Mary Carmen Morelos Beltrán

Expediente 465/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 15 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
465/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
26/05/2023

Partes del expediente

  • Mary Carmen Morelos Beltrán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    . Agréguese a los autos el oficio del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la resolución celebrada en sesión de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, dictada en amparo en revisión *** del índice del tribunal de su adscripción, relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia de cinco de julio de dos mil veintidós, en el que resolvió confirmar la sentencia recurrida, sobreseer en el juicio de amparo. Acúsese recibo... archívese como asunto concluido... se tiene por hecha la certificación secretarial relativa a la coincidencia total entre la versión electrónica del presente expediente con su versión impresa... se declara que este asunto carece de relevancia documental... es susceptible su destrucción... el original del incidente de suspensión es depurable una vez transcurrido el plazo de tres años... se determina que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    . Agréguese a los autos el oficio firmado por la Actuaria Judicial del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, dictado en el amparo en revisión 482/2022 el magistrado presidente del tribunal de su adscripción, admitió el recurso de revisión interpuesto por la quejosa, contra la sentencia emitida el cinco de julio de dos mil veintidós, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    . Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la promoción remitida por Mauricio Daniel Nada de Dominicis, apoderado de la parte quejosa mediante la cual interpone recurso de revisión contra la sentencia de cinco de julio de dos mil veintidós. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el citado recurso de revisión; en consecuencia, glósese a este expediente una fotocopia del escrito de expresión de agravios y distribúyanse una fotocopia sin certificar para cada una de las partes. Asimismo, una vez que dicho recurso se encuentre integrado, sin ulterior acuerdo, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes correspondiente, y con apoyo en el artículo 89 de la Ley de Amparo remítanse los (i) autos que integran el presente juicio de amparo, (ii) el tomo I de pruebas y el (ii) escrito de expresión agravios, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del referido medio de impugnación.

  4. Principal

    En Cancún, Quintana Roo, siendo las once horas con diez minutos del cinco de julio de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para verificar la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 465/2022-I, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Karina Giovana Miranda Ballón, secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, la secretaria da cuenta al Juez con el estado que guardan los autos en específico con el auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, en el cual se reservó a realizar pronunciamiento en relación con la prueba de inspección judicial ofrecida por la parte quejosa, a lo que el Juez acuerda: Visto el estado que guardan los autos se desprende que por acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, se reservó a proveer lo conducente en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa, consistentes en la inspección judicial del inmueble ubicado en la supermanzana 317, calle cerrada Porto Chiavari, manzana 11, lote 2, número interior 34, unidad privada 3, en esta ciudad, señalado en el escrito inicial del juicio ordinario mercantil 160/2015 del índice del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por la parte ahí actora; luego, se levanta la reserva y se tiene por anunciada la prueba de inspección de referencia y hágase relación de ella en la etapa correspondiente a esta audiencia. Asimismo, la secretaria certifica que la autoridad responsable ii) Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, no rindió su informe justificado a pesar de encontrarse notificada del acuerdo de veinte de mayo de dos mil veintidós, en el que se le requirió esa información, como se desprende del acuse de recibo del oficio 2945/2022-I. Seguidamente, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentran el informe justificado rendido por la autoridad responsable i) Juez Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo; en consecuencia, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de autos para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la parte quejosa ofreció pruebas documentales, la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto, la inspección judicial del inmueble ubicado en la supermanzana 317, calle cerrada Porto Chiavari, manzana 11, lote 2, número interior 34, unidad privada 3, en esta ciudad, señalado en el escrito inicial del juicio ordinario mercantil 160/2015 del índice del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por la parte ahí actora; por su parte, la autoridad responsable