Martina García Martínez

Expediente 562/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
562/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
23/10/2020

Partes del expediente

  • Martina García Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    PRAL. 562/2020 MESA 5#.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Acepta competencia declinada. Agréguese el oficio firmado por el actuario adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, mediante el cual comunica la determinación de quince de octubre de este año, en la que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este Juzgado en acuerdo de siete de este mes, para conocer del juicio de amparo promovido por ***, por propio derecho, contra actos de esta autoridad y otras. Archivo del cuaderno de antecedentes. En atención a lo anterior y toda vez que, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no hay asunto pendiente por diligenciar ni documentos originales exhibidos por las partes, se provee: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este cuaderno de antecedentes como definitivamente concluido. Sin relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, este expediente es destruible, por lo cual, transcurridos tres años a partir de la fecha en que se ordenó el archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción dentro de los treinta días siguientes, y remítase en su momento el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL. 562/2020 MESA 5#.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de octubre de dos mil veinte. Determinación del Tribunal de Alzada. Agréguese el oficio firmado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en este municipio, al que anexa copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en sesión extraordinaria virtual de diecinueve de octubre de dos mil veinte, en el recurso de queja ***; en consecuencia, acúsese el recibo correspondiente, preferentemente vía interconexión. De la ejecutoria recibida se advierte que la superioridad declaró infundado el recurso de queja que la quejosa *** z interpuso contra el auto de siete de este mes, en el cual este Juzgado negó la suspensión de plano solicitada por la quejosa, en razón de la naturaleza del acto reclamado en la demanda. Lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa para los efectos legales procedentes. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 562/2020 MESA 5° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veinte. Trámite de recurso de queja. Incorpórese a los autos el escrito de la quejosa ***; en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso b), 98, fracción I, 99, 100 y 101, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja contra el auto de siete de este mes, en el cual este Juzgado a) se declaró legalmente incompetente para conocer de su demanda de amparo, en virtud de encontrarse señalado como autoridad responsable y, además, b) determinó que no era procedente conceder la suspensión de oficio y plano solicitada por la quejosa, en razón de la naturaleza del acto reclamado en la demanda. En términos del artículo 101, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, notifíquese a la brevedad a la parte quejosa esta determinación y, una vez que obre la constancia que lo acredite, sin ulterior acuerdo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, en turno, del Decimotercer Circuito, el I) informe sobre la materia de la queja, adjuntando el II) escrito de interposición del recurso, así como el III) expediente electrónico. Lo anterior, con fundamento en el artículo 39 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19; de ahí que, para el caso de que el Tribunal de Alzada necesite las constancias físicas, podrá requerirlas a este órgano jurisdiccional. Instrúyase a la encargada del sistema integral de seguimiento de expedientes que habilite los permisos necesarios del expediente electrónico de este juicio de amparo. Con la precisión que la consideración anterior es armónica con el artículo 3° de la Ley de Amparo, que prevé la coincidencia íntegra entre el expediente electrónico e impreso, y particularmente, con los lineamientos del referido acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los aspectos relativos al uso preferente y prioritario de tecnologías de la información y comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales. Sin que sea procedente dar vista a la parte quejosa para que señale constancias que deban remitirse al Tribunal de Alzada, pues, en el caso, en el escrito de cuenta señaló como tales todas las que integran el expediente, máxime que se actualiza el supuesto de excepción previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, lo que implica un trámite de carácter urgente, que queda excluido de la regla general que contiene el numeral 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo; además, como se anticipó, se remitirá la totalidad de las constancias a través de la habilitación del expediente electrónico. Cuaderno de antecedentes. Por lo anterior, resulta innecesario formar cuaderno de antecedentes, dada la remisión del expediente electrónico. Precisión. No obsta para emitir esta determinación, que este órgano jurisdiccional se haya declarado incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Martina García Martínez, tomando en consideración que el recurso de queja interpuesto tiene un carácter urgente por tratarse de la negativa de suspensión de oficio y plano, aunado a que se promueve contra una determinación dictada por este órgano jurisdiccional, independientemente de la incompetencia declinada, misma que aún no ha sido aceptada o rechazada por el juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno. Autorizado en términos amplios. En otro aspecto, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ***, por así haberlo solicitado la parte quejosa y, además, por encontrarse registrado en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Notificaciones por vía electrónica. Finalmente, como lo solicita la promovente, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diverso 39 y 55 del Acuerdo General 12/2020, se ordena realizar todas las notificaciones que le correspondan en este juicio de amparo mediante la vía electrónica, a través del usuario "asesor.carlosduran83". Por las razones sostenidas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mismas que se comparten, se invoca la tesis I.1o.P.34 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 58, septiembre de 2018, tomo III, de rubro: *** Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL. 562/2020 5-A [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de octubre de dos mil veinte. