Martiza Ramirez Martinez
Expediente 1431/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1431/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Martiza Ramirez Martinez
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, cuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha, la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Fiscal General de Justicia en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad y otras autoridades; en consecuencia, se declara que queda firme dicho auto, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal; bajo la supervisión de la Secretaría encargada del trámite, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívese como asunto totalmente concluido.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno Demanda. Vista la demanda de amparo promovida vía el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes por Maritza Ramírez Martínez, contra actos de la Fiscal General de Justicia en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número 1431/2021-5, en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Desechamiento. Ahora, en el presente caso, conforme a lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso numeral 62, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, toda vez que de su contenido integral, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 6º, ambos de la Ley de Amparo, preceptos que a la letra establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción ni del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". El primer precepto transcrito, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Ley; por su parte, el numeral 6º citado con antelación, expresa que el amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley. Esto es, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, que quien presente la demanda de amparo en su calidad de promovente deberá presentarla debidamente firmada o en su caso de no saber hacerlo, deberá plasmar su huella digital, ya que, de lo contrario, no se insta al Órgano de control constitucional para que conozca de la demanda de los solicitantes de amparo. Lo anterior, no puede ser corregido por este órgano federal mediante una prevención, ya que dicha omisión no se encuentra contemplada en las irregularidades establecidas en el artículo 114 de la Ley de Amparo; toda vez que la voluntad de las partes al exigir un derecho, debe hacerlo a través de su firma y cuando no pueda hacerlo, lo podrá hacer diversa persona. En ese contexto, se colige que, si una demanda de amparo carece de firma, no es posible apreciar la voluntad del que aparece como promovente, por lo que no hay instancia de parte y, por ende, deviene improcedente el juicio constitucional. Ahora, como se advierte de autos y de la certificación secretarial de cuenta, la demanda que dio origen a este juicio fue remitida electrónicamente vía el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, sin evidencia criptográfica de la firma de Maritza Ramírez Martínez, por lo que, al carecer de la firma electrónica de la promovente-la cual tiene el mismo efecto jurídico de la firma autógrafa-, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, como se adelantó, es procedente desechar de plano la presente demanda de amparo, al no advertirse la voluntad de la referida promovente. Asimismo, los párrafos cuarto y quinto del artículo 3º de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. (.) "Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Luego, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, mismo que en sus artículos 3º y 4°, inciso a) y 5°, establecen: "Artículo 3. Se establece la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) como el instrumento a través del cual se ingresa al Sistema Electrónico para presentar medios de impugnación (demandas), enviar promociones y/o documentos, recibir comunicaciones, notificaciones y/o documentos oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados, la cual producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, tomando en cuenta lo previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo o en las disposiciones generales aplicables a los demás asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados". "Artículo 4. Toda persona física, incluyendo a los servidores públicos, que pretenda tener acceso a la FIREL deberá obtener el certificado digital respectivo, conforme a lo siguiente: "a) El certificado digital sólo podrá ser solicitado y autorizado a personas físicas, con independencia de que éstas sean representantes de personas morales públicas o privadas; [.]". "Artículo 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL. Para tal fin también podrá utilizarse un certificado digital de firma electrónica que hubiere emitido otro órgano del Estado, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación, a través de la Unidad, haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados en términos de lo previsto en la legislación aplicable, en la inteligencia de que para acceder al Sistema Electrónico será necesaria la verificación en línea de la vigencia de los certificados. [.] Por su parte, el artículo 3°, sexto párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo establece que los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de Firma Electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. De lo anterior, se desprende que, si el escrito viene a nombre de una persona, dicha persona debe ser quien lo firme electrónicamente, pues como se establece en la normativa, la firma electrónica produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. De ahí que, en el presente caso, al carecer la demanda constitucional del certificado digital de firma electrónica de Maritza Ramírez Martínez, como se precisó en párrafos supra, lo procedente es desechar la misma. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 79, Tomo I, del libro 65, Abril de dos mil diecinueve, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2019715, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". (énfasis añadido) En ese contexto, cabe señalar que el presente caso no se encuentra en el supuesto expreso del último párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, página 921, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Máxime que dicha demanda como ya se dijo, es presentada vía el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, sin que obre firma electrónica en la misma, con fundamento en los numerales 6, 14, 48 y 52 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órgano jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Lo anterior ya que es a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual las partes y sus autorizados deben presentar sus solicitudes, promociones y demandas, a fin de que cada documento que se reciba contenga la cadena criptográfica de la firma electrónica del promovente, la cual mostrará el nombre de su titular, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, lo cual debe de ser tomado en cuenta por el órgano jurisdiccional para acordar lo conducente. Domicilio procesal y autorizados. Con base en el arábigo 12 de la Ley de Amparo, se tiene al quejoso designando como domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizando en términos amplios del citado numeral a Jorge Iván Escandón Carballo, por haberse encontrado su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de igual manera, se le tiene autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a los demás que menciona en su escrito. Notificación electrónica. Ahora, por lo que hace a la solicitud de la autorización para notificaciones electrónicas, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la legislación aplicable y lo previsto en el Acuerdo General de 12/2020 de referencia, a partir de esta determinación, háganse vía electrónica a la parte quejosa, dado que así lo solicita expresamente mediante el usuario "ivan.escandon"; mismo que se encuentra ligado con el correo electrónico ivan.escandon23@ gmail.com. Lo anterior, sin perjuicio de la designación de domicilio procesal efectuado en el escrito inicial de demanda, ya que las notificaciones deberán practicarse, por regla general, vía electrónica salvo caso extraordinario. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban de realizarse notificaciones personales a las partes, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el diligenciario de la adscripción efectúe las mismas. Transparencia. Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7°, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles que puedan contener. Notifíquese vía electrónica a la parte promovente.Así lo acordó y firma Roberto Antonio Alcoverde Martínez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria María Elena Corral Valdez, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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