i) Juez Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, exhibió prueba documental (tomo de pruebas I); sin que las demás partes ofrecieran algún medio de convicción; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas documentales, presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza. Ahora, por lo que respecta a la prueba de inspección judicial del inmueble ubicado en la supermanzana 317, calle cerrada Porto Chiavari, manzana 11, lote 2, número interior 34, unidad privada 3, en esta ciudad, señalado en el escrito inicial del juicio ordinario mercantil 160/2015 del índice del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por la parte ahí actora, ofrecida por la parte quejosa, se procede a proveer lo siguiente. Inicialmente, debe tomarse en cuenta que el artículo 119 de la Ley de Amparo, así como el diverso 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, disponen que son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la confesional por posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora, el principio de pertinencia impone al juzgador verificar, previo a calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto; en tanto que el principio idoneidad está regido, a su vez, por los diversos principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar. Con lo anterior, trata de recabarse sólo las pruebas que cumplan con esas exigencias, para evitar una mayor dilación en el trámite del juicio, en perjuicio de las partes y de la pronta y expedita impartición de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 175823 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Febrero de 2006 Materia(s): Común Tesis: I.1o.A.14 K Página: 1888 PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS. Los artículos 150 y 152 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la de posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho y que, a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el Juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia." Establecido lo anterior, se observa que las pruebas solicitadas por la quejosa, de acuerdo a los términos en el que fue anunciada, pretende demostrar hechos o circunstancias que no corresponden a la litis constitucional. Lo anterior es así, pues la inspección ocular va encaminado primordialmente acreditar que en el juicio ordinario mercantil 160/2015 del índice del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, no se pudo realizar notificaciones personales a una persona ya extinta e inanimada que habito ahí hace más de doce años, esto es a la demandada María Graciela Espinoza Gasca. Sin embargo, el desahogo de la inspección ofrecida por la parte quejosa no tendría ningún fin práctico toda vez que la defunción de la parte demandada en el juicio de origen, puede acreditarse con la acta de defunción, razones por las cuales procede desecharlas. Máxime, que previo al estudio del acto reclamado siempre se debe analizar la procedencia del juicio de amparo y en el caso en particular, la titularidad del derecho de propiedad que alega tener la quejosa sobre el inmueble que defiende. De ese modo, no es factible tener por admitida dicha prueba ni recabar su recepción, pues con independencia de que la misma cuente con el requisito de idoneidad al ser las aptas para demostrar los hechos que pretende, la realidad es que no reúnen el requisito de pertinencia, ya que tales hechos no corresponden a la litis constitucional, puesto que intenta acreditar circunstancias que no tienen mayor relevancia en el presente juicio de amparo. Por todo lo expuesto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, así como el diverso 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desecha la prueba anunciada por la quejosa, ya que la misma, no tiene relación directa con la litis constitucional, y no son idóneas ni pertinentes para el análisis de constitucionalidad de los actos reclamados. Finalmente, se declara cerrada la etapa probatoria de esta audiencia. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que Delia del Rosario Granillo Ávila, quien manifiesta ser apoderada de Patrimonio, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, quien a su vez es apoderada del tercero interesado HSBC México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciaria del fideicomiso irrevocable de administración número F/253936, parte tercera interesada, realizó manifestaciones a manera de alegatos, no así las demás partes, a lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formulo la parte tercera interesada; por lo que se da por concluida esta etapa de la audiencia. Enseguida, la secretaria certifica: que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: toda vez que no hay promoción pendiente de acuerdo, téngase por celebrada la presente audiencia y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procédase al dictado de la resolución correspondiente. Visto para resolver el juicio de amparo 465/2022-I, promovido por Mary Carmen Morelos Beltrán, por conducto de su apoderado Mauricio Daniel Nada de Dominicis (personalidad que acredita con la fotocopia certificada del primer protocolo de la escritura pública tres mil trescientos cuarenta y ocho