Martina Maribel Peña Rangel
Expediente 528/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 61 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 528/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 61
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Martina Maribel Peña Rangel
- Martina Maribel Peña Rangel y Otros.
- Titular del Juzgado Primero Penal del Partido Judicial de León, Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 61.
- Principal
Se decreta la imposibilidad jurídica para decretar el cumplimiento del fallo protector. De autos se advierte que, en atención a los efectos que se imprimieron a la sentencia de amparo, existe imposibilidad lograr su cabal cumplimiento de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Cierto, para la actualización justificada de dicho obstáculo se requiere: La existencia de una sentencia que haya concedido el amparo y protección de la Justicia Federal; y 2. La existencia de una dificultad jurídica o de hecho para realizar la prestación debida por la autoridad. Hipótesis que en el caso se actualizan como a continuación se expone: Mediante sentencia de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "[.] Deje insubsistente la resolución de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el recurso innominado ******************** [en que confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa ********************]; y Emita una nueva resolución en la que revoque la determinación impugnada y, sin demérito de las pruebas legalmente desahogadas, ordene al agente del Ministerio Público recabe los medios probatorios conducentes a efecto de determinar si ********************: Padece o no una deficiencia de carácter mental, ya sea permanente o temporal, así como el grado de afectación que le impide su inclusión plena y efectiva en el proceso; Si por el grado de la discapacidad que llegara a presentar, necesita o no apoyo o asistencia por parte de un tercero para hacer valer sus derechos [desventaja procesal]; Se establezca de qué tipo debe ser esa ayuda y en qué nivel se debe brindar; Haga los ajustes razonables al procedimiento, sin imponer una carga desproporcionada o indebida, para que garantice el goce y el ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos convencionales, constitucionales y legales reconocidos a favor de la ofendida; Hecho que fuera, realice las pesquisas respectivas para elucidar la existencia o no de algún delito, tomando como referencia las diversas manifestaciones que fueron plasmadas en el escrito de denuncia, sin circunscribirse solo a lo expuesto en los primeros párrafos del mismo, pudiendo incluso solicitar la aclaración o precisión de los actos que la ofendida considera trastocan los bienes jurídicos protegidos por la norma penal; y Finalmente, resuelva como en derecho proceda, fundando y motivando adecuadamente la determinación a la que arribe." Inconforme con tal resolución, el tercero interesado interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, radicado bajo el número de expediente 11/2020. Por auto de once de septiembre de dos mil veinte, se recibió testimonio de la resolución pronunciada en el amparo en revisión aludido, mediante la cual se confirmó la sentencia recurrida; por lo que se requirió su cumplimento a las autoridades responsables. A fin de dar cumplimiento al fallo protector, el juez Primero en Materia Penal del Partido Judicial de esta ciudad, dejó insubsistente la resolución de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante la cual se confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa ********************, y emitió una nueva en la que revocó la determinación impugnada y ordenó al citado fiscal recabara los medios probatorios conducentes a efecto de que determinara, entre otras cuestiones, si la aquí quejosa padece o no una deficiencia de carácter mental, ya sea permanente o temporal, así como el grado de afectación que le impide su inclusión plena y efectiva en el proceso. Constancias con las que se dio vista a las partes para que se manifestaran en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; sin embargo, mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte se realizó de manera oficiosa el análisis del cumplimiento del fallo protector y se determinó tenerlo por no cumplido, al señalarse que los efectos del amparo se hicieron extensivos a los actos de ejecución al provenir de un acto