Martina López Enciso

Expediente 452/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
452/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
18/12/2017

Partes del expediente

  • Martina López Enciso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA; DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de diez días, que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiere el recurso de revisión en contra del acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se sobreseyó en el juicio al desistirse la quejosa de la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en los términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido y el original del incidente de suspensión glósese a este expediente, y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Lo anterior, tomando en consideración que en dicho duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se negó la suspensión definitiva, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. II-B-P

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos, de los que se advierte que la quejosa MARTINA LÓPEZ ENCISO, por su propio derecho, mediante diligencia secretarial de veinticuatro de noviembre del año en curso (foja 135 a 136), ratificó el escrito presentado ante este Juzgado el veintidós de citado mes y año (foja 124), mediante el cual externó su voluntad de desistirse en su perjuicio de la demanda que dio origen a la tramitación de este juicio de amparo; en consecuencia, se tiene a la aludida quejosa ratificando el escrito antes citado, y por consiguiente, por desistida en su perjuicio de la demanda de amparo. Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 236, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 252, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección-Improcedencia y sobreseimiento del Apéndice Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2011, Novena Época, Materia Común, con número de registro 1002302, intitulada: "DESISTIMIENTO. EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza de la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que manda ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." Ahora, los artículos 6 y 63, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio; [...]" De conformidad con los preceptos legales transcritos, el juicio de amparo puede seguirse únicamente por el agraviado, por su representante legal o su defensor, de modo que, si existe petición expresa de desistimiento de la demanda que originó la tramitación del juicio de amparo, entonces actualizará el sobreseimiento del juicio de amparo. En ese tenor, al existir ratificación expresa de la voluntad de la parte quejosa, de la no prosecución de la tramitación de este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción I, en relación con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el último interpretado en sentido contrario, se decreta el sobreseimiento en este juicio. En lo conducente, resulta exactamente aplicable la tesis de jurisprudencia 234, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 250, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección-Improcedencia y sobreseimiento del Apéndice Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2011, Novena Época, Materia Común, con número de registro 1002300, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Los criterios invocados, resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta . Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con quince minutos del quince de diciembre de dos mil diecisiete, foja 10 a 15). Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Para los efectos de la publicidad de esta determinación, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se toma nota que las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en esta determinación; sin embargo, aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente atento a que en el mismo se establece que se aplicará por lo que ve a las resoluciones y sentencias a las que hace referencia el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y dicho Acuerdo no fue abrogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente. Por último, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa MARTINA LÓPEZ ENCISO, en atención a su contenido, devuélvasele la documental que precisa, teniéndose por autorizada a las personas que refiere, previa copia simple y razón de recibido que se deje en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A ESTE JUZGADO, ASÍ COMO A LOS TERCEROS INTERESADOS, Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y A LA SUBPROCURADORA DE LA DEFENSA DEL MENOR, LA MUJER Y LA FAMILIA, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. II-A

  3. Incidental

    SALINA CRUZ, OAXACA, VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por la tercera interesada Ana Luisa Flores Ledezma; en su atención, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene al ocursante apersonándose a este juicio con tal carácter, así como señalando como domicilio, para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso de cuenta. Asimismo, se le tiene señalando como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Roberto Torres Guzmán, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Víctor Hugo Solís Paulo, en virtud de que en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no aparece registrada cédula profesional alguna a su favor, que la faculte legalmente a ejercer la profesión de licenciado en derecho, sin perjuicio de que una vez que acredite tal carácter con la documental idónea, se le tenga por autorizado en los términos amplios del citado ordenamiento legal, asimismo, en los mismos términos téngasele a Rodrigo Cuervo Rosales. Notifíquese. II-A

  4. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA, VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por la tercera interesada Ana Luisa Flores Ledezma; en su atención, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene al ocursante apersonándose a este juicio con tal carácter, así como señalando como domicilio, para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso de cuenta. Asimismo, se le tiene señalando como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Roberto Torres Guzmán, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Víctor Hugo Solís Paulo, en virtud de que en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no aparece registrada cédula profesional alguna a su favor, que la faculte legalmente a ejercer la profesión de licenciado en derecho, sin perjuicio de que una vez que acredite tal carácter con la documental idónea, se le tenga por autorizado en los términos amplios del citado ordenamiento legal, asimismo en los mismos términos téngasele a Rodrigo Cuervo Rosales. Por otra parte, glósese a los autos el escrito firmado por la parte quejosa MARTINA LÓPEZ ENCISO, a través del cual manifiesta que se desiste de la demanda de amparo que dio origen a la formación del presente juicio, por así a convenir a sus intereses. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º, requiérase la citada quejosa para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de este proveído, manifieste, si ratifica su escrito de cuenta; apercibido que de no realizar manifestación alguna dentro del plazo concedido, se continuará con la secuela de este asunto. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número Pa./J. 119/2006, con registro 174481, publicada en la página doscientos noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, del mes de agosto de dos mil seis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tener literal es el siguiente: DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio. Notifíquese personalmente. II-A

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