de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, de la Notaria Pública Número Dos, con residencia en esta ciudad), contra actos del Juez Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veintidós, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, remitido por razón de turno a este juzgado de distrito el mismo día, Mary Carmen Morelos Beltrán, por conducto de su apoderado Mauricio Daniel Nada de Dominicis, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del i) Juez Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y ii) Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO:- - - Dado el estado que guarda el juicio de origen y el ilegal proceder de la JUEZ PRIMERO MERCANTIL, DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITYO (SIC) JUDICIAL DE CANCUN, QUINTANA ROO, LICENCIADO EN DERECHO ROBERTO ARIEL CHAN BALAM, se señalan como actos reclamados los siguientes:- - - 1.- La Falta de Emplazamiento y/o Notificación dentro del JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL con número de expediente 160/2015 del índice del JUEZ PRIMERO MERCANTIL,DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITYO JUDICIAL DE CANCUN, QUINTANA ROO. - - -2.- EL Acuerdo de fecha 04 de Mayo de del año 2022 dictada por la responsable, en el expediente 160/2015, fijado en mi domicilio con motivo JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por HSBC MEXICO, SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC en contra de la C. MARIA GRACIELLA ESPINOZA GASCA. - - - 3.- También se reclaman las violaciones a los artículos 1 párrafo primero, segundo y tercero, 5, 14, 16, 17 de nuestra Carta Magna así como el Código de Comercio; el Código de Procedimientos Civiles del Estado aplicado supletoriamente, en que incurrió en grave perjuicio del quejoso tanto la Juez Licenciado en Derecho ROBERTO ARIEL CHAN BALAM del Juzgado Primero Mercantil, del Primer Departamento Judicial del Estado de Quintana Roo así como su Actuario adscrito al mismo; estas violaciones a las aludidas leyes del procedimiento se señalan expresamente como actos reclamados en virtud de que dejaron sin defensa al hoy quejoso y en carácter de Tercero perjudicado tal como se acreditar más adelante el interés jurídico al no ser emplazado en el juicio de referencia, ni oído ni vencido en él, con los requisitos. contemplados por los numerales del ordenamiento legal anteriormente señalados." SEGUNDO. Radicación y prevención de la demanda. Recibida que fue la demanda de amparo el nueve de mayo de dos mil veintidós en este juzgado de distrito, en auto de diez siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 465/2022-I; y se previno a la parte quejosa para que aclarara si deseaba señalar a diversa autoridad como responsable. TERCERO. Escrito aclaratorio, ratificación de escrito aclaratorio y admisión de demanda. Por escrito presentado el trece de mayo de dos mil veintidós, la parte quejosa por conducto de su apoderado desahogo la prevención formulada, por lo que en auto de diecisiete de mayo del año en curso, se ordenó ratificar escrito al no coincidir las firmas plasmadas entre el escrito inicial y el aclaratorio; posteriormente; mediante comparecencia de ratificación de firma de diecinueve de mayo de la presente anualidad, el apoderado de la parte quejosa, ratifico su firma, por lo que en auto de veinte siguiente, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se reconoció el carácter de tercera interesada a HSBC México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, como fiduciaria del fideicomiso irrevocable de administración número F/253936, quien en su oportunidad fue emplazada, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman actos de autoridades judiciales en materia mercantil, con ejecución dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este órgano de amparo. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del Juez de Distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional, y demás constancias de autos, se hace consistir en: ii) Del Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo: a) La falta de emplazamiento al juicio ordinario mercantil 160/2015 del índice del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. i) Del Juez Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo: b) Como consecuencia de lo anterior, todo lo actuado en dicho procedimiento, incluida la sentencia ahí emitida y el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintidós en el que se ordenó la desocupación y entrega del domicilio ubicado en supermanzana 317, calle cerrada Puerto Chavari, número interior 34, número exterior 03, lote dos, manzana 11, residencial Villamarino, en esta ciudad, con apercibimiento de uso de la fuerza pública y fractura de cerraduras. c) Los efectos y consecuencias de los actos señalados en los incisos a) y b). Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El i) Juez Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, al rendir informe justificado convino en la existencia del acto que se le reclama precisado en el inciso b) del considerando tercero de esta sentencia. Por su parte, la autoridad ii) Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante encontrarse notificado del auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual se le solicitó su informe y haber transcurrido el plazo para rendirlo, tal y como se desprende de la constancia de notificación que obra agregada en autos; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo se presume cierto el acto que se le reclama precisado en el inciso a) del considerando tercero de esta sentencia. Luego, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que remitió el Juez Primero Mercantil responsable, al momento de rendir su informe justificado consistentes en fotocopia certificada de las constancias que integran el juicio ordinario mercantil 160/2015, del índice del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, de las que se desprende lo siguiente: 1. Mediante sentencia dictada el catorce de julio de dos mil dieciséis, en el juicio ordinario mercantil 160/2015 del índice del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, promovido por Delia del Rosario Granillo Ávila, en su carácter de apoderada de Patrimonio, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad No Regulada, antes "Patrimonio" Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado quien a su vez es apoderada de HSBC México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, como fiduciaria del fideicomiso irrevocable de administración número F/253936, contra María Graciela Espinosa Gasca, se condenó a la demandada al pago de diversas prestaciones; luego, la sentencia causó ejecutoria el siete de septiembre de dos mil dieciséis. 2. En auto de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, se requirió a la parte demandada María Graciela Espinosa Gasca, el cumplimiento de la sentencia, consistente en el pago de diversas cantidades, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento se le embargarían bienes de su propiedad para garantizar la resolución condenatoria. 3. Posteriormente, en proveído de veinte de octubre de dos mil dieciséis, al no dar cumplimiento la parte demandada respecto al pago de las cantidades a las que fue condenada en la sentencia definitiva, se ordenó trabar formal embargo respecto del inmueble identificado como casa marcada con el número 34, unidad privada 3, calle cerrada porto chiavari, lote 2, manzana 11, supermanzana 317, de esta ciudad, con folio electrónico número 216361. 4. Mediante sentencia interlocutoria de ocho de junio de dos mil diecisiete, se condenó a la parte demandada al pago de diversas cantidades por concepto de intereses moratorios. 5. En audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, se adjudicó el bien inmueble identificado como casa marcada con el número 34, unidad privada 3, calle cerrada porto chiavari, lote 2, manzana 11, supermanzana 317, con residencia en esta ciudad, a la parte actora HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, como fiduciaria del fideicomiso irrevocable de administración número F/253936. 6. En proveído de doce de marzo de dos mil dieciocho, el Juez responsable otorgó en virtud de la rebeldía de la parte demanda, la escritura de adjudicación del bien inmueble antes referido a la parte actora. 7. En auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós, se tuvo a la parte actora exhibiendo la escritura de adjudicación del bien inmueble que fue embargado, por lo que se requirió a la parte demandada para que, en el término de cinco días hábiles, desocupara y entregara a la parte actora el bien inmueble antes referido, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría como medida de apremio el uso de la fuerza pública, así como el rompimiento de cerraduras si fuera necesario. 8. Por otra parte, en auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se autorizó el uso de medidas de apremio consistentes en el auxilio de la fuerza pública y fractura de cerraduras, si fuera necesario para la diligencia de desocupación y entrega del bien inmueble identificado como casa marcada con el número 34, unidad privada 3, calle cerrada porto chiavari, lote 2, manzana 11, supermanzana 317, con sede en esta ciudad. Por tanto, son ciertos los actos reclamados. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, se realiza el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que previene: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Ahora, en el presente caso, respecto de los actos reclamados del i) Juez Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y ii) Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, precisados en el considerando tercero de este fallo, se actualiza la causa de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en relación con el 5°, fracción I, de la propia ley, porque no se demostró que los actos reseñados afecten el interés jurídico de la parte quejosa. Al respecto, el artículo 61, fracción XII, y el diverso 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, tendiendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." De los numerales reproducidos se advierte que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien le afecte el acto reclamado en sus intereses jurídicos o legítimos, y por esa razón, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo. Es