Martina Rodríguez Hernández
Expediente 312/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 312/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/07/2021
Partes del expediente
- Martina Rodríguez Hernández
- Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se desprende que la parte quejosa no interpuso medio de impugnación en contra de la resolución de once de junio de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Es oportuno indicar que no se realizó el cómputo del término de diez días que establece el artículo 87 de la ley de la materia a las siguientes partes: Tercera interesada, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y Autoridad responsable. Ello, porque carecen de legitimación para recurrir la sentencia de referencia. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia VI.T. J/1 (10a.), Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, localizable en página 1751, registro 2000923, Libro VIII, Mayo de 2012 Tomo 2, Materias Común - Laboral, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. SI LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA SE LIMITAN A AMPARAR AL QUEJOSO PARA QUE LA RESPONSABLE REALICE DETERMINADOS ACTOS PROCESALES Y DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, AQUÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, PUES ELLO NO LE CAUSA PERJUICIO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 90/2010). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 90/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 448, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.", determinó que la figura del tercero perjudicado en el juicio de garantías tiene su génesis en el artículo 5o. de la Ley de Amparo, numeral que instituye a la citada parte procesal en su fracción III y, particularmente, en su inciso a) designa como tal a la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal; así también, sostuvo que la mencionada figura jurídica no puede dejar de existir en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, aun cuando se trate de violaciones a la garantía de justicia pronta y expedita, por lo que será suficiente con que se haya tenido un interés contrario al del agraviado en el juicio de primer orden para que, por ese solo hecho, se adquiera el carácter de tercero perjudicado en la vía constitucional. Lo anterior permite determinar el alcance de la jurisprudencia en cita, habida cuenta que si la razón por la que debe llamarse al tercero perjudicado al juicio de garantías obedece a que tuvo un interés contrario al del quejoso en el juicio natural, entonces el requisito para que dicho tercero pueda promover el recurso de revisión debe ser que en la sentencia de amparo prevalezca ese interés antagónico o que se le produzca una afectación directa e inmediata. Ello es así, en virtud de que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4o. de la Ley de Amparo, establecen el principio de instancia de parte agraviada, premisa que a su vez se hace extensiva al recurso de revisión, pues de los artículos 83, fracción IV y 88 de la citada ley, se advierte implícitamente la necesidad de que la sentencia de amparo irrogue alguna lesión a los derechos del inconforme a fin de que éste se encuentre en posibilidad de impugnar esa afectación; por tanto, cuando los efectos de la sentencia protectora se limitan a amparar al quejoso para que el tribunal o la Junta responsable realice determinados actos procesales y dicte la resolución definitiva, ello incide exclusivamente en la autoridad responsable, por lo que al no prevalecer el interés contrario del tercero perjudicado, éste carece de legitimación para interponer el recurso de revisión y, por tanto, procede desechar el citado medio de defensa." Asimismo, la Jurisprudencia P./J. 4/91, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 17, registro 205838, Tomo VII, Enero de 1991, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. ES PARTE EN EL JUICIO DE GARANTIAS Y PUEDE INTERPONER LA REVISION AUN EN AMPARO CONTRA LEYES, SOLO CUANDO LA MATERIA DE LA LEY IMPUGNADA AFECTE SUS ATRIBUCIONES. El artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, establece que el Ministerio Público Federal es parte en el juicio de garantías, con facultades para intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala dicho ordenamiento; por tanto, el Ministerio Público está facultado para interponer el recurso de revisión, aun en amparo contra leyes, pero ello no significa que tenga legitimación para interponerlo ad libitum ni en todos los casos, sino únicamente cuando la Constitución o las leyes le encomiendan la defensa de un interés específico como propio de su representación social, pues aun cuando los artículos 2o., 3o., fracción I y 10, fracción I, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, le señalan genéricamente la tarea de velar por el orden constitucional, ésta debe interpretarse sin demérito de los principios que rigen todo juicio y, en especial, el de amparo, en cuanto que las partes sólo están legitimadas para interponer los recursos en contra de las resoluciones que afecten el interés que respectivamente les corresponde. Por tanto, el Ministerio Público Federal está legitimado para interponer el recurso de revisión tratándose de las disposiciones contenidas en el artículo 102 constitucional y en los ordenamientos penales y procesales relativos que le otorgan atribuciones para perseguir ante los tribunales los delitos del fuero federal, lo mismo que en todos aquellos casos y materias en que el orden legal le señala específicamente a dicho representante de la sociedad, la defensa de un interés. Por el contrario, si con la sola invocación genérica o abstracta de defender el orden constitucional, se aceptara que el Ministerio Público puede interponer la revisión en el juicio de garantías a su libre voluntad y en cualquier caso, se estaría desfigurando el concepto del interés en sí, el cual ya no estaría sujeto a la comprobación objetiva de los supuestos de la norma, sino a la expresión subjetiva del recurrente, además de que tratándose del amparo contra leyes, trastornaría el equilibrio procesal de las partes en perjuicio del quejoso, en virtud de que su intervención sólo vendría a reforzar la posición de las autoridades responsables, tanto de las que expiden, como de las que promulgan las leyes." De igual forma, la Jurisprudencia X.2o. J/3, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, página 949, registro 194042, Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "REVISIÓN. