Martina Hermosillo Quiñonez

Expediente 688/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
688/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
19/12/2018

Partes del expediente

  • Martina Hermosillo Quiñonez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, por medio del cual acusa recibo del oficio remitido dentro del juicio de amparo 688/2018-VI, a través del cual se le remitió dicho expediente; asimismo, del mismo se advierte que aceptó la competencia planteada por este juzgado; constancia que adquiere plena validez al haberse realizado la certificación correspondiente. En consecuencia, al no existir providencia pendiente por dictar, ni promoción que deba acordarse, se ordena el archivo del presente asunto. Por ende, toda vez que el presente cuadernillo, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo general conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que deroga el Acuerdo General conjunto 1/2001, de la misma superioridad, por lo que conforme con los puntos cuarto, décimo y décimo primero del acuerdo de mérito, una vez que transcurran tres años transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo constar en la carátula que constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no constan documentos originales, así como que es susceptible de destrucción. Asimismo, no se actualiza lo previsto en el punto Vigésimo Tercero del Acuerdo en cita, el cual estatuye que no será objeto de depuración o destrucción, hasta que no venza el plazo previsto en la normativa aplicable, las constancias de un expediente judicial que se hayan determinado como información reservada con motivo de las solicitudes de acceso a la información planteada una vez que en el asunto respectivo haya concluido. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ******************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******************. Doy fe.***