viciado de origen. Por lo que se señaló que a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos, era necesario vigilar el puntual cumplimiento por parte de la diversa responsable agente del Ministerio Público 1 de la Unidad de Tramitación Común en esta ciudad, de la determinación emitida por el juez responsable con motivo de la ejecutoria de amparo. Razón por la cual se requirió a esta última autoridad para que realizara todas aquellas acciones y diligencias en caminadas a dar cumplimiento al fallo protector. Ahora, mediante proveído de diez de junio de dos mil veintiuno, el fiscal responsable informó la imposibilidad para realizar la evaluación psicológica de la quejosa, y anexó diversas constancias de las que se desprende lo siguiente: Que la quejosa no otorgó nuevamente su consentimiento para que personal de la Fiscalía de Justicia del Estado de Guanajuato, le practicara la evaluación psicológica. Pues según señaló, la experiencia que tuvo al ser evaluada en diversa indagatoria fue denigrante y traumatizante; razón por la cual propuso ser valorada por un perito del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Sin embargo, el agente del Ministerio Público responsable refirió que no era factible acceder a esto último, pues la Fiscalía contaba con su propia Unidad de Evaluación Psicológica creada específicamente para realizar ese tipo de estudios, asimismo, que quienes la integran están obligados a desempeñar sus funciones de acuerdo a sus conocimientos, ciencia y ética profesional; y, Que el experto a que aludía la quejosa, según señaló la responsable, no dependía de esa Fiscalía; asimismo, que el perito asignado en esta ocasión a la peticionaria era el psicólogo ********************, esto es, diverso al que la evaluó en la averiguación que indicó. Sin embargo, no obstante las diversas diligencias realizadas por el fiscal responsable a fin de lograr la evaluación de la quejosa, en las que inclusive se ordenó al actuario de la adscripción estar presente en su desarrollo a fin de vigilar su correcto desahogo; la negativa de la quejosa para otorgar su consentimiento a fin de que se le sea practicada la prueba pericial ordenada, ha sido reiterada. Lo que se corrobora con los diversos requerimientos que este juzgado de Distrito ha realizado tanto a la peticionaria como a su autorizado para que manifiesten si es su deseo o no continuar con la ejecución de la sentencia de amparo y en su caso acudan ante el experto designado por el fiscal responsable; sin que hayan hecho manifestaciones alguna. Bien, los antecedentes narrados evidencian la imposibilidad de las responsables para cumplir con el fallo de amparo, ante la reiterada negativa de la quejosa para otorgar su consentimiento para ser evaluada psicológicamente, lo que impide a la autoridad responsable desplegar cualquier acción tendente a restituirla en el goce de sus derechos humanos que resultaron violados. Voluntad de la quejosa que debe prevalecer en el juicio de amparo, porque si bien el orden público requiere del cumplimiento de las sentencias con la finalidad de reparar cualquier derecho humano violado, en el caso, la quejosa es quien ha manifestado expresa y tácitamente su desinterés en continuar con el cumplimiento del fallo dictado en este juicio de amparo. Aspecto y conducta procesal que denota la imposibilidad jurídica y material de lograr su cumplimiento. En este contexto, se impone decretar la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, remítase el original del juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en turno, a fin de que, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, califique el presente proveído y resuelva lo conducente en torno a la inejecución evidenciada, una vez que transcurra a las partes el plazo de quince días a que refiere el párrafo segundo del artículo********************02 de la Ley de Amparo. Por tanto, una vez que fenezca el plazo aludido, levántese la certificación correspondiente e infórmese dicha circunstancia al Tribunal Colegiado, a fin de que esté en posibilidad de calificar la imposibilidad planteada. Tiene apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J.********************3/2018 (10a.) de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral********************02 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo********************01, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella."
