Martineano Serapio Ocampo Caporal
Expediente 125/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 125/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 01/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Martineano Serapio Ocampo Caporal
- Agente del Ministerio Publico Adscrito A la Unidad Especializada Contra Secuetro Y Extorcion
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el oficio proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita se le remitan diversas constancias relativas al presente juicio de amparo 125/2019-III. En ese sentido, tomando en consideración los motivos expuestos en el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativas a la serie de medidas preventivas frente al coronavirus covid-19; por tanto, con fundamento en el artículo 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, autorícese al juzgado oficiante la consulta del expediente electrónico de este asunto para que obtenga el acceso a la información que requiere, en lugar de las copias solicitadas. Ahora bien, en caso de requerir las constancias físicas, como lo indica el referido Acuerdo General, se indica a la autoridad oficiante de la manera más atenta que deberá solicitarlas a este juzgado federal. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Paulo Yair García Meza que autoriza y da fe.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 125/2019-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y Extorción, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 125/2019-III, promovido por MARTINEANO SERAPIO OCAMPO CAPORAL y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el uno de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnada ese mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, MARTINEANO SERAPIO OCAMPO CAPORAL solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión. SEGUNDO. Trámite. Por auto de seis de febrero de dos mil diecinueve, se radicó la demanda de amparo con el número 125/2019-III, y se emitió auto de prevención. Una vez subsanada la demanda de amparo, por auto de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve se admitió a trámite, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que dio inicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerá jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, se atribuye a una autoridad residente en el Estado de Morelos y en cuyo territorio se emitió el acto que se reclama. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que lo que la parte quejosa reclama del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión del Estado de Morelos, es el aseguramiento del inmueble identificado como fracción de terreno ejidal parcela 794, que se ubica en el campo denominado Alambrón, del Ejido de Amayuca, Poblado de Jantetelco, Estado de Morelos. TERCERO. Existencia del Acto Reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable consistente en el aseguramiento de un inmueble "Hotel" ubicado en la carretera Izúcar de Matamoros Cuautla, pues así lo manifestó al momento de rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las fotocopias certificadas de la carpeta de investigación CT-UEPD/5749/2018, que la responsable adjuntó a su informe justificado, de las que se advierte por auto de doce de enero de dos mil diecinueve, emitió un acuerdo de aseguramiento sobre el " inmueble ubicado en la "Carretera Izúcar de Matamoros - Cuautla del Poblado de Amayuca, Morelos, Hotel y Motel de nombre Paso del Sur, con la fachada de color blanco con una línea rosa en la parte interior de la pared, delimitado con una barda de block de una altura aproximada de tres metros ." Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, una vez analizadas las constancias existentes en autos, quien aquí resuelve estima, que en el caso, procede decretar el sobreseimiento al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, del texto siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), Décima Época, de número de registro 2019456, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que el agraviado acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Así, es preciso señalar, que de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo el quejoso se encuentra obligado a justificar que tiene interés jurídico es decir, un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ello en razón de que reclama actos provenientes del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada contra el Secuestro y Extorsión, sobre bienes que aduce son de su propiedad, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo), puesto que para ello es necesario que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por nuestra Carta Magna y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, lo que en el caso en concreto no acontece. En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los dispositivos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. A mayor abundamiento, el juicio de amparo tiene por objeto proteger al impetrante contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden, por lo que es condición indispensable que la parte que asegura resentir una lesión en sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, en atención a que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. De esta manera, si los actos de autoridad no se refieren a un derecho perteneciente a la esfera jurídica del peticionario de protección constitucional, éste carece de interés jurídico para impugnarlos. Así, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe entenderse en el sentido de que antes de proceder al estudio de la constitucionalidad del acto, es menester examinar si en la especie se demuestra el interés jurídico del promovente del juicio de amparo, dado que ello es presupuesto indispensable para el examen de la acción constitucional, es decir, debe existir un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Ahora bien, en el caso en específico, el quejoso señaló como acto reclamado el aseguramiento del inmueble identificado como fracción de terreno ejidal parcela 794, que se ubica en el campo denominado Alambrón, del Ejido de Amayuca, Poblado de Jantetelco, Estado de Morelos, sin embargo, no acredita la afectación a su esfera jurídica por lo que en seguida se expondrá. Como ya se mencionó, el impetrante refiere que la orden de aseguramiento combatida resulta violatoria de sus derechos humanos, al asegurar que el bien inmueble ubicado como Fracción de Terreno Ejidal parcela 749, ubicada en el campo denominado el Alambrón, del Ejido de Amayuca, del Municipio de Jantetelco, Morelos, es de su propiedad con motivo del contrato privado de compraventa celebrado entre Pedro Gutiérrez Zamora, en su