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de noviembre de dos mil dieciocho. Glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por la quejosa *******, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado, mediante proveído de ocho de noviembre del actual, bajo protesta de decir verdad manifiesta que actualmente labora en la Coordinación Administrativa de Telesecundaria perteneciente a la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua, con domicilio en Avenida Venustiano Carranza 803, segundo piso del Edificio Héroes de la Revolución, colonia Obrera, en Chihuahua, Chihuahua. Atento a lo anterior, se procede analizar la demanda de amparo a fin de determinar la competencia de este juzgado para conocer de la misma. La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, con relación a la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, este juzgado federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar, que para que un juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A guisa de ejemplo se puede decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material; y, que la citada regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viole algún derecho individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Para corroborar la certeza del anterior aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: Párrafo reformado DOF 25-10-1993, 06-06-2011 . VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-1951. Fracción reformada DOF 25-10-1967, 06-06-2011 Ley de Amparo. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto los siguientes: COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades. Sobre el caso particular, resulta que la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: [.] IV.- ACTO RECLAMADO: Trato diferenciado y discriminatorio en contra de mi persona, toda vez que sin justificación legal alguna y de forma administrativa se me asigno a una área que no me permita desempeñar mi profesión, toda vez que indebidamente se me encuentra reteniéndome en un área administrativa que no me corresponde, lo anterior basado en que según la suscrita cuento con una discapacidad mental, sin que exista justificación o prueba que lo acredite, lo que se traduce en un trato indigno y discriminatorio en contra de mi persona. [.] Asimismo, de la demanda de amparo, la quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los siguientes antecedentes: [.] 1.-) Que la suscrita llevo desempeñando más de 20 años como personal docente dentro de los servicios educativos en el Estado de Chihuahua 2.-) Que la suscrita durante el transcurso en dicha dependencia siempre había ejercido libremente mi profesión actualmente en la Telesecundaria no. 6116 de una forma ordinaria y normal en la plaza de maestra de grupo. 3.-) Que el jueves 25 de octubre del presente año en fecha fui retenida en el Edificio de Educación Coordinación de Telesecundaria cancelándoseme mis funciones de una forma indebida e ilegal y sin que la suscrita este en posibilidad de conocer con precisión y claridad las razones y fundamentos del acto reclamado, teniendo conocimiento únicamente que se me asigno a dicha área, que por que según las autoridades responsables me encuentro incapacitada mentalmente, no obstante es una situación que no acreditan y además me discrimina y atenta contra mi dignidad. [.] Igualmente, como se precisó en líneas precedentes, la directamente agraviada bajo protesta de decir verdad manifestó que actualmente labora en la Coordinación Administrativa de Telesecundaria perteneciente a la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua, con domicilio en Avenida Venustiano Carranza 803, segundo piso del Edificio Héroes de la Revolución, colonia Obrera, en Chihuahua, Chihuahua. Atento a ello, resulta que la competencia para conocer de este asunto recae en el Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua que ejerza jurisdicción en la capital de esta entidad federativa, pues es el lugar donde residen las autoridades señaladas como responsables y donde actualmente labora la aquí quejosa. En efecto, el acto reclamado se ejecuta en la ciudad de Chihuahua; por lo cual, debe atenderse en principio al lugar donde se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, para determinar a favor de qué Juez de Distrito se surte la competencia legal para conocer de la demanda de amparo de cuenta. En esta tesitura, la competencia para conocer de la presente demanda de amparo no corresponde a este juzgado, puesto que de acuerdo a lo antes transcrito, el lugar de residencia de la autoridades responsable y en el cual labora la directamente agraviada está sujeto a la jurisdicción de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre; por ende, de conformidad con el artículo 37, de la Ley de Amparo, este Juzgador declara carecer de competencia, por razón de territorio, para conocer del presente asunto. Es aplicable al caso, por el contenido que informa la tesis visible en la página 90, tomo 205-216, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: COMPETENCIA. ARTÍCULO 36, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. Con la reforma al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo por decreto de 30 de diciembre de 1983, vigente a partir del 16 de marzo de 1984, se establece que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; que si éste ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente, y que, cuando la resolución reclamada no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que la hubiera emitido. El texto vigente del mencionado precepto legal no concibe ya la hipótesis de la resolución que con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse, por lo que aun en ese caso resulta aplicable el párrafo primero del numeral en comento. Conclusión que resulta acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atiende a la facilidad con que cuenta el solicitante del amparo, para ocurrir al Juzgado del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, situando a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales. Por los motivos antes señalados, con apoyo en los artículos antes citados de la Ley de Amparo y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana, en sus numerales Primero, fracción II; Segundo, fracción II, numeral 3; y Cuarto, fracción II, segundo párrafo; este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y previa copia certificada, se ordena remitir el presente expediente, al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, en turno, a quien se considera competente para conocer del asunto. Se solicita al Juez de Distrito al que se declina competencia, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. Lo anterior, sin que haya lugar a pronunciarse en relación a la suspensión de los actos reclamados en la demanda de amparo, en tanto que éstos no se ubican en los supuestos del artículo 15 de la ley de la materia; es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o destierro, o de los que prohíbe el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la tesis de la quinta época emitida por la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 357, tomo CXXX del Semanario Judicial de la Federación, que lleva por rubro y texto los siguientes: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA. Si no se trata de los casos a que se contraen los artículos 17 y 50 de la Ley de Amparo porque no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de una demanda de amparo en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de la jurisdicción del Juez de Distrito ni de una competencia suscitada después de iniciado el procedimiento y el cual deba suspenderse, se está precisamente en presencia del caso a que se contrae el artículo 54 de la Ley de Amparo, sin que el Juez haya debido proveer o tramitar la suspensión respectiva, porque, estima que le falta competencia para conocer, y esa falta de competencia abarca todo el procedimiento de amparo, de donde el Juez de Distrito en una entidad federativa no puede ni debe proveer, por limitación expresa de la ley de la materia, sobre la suspensión, en tanto no se decida la competencia a su favor. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *******; contra actos del Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, y otras autoridades. Consecuentemente, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, la cual quedó registrada bajo el consecutivo 688/2018-VI. A efecto de proveer sobre la admisión o no de la demanda de amparo, se toma en cuenta que ésta debe ser interpretada en forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en aquélla se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos sus elementos es lo que permite la correcta resolución de los asuntos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones V, 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la quejosa para que, con las copias necesarias de su escrito aclaratorio, bajo protesta de decir verdad, señale con precisión la denominación y domicilio del lugar en el cual labora actualmente. Lo antes expuesto, bajo el apercibimiento, que de no hacer manifestación alguna al respecto, dentro del plazo de cinco días, computados legalmente, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, en términos del precitado artículo 114 de la Ley de la materia. Con fundamento en el numeral 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado. Como lo solicita la parte quejosa, autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparos a la licenciada *******, toda vez que se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. Se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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