Mary Angelica Perez Lopez
Expediente 225/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 225/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Mary Angelica Perez Lopez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito presentado vía electrónica, por Fernando Eduardo Alpuche Ojeda, autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la directo quejosa Mary Angélica Pérez López, por medio del cual solicita la devolución de los billetes de depósito, por los cuales se constituyó la garantía suspensional provisional y definitiva; y en atención a su contenido, dígasele que no se accede a su petición. Ello en virtud, de que en autos del presente juicio de amparo, no obran los billetes de depósito a que hace referencia en el escrito de mérito, en atención a que mediante acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se desechó el presente juicio de amparo, promovido por la referida quejosa Pérez López, siendo que, en auto de tres de marzo de dos mil veintidós, causó estado el acuerdo de desechamiento, por lo que se ordenó el archivo definitivo del presente juicio, de ahí que, al no haberse admitido la demanda de amparo, no se ordenó formar el incidente de suspensión, y por ende, tampoco se solicitó garantía alguna. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán; tres de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de dieciséis de febrero del presente año, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio signado por María Angélica Pérez López, con el cual desahoga la prevención efectuada en proveído de veintiocho de enero del año en curso. En ese sentido se advierte que los actos reclamados por la parte impetrante de amparo Mary Angélica Pérez López, consisten medularmente en la sentencia dictada por la Sala Colegiala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el toca 780/2021, correspondiente al recurso de apelación promovido por la parte aquí quejosa, en contra de los autos de veintidós de marzo y siete de mayo de dos mil veintiuno, en los que el Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, reconoció al señor Alejandro Zacarías Martínez, su carácter de cesionario de los derechos y acciones que le correspondían al actor "Banco Mercantil del Norte", Sociedad Anónima, en autos del juicio extraordinario hipotecario 906/2016, que se sigue en contra y otra persona. Ahora bien, de una revisión de la demanda de amparo, se advierte que, en el caso, se actualiza de forma manifiesta e indudable un motivo de improcedencia, lo que conduce a DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la presente demanda de amparo, por cuanto al acto reclamado que en la misma se refiere. En efecto, previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En el caso, se estima procedente desechar la demanda de amparo intentada, toda vez que al respecto se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" Conforme a los numerales previamente reproducidos, se tiene que en el caso en que se promueva un juicio de amparo indirecto contra actos de ejecución de sentencia, éste procederá contra la última resolución dictada en ese procedimiento, en cuyo caso los quejosos podrán reclamar en su demanda las diversas violaciones cometidas durante el mismo, que los hubieren dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. Así, la regla específica para la procedencia del juicio de amparo indirecto, prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, hace referencia a que se combata la "última resolución" de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia definitiva; circunstancia que presupone normativamente la existencia de una determinación que goza ya del carácter de cosa juzgada, la que por ser de orden público debe cumplirse en forma efectiva. Además, en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, el legislador tiende a evitar su obstaculización permitiendo que en el juicio constitucional se combata precisamente la "última resolución" que se emita en el procedimiento de ejecución respectivo, y no así sucesivas determinaciones, es por ello que la "última resolución" en contra de la cual procede el juicio de amparo biinstancial, en términos del numeral de mérito, es aquella en la que: Se aprueba o reconoce el cumplimiento total de tal resolución definitiva. Declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento. Las que ordenan el archivo definitivo del expediente ó, Tratándose de los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En el entendido de que cualquiera que sea el caso en que se ubique el accionante de amparo, éste podrá hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que lo hubieren dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. En otras palabras, la Ley de Amparo no permite que se promueva el amparo respecto de todos y cada uno de los actos que durante la etapa de ejecución se lleguen a dictar, sino que limita su promoción a la última resolución en dicho procedimiento, cuyas hipótesis han sido acotadas. Lo anterior encuentra su razón de ser porque el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución, esto es, evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo, al impugnar la última resolución dictada, pueda hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se hubieren cometido. Así, en el caso concreto, la quejosa no se encuentra en alguna de las hipótesis de procedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la nueva Ley de Amparo, pues de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio de mérito, se advierte lo siguiente: - La quejosa reclama de la responsable, la sentencia dictada por la Sala Colegiala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el toca 780/2021, correspondiente al recurso de apelación promovido por la parte aquí quejosa, en contra de los autos de veintidós de marzo y siete de mayo de dos mil veintiuno, en los que el Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, reconoció al señor Alejandro Zacarías Martínez, su carácter de cesionario de los derechos y acciones que le correspondían al actor "Banco Mercantil del Norte", Sociedad Anónima, en autos del juicio extraordinario hipotecario 906/2016, que se sigue en contra y otra persona. Mismo juicio extraordinario hipotecario, que actualmente se encuentra en etapa de ejecución, habida cuenta que ya se emitió sentencia en el mismo, según manifestaciones de la parte quejosa. Así, lo anterior pone en evidencia que dicha resolución no constituye la resolución definitiva en la etapa de ejecución a que se refiere la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo; por tanto, para instar el juicio de amparo, se debe esperar a que se emita la determinación en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas que lo hubiere dejado sin defensa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia con número de registro 2016357, sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Marzo de 2018, Décima Época, visible en la página 1691, cuyo rubro es el siguiente: "CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO SE IMPUGNA EN FORMA AUTÓNOMA LA RESOLUCIÓN QUE LA