Martiniano Castro Armenta
Expediente 99/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 22 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 99/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 15/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Martiniano Castro Armenta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, mediante la cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, por un parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Por otra parte, de conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que de manera provisional y definitiva se concedió la suspensión al quejoso, en ese sentido, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria inherentes al incidente de suspensión y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; no así el duplicado, en virtud de que el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurará el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por último, resulta innecesario seguir conservando las documentales que la autoridad responsable Jefe de Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, remitió al rendir el informe justificado; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse tales constancias para los efectos legales conducentes.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de seis de septiembre del año en curso, en relación con el oficio y documentales allegados por el licenciado Jesús Raymundo Castaños Martínez, en su carácter Jefe de Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta ciudad, y en ausencia de la Subdelegada -que se encuentra jubilada por años servicios-, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación le fue notificada por estrados el siete de septiembre siguiente -al quejoso y sus autorizados legales-; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar debe indicarse que por resolución emitida el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió la protección constitucional al quejoso Martiniano Castro Armenta, solicitada para el efecto de que la autoridad responsable Titular de la Subdelegación Los Mochis Órgano Operativo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sinaloa, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, en el término de tres días, contado a partir de que se le notifique la ejecutoria que cause este fallo, dejara sin efectos la Autorización de Baja del Registro Patronal E466463410, de veinte de enero de dos mil veintiuno y su ejecución, en el entendido que la citada responsable, se encuentra en libertad de jurisdicción de iniciar nuevamente el referido procedimiento, en caso de considerar que las causas que lo motivaron subsisten, con la precisión de que en todo caso debe ajustar su actuación a lo previsto en el artículo 17 de la Ley del Seguro Social. Sentencia que causó ejecutoria el veinticuatro de agosto del presente año, al no ser recurrida por las partes. En ese sentido, mediante oficio presentado el dos de septiembre del año en curso, la autoridad responsable licenciado Jesús Raymundo Castaños Martínez, en su carácter Jefe de Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta ciudad, y en ausencia de la Subdelegada -que se encuentra jubilada por años servicios-, remitió copias certificadas de diversas constancias, de las que se advierte que dentro del expediente administrativo derivado del Registro Patronal E466463410, el día veintisiete de agosto del año en curso, se dictó resolución en la cual se resolvió dejar sin efectos la autorización de baja del citado Registro Patronal de veinte de enero de dos mil veintiuno, correspondiente al aquí quejoso Martiniano Castro Armenta, sin que hubiera lugar a reactivarlo por encontrarse vigente en acatamiento a la suspensión definitiva dictada por este juzgado. De esas documentales se advierte que al quejoso se le ha restituido en el goce de sus derechos humanos violados, es decir, el derecho a la garantía de audiencia. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia de la Unión se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable Titular de la Subdelegación Los Mochis Órgano Operativo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sinaloa, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, dejara sin efectos la Autorización de Baja del Registro Patronal E466463410, de veinte de enero de dos mil veintiuno y su ejecución, en el entendido que la citada responsable, se encuentra en libertad de jurisdicción de iniciar nuevamente el referido procedimiento, en caso de considerar que las causas que lo motivaron subsisten, con la precisión de que en todo caso debe ajustar su actuación a lo previsto en el artículo 17 de la Ley del Seguro Social, dentro del plazo de tres días, contados a partir de la fecha de notificación del auto en que causara ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Entonces, como se vio, la responsable realizó las acciones tendentes a ello, lo que se aprecia de las constancias remitidas por la misma, por lo que ESTE JUZGADOR CONSIDERA QUE DEBE DE TENERSE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE MÉRITO, por lo que así se declara para todos los efectos legales, y se ha restituido al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, signado por el licenciado Jesús Raymundo Castaños Martínez, en su carácter Jefe de Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta ciudad, y en ausencia de la Subdelegada -que se encuentra jubilada por años servicios-, mediante el cual informa el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo y remite documentales para sustentarlo; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso con el oficio y documentales de cuenta para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, a fin de que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, mediante la cual por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió la protección constitucional al quejoso Martiniano Castro Armenta, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Titular de la Subdelegación Los Mochis Órgano Operativo del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sinaloa, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, a fin de que en el término de tres días otorgue el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita las constancias certificadas respectivas o, en su caso, manifieste el impedimento legal o material que para ello tuviere. En el entendido de que la concesión de la protección constitucional se realizó para el efecto de que la autoridad responsable, en el ámbito de sus atribuciones, actúe en los siguientes términos: ". deje sin efectos la Autorización de Baja del Registro Patronal E466463410, de veinte de enero de dos mil veintiuno y su ejecución. En el entendido que la citada responsable, se encuentra en libertad de jurisdicción de iniciar nuevamente el referido procedimiento, en caso de considerar que las causas que lo motivaron subsisten, con la precisión de que en todo caso debe ajustar su actuación a lo previsto en el artículo 17 de la Ley del Seguro Social.". Se apercibe a la citada autoridad responsable, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria en el plazo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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