oportuno señalar que la legitimación de la causa, en el juicio de amparo, se identifica con el interés jurídico o legítimo. El interés jurídico se traduce en la titularidad de un derecho subjetivo, cuyo desconocimiento o violación de su contenido da motivo al ejercicio de la acción constitucional, con la finalidad de que le sean reconocidos los derechos sustantivos identificados con el quejoso. Por otro lado, el interés legítimo se identifica con la afectación del acto reclamado a la esfera jurídica de la parte quejosa en virtud de una situación especial de ésta frente al orden jurídico, es decir, un agravio indirecto, que le da legitimación en la causa para promover el juicio de amparo, toda vez que de concederse éste, su declaratoria de inconstitucionalidad traería consigo una ventaja para la parte promovente. En ese orden de ideas, es pertinente señalar que hay interés legítimo cuando una conducta de la autoridad es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el derecho, y éste no tiene un interés subjetivo para impedir esa conducta o imponer una distinta, pero sí para reclamar a los tribunales la inobservancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle con el objeto de defender esa situación de su interés. Por otra parte, se precisa que cuando se reclama un acto proveniente de un órgano jurisdiccional, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo, es decir, le corresponderá comprobar su interés jurídico. Sobre el tema, es aplicable la siguiente jurisprudencia: "Época: Décima Época Registro: 2019456 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 08 de marzo de 2019 10:11 h Materia(s): (Común) Tesis: 2a./J. 51/2019 (10a.) INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En el presente asunto, como los actos reclamados proviene de una autoridad judicial y la parte quejosa se ostenta como legítima propietaria del inmueble que defiende, se analizará a la luz del interés jurídico. Así las cosas, la parte quejosa, como se precisó en el considerando tercero, reclama los siguientes actos: a) La falta de emplazamiento al juicio ordinario mercantil 160/2015 del índice del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. b) Como consecuencia de lo anterior, todo lo actuado en dicho procedimiento, incluida la sentencia ahí emitida y el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintidós en el que se ordenó la desocupación y entrega del domicilio ubicado en supermanzana 317, calle cerrada Puerto Chavari, número interior 34, número exterior 03, lote dos, manzana 11, residencial Villamarino, en esta ciudad, con apercibimiento de uso de la fuerza pública y fractura de cerraduras. c) Los efectos y consecuencias de los actos señalados en los incisos a) y b). Luego, la parte quejosa Mary Carmen Morelos Beltrán, se ostenta como tercera extraña al juicio de origen y pretende acreditar su interés jurídico bajo el argumento que es la actual propietaria del inmueble materia de la controversia, pues en su demanda, sostiene lo siguiente: "PRIMERO.- En este apartado acredito el interés Jurídico de esta Juicio Mercantil como tercero perjudicado y quejoso del juicio de amparo, toda vez y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, con fecha 31 día del mes de Octubre del 2011, se celebró un contrato simple de Compraventa del Inmueble marcado SUPERMANZANA 317, CALLE CERRADA PUERTO CHAVARI, NUMERO INTERIOR 34, NUMERO EXTERIOR 03, LOTE DOS, MANZANA 11, RESIDENCIAL VILLAMARINO, DE ESTA CIUDAD EN CANCUN, QUINTANA ROO, como consta con el documento que de adjunta al presente memorial, el cual fue basado ante el Notario Publico LIC. GERARDO ROBIGUE HERRERA SANSORES, notario publico No. 75 de la Ciudad de Isla Mujeres; Quintana Roo, el al se (sic) Ratifico ante el mismo, donde la C. MARIA GRACIELA ESPINOZA GASCA, Y LA C. MARY CARMEN MORELOS BELTRAN representada en esta acto por su apoderado legal el C. MAURICIO DANIEL NADA DE DOMINICIS (HOY QUEJOSA Y TERCERO PERJUDICADO), celebraron un contrato de compraventa del inmueble el cual es objeto del Juicio Mercantil, el cual Bajo protesta de Decir verdad, me estoy enterado desde este momento donde se fijó un acuerdo de fecha 04 de Mayo del presente, donde se me da un término de 5 días para desalojar, dicho documento se acredita la compraventa del inmueble, y el pago total por el mismo, libre de vicios ocultos y acreditando con el mismo, que desde la fecha de la adquirió y compraventa, tengo la legal posesión y habitación del inmueble antes descrito, por lo que solicito se de fe el presente documento, y previa valoración y cotejo me sea devuelto el mismo, por ser de utilidad, ahora bien como medio de perfeccionamiento solito la ratificación compulsa con el protocolo del la Notaria antes descrita, para los efectos legales a que haga lugar.." Así las cosas, los actos reclamados no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, por los siguientes motivos: I. La quejosa Mary Carmen Morelos Beltrán, no es parte en el sumario de origen, pues así se advierte de las constancias que integran el juicio ordinario mercantil 160/2015 del índice del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, a las que se concedió valor