Marvin Uriel Rodriguez Garcia
Expediente 789/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 789/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Marvin Uriel Rodriguez Garcia
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio signado por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan, atento a su contenido, téngase a la autoridad oficiante, acusando recibo del oficio por el que se remitió el expediente 789/2020-IV, del índice de este juzgado, e informando que acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo; en consecuencia, háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese el presente asunto como totalmente concluido. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.
- Principal
M-IV. V I S T A la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México y otra autoridad, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 133, constitucionales. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo, este juzgador, declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, con base en las consideraciones siguientes: En virtud, de que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de garantías, se procede al análisis correspondiente. En principio, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues, de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. En ese contexto, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos; en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A guisa de ejemplo, se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el honorable Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General número 3/2013. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material; y, que la citada regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Para corroborar la certeza del anterior aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. «ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I... VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas, contra leyes o contra acto de autoridades administrativas, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." LEY DE AMPARO. REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.» La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: «COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. (S.G.F. y su Gac., tomo I, junio de 1995, página 107).» Ahora bien, debe tenerse presente que la competencia para conocer del juicio de amparo no se determina conforme a lo que la parte quejosa aduzca en su demanda, sino atendiendo a la naturaleza jurídica y circunstancias particulares del acto reclamado, puesto que el ejercicio de la función jurisdiccional, conforme a la competencia en razón de territorio, materia, grado o cualquier otra, depende de las disposiciones legales respectivas y no de la voluntad de las partes y después de realizar un estudio del escrito inicial de demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia P./J. 40/2000, visible en la página 32, del tomo XI, correspondiente al mes de abril del año dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se advierte que la parte quejosa señala lo siguiente: «IV. ACTO U OMISIÓN DE CADA AUTORIDAD, SE RECLAMA: Del Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, se reclama: LA INCONSTITUCIONALIDAD E INCONVENCIONALIDAD del auto de vinculación a proceso de fecha seis de septiembre del dos mil veinte, dictado dentro de la causa de control 1423/2020 (.) Del Director del Centro Preventivo y de Reinserción Social de Santa María Chiconautla, Municipio de Ecatepec, Estado de México, se reclama: EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, en agravio del suscrito del auto de vinculación a proceso de fecha seis de septiembre del dos mil veinte, dentro de la causa de control 1423/2020, así como la medida cautelar de prisión preventiva que de este auto deriva.» En esa tesitura, resulta evidente que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: «Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. (.)» En efecto, el dispositivo legal transcrito señala que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, por tanto, este órgano jurisdiccional carece de competencia por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo, en virtud de que el acto reclamado se hace consistir en el auto de vinculación a proceso y su ejecución, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por lo que la competencia debe resolverse en función de los elementos objetivos existentes en autos, como puede ser que los actos reclamados fueron emitidos que éstos se efectuarán sobre la persona del aquí quejoso Marvin Uriel Rodríguez García, quien se encuentra recluido en el Centro Preventivo y de Reinserción Social de Santa María Chiconautla, Municipio de Ecatepec, Estado de México, lo que indudablemente conlleva ejecución material, lo cual, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en su párrafo primero, se ejecutará fuera de la circunscripción territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción y, por ende, competente. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que, al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuente el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia de la Séptima Época, Instancia Auxiliar, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 217-228 Séptima Parte, Página: 88, que a la letra dice: «COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. » De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página setenta y tres, del tomo 217-228, tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: «COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ.» Lo anterior se considera así, en razón de que los actos que la parte quejosa reclama, no se advierte que tengan ejecución alguna en el lugar en que reside este Juzgado Federal. Por lo tanto, tomando en consideración los actos aquí reclamados, así como el criterio sustentado de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inserto en la jurisprudencia número 2a./J. 146/2002, la cual resulta obligatoria para los Juzgados de Distrito en términos del numeral 217 de la Ley de Amparo, se estima que se deben remitir los autos de este asunto a un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, en tanto que tiene jurisdicción en el lugar donde surtirán todos sus efectos jurídicos los actos que por esta vía constitucional controvierte el quejoso, esto es, en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Además, de que la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de garantías no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Así, la regla competencial fijada en el artículo del que se ha dado noticia consiste en que los actos reclamados que requieren ejecución material y, concretamente, dentro de la primera hipótesis de competencia, es decir, en la que señala que conocerá del asunto relativo el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto que fue reclamado en la demanda de garantías, para poder determinar el lugar en que los gobernados cumplirán con las obligaciones, debe atender primordialmente al lugar en donde legalmente tengan el deber de acatarla, y al caso concreto, en donde se pretenda ejecutar el acto reclamado. Por los motivos antes señalados, se determina que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a este órgano de control constitucional; por ello, con apoyo en los artículos antes citados de la Ley de Amparo y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana, este juzgado declara carecer de competencia legal para conocer del presente asunto y por tanto, remítase al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, el juicio de amparo 789/2020-IV, que contiene el original de la demanda de amparo, así como copias simples que se acompañaron de la demanda, por separado. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión solicitada por la quejosa, en virtud que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Se solicita al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, al que por razón de turno corresponda conocer de la presente demanda de garantías, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. En esa tesitura, con copia de la demanda de amparo fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, en razón de que el promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágase ésta y las subsecuentes notificaciones, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista correspondiente. Encuentra apoyo a lo anterior, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, contenida a página 1067, Tomo VIII, Diciembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL". Por autorizadas a las personas que menciona, sólo en términos de la última parte párrafo segundo, del artículo 12 de la Ley de Amparo; esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, toda vez que no se proporcionaron datos de sus cedulas profesionales que acrediten la calidad de abogados con la que se ostentan, ni menos aún tener registradas su cédula profesional de abogado en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firma electrónicamente, el Juez Óscar García Vega, titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 10, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura federal; asistido por el secretario Rubén Rivera Rodríguez, que da fe.
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