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa y terceros interesados, el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, que en resumen dice: "Se decreta la imposibilidad jurídica para decretar el cumplimiento del fallo protector. De autos se advierte que, en atención a los efectos que se imprimieron a la sentencia de amparo, existe imposibilidad lograr su cabal cumplimiento de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Cierto, para la actualización justificada de dicho obstáculo se requiere: La existencia de una sentencia que haya concedido el amparo y protección de la Justicia Federal; y 2. La existencia de una dificultad jurídica o de hecho para realizar la prestación debida por la autoridad. Hipótesis que en el caso se actualizan como a continuación se expone: Mediante sentencia de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: "[.] Deje insubsistente la resolución de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el recurso innominado ******************** [en que confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa ********************]; y Emita una nueva resolución en la que revoque la determinación impugnada y, sin demérito de las pruebas legalmente desahogadas, ordene al agente del Ministerio Público recabe los medios probatorios conducentes a efecto de determinar si ********************: Padece o no una deficiencia de carácter mental, ya sea permanente o temporal, así como el grado de afectación que le impide su inclusión plena y efectiva en el proceso; Si por el grado de la discapacidad que llegara a presentar, necesita o no apoyo o asistencia por parte de un tercero para hacer valer sus derechos [desventaja procesal]; Se establezca de qué tipo debe ser esa ayuda y en qué nivel se debe brindar; Haga los ajustes razonables al procedimiento, sin imponer una carga desproporcionada o indebida, para que garantice el goce y el ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de todos los derechos convencionales, constitucionales y legales reconocidos a favor de la ofendida; Hecho que fuera, realice las pesquisas respectivas para elucidar la existencia o no de algún delito, tomando como referencia las diversas manifestaciones que fueron plasmadas en el escrito de denuncia, sin circunscribirse solo a lo expuesto en los primeros párrafos del mismo, pudiendo incluso solicitar la aclaración o precisión de los actos que la ofendida considera trastocan los bienes jurídicos protegidos por la norma penal; y Finalmente, resuelva como en derecho proceda, fundando y motivando adecuadamente la determinación a la que arribe." Inconforme con tal resolución, el tercero interesado interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, radicado bajo el número de expediente 11/2020. Por auto de once de septiembre de dos mil veinte, se recibió testimonio de la resolución pronunciada en el amparo en revisión aludido, mediante la cual se confirmó la sentencia recurrida; por lo que se requirió su cumplimento a las autoridades responsables. A fin de dar cumplimiento al fallo protector, el juez Primero en Materia Penal del Partido Judicial de esta ciudad, dejó insubsistente la resolución de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, mediante la cual se confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa ********************, y emitió una nueva en la que revocó la determinación impugnada y ordenó al citado fiscal recabara los medios probatorios conducentes a efecto de que determinara, entre otras cuestiones, si la aquí quejosa padece o no una deficiencia de carácter mental, ya sea permanente o temporal, así como el grado de afectación que le impide su inclusión plena y efectiva en el proceso. Constancias con las que se dio vista a las partes para que se manifestaran en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; sin embargo, mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte se realizó de manera oficiosa el análisis del cumplimiento del fallo protector y se determinó tenerlo por no cumplido, al señalarse que los efectos del amparo se hicieron extensivos a los actos de ejecución al provenir de un acto viciado de origen. Por lo que se señaló que a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos, era necesario vigilar el puntual cumplimiento por parte de la diversa responsable agente del Ministerio Público 1 de la Unidad de Tramitación Común en esta ciudad, de la determinación emitida por el juez responsable con motivo de la ejecutoria de amparo. Razón por la cual se requirió a esta última autoridad para que realizara todas aquellas acciones y diligencias en caminadas a dar cumplimiento al fallo protector. Ahora, mediante proveído de diez de junio de dos mil veintiuno, el fiscal responsable informó la imposibilidad para realizar la evaluación psicológica de la quejosa, y anexó diversas constancias de las que se desprende lo siguiente: Que la quejosa no otorgó nuevamente su consentimiento para que personal de la Fiscalía de Justicia del Estado de Guanajuato, le practicara la evaluación psicológica. Pues según señaló, la experiencia que tuvo al ser evaluada en diversa indagatoria fue denigrante y traumatizante; razón por la cual propuso ser valorada por un perito del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Sin embargo, el agente del Ministerio Público responsable refirió que no era factible acceder a esto último, pues la Fiscalía contaba con su propia Unidad de Evaluación Psicológica creada específicamente para realizar ese tipo de