Martiniano Lagunes Ventura,
Expediente 88/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 15 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 88/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 02/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Martiniano Lagunes Ventura,
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, dos de agosto de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo del expediente en que se actúa; en consecuencia, devuélvanse a la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Misantla, Veracruz, las copias certificadas del proceso penal **** que obran en un tomo por separado, toda vez que resulta innecesario, seguirlo conservando...
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Del análisis a las constancias que integran el presente juicio, se colige que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" El primero de los artículos transcritos, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por su parte, el segundo artículo, en la fracción transcrita, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio, procede limitativamente respecto de aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Lo anterior, implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material a derechos sustantivos. Como se ve, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que los actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente, revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus consecuencias pueden consumarse en forma efectiva. HECHOS Ahora bien, de las constancias que integran el proceso penal **** del índice de la autoridad responsable, las cuales obran en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2º de esta última, se advierten las siguientes actuaciones: 1. Mediante resolución de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de ***** por los hechos que la ley señala como delito de daños dolosos (fojas 115-121 del tomo de pruebas) y se autorizó dos meses como plazo de investigación complementaria. 2. Por acuerdo de veinte de abril de dos mil veintidós, previa solicitud, se otorgó al quejoso prórroga de la investigación complementaria por cuatro meses más de los dos establecidos en audiencia (foja 123 ídem). 3. Inconforme con dicha determinación, el tercero interesado **** interpuso recurso de revocación, el cual fue desechado de plano en proveído de dos de mayo de dos mil veintidós (fojas 126 y 127 ídem). 4. Posteriormente, mediante escrito presentado el tres de mayo siguiente, el aquí tercero interesado solicitó la revocación de la medida cautelar impuesta al quejoso (foja 128 ídem); en consecuencia, el Juez fijó fecha y hora para debatir la revisión de dicha medida, siendo que en resolución de dos de junio de dos mil veintidós, resolvió negar la procedencia de dicha solicitud (fojas 140- 141 ídem). 5. Seguida la secuela procesal, mediante escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veintidós, el Fiscal Quinto adscrito a la Unidad de Procuración de Justicia del Noveno Distrito Judicial, formuló acusación en contra de **** por su probable participación en los hechos que la ley señala como el delito de **** (fojas 158-166 ídem). 6. Escrito que se tuvo por recibido en proveído de doce de septiembre siguiente, ordenándose correr traslado a las partes para manifestar lo que a sus intereses conviniera, así como para señalar fecha y hora de audiencia de etapa intermedia (foja 167-168 ídem). 7. Posteriormente, por escrito presentado el quince de noviembre de dos mil veintidós, Shamed González Contreras, abogado defensor de **** desahogó la vista concedida respecto a la formulación de acusación, ofreciendo medios de prueba a su favor (fojas 193-198 ídem). 8. En acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se recibió dicho escrito, agregándose sin mayor proveer en razón que se estimó fue presentado de manera extemporánea, pues la contestación de mérito fue presentada al siguiente día de su vencimiento (foja 199 ídem). 9. Inconforme con dicho auto, el quejoso *** interpuso recurso de revocación, el cual fue desechado de plano en acuerdo de cinco de enero de dos mil veintitrés (fojas 206-208 ídem). Dicha determinación, constituye el acto reclamado en el presente juicio, la cual fue emitida en los siguientes términos: ACTUACIÓN PROCESAL: MISANTLA. VERACRUZ, A CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÈS. Se tiene por recibido en fecha cinco de enero del año en curso, el escrito signado por el señor **** el cual, quedó registrado bajo el número (23), según el libro de gobierno que para tal efecto lleva este órgano Jurisdiccional, por lo que, SE ACUERDA: Agréguese a los autos del Proceso Penal número 44/2018, y una vez impuesto del contenido del mismo con fundamento en los artículo 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es de resolverse y se RESUELVE: El Recurso de Revocación en contra de auto dictado en fecha dieciséis de noviembre del año dos mil veintidós, dictado dentro del asunto que nos ocupa, SE DESECHA DE PLANO al ser interpuesto por el imputado -**** y no por su Defensa Abogado **** que fue la persona que contesto el escrito de acusación, y no el propio recurrente, puesto que en los presentes autos, no corre escrito de contestación de acusación signado por **** sino de su defensor, por lo que dicho recurso de revocación, debió ser interpuesto por el Licenciado **** esto partiendo de que las notificaciones son actos personalísimos, que deben ser recurridos por quien signa el escrito, máxime que se advierte que el ahora recurrente y su defensor fueron notificados en diversas fechas y por ello la determinación señalada en el auto de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil veintidós, debe permanecer atento a lo señalado en la misma. (.)" Dicha determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. CONCLUSIÓN Al respecto, se concluye que el acto reclamado no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, dado que solo implica la afectación a derechos procesales o adjetivos. Es necesario apuntar que de lo dispuesto por los artículos 211, 213, 334 y 340, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales se obtiene -en lo que interesa destacar- que el procedimiento penal comprende las etapas siguientes: 1. Investigación; 2. Intermedia o de preparación del juicio; y, 3. Juicio. La primera tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño; además, comprende dos fases: a) investigación inicial y, b) investigación complementaria; esta última inicia desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. En tanto que la segunda (intermedia), empieza desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio y tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio; de igual forma, se divide en dos fases: a) escrita, que iniciará con el libelo de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; y b) oral, que dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. Bajo ese contexto, en el caso la parte quejosa reclama del Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Noveno Distrito Judicial, con sede en Misantla, Veracruz, el acuerdo de cinco de enero de dos mil veintitrés, dictado en los autos del proceso penal ****de su índice, en el que desechó de plano el recurso de revocación interpuesto por **** en contra del diverso auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en el cual se ordenó agregar sin mayor proveer el escrito por el cual el quejoso pretendió desahogar la vista concedida respecto a la formulación de acusación, ofreciendo medios de prueba a su favor. En ese sentido, el acto reclamado define una cuestión meramente procesal, pues únicamente tiene como efecto que subsista la determinación por la cual se ordenó agregar sin mayor pronunciamiento el escrito con el que se pretendió desahogar la vista otorgada con la acusación formulada por la representación social y ofrecer medios de prueba. Lo que evidencia que dicha determinación involucra derechos de naturaleza adjetiva, los que, en todo caso, podrán ser objeto de impugnación mediante el juicio de amparo directo que eventualmente se interponga contra la sentencia definitiva. Máxime que, si se trata del acto de acusación, existen diferencias entre los sistemas procesales inquisitivo o mixto y el actual acusatorio y adversarial, esto es, en el anterior sistema, en las denominadas conclusiones se acotaba la pretensión punitiva y éstas eran propuestas con base en el resultado de las pruebas desahogadas en el juicio; en tanto que en el nuevo sistema, la formulación de la acusación abre la etapa intermedia, en la que se llevará a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba, su admisión o exclusión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Por tanto, se concluye que tal decisión contenida en el acto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos del hoy recurrente, sino solo derechos adjetivos que pueden repararse, si obtiene sentencia favorable a sus intereses, por lo cual, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si le fuera desfavorable, podría reclamarla en amparo directo. En tales condiciones, es claro que el acto reclamado no causa al imputado una afectación material a algún derecho sustantivo, es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que le impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues, en todo caso, únicamente produce una lesión jurídica de naturaleza procesal que no necesariamente llegará a trascender dentro del juicio. Es de destacarse que aun ante una eventual afectación de manera predominante o superior a derechos adjetivos, ello no evidencia que el acto reclamado sea de imposible reparación, pues, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, lo que en el caso no acontece. Al respecto resulta ilustrativa la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2015330 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: XVII.1o.P.A. J/15 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2265 Tipo: Jurisprudencia AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR VIOLAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES Y NO LOS MERAMENTE ADJETIVOS O PROCESALES, AUN CUANDO AFECTEN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA) (MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.74 P). Este órgano colegiado determinó modificar el criterio sustentado en la tesis XVII.1o.P.A.74 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 1035, de rubro: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", para ahora establecer que de conformidad con los artículos 299, 311 y 314 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de agosto de 2006, la audiencia intermedia dirigida por el Juez de garantía tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos, así como la depuración de los hechos controvertidos; que aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, respectivamente, materia y conocimiento del Tribunal de Juicio Oral, por lo que son impugnables en amparo indirecto, siempre que tengan una ejecución de imposible reparación por violar derechos sustantivos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y no los meramente adjetivos o procesales, aun cuando Grajales afecten a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando el nuevo texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el mencionado medio de difusión oficial del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", consideró que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el juicio de amparo indirecto. Asimismo, en lo relativo a la titularidad de un derecho subjetivo y afectación a los derechos previstos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es Parte, expresó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte"; que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Estimó que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito modifique su criterio sustentado en la referida tesis y concluya que las pruebas y los acontecimientos materia de la audiencia intermedia del nuevo sistema de justicia penal en la entidad resultan impugnables en amparo indirecto, únicamente si tienen una ejecución de imposible reparación, por violar derechos sustantivos fundamentales y no los meramente adjetivos o procesales, aun en caso de que afecten a las partes en grado predominante o superior." De igual forma resulta ilustrativa, por sus consideraciones, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: Registro digital: 2023906 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 23/2021 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1319 Tipo: Jurisprudencia JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva - intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." En consecuencia, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, dejándose sin efectos la audiencia programada para las once horas de esta fecha. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase copia certificada de las actuaciones que obran en el expediente físico, previa constancia y firma que por su recibo se deje en autos. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo
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Debido a que la parte quejosa no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b, se publica el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Del análisis a las constancias que integran el presente juicio, se colige que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" El primero de los artículos transcritos, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por su parte, el segundo artículo, en la fracción transcrita, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio, procede limitativamente respecto de aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Lo anterior, implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material a derechos sustantivos. Como se ve, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que los actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente, revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus consecuencias pueden consumarse en forma efectiva. HECHOS Ahora bien, de las constancias que integran el proceso penal **** del índice de la autoridad responsable, las cuales obran en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 2º de esta última, se advierten las siguientes actuaciones: 1. Mediante resolución de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se dictó auto de vinculación a proceso en contra de ***** por los hechos que la ley señala como delito de daños dolosos (fojas 115-121 del tomo de pruebas) y se autorizó dos meses como plazo de investigación complementaria. 2. Por acuerdo de veinte de abril de dos mil veintidós, previa solicitud, se otorgó al quejoso prórroga de la investigación complementaria por cuatro meses más de los dos establecidos en audiencia (foja 123 ídem). 3. Inconforme con dicha determinación, el tercero interesado **** interpuso recurso de revocación, el cual fue desechado de plano en proveído de dos de mayo de dos mil veintidós (fojas 126 y 127 ídem). 4. Posteriormente, mediante escrito presentado el tres de mayo siguiente, el aquí tercero interesado solicitó la revocación de la medida cautelar impuesta al quejoso (foja 128 ídem); en consecuencia, el Juez fijó fecha y hora para debatir la revisión de dicha medida, siendo que en resolución de dos de junio de dos mil veintidós, resolvió negar la procedencia de dicha solicitud (fojas 140- 141 ídem). 5. Seguida la secuela procesal, mediante escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veintidós, el Fiscal Quinto adscrito a la Unidad de Procuración de Justicia del Noveno Distrito Judicial, formuló acusación en contra de **** por su probable participación en los hechos que la ley señala como el delito de **** (fojas 158-166 ídem). 6. Escrito que se tuvo por recibido en proveído de doce de septiembre siguiente, ordenándose correr traslado a las partes para manifestar lo que a sus intereses conviniera, así como para señalar fecha y hora de audiencia de etapa intermedia (foja 167-168 ídem). 7. Posteriormente, por escrito presentado el quince de noviembre de dos mil veintidós, Shamed González Contreras, abogado defensor de **** desahogó la vista concedida respecto a la formulación de acusación, ofreciendo medios de prueba a su favor (fojas 193-198 ídem). 8. En acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, se recibió dicho escrito, agregándose sin mayor proveer en razón que se estimó fue presentado de manera extemporánea, pues la contestación de mérito fue presentada al siguiente día de su vencimiento (foja 199 ídem). 9. Inconforme con dicho auto, el quejoso *** interpuso recurso de revocación, el cual fue desechado de plano en acuerdo de cinco de enero de dos mil veintitrés (fojas 206-208 ídem). Dicha determinación, constituye el acto reclamado en el presente juicio, la cual fue emitida en los siguientes términos: ACTUACIÓN PROCESAL: MISANTLA. VERACRUZ, A CINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÈS. Se tiene por recibido en fecha cinco de enero del año en curso, el escrito signado por el señor **** el cual, quedó registrado bajo el número (23), según el libro de gobierno que para tal efecto lleva este órgano Jurisdiccional, por lo que, SE ACUERDA: Agréguese a los autos del Proceso Penal número 44/2018, y una vez impuesto del contenido del mismo con fundamento en los artículo 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es de resolverse y se RESUELVE: El Recurso de Revocación en contra de auto dictado en fecha dieciséis de noviembre del año dos mil veintidós, dictado dentro del asunto que nos ocupa, SE DESECHA DE PLANO al ser interpuesto por el imputado -**** y no por su Defensa Abogado **** que fue la persona que contesto el escrito de acusación, y no el propio recurrente, puesto que en los presentes autos, no corre escrito de contestación de acusación signado por **** sino de su defensor, por lo que dicho recurso de revocación, debió ser interpuesto por el Licenciado **** esto partiendo de que las notificaciones son actos personalísimos, que deben ser recurridos por quien signa el escrito, máxime que se advierte que el ahora recurrente y su defensor fueron notificados en diversas fechas y por ello la determinación señalada en el auto de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil veintidós, debe permanecer atento a lo señalado en la misma. (.)" Dicha determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. CONCLUSIÓN Al respecto, se concluye que el acto reclamado no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, dado que solo implica la afectación a derechos procesales o adjetivos. Es necesario apuntar que de lo dispuesto por los artículos 211, 213, 334 y 340, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales se obtiene -en lo que interesa destacar- que el procedimiento penal comprende las etapas siguientes: 1. Investigación; 2. Intermedia o de preparación del juicio; y, 3. Juicio. La primera tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño; además, comprende dos fases: a) investigación inicial y, b) investigación complementaria; esta última inicia desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. En tanto que la segunda (intermedia), empieza desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio y tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio; de igual forma, se divide en dos fases: a) escrita, que iniciará con el libelo de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; y b) oral, que dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. Bajo