Mary Carmen García González

Expediente 138/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
138/2016
Año
2016
Actuaciones
17
Última actuación
19/04/2017

Partes del expediente

  • Mary Carmen García González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    VII.- La certificación de cuenta evidencia que las partes, dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrieron la sentencia de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante sentencia de veinte de diciembre de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    VII) V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 138/2016-VII, promovido por Mary Carmen García González, por derecho propio, contra actos del Director General del Instituto de la Función Registral del Municipio de Tenango del Valle, Estado de México; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el tres de febrero de dos mil dieciséis (foja 1), en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, y remitido el mismo día a este juzgado, Mary Carmen García González, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridades responsables que a continuación se precisan: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Director General del Instituto de la Función Registral del Municipio de Tenango del Valle, Estado de México. IV. ACTOS RECLAMADOS: El cobro inconstitucional de los siguientes derechos que realizó el Instituto de la Función Registral en mi entero perjuicio: a) El derecho de la expedición del certificado de libertad de gravámenes practicado el 29 de octubre de 2012 por la cantidad de $752.00 (setecientos cincuenta y dos pesos 00/1000 M.N.) b) El derecho de inscripción de compraventa realizada mediante recibo oficial IDP30238625793102233, el día veintitrés de enero de dos mil trece, por la cantidad de $235.00 (doscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) c) El derecho de la cancelación de gravámenes, anotaciones marginales, o limitaciones, realizada mediante recibo oficial IDP30238625793102233, el día veintitrés de enero de dos mil trece, por la cantidad de $235.00 (doscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.).". SEGUNDO. Preceptos constitucionales vulnerados. La peticionaria de amparo argumentó en su demanda que los actos de autoridad que combatía vulneraban en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 2 a 8) TERCERO. Trámite y primera resolución. El ocho de febrero de dos mil dieciséis (fojas 15 a 18), este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional que se llevó a cabo el siete de marzo de dos mil dieciséis, en la que se resolvió sobreseer en el juicio ante la inexistencia de los actos de aplicación fundados en las porciones normativas que la parte quejosa señaló en sus conceptos de violación (fojas 68 a 72). CUARTO. Revisión. Inconforme con dicha determinación, la quejosa promovió el recurso de revisión 216/2016 que por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que en sesión de catorce de octubre de dos mil dieciséis determinó dejar sin efectos la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, para que este Juzgado de Distrito diera vista a la parte quejosa con el informe justificado mediante notificación personal y la requiriera a fin de que: a) Manifestara si era su deseo señalar como actos reclamados destacados los artículos 95 y 100 del Código Financiero del Estado de México y Municipios; o bien los diversos 77, fracción l y ll; y 83, fracción l, inciso D, de la citada codificación; o bien todos ellos, así como advertirla que de ser así debería señalar como autoridades responsables a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomienda su promulgación y a las autoridades que hubiesen intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, únicamente cuando impugnara sus actos por vicios propios, ello en términos de lo previsto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de amparo. Destacando que en relación a dicha cuestión este juzgador también habría de advertir a la promovente que para el caso de que manifestara que sí era su intención señalar como actos reclamados los artículo 95 y 100 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, habría de considerar o tener presente que al menos por lo que hace al cobro del derecho denominado "LIBERTAD O EXISTENCIA DE GRAVAMENES. EXPEDIENTE DE CERTIFIADO DE LIBERTAD O EXISTENCIA DE GRAVAMENES POR CADA LOTE, FRACCION O VIVIENDA" el artículo en que se fundó éste es el diverso 83, fracción l, inciso D, de citado código, según se advertía de la propia documental que al efecto exhibió la parte quejosa como anexo a su demanda de amparo; y por lo que hace al cobro del resto de los derechos relativos a "la cancelación de la hipoteca, compraventa e hipoteca", éste se sustentaba en el diverso artículo 77 fracciones l y ll, de la citada codificación, según se advertía de la documental que al respecto exhibió la responsable y de lo expuesto en su informe justificado. b) Precisara o aclarara la denominación del resto de los derechos de los cuales