RECONOCE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, AL NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS. Conforme a los artículos 2029 y 2030, tanto del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, como del Código Civil Federal, la cesión de derechos litigiosos comprende la transmisión de los derechos de la relación materia de la controversia y, en consecuencia, de la posición procesal del cedente, lo cual puede acontecer, incluso, una vez concluido el juicio, pues no existe disposición legal que lo limite. Así, en la etapa de ejecución de sentencia, el cesionario no adquiere una mera expectativa del derecho que previamente correspondía al cedente, pues éste ya fue declarado en el juicio, por lo cual, lo que adquiere es la facultad para exigir el cumplimiento de lo sentenciado; por ello, la resolución que reconoce la cesión de esta clase de derechos en la etapa de ejecución sólo podría afectar derechos adjetivos, en sede jurisdiccional, ya que permite al cesionario realizar cualquier gestión con el objeto de obtener el cumplimiento de la condena, lo cual guarda relación con la cosa juzgada y, además, porque el ejecutado se encuentra en condiciones de cumplir su condena ante la autoridad judicial, con independencia de la persona que ostente la calidad de acreedor. Por tanto, dicha resolución no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto de forma autónoma, sino que para ello, el ejecutado sólo podrá hacerlo una vez que se emita la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando se apruebe el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que ordene el archivo definitivo del expediente, en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que no existe afectación a derechos sustantivos, porque aunque se demostrara que la cesión no debió reconocerse, no se generan consecuencias que restrinjan al ejecutado, en forma actual, el ejercicio de un derecho fundamental (como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera). En todo caso, si al impugnarse la resolución referida a través del juicio de amparo conjuntamente con la última dictada en el procedimiento de ejecución, se determina que resultó fundada la oposición del ejecutado a la cesión de derechos litigiosos, la consecuencia sería declarar su invalidez y reponer el procedimiento a partir de dicha violación para que la autoridad judicial ejecute la sentencia, pero ahora en favor del cedente." En ese sentido, se estima que se actualiza la causal de improcedencia invocada, en atención a que no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia emitida en el juicio de origen, pues no se trata de un acuerdo en el que se haya tenido por cumplida la sentencia de referencia o en el que se haya estimado la imposibilidad jurídica de cumplirla. En esa medida, al no tratarse de la última resolución en esa etapa de ejecución dentro del juicio extraordinario hipotecario, a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia antes invocada; y por ende, lo que procede es, con fundamento en el artículo 113 de la codificación en consulta, DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda en cuestión. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio signado por Fernando Eduardo Alpuche Ojeda, en su carácter de autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien pretende dar cumplimiento a la prevención realizada en proveído de veintiocho de enero del año en curso, y precisa que estado guarda el procedimiento de origen de donde deriva el acto que por esta vía reclama. No obstante lo anterior, no ha lugar a tener por cumplida la prevención formulada en el auto antes señalado, pues si bien el artículo 12 de la Ley de Amparo, permite que el quejoso o el tercero interesado autoricen personas para recibir notificaciones, las cuales tendrán facultades para darle seguimiento al procedimiento de amparo y realizar cualquier acto que sea necesario para la defensa de sus derechos, esas facultades no llegan al extremo de que puedan bajo protesta de decir verdad manifestar los actos reclamados, hechos o abstenciones que solo corresponden hacer al directo agraviado, por ser éste un acto personalísimo, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y artículo 6o. de la ley de materia, por lo cual debe concurrir en el escrito de cumplimiento a la prevención, la manifestación de voluntad de quien solicita el amparo, puesto que el ejercicio de la acción de amparo, exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción; tal y como lo señala la Jurisprudencia por contradicción de tesis 64/2014, en la cual, la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció: - Que el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. - Que lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. - Como consecuencia de lo anterior, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" como en la especie acontece en la especie, en la que se previno a la parte quejosa para el efecto, de que bajo protesta de decir verdad, manifestara el estado que actualmente se encuentra el juicio extraordinario hipotecario 909/2016, acto que constituye constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promovió la demanda de amparo, por lo que no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 61/2014, resultante de entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 28 de mayo de 2014, identificada con la Tesis: 1a./J. 50/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro Nueve, correspondiente al mes de Agosto de dos mil catorce, Tomo I, página doscientos diez, con el rubro y texto siguientes: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter ersonalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha resentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.De igual manera, aunque por analogía, sirve de apoyo, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 68, Tomo XXXIII, Junio de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Con el rubro y texto siguiente: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional. En consecuencia, y en virtud de lo narrado en los párrafos que anteceden, se estima que no se desahogó en sus términos la prevención formulada el veintiocho de enero del año en curso, lo que podrá hacer en lo que resta del término otorgado en el mismo auto; esto es, dentro del término de tres días, ello tomando en consideración que la prevención se le notificó el treinta y uno de enero del año en curso, y el escrito por el cual pretende cumplir con dicha prevención fue presentado vía electrónica el cuatro de los corrientes; en consecuencia, subsiste la prevención formulada a la parte promovente, a fin de que dé cumplimiento a la prevención que le fue hecha en estos autos. Al caso, cobra aplicación la tesis cuyo rubro y texto rezan: ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Se reitera el apercibimiento realizado en proveído de veintiocho de enero del presente año, en el sentido de que de no dar cumplimiento a lo antes expuesto, dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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