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN EL AMPARO INDIRECTO. Las autoridades responsables como parte en el juicio de garantías, en términos generales y conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o., 5o., fracción II, 11, 83, fracción IV y 87 de la Ley de Amparo, pueden válidamente intervenir en el juicio de garantías e interponer los recursos establecidos en la ley; sin embargo, cuando dichas autoridades responsables ejercen funciones jurisdiccionales, carecen de legitimación para recurrir las sentencias de amparo indirecto, pues desaparece su interés jurídico en el asunto que motivó la concesión del amparo, ya que en tal hipótesis las autoridades tienen como característica esencial la imparcialidad que es intrínseca a la función jurisdiccional. En efecto, estas autoridades tienen como finalidad la búsqueda de la verdad jurídica, mediante el ejercicio de la función de decir el derecho entre las partes en litigio, con la única y exclusiva pretensión de administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y el interés público, lo que les impide asimilarse a las partes contendientes. Por ello, las autoridades, como las Juntas de Conciliación y Arbitraje, no pueden válidamente recurrir en revisión la sentencia dictada en el juicio biinstancial en que se declaró inconstitucional la resolución impugnada, pues con ello están favoreciendo a una de las partes contendientes con el correlativo perjuicio de la otra, demeritando así el deber de imparcialidad que la ley les impone y violando las obligaciones legales que les incumben como resolutoras, intérpretes y aplicadoras de la ley, ubicándose oficiosamente, como coadyuvantes del tercero perjudicado, lo cual resulta contrario a los principios que la ley, la jurisprudencia y la doctrina han reconocido". Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a) del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de amparo se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. En otro aspecto, devuélvase a la autoridad responsable Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, un anexo que obra por separado, relativo a las constancias certificadas del juicio laboral de origen, del índice del Tribunal responsable, en un tomo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **************, por conducto de su apoderado legal Raúl Arellano Guzmán respecto del acto reclamado indicado en el considerando segundo de la presente resolución, atribuido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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TEPIC, NAYARIT, DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO Vista la certificación de cuenta y el estado de autos en forma electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se desprende que a la fecha la autoridad responsable denominada Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, con sede en esta ciudad, ha sido omisa en informar el cumplimiento al fallo protector. Consecuentemente, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE nuevamente a la autoridad en cita, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, de cumplimiento total a la sentencia concesoria de amparo. Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, con fundamento en el ordinal 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del "Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo", mismo que entró en vigor el catorce de abril de dos mil dieciséis. Luego, se le hace del conocimiento a la citada autoridad, que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el precepto 193 de la Ley citada.
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TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, signado por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los presentes autos con vista a las partes el ocurso y anexo, a efecto de que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses legales convengan. Por otra parte, de conformidad con el arábigo 75 de la ley de la materia, se tienen por recibido el anexo remitido por la autoridad en comento, mismo que se ordena dejar por separado para su mejor manejo. Documental que dada su propia y especial naturaleza, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada, sin perjuicio de relacionarla y valorarla en el periodo correspondiente dentro del desahogo de la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Ahora, vista la certificación que antecede de la que se advierte que se encuentran fijadas las nueve horas con dos minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, sin embargo, a fin de dar oportunidad a que las partes se impongan del contenido del informe justificado de que se habla en párrafos precedentes y dar oportunidad a que transcurra el término que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL ONCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. En apoyo a lo anterior, se cita por identidad jurídica la Jurisprudencia 54/2000, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Materia Común, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, (".el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese.
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