Mary Carmen Hernández Benítez
Expediente 1190/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1190/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/07/2022
Partes del expediente
- Mary Carmen Hernández Benítez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Conforme a la certificación que antecede y el estado de los autos, se advierte que a la fecha en que se actúa la parte promovente no se inconformó en contra del auto por el que se desechó la demanda dictado el veintinueve de junio de dos mil veintidós; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido De conformidad con el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. De igual manera, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente y verifíquese que el expediente electrónico generado con la FIREL como el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincida en su totalidad. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Asimismo, se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Por lo que, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido Acuerdo General. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Expediente y registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 1190/2022. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por Mary Carmen Hernández Benítez, en contra de los actos del Juez Séptimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla y otra autoridad, Exhortación a las partes para mejorar la comunicación. Asimismo, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del acuerdo precitado, solicítese a las partes para que señalen correos electrónicos -ya sea oficiales o personales, según corresponda- y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean partes, con el propósito de que se pueda entablar comunicaciones no procesales. En el entendido de que deberán registrarse y, de ser necesario incorporarse previa certificación correspondiente. Exhortación a las partes para transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Además, con apoyo en los artículos 22, fracción I y 28 a 31 del acuerdo en cita, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En ese tenor, se exhorta para que soliciten la consulta y práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 29 a 31 del acuerdo general 21/2020, de referencia, para lo cual deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación (firma electrónica que produce los mismos efectos jurídicos que la autógrafa); en el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. En el entendido de que la solicitud de consulta electrónica no implica la notificación por esa vía, sino que debe solicitarse expresamente para transitar hacia la actuación plena desde el Portal de Servicios en Línea. Consulta física del expediente. Se les hace saber a las partes que para la consulta física del expediente, en términos de lo establecido en el artículo 3 del multirreferido Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" en el cual se encuentra el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles para la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que se indica en la demanda de amparo. Se tienen como autorizados en términos de lo dispuesto por el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo a Javier Cabrera Hernández por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro digital: 188643 Instancia: Pleno Tipo: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001 Materia(s): Constitucional Tesis: Tesis: P./J. 128/2001 Página: 803 CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Acto reclamado. Ahora bien, la demanda de amparo que se analiza fue promovida por Mary Carmen Hernández Benítez, en contra de las autoridades y actos reclamados que a continuación se transcriben: "III.- SENALO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE: a). Como ORDENADORA, al Ciudadano Juez Séptimo Especializado en Materia Mercantil de este Distrito Judicial de Puebla, con domicilio en ciudad Judicial Siglo Veintiuno de esta ciudad de Puebla, quien actúa dentro del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 29/2019, promovido por el señor Jorge Ortiz Sampedro, a través de su endosatario en procuración, y en contra de la señora María del Carmen Benítez Xicoténcati. b). - Señalo como AUTORIDADES EJECUTORAS: 1. Al Ciudadano Registrador Público de la Propiedad de esta ciudad de Puebla. IV.- ACTO RECLAMADO: a).-Del Ciudadano Juez Séptimo Especializado en Materia Mercantil de este Distrito Judicial de Puebla, reclamo EL EMBARGO ORDENADO con fecha doce de abril del año en curso, sobre el Departamento número Seis, Edifico "B", Trece, Andador del Faisán, de la unidad habitacional La Margarita de esta ciudad de Puebla, mismo que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad de Puebla, el cual es de mi legitima propiedad, embargo ordenado, dentro del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 29/2019, promovido por el señor RAMÓN ÁNGEL GRACIDA RODRIGUEZ, en contra de la señora María del Carmen Benítez Xicoténcati. b).-Del Ciudadano Registrador Publico de la Propiedad de esta ciudad de Puebla, RECLAMO LA INSCRIPCION DEL ILEGAL EMBARGO, ordenado por el Ciudadano Séptimo Especializado en Materia Mercantil de este Distrito Judicial de Puebla, dentro del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 29/2019, de fecha doce de abril de dos mil veintidós, sobre el Departamento número Seis, Edifico "B", Trece, Andador del Faisán, de la unidad habitacional La Margarita de esta ciudad de Puebla, mismo que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad de Puebla, bajo el número 165070 del índice mayor, bien inmueble que es de mi propiedad." Asimismo, la quejosa esgrime como conceptos de violación los que a continuación se transcriben: "Se viola en mi perjuicio las garantías individuales y las formalidades esenciales del procedimiento, consagradas en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución, puesto que tal y como se demostrara con el informe justificado que rinda la Autoridad señalada como Responsable Ordenadora, efectivamente con fecha doce de abril del año en curso, se embarga el Departamento número Seis, Edifico "B", Trece, Andador del Faisán, de la unidad habitacional La Margarita de esta ciudad de Puebla, dentro del juicio mercantil de donde proviene el acto reclamado, propiedad que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad de Puebla, a nombre de la quejosa, tal y como lo demuestro mediante certificado de libertad de gravamen de fecha tres de junio de dos mil veintidós, bajo el folio real inmobiliario 165070. Es ilegal el embargo antes citado, toda vez que dicho secuestro recayó sobre bienes de mi propiedad, puesto que por Donación pura otorgada por los señores Teodoro Jesús Hernández Morales y María del Carmen Benítez Xicoténcatl, la quejosa adquirió la propiedad del departamento antes citada, hecho que demuestro ante este Juzgado de Distrito, mediante el contrato privado de donación pura de fecha primo de octubre del dos mil veintidós, emitido por la notaría pública número veintiséis de esta ciudad, documento que exhibo mediante copia certificada para que surta sus efectos legales; siendo que el embargo del que se queja la promovente es ilegal, ya que dicho inmueble salido del patrimonio de la deudora María del Carmen Benítez Xicoténcatl, dentro del juicio mercantil de referencia, por lo tanto deviene de ilegal el embargo citado, así como su correspondiente inscripción y reinscripciones ante la Responsable Ejecutora, puesto que existe jurisprudencia en ese sentido: ""EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR. ILEGALIDAD DEL.