Martina Gopar Cruz
Expediente 1291/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1291/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Martina Gopar Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA 3-A "...Agréguese el oficio y anexos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ejutla de Crespo, Oaxaca, con el cual devuelve diligenciado el exhorto *** del índice de este Juzgado, que se envió para notificar a la quejosa Martina Gopar Cruz y notificarle el auto de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Dése de baja dicha comunicación en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, de la razón actuarial de cinco de febrero de este propio año (fojas 47 a 49), se advierte que el autorizado de la parte quejosa, *** señaló para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado; por tanto, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, practíquesele la notificación del auto de treinta y uno de enero de este propio año, así como las subsecuentes por lista de acuerdos, incluso las de carácter personal..."
- Principal
"...Visto el estado de autos se aprecia que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77 de la Ley de Amparo... En este contexto, la interpretación relacionada del artículo 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En el caso, de la lectura integral de la demanda la parte peticionaria de amparo reclama: la omisión de acordar sus escritos presentados ante la autoridad responsable el seis de noviembre y cuatro de diciembre de dos mil dieciocho dirigidos al juicio agrario... Ahora bien, la autoridad responsable remitió constancias en alcance a su informe justificado, a la cual se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º, de donde se advierte que mediante acuerdos de ocho de noviembre y cinco de diciembre de dos mil dieciocho, acordó los escritos presentados por la parte quejosa ante esa autoridad el seis de noviembre y cuatro de diciembre de dos mil dieciocho...mismos que le fueron notificados el doce de noviembre y doce de diciembre de dos mil dieciocho, respectivamente. Así, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido; por tanto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de dicho acto, el que, como se dijo, quedó insubsistente sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio. Cabe precisar que no se está en el supuesto de ampliar la demanda de amparo contra la respuesta que dio la autoridad responsable a las peticiones de la quejosa, habida razón que contra dichos actos de autoridad se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación al artículo 107, fracción V, a contario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque los escritos que elevó la parte quejosa a la autoridad responsable fueron realizados dentro de un juicio. De ahí que propiamente no se esté en presencia de un derecho de petición, sino de una violación de carácter procesal, que únicamente afecta derechos adjetivos de la parte peticionaria de amparo..."
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN ACUERDO DE SEIS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SE NOTIFICA EL PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos se aprecia que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.)". En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En principio, cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. En este contexto, la interpretación relacionada del artículo 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. En el caso, de la lectura integral de la demanda la parte peticionaria de amparo reclama: la omisión de acordar sus escritos presentados ante la autoridad responsable el seis de noviembre y cuatro de diciembre de dos mil dieciocho dirigidos al juicio agrario 1282/2016. Ahora bien, la autoridad responsable remitió constancias en alcance a su informe justificado, a la cual se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º, de donde se advierte que mediante acuerdos de ocho de noviembre y cinco de diciembre de dos mil dieciocho, acordó los escritos presentados por la parte quejosa ante esa autoridad el seis de noviembre y cuatro de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 203 a 230 del tomo de pruebas), mismos que le fueron notificados el doce de noviembre y doce de diciembre de dos mil dieciocho, respectivamente. Así, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido; por tanto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de dicho acto, el que, como se dijo, quedó insubsistente sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio. Cabe precisar que no se está en el supuesto de ampliar la demanda de amparo contra la respuesta que dio la autoridad responsable a las peticiones de la quejosa, habida razón que contra dichos actos de autoridad se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación al artículo 107, fracción V, a contario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, porque los escritos que elevó la parte quejosa a la autoridad responsable fueron realizados dentro de un juicio. De ahí que propiamente no se esté en presencia de un derecho de petición, sino de una violación de carácter procesal, que únicamente afecta derechos adjetivos de la parte peticionaria de amparo. Más aún cuando no debe soslayarse que los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. En apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, se invocan los siguientes criterios: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. ( Época: Décima Época Registro: 2008883, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I Materia(s): Administrativa, Tesis: 1a./J. 8/2015 (10a.), Página: 478) DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento. (Época: Décima Época, Registro: 2008884, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia(s): Administrativa, Tesis: 1a./J. 7/2015 (10a.), Página: 480)..."
- Principal
MESA 3 A "...Visto el estado de autos; se aprecia que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días concedido a las partes en proveído de veintitrés de este mes de enero (foja 37), con la vista del informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y, se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo..."
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