carácter de vendedor y por otra parte Martineano Serapio Ocampo Caporal, como comprador; documento original que anexó a su escrito inicial de demanda. En ese sentido, debe decirse que al margen de la eficacia jurídica del documento descrito, pues no obstante que no se ofreció probanza con el objeto de afectar su valor probatorio, el mismo adolece de requisitos para ser oponibles ante terceros; ya que no constituirá materia del análisis atento al sentido de este asunto, pues la probanza exhibida por el quejoso carece del alcance pretendido para justificar que el inmueble materia de la litis, que aduce es de su propiedad sea el mismo que se aseguró en la carpeta ministerial de origen o siquiera que éste se encuentre enclavado en el mismo. Lo anterior es así, pues de la simple confrontación de las superficies medidas y colindancias defendidas por el quejoso, se advierte que no existe coincidencia ni correspondencia con las que obran en la carpeta de donde deriva el acto reclamado, con las plasmadas en el contrato de compraventa que exhibió la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; ya que en éste se advierten como datos de identificación del inmueble los siguientes: Inmueble identificado como fracción de terreno ejidal parcela 794, que se ubica en el campo denominado Alambrón, del Ejido de Amayuca, Poblado de Jantetelco, Estado de Morelos, con una superficie de 3947.00 .m2 (tres mil novecientos cuarenta y siete metros cuadrados) Mientras que la superficie del predio materia del aseguramiento decretado por auto de doce de enero de dos mil diecinueve, se encuentra identificado como: Inmueble ubicado en la "Carretera Izúcar de Matamoros - Cuautla del Poblado de Amayuca, Morelos, Hotel y Motel de nombre Paso del Sur, con la fachada de color blanco con una línea rosa en la parte interior de la pared, delimitado con una barda de block de una altura aproximada de tres metros ." Luego, es menester acotar que tratándose de predios, es imprescindible que se demuestre en forma indubitable la identidad del que ampara el título base de la acción de amparo, con el que es objeto de afectación en el procedimiento natural, ya que de lo contrario, cuando el descrito en el documento en el que se funda el juicio de garantías no es coincidente en superficie, medidas y colindancias con aquél, no puede tener el alcance de evidenciar que está inmerso o incluido en el que es objeto de los actos de autoridad que se exige sean objeto de análisis constitucional; por tanto, en ese supuesto, será necesario el auxilio de una prueba que arroje datos concretos sobre la cuestión en que se requieran conocimientos científicos o especializados, preferentemente una de tipo técnico; pues si bien es verdad que ésta no es la única prueba con la que se puede acreditar la identidad de un inmueble, es la idónea para tales efectos. Cobra aplicación la jurisprudencia VI.1o.C. J/13, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible a foja 1606, del Tomo, XIII, Enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del sumario siguiente: "PERICIAL EN AGRIMENSURA. ES LA PRUEBA IDÓNEA PARA ACREDITAR LA IDENTIDAD DE INMUEBLES. Aun cuando la pericial en agrimensura no es la única prueba con la que se pueda acreditar la identidad de bienes inmuebles, sin embargo sí es la idónea para ello, pues con los datos que verifique el perito se podrá determinar si el bien que se reclama es o no el mismo que detenta el demandado.". Ello es así, toda vez que los peritos son personas distintas de las partes del juicio, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, para suministrar al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente. Por tanto, la función de los peritos, como auxiliares en la administración de justicia, tiene un doble aspecto: 1) Verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juez por no formar parte del programa de estudios de quienes estudian la licenciatura de Derecho y del común de la gente; y, 2) Proporcionar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente, razones por las cuales la prueba pericial es la idónea para demostrar la identidad entre el bien defendido por el quejoso y aquél que es materia del juicio natural. Sin embargo, el promovente de amparo no ofreció medio de convicción alguno con el propósito de acreditar la identidad de los inmuebles antes referidos. Por tanto, al no acreditarse pericialmente la identidad del inmueble controvertido, con el que el quejoso defiende en esta instancia constitucional, resulta palmario que no se demostró la afectación a su interés jurídico. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 851, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 580 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario indica lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA DESPOSESIÓN DE UN PREDIO DEBE ACREDITARSE SU IDENTIDAD, PARA QUE SE DEMUESTRE EL. El artículo 4º de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado o la ley que se reclama; es presupuesto, por consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados en su caso, en un juicio de garantías, causen un perjuicio al quejoso; por lo que si en autos no está demostrada la identidad entre el predio a que se refiere la quejosa cuya propiedad y posesión dice ostentar con el que se va a ejecutar la orden desposesoria reclamada, Surge en la especie la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, la que se refiere a la titularidad que a la quejosa corresponde en relación con los derechos o posesiones que alega les son conculcadas por la autoridad responsable.". De lo anterior se obtiene que no se cumple con el requisito de interés jurídico que establece la Ley de Amparo, ello dado a que no se desprende de la mencionada documental que el acto reclamado afecte de manera directa, real, objetiva y jurídica los derechos del hoy quejoso, por ello, aunque el quejoso alegue ser propietario del inmueble, materia del documento que anexa, al margen de cualquier consideración que pudiera hacerse en torno a la veracidad o no para efectos de terceros pues solo se atendió a su alcance en este juicio; ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo a impugnar el acto aquí recurrido, de ahí que se concluye que tal acto no le cause perjuicio en sus derechos subjetivos. En ese contexto, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por MARTIENANO SERAPIO OCAMPO CAPORAL, respecto a los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hasta el día de hoy veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en que las labores de este juzgado lo permitieron, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.
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