Marussa de Arguella López Hernández

Expediente 618/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
618/2018
Año
2018
Actuaciones
14
Última actuación
10/09/2018

Partes del expediente

  • Juez Tercero de Primera Instancia, Pacho Viejo, Veracruz
  • Marussa de Arguella López Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa Marussa de Argelia López Hernández, mediante el cual solicita la devolución del billete de depósito número N 572759, que ampara la cantidad de $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 00/100 m.n.), mismo que exhibió para garantizar la suspensión provisional del acto reclamado; en consecuencia, como esta ordenado en proveído de trece de agosto del año en curso, al no existir razón para seguir conservando el billete de referencia, devuélvase directamente a la quejosa, debidamente endosado para su cobro, quien previa identificación, deberá firmar por su recibo en autos para debida constancia.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra del auto de veinte de julio de dos mil dieciocho, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído el amparo; por otra parte el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración al haberse concedido la suspensión provisional, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción y depuración, respectivamente de los mismos con posterioridad al TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al existir el original del incidente de suspensión, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Asimismo, de autos se advierte que obra por separado un cuaderno auxiliar de prueba formado con copias certificadas de las constancias remitidas por la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz; por tanto, ya que resulta innecesaria su conservación, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario que acuse de recibo, pues obrará en autos el acuse respectivo de la notificación correspondiente, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, déjese a disposición de la parte quejosa, el billete de depósito número N 572759 que ampara la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M. N.), que le será entregado previa solicitud que al efecto realice, debiendo comparecer ante este órgano jurisdiccional a recibirlo presentando identificación oficial vigente con fotografía y asentando en autos razón por su recibo para debida constancia; asimismo, se apercibe a la parte quejosa, que de no acudir al local que ocupa este órgano jurisdiccional a recibir el billete de depósito aludido, dentro del término de dos años, a partir del día siguiente a que surta sus efectos la notificación del presente proveído, atento a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación y 11 fracción III, XII, XVII, XVIII, XX y XXX , del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los mismos prescribirán a favor del Fisco Federal, por transcurrir el término señalado para tal efecto, que determina, en esencia, la fecha en que opera la prescripción de los billetes; lo anterior sin perjuicio de que el escrito de solicitud de devolución del documento que deberá realizar la parte quejosa y acuerdo de procedencia sea con fecha posterior al presente proveído, ya que la temporalidad señalada con anterioridad empezará a contar a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído.

  3. Principal

    Agréguese a los autos sin mayor proveer el escrito de cuenta signado por Julio César Pérez Arriaga, autorizado de la quejosa Marussa de Argelia López Hernández, toda vez que por auto de veinte de julio del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinte de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio del Juez Tercero de Primera Instancia Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, mediante el cual remite copias certificadas de la resolución de término constitucional de diecinueve de julio del año en curso, dictada dentro de la causa penal 39/2018, de su índice. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que en la demanda de amparo promovida por Marussa de Argelia López Hernández, reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra en la causa penal 39/2018, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, por el delito de usurpación de profesión. En ese sentido, y toda vez que este órgano jurisdiccional tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente, y analizar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, el suscrito juzgador de oficio, estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera Instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Del artículo transcrito, se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Tiene aplicación a lo anterior la tesis 51 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Tomo IV, Común, P.R. SCJN, Apéndice de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 918214, con rubro y contenido siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora bien, el Juez Tercero de Primera Instancia Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, remitió copias certificadas de la resolución de término constitucional de diecinueve de julio del año en curso, dentro de la causa penal 39/2018, en el que resolvió dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de Marussa de Argelia Hernández López ó Marussa López Hernández, al no haberse acreditado el cuerpo del delito de usurpación de profesión cometido en agravio de Claudia Iveth Pérez Casas; documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por tratarse de actuaciones expedidas por autoridad legalmente competente para ello. En ese tenor, si la demanda de amparo fue presentada el veintisiete de junio de dos mil dieciocho, y el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, el Juez Tercero de Primera Instancia Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, resolvió dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor de Marussa de Argelia Hernández López ó Marussa López Hernández; por tanto, se concluye que cambió la situación jurídica del quejoso. En efecto, la quejosa se dolía de la orden de aprehensión librada en su contra dentro de la causa penal 39/2018 y, acudió a esta instancia constitucional con la pretensión de que no se le privara de su libertad, por lo que resulta incuestionable que al haberse dictado auto de libertad por falta de elementos para procesar, ha cambiado la situación jurídica de la quejosa, por lo que las violaciones atribuidas a dicha orden deben considerarse consumadas de un modo irreparable. Sirve de apoyo lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia 1a./J.95 2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 50, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 171841, que se lee a continuación: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción XVII del numeral 61, en relación con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 184572, que se lee a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Asimismo, es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 991, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 173878, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese personalmente a la quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.

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