ese contexto, en el caso la parte quejosa reclama del Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Noveno Distrito Judicial, con sede en Misantla, Veracruz, el acuerdo de cinco de enero de dos mil veintitrés, dictado en los autos del proceso penal ****de su índice, en el que desechó de plano el recurso de revocación interpuesto por **** en contra del diverso auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en el cual se ordenó agregar sin mayor proveer el escrito por el cual el quejoso pretendió desahogar la vista concedida respecto a la formulación de acusación, ofreciendo medios de prueba a su favor. En ese sentido, el acto reclamado define una cuestión meramente procesal, pues únicamente tiene como efecto que subsista la determinación por la cual se ordenó agregar sin mayor pronunciamiento el escrito con el que se pretendió desahogar la vista otorgada con la acusación formulada por la representación social y ofrecer medios de prueba. Lo que evidencia que dicha determinación involucra derechos de naturaleza adjetiva, los que, en todo caso, podrán ser objeto de impugnación mediante el juicio de amparo directo que eventualmente se interponga contra la sentencia definitiva. Máxime que, si se trata del acto de acusación, existen diferencias entre los sistemas procesales inquisitivo o mixto y el actual acusatorio y adversarial, esto es, en el anterior sistema, en las denominadas conclusiones se acotaba la pretensión punitiva y éstas eran propuestas con base en el resultado de las pruebas desahogadas en el juicio; en tanto que en el nuevo sistema, la formulación de la acusación abre la etapa intermedia, en la que se llevará a cabo el ofrecimiento de los medios de prueba, su admisión o exclusión, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. Por tanto, se concluye que tal decisión contenida en el acto reclamado no afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos del hoy recurrente, sino solo derechos adjetivos que pueden repararse, si obtiene sentencia favorable a sus intereses, por lo cual, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si le fuera desfavorable, podría reclamarla en amparo directo. En tales condiciones, es claro que el acto reclamado no causa al imputado una afectación material a algún derecho sustantivo, es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que le impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues, en todo caso, únicamente produce una lesión jurídica de naturaleza procesal que no necesariamente llegará a trascender dentro del juicio. Es de destacarse que aun ante una eventual afectación de manera predominante o superior a derechos adjetivos, ello no evidencia que el acto reclamado sea de imposible reparación, pues, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, lo que en el caso no acontece. Al respecto resulta ilustrativa la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2015330 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: XVII.1o.P.A. J/15 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2265 Tipo: Jurisprudencia AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR VIOLAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES Y NO LOS MERAMENTE ADJETIVOS O PROCESALES, AUN CUANDO AFECTEN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA) (MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.74 P). Este órgano colegiado determinó modificar el criterio sustentado en la tesis XVII.1o.P.A.74 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 1035, de rubro: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", para ahora establecer que de conformidad con los artículos 299, 311 y 314 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de agosto de 2006, la audiencia intermedia dirigida por el Juez de garantía tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos, así como la depuración de los hechos controvertidos; que aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, respectivamente, materia y conocimiento del Tribunal de Juicio Oral, por lo que son impugnables en amparo indirecto, siempre que tengan una ejecución de imposible reparación por violar derechos sustantivos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y no los meramente adjetivos o procesales, aun cuando Grajales afecten a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando el nuevo texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el mencionado medio de difusión oficial del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", consideró que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el juicio de amparo indirecto. Asimismo, en lo relativo a la titularidad de un derecho subjetivo y afectación a los derechos previstos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es Parte, expresó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte"; que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Estimó que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito modifique su criterio sustentado en la referida tesis y concluya que las pruebas y los acontecimientos materia de la audiencia intermedia del nuevo sistema de justicia penal en la entidad resultan impugnables en amparo indirecto, únicamente si tienen una ejecución de imposible reparación, por violar derechos sustantivos fundamentales y no los meramente adjetivos o procesales, aun en caso de que afecten a las partes en grado predominante o superior." De igual forma resulta ilustrativa, por sus consideraciones, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: Registro digital: 2023906 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 23/2021 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1319 Tipo: Jurisprudencia JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva - intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." En consecuencia, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, dejándose sin efectos la audiencia programada para las once horas de esta fecha. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase copia certificada de las actuaciones que obran en el expediente físico, previa constancia y firma que por su recibo se deje en autos. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo
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Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Misantla, Veracruz, a través del cual remite un disco de audio y video; el cual se recibe como prueba acorde con el artículo 119 de la Ley de Amparo...
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