Martiniano Alvarez Jaime
Expediente 1545/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1545/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Martiniano Alvarez Jaime
Actuaciones
- Principal
Vistos los autos y la certificación secretarial, se desprende que feneció el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra del proveído que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional, se declara que dicho auto ha quedado firme. archívese el presente juicio como definitivamente concluido. Por otra parte, a fin de dar cumplimiento al contenido del Acuerdo General Conjunto 1/2009, se precisa que el presente expediente es susceptible de ser destruido. El suscrito considera que el presente expediente no es de relevancia documental. Asimismo, este expediente deberá conservarse en el archivo de este juzgado por el término de tres años a partir de esta fecha. Finalmente, toda vez de que en el presente expediente obra documento catalogado como original requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días se presente en el local de esta juzgado a recoger el documento exhibido en el presente juicio de garantías, así como los que obren, en su caso, en el seguro del juzgado; haciendo de su conocimiento que de no recogerlos, en su oportunidad serán destruidos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Resolución Judicial.
- Principal
México, Distrito Federal, diez de agosto de dos mil quince. Recepción de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Martiniano Álvarez Jaime, por derecho propio, contra el acto de la Junta Especial número Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, presidente, actuario y secretario de acuerdos de su adscripción. Registro de demanda. Fórmese expediente impreso y electrónico, para los efectos que prevé el numeral 3°, sexto párrafo, de la Ley de Amparo; y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1545/2015, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 6°, 112, 115, 116 y 117 de la ley de la materia, se admite a trámite contra el acto reclamado a la Martiniano Álvarez Jaime, por derecho propio, contra el acto de la Junta Especial número Ocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, presidente y actuario. Desechamiento parcial de la demanda. Sin que haya lugar a tener por admitida la demanda, por lo que se refiere al secretario de acuerdos adscrito a la junta responsable, en virtud de que no realiza funciones que encuadren en las previstas por el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo; por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el citado precepto 5, fracción II, de la legislación invocada, con fundamento en el precepto 13, de la ley de la materia se desecha de plano la demanda de garantías, respecto de dicha autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número VI.2o. J/95, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Tomo V del mes de abril de mil novecientos noventa y siete, página 185, Materia Laboral, que dice: "SECRETARIO DE ACUERDOS DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. La función que jurídicamente realiza el secretario de Acuerdos no encuadra dentro de las previstas por el artículo 11 de la Ley de Amparo, pues encontrándose éste limitado a autorizar y dar fe de lo actuado por la Junta, sólo es un fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, careciendo además de la potestad de ejecutar laudos o resoluciones, ya que esta función está reservada al presidente de la Junta, acorde con lo establecido por el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, presidente que puede ser auxiliado en esa tarea por el actuario, según se desprende de lo dispuesto por los diversos 951, 953, 954, 955, 956 y 959 de la citada legislación laboral, sin que legalmente el secretario de Acuerdos pueda intervenir en esa ejecución. En consecuencia, con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el indicado artículo 11 del mismo ordenamiento legal, es improcedente el juicio de amparo enderezado en contra de actos de ese secretario." Incidente de suspensión. Sin integrar el incidente de suspensión por no existir solicitud expresa como lo exige el artículo 128, fracción I, de la ley de la materia, además de que no se actualiza el supuesto previsto en el numeral 127, fracción II, de la legislación referida. Audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con veinte minutos del veintiuno de septiembre de dos mil quince, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento de informes justificados. De conformidad con los numerales 116 y 117 de la ley en aplicación, se requiere a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, siguiente al en que reciban el oficio en que se les solicita, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, acompañando en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. De igual forma, requiéraseles para que al momento de rendir su informe justificado, hagan del conocimiento de este juzgado si la parte quejosa ha interpuesto algún otro u otros juicios de amparo, que se relacionen al acto reclamado, debiendo informar ante qué juez de distrito fue interpuesta y en su caso, remita copia certificada de las constancias que lo acrediten. Apercibimiento a las autoridades responsables. Apercibidas que de no hacerlo se presumirá cierto el acto reclamado, con apoyo en el invocado artículo 117 de la citada ley y se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. En ese mismo sentido, de conformidad con el dispositivo 262, de la ley en comento, comuníquese a las autoridades responsables que de rendir su informe expresando hechos falsos o negando la verdad, podrán ser sancionadas en los términos que señale el código penal aplicado en materia federal. Intervención del Ministerio Público de la Federación. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que le corresponde, en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo. Obligación de las partes. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 64 de la ley de la materia, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el entendido que de no hacerlo, se les impondrá multa de treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en la inteligencia que, respecto de la parte trabajadora, la multa será por el equivalente a un día, de acuerdo con los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal y autorizados. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de garantías. Ahora, se tiene por autorizadas a las personas señaladas en el escrito de demanda, únicamente para oír y recibir notificaciones por así solicitarlo expresamente. Uso de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto, con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Transparencia y acceso a la información pública. En atención a lo dispuesto en el Acuerdo General 1/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Habilitación de días y horas inhábiles. Para evitar dilaciones innecesarias en la substanciación del juicio, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción, para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Vigencia de la jurisprudencia invocada. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia invocada en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúa en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley de la materia vigente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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