se dolía con motivo del instrumento notarial celebrado el treinta de octubre de dos mil doce; pues en la demanda de amparo los identificó o enunció de manera diversa a aquella en la que la responsable lo hizo al rendir el informe justificado. Lo anterior sin perjuicio que ante la posibilidad de la actualización de alguna causa de improcedencia como podría ser la relativa a la promoción extemporánea del juicio constitucional, por ser la procedencia del juicio una cuestión de orden público, era indispensable que el Juez Federal indagara y se allegara de las constancias que resultaran necesarias a fin de contar con elementos que generaran certeza de cuándo fue que se aplicó a la parte quejosa el precepto legal combatido y la fecha en que tuvo conocimiento. Precisando que se hacía indispensable contar con mayores elementos probatorios, como lo sería el requerimiento del informe respectivo al notario público ante el cual se llevó a cabo el contrato de compraventa, en relación con si en la fecha en que se originó la protocolización del instrumento público de que se trataba, efectuó la retención del importe correspondiente al pago de los derechos generados con motivo de su inscripción, si en el documento respectivo precisó la liquidación y el sustento legal de dicha actuación, y si informó a la contribuyente el fundamento legal de la retención, así como la fecha en que ello ocurrió. QUINTO. Reposición del procedimiento. En cumplimiento a lo anterior, mediante auto de tres de noviembre de dos mil dieciséis, se reanudó el procedimiento, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y se requirió a la quejosa en los términos precisados en la ejecutoria en comento, apercibiéndola que de ser omisa al respecto, se proseguiría la tramitación del presente juicio de amparo, únicamente por la autoridad responsable y actos reclamados por los que se tramitaba el presente juicio (fojas 114 y 115), sin que haya dado cumplimiento a dicho requerimiento, no obstante estar notifica del auto por el cual se le requirió (foja 115). En diverso de dos de diciembre de dos mil dieciséis, se requirió al Notario Público Número Ciento Tres del Distrito Federal y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, para que remitiera el informe respectivo señalado en la ejecutoria del colegiado, respecto de la escritura pública número ciento cuarenta y cinco mil novecientos noventa y cinco (145,995), de treinta de octubre de dos mil doce (fojas 118 y 119). SEXTO. Audiencia constitucional. Después de diferirse en múltiples ocasiones por las razones que obran en autos, el día de hoy tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, en la cual se tuvo por perdido el derecho de la parte quejosa para dar cumplimiento al requerimiento contenido en auto de tres de noviembre de dos mil dieciséis y en consecuencia se ordenó continuar con la tramitación del presente juicio únicamente por la autoridad responsable y actos reclamados mencionado en el escrito inicial. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud que el presente juicio se promueve contra el cobro y pago de derechos derivado de la aplicación de normas generales en materia administrativa, con motivo de servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, respecto de la inscripción de actos relativos a un bien inmueble ubicado dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, y atribuido a una autoridad que tiene su residencia oficial dentro de la citada demarcación territorial. SEGUNDO. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, debe precisarse que del análisis íntegro de la demanda de amparo y del informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente lo siguiente: 1. El cobro de la cantidad pagada por concepto de derecho de expedición de certificado de libertad o existencia de gravámenes de veintinueve de octubre de dos mil doce, por la cantidad de $752.00 (setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), sustentado en el artículo 83, fracción I, inciso D del Código Financiero del Estado de México y Municipios, mediante línea de captura IH1O0224793692358227. 2. El cobro del derecho de inscripción de los tres actos jurídicos contenidos en la escritura ciento cuarenta y cinco mil novecientos noventa y cinco -cancelación parcial de hipoteca, compraventa, así como mutuo con interés y garantía hipotecaria-, otorgada ante la fe del Notario Público Número Ciento Tres, del Distrito Federal y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, por la cantidad de $235.00 (dos cientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) de conformidad con lo establecido en las fracciones I y II del artículo 77 del Código Financiero del Estado de México y Municipios para el ejercicio fiscal 2012, mediante línea de captura IDP30238625793102233. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son existentes los actos reclamados pues al rendir su informe justificado la Registradora Pública de la Propiedad en el Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, aceptó la existencia del acto identificado con el numeral uno, en cuanto al cobro de los derechos por la expedición del certificado de libertad o existencia de gravámenes por la cantidad de $752.00 (setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), mediante la línea de captura IH11O0224793692358227. Y respecto de los identificados con los inciso b y c en el escrito inicial, si bien negó su existencia, lo cierto es que precisó que el diecisiete de diciembre de dos mil trece, ingresó en dicha oficina el primer testimonio de la escritura pública número ciento cuarenta y cinco mil novecientos noventa y cinco, en la que se hicieron constar tres actos consistentes en la cancelación de hipoteca, compraventa y contrato de mutuo, de los cuales se realizó un cobro total por la cantidad de $235.00 (doscientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.). Además adjuntó copias certificadas del apéndice de los documentos del trámite número 15834, de las cuales se aprecia que el cobro que precisa fue realizados de conformidad con los artículos 77 fracciones l y ll, y 81, fracción I, incido D, del Código Financiero del Estado de México y Municipios para el ejercicio fiscal 2012, en forma conjunta, a través de la línea de captura IDP30238625793102233 (fojas 23 y 58 respectivamente). Dicho informe justificado y las constancias remitidas por la citada autoridad, gozan de valor probatorio pleno ya que tienen el carácter de documentos públicos, tal como lo dispone el artículo 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2º, debido a que se trata de documentos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia y que emite un funcionario público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causas de improcedencia. Del análisis integral de la demanda de amparo, así como del informe justificado y sus anexos se obtiene que el presente juicio es improcedente porque el quejoso no agotó el principio de definitividad. A efecto de evidenciar tal aserto es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XX y XXIII, así como 107 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; siempre que se trate de; a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]." De conformidad con los artículos transcritos, en primer término el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. En el entendido que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ahora bien, en el caso particular tratándose del cobro de las cantidades pagadas por concepto de derecho de expedición de certificado de libertad o existencia de gravámenes de veintinueve de octubre de dos mil doce, por la cantidad de $752.00 (setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), sustentado en el artículo 83, fracción I, inciso D del Código Financiero del Estado de México y Municipios, mediante línea de captura IH1O0224793692358227, así como por el derecho de inscripción de los tres actos jurídicos contenidos en la escritura ciento cuarenta y cinco mil novecientos noventa y cinco -cancelación parcial de hipoteca, compraventa, así como mutuo con interés y garantía hipotecaria-, otorgada ante la fe del Notario Público Número Ciento Tres, del Distrito Federal y Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, por la cantidad de $235.00 (dos cientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) sustentado en las fracciones I y II del artículo 77 del Código Financiero del Estado de México y Municipios para el ejercicio fiscal 2012, mediante línea de captura IDP30238625793102233; previo a acudir al juicio de amparo, la parte quejosa debía impugnarlos en sede administrativa ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en términos del Código Administrativo del Estado de México, pues al respecto existe jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa de este Circuito Judicial, en la que se definió que dicho ordenamiento no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, que los previsto en la Ley de Amparo y, por tanto, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional. Dicho criterio está localizable en la Décima Época, Registro: 2010436, Instancia: Plenos de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: PC.II.A. J/3 A (10a.), Página: 2936, con el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional.". Máxime que la parte quejosa no se ubica en alguno de los casos de excepción al principio de definitividad que prevé la fracción XX del citado artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que del anexo que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado se obtiene que los actos reclamados no carecen de fundamentación, y del análisis integral de sus conceptos de violación no se advierte que sólo alegue violaciones directas a la Constitución, aunado a que el juicio contencioso administrativo al que se ha hecho mención, se encuentra previsto en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; con fundamento en el numeral 63 fracción V del cuerpo de leyes en cita, se sobresee en el presente juicio por los actos y autoridad que