-."" Así las cosas, tal y como lo demuestro mediante el instrumento notarial referido, se acredita fehacientemente que en la fecha en que se trabo el embargo sobre la casa en comentó y su respectiva inscripción en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad de Puebla, (doce de abril del año en curso), ya no pertenecía a la parte demandada dentro de procedimiento mercantil que da origen al presente juicio de garantías, lo que resulta violatorio de mis garantías individuales, toda vez que el mencionado contrato de donación cumple con todos y cada uno de los requisitos legales que los de su especie deben contener, por lo que tengo el interés jurídico para comparecer al presente juicio de garantías, en base al contrato de donación a mi favor, por ende, con la donación muticitada, se acredita que, se me cedió la propiedad del departamento multicitado y con anterioridad al embargo practicado dentro del juicio mercantil generador del acto reclamado, por lo tanto, existe un acto de molestia para la promovente, ya que existe riesgo inminente de la privación del bien inmueble de mi propiedad, que como consecuencia, también se acredita mi interés jurídico para solicitar la protección constitucional que ahora invoco." Como se observa, en síntesis la solicitante se duele del embargo trabado en el juicio ejecutivo mercantil de origen, pues aduce que el mismo es ilegal y le afecta, ya que tiene la propiedad del inmueble que adquirió mediante donación, lo que demuestra con el instrumento notarial que anexó al ocurso de amparo. También del anexo de la demanda de amparo consistente en la "hoja para expedición de certificaciones" del folio inmobiliario 0165070 1, se aprecia que el embargo del inmueble identificado como departamento marcado con el número seis, edificio "B", Trece, Andador del Faisán de la Unidad habitacional La Margarita de la ciudad de Puebla, cuyo folio real inmobiliario es 0165070 1, ordenado por el Juez Séptimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, se inscripción el dieciséis de abril de dos mil diecinueve y su reinscripción el doce de abril de dos mil veintidós. Ahora bien, para precisar el acto reclamado ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente a lo formalmente expresado, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Aunado a que, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el solicitante de la protección constitucional, y no únicamente a lo que en apariencia manifestó, en virtud de que sólo de esta manera se logra resolver de manera congruente entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguiente: "Época: Novena Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese contexto se precisa que la quejosa reclama del Juez Séptimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla el embargo ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 29/2019 respecto del bien inmueble identificado como departamento marcado con el número seis, edificio "B", Trece, Andador del Faisán de la Unidad habitacional La Margarita de la ciudad de Puebla, cuyo folio real inmobiliario es 0165070 1 y su respectiva inscripción. Sin que obste que la quejosa aduzca que reclama el embargo de doce de abril de dos mil veintidós, pues dicho acto solo es la reinscripción del embargo originario del juicio de donde emana el acto reclamado, aunado que no lo reclama por vicios propios, pues sus argumentos son conducentes en torno al embargo del citado inmueble el cual fue inscrito el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, que es el acto que en realidad en un momento dado le pudiera afectar. Causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, con relación a los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo Precisado lo anterior, por el acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, con relación a los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que se surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que se haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computarán a partir del día de su entrada en vigor." Así, en términos del artículo 18 de la ley de la materia claramente se observa que el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, que se contará, desde el día hábil siguiente al en que: 1) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo reclamado. 2) El quejoso tenga conocimiento del acto o su ejecución. 3) Se haya ostentado sabedor de los mismos. Destacando que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de interponerse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; pero tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado; es decir, de manera integral, según lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, consultable a página 6, cuyo rubro se lee: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. Por su parte, en la hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente "al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado, porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, 193-198 Primera Parte, página 71, que se lee como sigue: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.". Así como, la jurisprudencia XXI.2o.P.A.J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible a página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)." Por tanto, la omisión de promover el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el artículo 17, de la Ley de Amparo, entraña un consentimiento tácito, entendiéndose por tal, la actitud pasiva que asume el supuesto afectado por el acto de autoridad de no defenderse de éste, en términos del precepto de que se trata. Ahora bien, en el índice de este juzgado se encuentra radicado el juicio de amparo 2202/2019, del cual se advierte que fue promovido por la misma quejosa, en contra de las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: Del Juez Séptimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla: ( La orden