Martina Margarita Ramos Martínez
Expediente 586/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 586/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Martina Margarita Ramos Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte, a través del cual se sobreseyó en el juicio, sin que lo hubiese hecho. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la citada determinación ha causado estado; por ende, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo agréguese el informe justificado de cuenta que rinde el Presidente de la Junta Especial 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí y anexo que acompaña. En atención a su contenido, se provee: Acto reclamado. En su libelo inicial la parte quejosa reclamó la omisión de la autoridad responsable de emitir laudo correspondiente al procedimiento laboral 490/2019/JE1-1, en el que es parte. Contenido del informe. La autoridad responsable al rendir su informe justificado señaló que no son ciertos los actos reclamados, en virtud de que refiere que el dieciocho de septiembre de este año, dictó el laudo respectivo en el juicio laboral 490/2019/JE1-1. Sobreseimiento fuera de audiencia. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Marco jurídico. Tal dispositivo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 193758, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38. Caso concreto. Como se indicó, si del oficio de cuenta remitido por el Presidente de la Junta responsable se aprecia que exhibe copia certificada del laudo dictado el dieciocho de septiembre del año en curso, dentro del juicio laboral 490/2019/JE1-1. Documental que tiene valor pleno de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo al tratarse de actuaciones públicas certificadas por autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Es inconcuso que los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Lo anterior, ya que con la emisión del laudo, se evidencia, que han quedado destruidos en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Además, se aprecia de la copia certificada que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, la notificación de uno de octubre de dos mil veinte realizada por medio de estrados a las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, la tesis CL/97 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI Noviembre de 1997, registro 197367 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación. Decisión. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de garantías, la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572. Se deja sin efecto audiencia constitucional. En atención a lo que antecede, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo agréguese el informe justificado de cuenta que rinde el Presidente de la Junta Especial 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí y anexo que acompaña. En atención a su contenido, se provee: Acto reclamado. En su libelo inicial la parte quejosa reclamó la omisión de la autoridad responsable de emitir laudo correspondiente al procedimiento laboral 490/2019/JE1-1, en el que es parte. Contenido del informe. La autoridad responsable al rendir su informe justificado señaló que no son ciertos los actos reclamados, en virtud de que refiere que el dieciocho de septiembre de este año, dictó el laudo respectivo en el juicio laboral 490/2019/JE1-1. Sobreseimiento fuera de audiencia. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Marco jurídico. Tal dispositivo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro 193758, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38. Caso concreto. Como se indicó, si del oficio de cuenta remitido por el Presidente de la Junta responsable se aprecia que exhibe copia certificada del laudo dictado el dieciocho de septiembre del año en curso, dentro del juicio laboral 490/2019/JE1-1. Documental que tiene valor pleno de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo al tratarse de actuaciones públicas certificadas por autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Es inconcuso que los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Lo anterior, ya que con la emisión del laudo, se evidencia, que han quedado destruidos en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Además, se aprecia de la copia certificada que acompañó la autoridad responsable a su informe justificado, la notificación de uno de octubre de dos mil veinte realizada por medio de estrados a las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, la tesis CL/97 emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del Tomo VI Noviembre de 1997, registro 197367 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación. Decisión. En consecuencia, al haber sobrevenido en el presente juicio de garantías, la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572. Se deja sin efecto audiencia constitucional. En atención a lo que antecede, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que no obra el acuse de recibo del oficio 18813/2020 enviado a la Junta Especial 1 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado en Ciudad Valles, San Luis Potosí, por el que se le solicitó informe justificado. Diferimiento. Por tanto, a efecto de integrar debidamente este expediente, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las diez horas con cincuenta minutos del trece de noviembre de dos mil veinte, para que tenga verificativo la misma.
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