se trata. Adicional a lo anterior conviene destacar que respecto del cobro de la cantidad pagada por concepto de derecho de expedición de certificado de libertad o existencia de gravámenes de veintinueve de octubre de dos mil doce, por la cantidad de $752.00 (setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), sustentado en el artículo 83, fracción I, inciso D del Código Financiero del Estado de México y Municipios, mediante línea de captura IH1O0224793692358227; el presente juicio también deviene improcedente pero por extemporaneidad en la presentación del escrito de demanda; ello en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con los diverso 17, primer párrafo y 18 de la citada legislación, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.).". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.". De la cita que antecede se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. De igual forma, de dicha cita se aprecia que el término de quince días para promover la demanda de amparo, se computará de acuerdo con dos supuestos, a saber: a) a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; y, b) a partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 de la citada ley, el cual se refiere a la hipótesis en que se reclame una norma general autoaplicativa, supuesto en el que dicho término se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, la causal de improcedencia en cita se actualiza debido a que si bien el quejoso refiere que los actos reclamados los conoció el doce de enero de dos mil dieciséis, al recoger el testimonio de la escritura que generó los cobros reclamados; lo cierto es que de autos se advierte que por lo que se refiere al primero de los actos reclamado, tuvo conocimiento de su existencia al menos desde el treinta de octubre de dos mil doce, temporalidad en la que firmó la mencionada escritura que obra en copia certificada glosada al presente expediente (fojas 28 a 65). Lo anterior es así porque en el antecedente décimo sexto del citado documento, el notario describe el certificado de libertad de gravámenes expedido por la autoridad responsable (foja 38), y certifica que se agrega al apéndice de dicha escritura con la letra "A" (foja 58). Aunado a que del citado anexo "A" de la mencionada escritura, se obtiene que lo constituye propiamente el volante universal IFR-MOD-MPOOR-UNI-01, con línea de captura IH1O0224793692358227, en el que se describe el cobro por la expedición del referido certificado y su fundamento legal, así como el recibo de pago correspondiente con fecha quince de octubre de dos mil doce (fojas 58 y 59), es decir, efectuado con anterioridad a la firma del referido documento. En este sentido, es inconcuso que a la fecha de la firma de la citada escritura, la quejosa ya tenía conocimiento del cobro en mención porque incluso fue realizado con anterioridad, y en la temporalidad de la firma se hizo constar su descripción como anexo "A". De ahí que por lo que a dicho cobro se refiere, adicionalmente el presente juicio también deviene improcedente pero por extemporáneo en términos del artículo 61, fracción XIV, en relación con los diverso 17, primer párrafo y 18 de la citada legislación. En consecuencia, con fundamento en el numeral 63 fracción V del cuerpo de leyes en cita, se sobresee en el presente juicio por los actos y autoridad precisados en esta resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74 a 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Mary Carmen García González, por derecho propio, respecto de los actos reclamados y autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante la Secretaria, Carolina Denysee Villagrán Salinas, quien da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VII. Toluca, Estado de México; quince de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual remite copia certificada de diversas constancias del juicio de amparo 129/2016, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    VII. Toluca, Estado de México; ocho de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual remite copia certificada del recurso de revisión 262/2016-V y del diverso recurso de reclamación 19/2016-V. Ahora bien, de autos se aprecia que en auto de veintisiete de febrero del presente año, se solicitó de manera atenta al Tribunal de alzada copia certificada de la papeleta de turno, escrito de demanda y sentencia del juicio de amparo indirecto 129/2016 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; por tanto, solicítese nuevamente al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que de no tener inconveniente, remita copia certificada de la papeleta de turno, escrito de demanda, y sentencia, lo anterior, con relación al expediente citado (juicio de amparo indirecto 129/2016); toda vez que es la autoridad que cuenta con los autos originales de dicho juicio de amparo indirecto y tales constancias se consideran necesarias para resolver este expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

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