estudios, asimismo, que quienes la integran están obligados a desempeñar sus funciones de acuerdo a sus conocimientos, ciencia y ética profesional; y, Que el experto a que aludía la quejosa, según señaló la responsable, no dependía de esa Fiscalía; asimismo, que el perito asignado en esta ocasión a la peticionaria era el psicólogo ********************, esto es, diverso al que la evaluó en la averiguación que indicó. Sin embargo, no obstante las diversas diligencias realizadas por el fiscal responsable a fin de lograr la evaluación de la quejosa, en las que inclusive se ordenó al actuario de la adscripción estar presente en su desarrollo a fin de vigilar su correcto desahogo; la negativa de la quejosa para otorgar su consentimiento a fin de que se le sea practicada la prueba pericial ordenada, ha sido reiterada. Lo que se corrobora con los diversos requerimientos que este juzgado de Distrito ha realizado tanto a la peticionaria como a su autorizado para que manifiesten si es su deseo o no continuar con la ejecución de la sentencia de amparo y en su caso acudan ante el experto designado por el fiscal responsable; sin que hayan hecho manifestaciones alguna. Bien, los antecedentes narrados evidencian la imposibilidad de las responsables para cumplir con el fallo de amparo, ante la reiterada negativa de la quejosa para otorgar su consentimiento para ser evaluada psicológicamente, lo que impide a la autoridad responsable desplegar cualquier acción tendente a restituirla en el goce de sus derechos humanos que resultaron violados. Voluntad de la quejosa que debe prevalecer en el juicio de amparo, porque si bien el orden público requiere del cumplimiento de las sentencias con la finalidad de reparar cualquier derecho humano violado, en el caso, la quejosa es quien ha manifestado expresa y tácitamente su desinterés en continuar con el cumplimiento del fallo dictado en este juicio de amparo. Aspecto y conducta procesal que denota la imposibilidad jurídica y material de lograr su cumplimiento. En este contexto, se impone decretar la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, remítase el original del juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en turno, a fin de que, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, califique el presente proveído y resuelva lo conducente en torno a la inejecución evidenciada, una vez que transcurra a las partes el plazo de quince días a que refiere el párrafo segundo del artículo********************02 de la Ley de Amparo. Por tanto, una vez que fenezca el plazo aludido, levántese la certificación correspondiente e infórmese dicha circunstancia al Tribunal Colegiado, a fin de que esté en posibilidad de calificar la imposibilidad planteada. Tiene apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J.********************3/2018 (10a.) de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral********************02 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo********************01, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella."
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable, mediante el cual cumple el requerimiento formulado en auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, esto es, informa el estado procesal que guarda la averiguación previa ******************** de su índice. En consecuencia, estese a la espera que transcurra el plazo otorgado a la parte quejosa en dicho proveído a fin de que desahogue el requerimiento que le fue formulado....
- Principal
.... Del estado de autos se desprende que mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós se requirió a la parte quejosa a fin de que en el plazo de tres días contado a partir de que fuera debidamente notificada, informara si era su deseo o no continuar con la ejecución de la sentencia de amparo; sin que así lo hiciera. Lo anterior, en razón de que uno de los efectos del fallo protector fue que el agente del Ministerio Público recabara los medios probatorios conducentes a efecto de determinar si la quejosa******************** padece o no una deficiencia de carácter mental para de ahí establecer si requiere un tercero que la auxilie en el proceso para garantizar sus derechos. Sin embargo, como se encuentra acreditado en autos, la quejosa no otorgó su consentimiento al citado fiscal para la realización de dicha valoración, alegando que ello no formaba parte del amparo que promovió, puesto que ella únicamente reclamó la resolución que confirmó el no ejercicio de la acción penal. Por tanto, requiérase nuevamente a la parte quejosa a fin de que cumpla con el requerimiento formulado, pues para que el agente del Ministerio Público responsable esté en posibilidad de proveer lo conducente en relación con la averiguación previa de origen, es necesario que sea valorada médicamente para garantizar su derechos y de esa manera se encuentre en igualdad de condiciones que el resto de las partes. Apercibida que de no hacerlo se le aplicará una multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. No obstante, se requiere al agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Única del Sistema Tradicional de esta ciudad, para que en el plazo de tres días contado a partir de la presente notificación, informe el estado procesal que guarda la averiguación previa ******************** de su índice.. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable con la aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación.
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