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida en línea, sin firma electrónica, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, el seis de este mes, y turnada a este Juzgado en la misma fecha, promovida por Martina García Martínez, por propio derecho, contra actos del juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 562/2020. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Incompetencia. Ahora, es menester indicar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, de ahí que previamente a emitir un pronunciamiento de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Amparo, sobre el desechamiento, prevención o admisión de la demanda de amparo, se debe considerar si este Juzgado es competente para avocarse al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Martina García Martínez, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a las autoridades que señala como responsables, de no hacerlo así, se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. En ese contexto, los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. -- - -[.]." En el caso, Martina García Martínez, por propio derecho, aduce promover la demanda de amparo en términos de los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política Federal, pues afirma que en la versión pública de la sentencia dictada en el juicio de amparo 382/2020 del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca se debieron suprimir los datos relativos a su padecimiento médico, y el no hacerlo constituye en su perjuicio actos de infamia y marca. Además, refiere que contra esos actos ya promovió demanda de amparo, cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado Décimo de Distrito, que radicó el juicio 546/2020; de ahí que, afirma, esta autoridad jurisdiccional también interviene en la orden y ejecución de los actos reclamados, en virtud que no ordenó, de plano y de oficio, la suspensión para la supresión de sus datos personales en el expediente 382/2020 del Juzgado Tercero de Distrito. Así, señala como autoridades responsables a las siguientes: En esas condiciones, como este Juzgado está señalado como autoridad responsable, le resulta el carácter de parte procesal durante el juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. De ahí que se actualiza el supuesto de incompetencia previsto en el artículo 38 de la Ley de Amparo, pues, con independencia de que este órgano ejerza jurisdicción en el lugar en que tiene residencia la diversa autoridad señalada como responsable, no puede tenerse un doble carácter procesal de autoridad responsable y juez de amparo. Sin que obste a lo anterior que la demanda haya sido remitida a este órgano jurisdiccional en forma relacionada por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de este municipio, pues, se insiste, este Juzgado no puede conocer del asunto pese al aparente conocimiento previo derivado de la radicación del citado juicio de amparo 546/2020; porque en la demanda de cuenta se atribuye a este órgano jurisdiccional el carácter de ordenadora y ejecutora de los actos reclamados, en relación directa con los atribuidos al Juzgado Tercero de Distrito; de ahí que su estudio no puede desvincularse ni estimar que corresponde a este Juzgado el doble carácter de juez de amparo y autoridad responsable. Por lo expuesto, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para el conocimiento de la referida demanda, y la declina al juez de Distrito, en turno, en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; con excepción del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, que también fue señalado como autoridad responsable. Remítase al Juzgado competente, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta localidad, la demanda de amparo y anexos, que se recibió vía electrónica, para que proceda conforme a sus facultades legales; solicitándole el acuse recibo correspondiente. 4. Cuaderno de antecedentes. Con copia certificada de la demanda de amparo y anexos, fórmese cuaderno de antecedentes. 5. Suspensión de oficio y de plano. Como se anticipó, la parte quejosa refiere promover la demanda de amparo en términos de los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política Federal, pues afirma que la omisión de suprimir todos sus datos personales en la sentencia dictada en el juicio de amparo 382/2020 del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca son actos de infamia y marca. Sin embargo, no es procedente decretar la suspensión de oficio previo a declinar la competencia, como lo establece el artículo 48 de la Ley de Amparo, pues esa clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, para concederla es necesario atender el origen mismo del acto tildado de inconstitucional y, en el caso particular, no se advierte que los actos reclamados sean de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas; ni tampoco pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes ni otra pena inusitada y trascendental. No obsta que la quejosa indique que los actos reclamados sean de "infamia y marca", porque afirma ello como una consecuencia que cree que le será ocasionada por la publicación de sus datos personales, pero no son actos destacados de la naturaleza mencionada. En ese sentido, no es dable atender las apreciaciones subjetivas que la quejosa expone, pues son meras especulaciones de las posibles consecuencias que pudieran generarle discriminación personal y/o laboral, por el hecho de estar publicados sus datos personales en la sentencia dictada por el juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, en el expediente 382/2020. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.1o.A.19 K, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio". 6. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda. 7. Precisión. Hágase del conocimiento de la parte promovente que, respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberá estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. 8. Exhortación para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de Firel o e.firma (antes Fiel). Independientemente del sentido de esta resolución, con fundamento en los artículos 22 y 29 del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a la parte quejosa para que, de convenir a sus intereses, transite al esquema de "juicio en línea", mediante el uso de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. 9. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 10. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 11. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 12. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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