legislación. De los anteriores preceptos, debemos entender que para efectos del juicio de amparo, que un acto de imposible reparación es aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales reconocidos en la constitución federal y los tratados internacionales. Las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona.3 En el caso, tanto de la exposición realizada en el capítulo de acto reclamado de la demanda, de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, de los conceptos de violación, del acuse del escrito recibido ante la autoridad señalada como responsable el veinticinco de octubre del año en curso, así como del escrito de aclaratorio, no se advierte que la omisión atribuida a la fiscal responsable constituya un acto de imposible reparación que afecte de manera directa los derechos fundamentales de la quejosa. Al respecto, el artículo 8° de la Constitución Federal, se desprende que toda autoridad ante quien alguna persona formule por escrito cualquier tipo de solicitud o petición, siempre que ésta se haga de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar respuesta congruente en breve término y, además, hacer del conocimiento del promovente el resultado de su petición; debiéndose entender por lo primero, que toda respuesta de autoridad que recaiga a una solicitud de los gobernados debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado sin omisión de alguna cuestión, sin que existan consideraciones contrarias entre sí y respetando los principios de congruencia y, por lo segundo, que la respuesta debe emitirse en un lapso en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, y ésta debe darse a conocer al peticionario. En el caso, recién el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, la aquí quejosa presentó el escrito del cual se duele por su falta de respuesta ante la representante social que señala como responsable, por lo que a la fecha en que pretendió accionar en sede constitucional (siete de noviembre del año que transcurre), apenas han trascurrido siete días hábiles. A consideración de la suscrita, no hay violación al derecho de petición que se encuentra previsto en el artículo 8° de la Constitución Federal, ya que como se expuso en el párrafo que antecede, no ha transcurrido un lapso que racionalmente pueda estudiarse o acordarse lo solicitado. En tales condiciones, es evidente que la autoridad responsable no ha tenido el tiempo necesario para analizar el escrito cuya omisión de proveer se duele la parte quejosa, para emitir el acuerdo o acuerdos correspondientes y ordenar su notificación, lo cual, como establece el citado precepto constitucional, debe de realizarse en breve término, mas no de forma inmediata. Así, se debe considerara que un plazo razonable para atender una petición escrita, es de cuatro meses, por lo que de exceder de dicho plazo para emitir el acuerdo relativo a una petición escrita, se puede establecer que existe una violación al derecho fundamental previsto en el artículo 8° de la Constitución Federal. A ese respecto, se debe establecer que si a la fecha de la presentación de la demanda, transcurrió un plazo de siete días hábiles -como se evidenció en párrafos previos-, y atento a los criterios que se citaron en esta determinación, se estima que a la autoridad responsable no le ha transcurrido un término prudente para determinar que ha transgredido en perjuicio de la quejosa, el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° de la Constitución Federal. De lo anterior se colige que el acto reclamado no le produce una afectación directa e inminente a los derechos fundamentales de la parte quejosa. De ahí que, en este caso el amparo indirecto sea improcedente, pues no estamos ante la excepción de procedencia consistente en que la omisión de emitir los pronunciamientos correspondientes que afecte el ejercicio de algún derecho sustantivo de la parte quejosa. Además, a juicio de esta operadora jurídica, el tiempo que ha transcurrido desde la fecha de presentación del escrito que nos ocupa cuya respuesta aún no se emite (siete días hábiles), a la data de la interposición de la demanda de amparo, no constituye una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, dada la complejidad de la petición efectuada por escrito presentado ante la fiscal señalada como responsable el veinticinco de octubre de dos mil veintidós (el ejercicio de la acción penal por los delitos de 1) responsabilidad de abogados patronos y litigantes; 2) falsificación de documentos en general; 3) delitos cometidos en la procuración y administración de justicia y en otros ramos del poder público; y 4) falsedad de declaraciones). Ello, sumado al hecho de que la parte quejosa, tampoco ha vuelto a instar a la autoridad responsable para que dé respuesta a su petición. Por lo tanto, se estima actualizada en forma indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo presentada por xxx.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por xxxxx, por propio derecho, contra actos de la "Agente del Ministerio Público Adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla...(sic)" y otra autoridad. Prevención. La lectura integral que se hizo a la demanda de amparo llevó a encontrar irregularidades, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Así, con fundamento en los artículos 108, fracciones III, V, y 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la directa quejosa para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando les surta efectos la notificación de este acuerdo aclare lo siguiente: ? Precise si es su deseo continuar la tramitación de este juicio de amparo, únicamente por lo que hace a la conducta omisiva atribuida a la representante social responsable de proveer en relación a su petición escrita de veinticinco de octubre del año en curso, o en su defecto, solo tramitar el juicio de tutela respecto de la diversa omisión de ejecutar una determinación de diecinueve de julio del año en curso, en la averiguación previa xxxx, atribuida al Fiscal General del Estado de Puebla. Al margen de lo anterior, se informa a la quejosa que las diferencias que llegaran a detectarse en la firma de su escrito aclaratorio -si lo presenta- con la firma puesta en la demanda de amparo, podría obligar a requerirle que comparezca a ratificarla. Se le informa que al desahogar el requerimiento formulado a manera de prevención, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas entre las partes. Pese a lo anterior, se le informa que si presenta su escrito aclaratorio, con su firma electrónica y a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, quedará exento de la obligación de exhibir copias del escrito aclaratorio e incluso de algún escrito posterior. Apercibimiento. Se formula a la quejosa el apercibimiento siguiente: en caso de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo.

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