Maruxa Morales Quezada

Expediente 625/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
625/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
29/08/2016

Partes del expediente

  • Maruxa Morales Quezada

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, que suscribe el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia con en la cuidad con el mismo nombre, a través del cual informa a este juzgado que mediante proveído de quince de agosto del año en curso aceptó la competencia planteada y admitió la demanda de amparo. En consecuencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente cuaderno es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL

  3. Principal

    CONSTANCIA: En cumplimiento al AVISO de nueve de agosto de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de ocho del citado mes y año, en atención a que no compareció los días diez u once de los actuales para tal efecto, el cual en lo conducente dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo promovida contra actos que reclama del DIF de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua y otra, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 625/2016-VIII; y, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, y dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene o no para conocer del presente juicio de amparo. Para tal efecto, es necesario destacar lo que establece el artículo 48 último párrafo de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. (.)" En ese tenor, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: "a).- Acto Reclamado.- De la Autoridades Ordenadoras, reclamo; Del DIF DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, la ilegalidad del Mandamiento de retener a mi menor hija sin justa causa y posteriormente entregarla a mi señora madre ***, sin ser la tutora que la suscrita nombró para tal efecto, en tal circunstancia el DIF. Debió haber entregado a mi menor hija a mi señor padre ***.- - - De esta Autoridad Responsable, como consecuencia le reclamo la ilegalidad del mandamiento de entregarle a mi madre a mi hija siendo que la única persona que ejerce la patria potestad es la suscrita." Ahora, al analizar el contenido integral del libelo constitucional se aprecia que el acto reclamado consiste, en esencia, en la retención de la menor *** sin justa causa, así como la entrega de la misma a la señora ***, sin ser la tutora de la menor. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril del año en curso, establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como se dijo, del precepto legal inserto se desprenden tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De las características y naturaleza del acto reclamado, se estima que es de aquellos en los que necesariamente se requiere una ejecución material para que se concrete, es decir, la retención de la menor ***, así como la entrega de la misma a ***, son actos cuya ejecución se llevó a cabo en Chihuahua, Chihuahua, lugar donde ejercen jurisdicción los Jueces de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, por tanto, resulta competente para conocer del juicio de amparo que nos ocupa, el Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, en Turno, con sede en Chihuahua. Ello es así, pues del escrito de demanda, hasta el momento, no se advierte que el acto reclamado tenga principio de ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este tribunal; en consecuencia, atendiendo a que en la especie se actualiza la primera de las reglas establecidas por el numeral 37 de la Ley de Amparo reformada, se considera que se surte competencia para conocer de la presente demanda a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, en Turno, con sede en Chihuahua, pues dentro de su jurisdicción se ejecutó el acto que aquí se reclama. Por su contenido ilustrativo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Volumen 74 Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA EN AMPARO.- La competencia en amparo corresponde al juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que ejecuta, o puede ejecutar, los actos que se reclaman, aunque la autoridad de quien emanen las órdenes, resida fuera de la jurisdicción de ese juez". Sirve de apoyo a lo anterior, las razones que sustentan, la Tesis VI.2o.20 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo III, Febrero de 1996, Pág. 395, bajo el texto y rubro siguiente: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras." En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y en consideración con lo dispuesto por el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referente a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, se declara legalmente incompetente para conocer de la presente demanda, declinando la competencia para tal efecto a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, en Turno, con sede en Chihuahua. Sin que sea necesario pronunciarse en términos del numeral 48 de la Ley de Amparo vigente, respecto de la suspensión de los actos reclamados, habida cuenta que no se actualizó ninguno de los supuestos que prevé el diverso artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, se ordena remitir la demanda y sus copias, solicitando atentamente el acuse de recibo respectivo, así como se informe si acepta o no la competencia planteada, dejando cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su ocurso de cuenta; asimismo, como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, en virtud de que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, previsto por el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.

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