de embargo dictada dentro del juicio ejecutivo mercantil 29/2019, de su estadística, respecto del departamento marcado con el número seis, edificio "B", Trece, Andador del Faisán de la Unidad habitacional La Margarita de la ciudad de Puebla Del Diligenciario non del Juzgado Séptimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla, Puebla: ( El embargo trabado sobre el bien inmueble referido. De la Registradora Pública de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Puebla: ( La inscripción del embargo trabado sobre el bien inmueble materia del juicio de origen. Lo anterior, se trae como hecho notorio con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2 y la jurisprudencia número XXII. J/12, novena época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, con número de registro 199531, página 295, de rubro "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN." Demanda que fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, la cual se recibió por la Oficialía de Partes de este juzgado ese mismo día; por tanto, cuando menos a partir de esa data la parte quejosa conoció del acto aquí reclamado consistente en el embargo ordenado en el juicio ejecutivo mercantil 29/2019 del índice del Juzgado Séptimo Especializado en Materia Mercantil del Distrito Judicial de Puebla respecto del bien inmueble identificado como departamento marcado con el número seis, edificio "B", Trece, Andador del Faisán de la Unidad habitacional La Margarita de la ciudad de Puebla, cuyo folio real inmobiliario es 0165070 1 y su respectiva inscripción. En consecuencia, si la parte quejosa presentó la demanda de amparo 2022/2019 el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, reconociendo la existencia del embargo, el cual dio lugar al acto que en esta vía reclama, los quince días para promover la demanda de amparo fenecieron el veintiuno de enero de dos mil veinte, previo descuento de los días sábado y domingo, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; por lo tanto, si presentó la demanda de amparo en el buzón judicial el veintitrés de junio de dos mil veintidós, como se advierte de la papeleta de turno y certificación secretarial de cuenta, es claro que transcurrió el término de quince días, por lo que la acción constitucional se instó después de concluido el plazo legal que estatuye el precepto 17 de la ley de la materia; esto es, en forma extemporánea. Lo anterior, en virtud de que, como se dijo, desde esa data conocía el embargo trabado sobre el inmueble materia de la litis. Apoya a lo anterior, la tesis aislada I.13o.A.36 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia Común, página 1394, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL". De igual forma, tiene aplicación al caso que nos ocupa, el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a foja 165, tomo VI, Apéndice 2000, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO". Tal circunstancia motiva la actualización de la causal de improcedencia advertida y, por ello, no pueden analizarse los actos que en esta vía impugna; máxime que su naturaleza impide encuadrarlos en alguno de los supuestos de excepción previstos en el aludido numeral 17 del ordenamiento legal antes invocado. Además, la causal de improcedencia en comento es de estudio preferente a las restantes porque si la demanda no se presentó en tiempo, el juzgador ya no podrá actualizar ninguna otra diversa, en virtud de que la acción en sí misma es improcedente por extemporánea. En las relatadas circunstancias, al existir un motivo manifiesto e indudable de la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley en mención se desecha de plano la demanda de amparo. Transparencia De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y reformada mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -aplicable al caso concreto-, este Juzgado de Distrito se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. Digitalización y expediente electrónico En observancia al acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo en cita. Comunicaciones entre órganos del Poder Judicial de la Federación Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. Publicación de listas Las listas se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes, tal y como lo establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, en virtud de que no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a este órgano jurisdiccional. En el entendido de que estas se generan de manera automática en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y pueden ser consultadas por la partes en la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/expdientes/circuitos.asp?Cir=6&Exp=1. Además, de conformidad con el citado artículo del acuerdo general se comisiona a los actuarios judiciales adscritos a este juzgado federal remitan por correo electrónico a la administración de este edificio sede la lista de publicación de expedientes, para que esta la coloque en un espacio de fácil acceso para su consulta. Firma Electrónica (FIREL) Con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Anuar Helios Melchor Cruz, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta del Encargado de Despacho de la Dirección de Operaciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, a través del cual remite copia certificada de diversas constancias de las que se advierte lo siguiente: Acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, dictado por la autoridad oficiante, del que se advierte que ordenó desincorporar de la esfera jurídica de Juan **-aquí quejoso-, las obligaciones previstas en la Ley de Vialidad para el Estado de Puebla, específicamente el artículo 52 Bis; para que ninguna autoridad vuelva a aplicarlos en su perjuicio, mientras éste se encuentre vigente. Asimismo, ordenó dejar insubsistentes las boletas de infracción 12438311, 12623725, 12766132 y 12841301, y eliminar del Portal de Movilidad Segura. Del mismo modo, ordenó girar oficio a la Directora de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, por el que le solicitó gire sus instrucciones a quien corresponda, para que devuelva al quejoso la cantidad que pagó por el cobro de las multas impuestas y para que no se generen en lo futuro boletas de infracción al quejoso. Aunado a lo anterior, adjunta copia certificada del acuse de recibo del oficio SSP/SUBCOP/DGPEP/DOP/J-01774/2022, dirigido a la Directora de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, para que atienda lo ordenado por el Encargado de Despacho de la Dirección de Operaciones Policiales. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo informado, a fin de que sea tomado en consideración al momento de proveer sobre el cumplimiento del fallo protector. ...
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