Marussa de Argelia López Hernández

Expediente 272/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
272/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
18/04/2018

Partes del expediente

  • Marussa de Argelia López Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE PROMOVENTE, EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Veracruz, tres de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Marussa de Argelia López Hernández, por propio derecho, contra actos de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 272/2018 que le corresponde. DESECHAMIENTO Analizada la demanda de amparo origen de este juicio, se considera procedente efectuar el siguiente pronunciamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Así, en el particular, se estima la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" El primero de los artículos indicados, refiere que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el segundo artículo dispone, en el inciso relativo, que procederá el juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del procedimiento que sean de imposible reparación. Por tanto, cuando los actos reclamados no sean de los considerados como de imposible reparación, el juicio de amparo será improcedente en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso b), este último interpretado en sentido contrario. Cabe precisar que como actos de imposible reparación, se consideran aquellos que afectan de modo inmediato y directo derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y, no se considerarán como tales cuando solamente afecten derechos adjetivos o procesales, pues no dañan a las partes ni siquiera en grado predominante o superior. Lo cual sucede por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del juicio. Al caso se invoca, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 24/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56 (agosto de 1992), con número de registro 205651, de rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Asimismo, es aplicable la tesis I.13o.A.3 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1742 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII (marzo de 2001), con epígrafe: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo que se sigue, que si el acto reclamado no afecta en forma directa e inmediata los derechos sustantivos del oferente, ni en grado predominante o superior alguno adjetivo, se considera que los efectos jurídicos producidos por éste son meramente intraprocesales. Por otro lado, de la interpretación del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es posible advertir que el orden jurídico actual reconoce como una labor fundamental de la autoridad ministerial la investigación y prosecución de posibles hechos delictuosos, sin que otorgue a los indiciados el derecho de oponerse a su continuación, aun cuando sean considerados probables responsables. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que el amparo es improcedente contra actos emitidos durante la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que dicha fase no irroga a la parte quejosa perjuicio alguno, pues, en todo caso, el mismo se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal libre la correspondiente orden de aprehensión. Consideraciones que se ven reflejadas la tesis 1a. CXXXV/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, diciembre de dos mil cuatro, página trescientos cincuenta y uno, con número de registro 180028, de rubro: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En el caso, el acto reclamado en este asunto lo constituye la resolución de veintidós de marzo del año en curso, dictada en el toca 85/2017 del índice de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; mediante la cual, en lo que aquí interesa, revocó la determinación de no ejercicio de la acción penal, emitida en la investigación ministerial 1310/2011 del índice de la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador de esta ciudad; para el efecto de que dicha representación social valorara el material probatorio, diera por justificados los elementos del tipo penal y, efectuara la determinación correspondiente. Derivado de lo anterior, se considera que el acto reclamado, por su naturaleza procesal, no constituye un acto de imposible reparación, para efectos del juicio de amparo. Esto es así, pues aunque el Fiscal responsable valore todo el material de prueba que obra en la indagatoria y tenga por justificados los elementos del tipo penal, al emitir la determinación relativa, podría determinar, nuevamente, el no ejercicio de la acción penal, esto es, la resolución que pronuncie podría favorecer los intereses de la quejosa. Por tanto, se estima que la resolución reclamada, no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, pues aquélla podría ocasionar afectación, en su caso, hasta que el Agente investigador efectúe una nueva determinación que declare procedente la acción penal y, posteriormente, la autoridad judicial competente, que conozca de la causa penal respectiva, de ser el caso, determine procedente el libramiento de una orden de aprehensión o un acto que excepcionalmente haga procedente el juicio de amparo. Momento en el que real y efectivamente se afectará el derecho de quien pide amparo, lo cual tornará procedente la instancia biistancial. Sirve de apoyo a lo argumentado, la jurisprudencia 1a./J. 87/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 71, Tomo XXIX, Enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 168201, de rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA." Sin que ello deje en estado de indefensión a la peticionaria del amparo, pues incluso, en la investigación ministerial y en el procedimiento judicializado, si lo hubiera, podría hacer valer las defensas y argumentos mediante los cuales pueda desvirtuar los hechos que se le llegaran a imputar, con las pruebas que para tal efecto ofrezca y desahogue, en los términos y requisitos fijados por la ley. De ahí, que el acto reclamado, por su naturaleza procesal, no constituya un acto de imposible reparación que haga procedente el juicio de amparo indirecto que se insta. Robustece lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 17/91emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página veinticinco, mayo de dos mil novecientos noventa y uno, tomo VII, con número de registro 205810, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En consecuencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXIII y, 107, fracción V, ambos de la Ley de la materia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tienen como sus autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a Julio César Pérez Arriaga, Heidi Hernández Moctezuma, Sergio Hernández Loyo, Jaime Pérez Fernández y Vicente López Estrada, debido a que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias de este proveído a las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante María Fernanda Prianti Gómez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; acto reclamado no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa.

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