probatorio pleno en el considerando cuarto, donde se obtiene que el citado juicio fue promovido por HSBC México, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria, como fiduciaria del fideicomiso irrevocable de administración número F/253936, en contra de María Graciela Espinosa Gasca. Así las cosas, si la quejosa Mary Carmen Morelos Beltrán, no es parte demandada en el proceso de origen, la falta de emplazamiento al mismo, así como todo lo actuado en ese proceso, la sentencia dictada en el juicio de origen y sus actos de ejecución, no le conculca derecho subjetivo alguno, por lo que carece de interés jurídico para reclamar esos actos en esta vía constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 177719 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXII, Agosto de 2005 Materia(s): Civil Tesis: VI.2o.C. J/254 Página: 1513 AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." II. Los actos reclamados tampoco inciden en la esfera jurídica de la parte quejosa, debido a que no demostró ser la legítima propietaria del bien inmueble que defiende en esta instancia constitucional. Sin que pase desapercibido, que la parte quejosa ofreció como medio de convicción el original del contrato de compraventa de treinta y uno de octubre de dos mil once, celebrado ante el Notario Público Número Setenta y Cinco de Quintana Roo, con sede en Isla Mujeres, por María Graciela Espinoza Gasca, como parte vendedora, y Mary Carmen Morelos Beltrán, como parte compradora (aquí quejosa), respecto del bien inmueble ubicado en supermanzana 317, calle cerrada Puerto Chavari, número interior 34, número exterior 03, lote dos, manzana 11, residencial Villamarino, en esta ciudad, mismo que fue ratificado en todas y cada una de sus partes, tal como lo hizo constar el Notario en comento en el documento en mención, a la cual se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser documental pública. Sin embargo, con dicha documental no se acredita la propiedad del inmueble que dice tener, ni se advierte derecho alguno que sea susceptible de tutela judicial, ya que si bien exhibió el original del contrato de compraventa del bien inmueble que defiende y dicha certificación fue realizada por notario público lo cual lo dota de fecha cierta, pues corrobora su existencia al treinta y uno de octubre de dos mil once -fecha de la certificación del notario público-; no obstante, lo cierto es que para que la compraventa del referido bien inmueble surtiera plenos efectos, debía realizarse su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. En efecto, los artículos 2549, 2598, 3159 y 3160 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, disponen: "Artículo 2549.- Tratándose de muebles, la venta se perfecciona en el momento en que las partes se ponen de acuerdo en el bien y en el precio, aunque el primero no haya sido entregado ni el segundo satisfecho, en tanto que si se trata de inmuebles, la venta se perfecciona hasta que se inscriba la operación en el Registro Público de la Propiedad." "Artículo 2598.- El contrato de compraventa no requiere para su validez formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre un inmueble, en cuyo caso el contrato se perfeccionará y surtirá plenamente sus efectos, hasta que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad." "Artículo 3159.- El registro será constitutivo en lo que respecta a los convenios y contratos por los cuales se adquiere, transmite, modifica o extingue el dominio de bienes raíces o una hipoteca. Artículo 3160.- Los contratos a que se refiere el artículo anterior sólo se perfeccionan y surten plenamente efectos hasta que se registren. La función en los casos de adquisición de la propiedad por usucapión, accesión, sucesión hereditaria o ejecución forzosa se realiza mediante la inscripción de la resolución judicial que la declare o decrete respectivamente. Es también constitutivo el registro tratándose de asociaciones y sociedades civiles. En todos los demás casos en que la ley establezca la inscripción registral, los efectos de ésta no serán constitutivos, sino meramente publicitarios." De la lectura de los preceptos legales antes transcritos, se obtiene que en el Estado de Quintana Roo, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad de contratos en los que se adquieren, transmiten, modifican o extinguen el dominio de bienes inmuebles, es constitutiva de derechos. Además, que la compraventa de bienes inmuebles se perfeccionará hasta su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. En ese tenor, no obstante que la parte quejosa ofreció como prueba para demostrar la adquisición del bien inmueble que pretende defender en esta instancia constitucional, el original del contrato privado de compraventa, el cual fue celebrado y ratificado en cuanto a su contenido y firmas el treinta y uno de octubre de dos mil once; lo cierto es que al no haberse inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Quintana Roo, el citado contrato de compraventa no fue perfeccionado y, por ende, no surte efectos legales. Sobre el tema, resulta aplicable la siguiente jurisprudencia: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2009747 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: XXVII.3o. J/13 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, Agosto de 2015, Tomo II , página 1945 Tipo: Jurisprudencia CONTRATO DE COMPRAVENTA DE FECHA CIERTA CARENTE DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL. ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO EN DEFENSA DE SU DERECHO DE PROPIEDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO). De conformidad con los artículos 2548, 2549, 2598, 2228, 3159 y 3160 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, la compraventa se perfecciona y surte plenamente sus efectos, tratándose de bienes inmuebles, hasta su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Ahora bien, dados sus efectos constitutivos, para estimar válida tanto la traslación del dominio como la constitución del derecho real de propiedad a favor del comprador, resulta indispensable que se verifique su inscripción. En tales condiciones, para efectos del juicio de amparo, debe considerarse inidóneo el contrato de compraventa carente de inscripción registral si a través de dicho documento el quejoso pretende acreditar su interés jurídico al instar el amparo biinstancial en defensa de su derecho de propiedad, aun cuando aquél cuente con fecha cierta, en virtud de actualizarse una hipótesis distinta a la citada inscripción registral ya que, en tal caso, el consabido derecho subjetivo público de propiedad aún no se encuentra constituido, dados los términos en que el legislador local lo dispuso, pues será hasta que se inscriba ante el Registro Público de la Propiedad cuando el pacto volitivo se perfeccione y surta plenamente sus efectos." Luego, dado que en el caso el documento privado no se inscribió en el registro público inmobiliario, se concluye que carece de eficacia probatoria para demostrar el derecho de propiedad que defiende la parte quejosa. No se inadvierte que la parte quejosa exhibió diversas pruebas documentales en el presente juicio; sin embargo, con las mismas únicamente demuestran lo siguiente: Descripción de documento Valor probatorio Fotocopia sin certificar del pasaporte número D174876 expedido a nombre de Mauricio Daniel Nada de Dominicis de nacionalidad uruguaya. Cuenta con valor probatorio indiciario conforme a los artículos 197 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y únicamente comprueban que probablemente sean una reproducción de su original. Fotocopia a color sin certificar de la cédula de mediante la cual se notifica el acuerdo de veintiuno de abril del año en curso, dictado en autos del juicio ordinario mercantil 160/2015 del índice del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo. Fotocopia certificada del primer protocolo de la escritura pública tres mil trescientos cuarenta y ocho de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, del protocolo de la Notaría Pública Número Dos con residencia en esta ciudad. Documental a la que se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser documental pública; sin embargo, de dicha prueba, tampoco se advierte la titularidad de la parte quejosa, respecto del bien inmueble materia de la controversia. Asimismo, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la prueba instrumental de actuaciones dato alguno que demuestre plenamente el interés jurídico de la parte quejosa, ni tampoco, en términos de los numerales 190 y 218 del código civil federal adjetivo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, opera alguna presunción legal o humana en favor de la parte quejosa. Tampoco se inadvierte que la parte quejosa refiera que se enteró por conducto del esposo de que la parte demandada María Graciela Espinosa Gasca, falleció en el año dos mil doce, y que el juicio ordinario mercantil inicio en el año dos mil quince, pues en el caso se analiza la titularidad del derecho de propiedad que tiene la quejosa sobre el bien inmueble que defiende. Por tanto, se obtiene, que no se comprobó la existencia del derecho de propiedad susceptible de ser protegido jurídicamente en favor de la quejosa. En ese orden de ideas, se concluye que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico para reclamar de las autoridades i) Juez Primero Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo y ii) Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados Mercantiles de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, los actos precisados en el considerando tercero; por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y que por su aplicación relacionada con el artículo 63 fracción V del mismo ordenamiento, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales. Resulta aplicable la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 170500 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Enero de 2008 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 168/2007 Página: 225 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Mary Carmen Morelos Beltrán, por conducto de su apoderado Mauricio Daniel Nada de Dominicis, contra los actos reclamados, precisados en el considerando tercero, y por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia.

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