Martina Flores Orozco

Expediente 305/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
305/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
30/03/2017

Partes del expediente

  • Martina Flores Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto de ocho de marzo de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado desechó la demanda de amparo intentada por **********, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por **********, quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Oralidad Familiar de Celaya, Guanajuato, y otra autoridad, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente y regístrese con el número 305/2017. Con relación al libelo constitucional, se provee: Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Martina Flores Orozco, en virtud de lo que a continuación se expone. El artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el particular, es menester puntualizar que la parte impetrante señaló como acto reclamado en forma destacada: EL ILEGAL E INCONSTITUCIONAL EMPLAZAMIENTO DICTADO EN MI CONTRA, POR LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EN ESTE ESCRITO, Y COMO RESULTADO SE ME DETERMINÓ FENECIDO EL TÉRMINO DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA INCOADA EN MI CONTRA, ESTO FUERA DE LA LEY ADJETIVA EN LA MATERIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. ESTO ASÍ POR LO ACORDADO EN AUTO DE FECHA 1 DE MARZO DEL 2017 DENTRO DEL JUICIO ORAL FAMILIAR ***, DONDE SE ACUERDA EL TÉRMINO FENECIDO PARA LA CONTESTACIÓN. Por otra parte, de los antecedentes de los actos reclamados expuestos por la parte agraviada en su ocurso constitucional, bajo protesta de decir verdad, así como de los anexos que exhibió, concretamente de los documentos con que le corrieron traslado en el emplazamiento al juicio subyacente, esto es, el juicio oral familiar ***, del índice del Juzgado de Oralidad Familiar de Celaya, Guanajuato; medios de convicción con eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por los numerales 133 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º, se advierten los siguientes datos relevantes. La ahora quejosa figura como parte procesal demandada en el juicio oral familiar ***, que dicho controvertido fue iniciado por **********. Que en el invocado asunto, con la finalidad de emplazar a la parte demanda, se dejó citatorio en su domicilio el día trece de febrero de dos mil diecisiete, en donde se le dijo que debía esperar al actuario en el mismo domicilio el día siguiente, y al no haberlo hecho, se realizó el emplazamiento el catorce de febrero del año en curso, fijando a la puerta del domicilio de la quejosa copia de la demanda y anexos, así como del auto dictado el día nueve del mismo mes y año en el expediente de origen. Así mismo que el uno de marzo actual se tuvo por fenecido el plazo concedido a la parte demandada para que formulara la contestación de la demanda, se le tuvo por contestando en sentido negativo los hechos que le sean propios del escrito de demanda; y, se señalaron las doce horas del día catorce de marzo de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la fase previa de conciliación y concluida la misma, el desahogo de la audiencia preliminar; por lo que aun se encuentra en trámite el juicio natural. Ante el anterior contexto, resulta patente que la impetrante es parte material y formal en la contienda judicial de donde deriva el acto reclamado, y que la misma se encuentra en trámite. Así, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción V y 172, fracción I, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu. Los dos últimos preceptos citados establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Artículo 107.- El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley;. Sobre los actos de ejecución de imposible reparación la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió, sino que una vez actualizadas aún con la obtención de un fallo favorable queden irreparablemente consumadas. Ello es así, si se toma en consideración que los actos que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos que de una manera inmediata lesionan el interés jurídico de una de las partes en el juicio, en que se pronuncie o bien haga imposible la prosecución del procedimiento y por tanto el fallo definitivo cause a una de las partes un agravio no reparable, es decir, los actos que tienen una ejecución de imposible reparación son aquellos que generan efectos materiales sobre los derechos sustantivos de los gobernados. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la tesis número LVII/2004, sustentado por mayoría de votos del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión privada celebrada el treinta de septiembre de dos mil cuatro, cuyo rubro y texto se transcribe: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen un ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación respectiva solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos al gobernado. Resulta aplicable, por analogía la jurisprudencia número 232 publicada en la página 157, del tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.'. El alcance de tal disposición, obliga precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus defectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." En este orden de ideas, como se precisó con anterioridad, en el presente caso se reclama el emplazamiento practicado a la quejosa el catorce de febrero pasado en los autos del juicio oral familiar ***, del índice del Juzgado de Oralidad Familiar de Celaya, Guanajuato, controvertido que aún se encuentra en trámite; situación que se infiere de la propia demanda y su anexo en razón de que de tales documentos emerge que en el juicio en comento se señaló fecha y hora para que tenga verificativo la fase previa de conciliación, y concluida la misma, se desahogue la audiencia preliminar, fecha que evidentemente no ha trascurrido, por lo cual se sostiene que el proceso natural aún se encuentra en trámite, y la agraviada con oportunidad de apersonarse al mismo a defenderse. En tal virtud, es que resulta inconcuso que el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, sino que sus consecuencias son meramente procesales, pues como ya ha sido explicado en párrafos precedentes, de obtener la parte quejosa resolución favorable a sus intereses, las violaciones procesales que ahora constituyen el acto reclamado, quedarán extinguidas sin haber originado afectación alguna a sus derechos sustantivos y, en caso de que no sea así, es decir, que no obtenga un fallo acorde a sus intereses, la impetrante estará en condiciones de hacer valer tales violaciones, en el amparo directo que se intente contra la sentencia que ponga fin al juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que contiene, la jurisprudencia 94/2008, publicada en la página 256, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO.La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada. También, sustenta lo señalado anteriormente, en lo conducente, la tesis II.1o.C.T.44 K, visible en la página 396, del Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: EMPLAZAMIENTO, ILEGALIDAD DEL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, SI EL QUEJOSO PUEDE SER OÍDO EN EL JUICIO. El acto consistente en el emplazamiento ilegal, no es un acto de imposible reparación, pues el mismo no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, mismos que pueden ser impugnados dentro del juicio hasta antes de que se dicte sentencia, a través del incidente de nulidad de actuaciones, o en su defecto, mediante los agravios que se hagan valer en el recurso de apelación que se interponga en contra de la sentencia de primera instancia. Asimismo, sustenta lo señalado con antelación, la tesis de jurisprudencia VII. A. T. J/33, del Tomo 86-1, Febrero de 1995, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 50, que a la letra dice: EMPLAZAMIENTO. CUANDO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO Y CUANDO EL INDIRECTO. La falta de emplazamiento legal puede dar lugar: a). A la condena del reo sin que tenga conocimiento alguno del procedimiento seguido en su contra, o sea, en uno en el que, en puridad, no puede considerársele parte y sí tercero extraño, criterio éste que encuentra apoyo en las tesis jurisprudenciales números 262 y 263, que bajo el rubro 'PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO' pueden consultarse en las páginas ochocientos uno y siguientes de la Cuarta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en el año de mil novecientos setenta y cinco, y b). A dicha condena en uno en el que el demandado pudo tener intervención y, por ende, obtener la regularización del procedimiento. En la primera de esas hipótesis es aplicable lo dispuesto por la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia número 259 publicada bajo el epígrafe PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO en la página ochocientos de la parte y apéndice mencionados, que contemplan un caso de procedencia del juicio constitucional ante los jueces de Distrito, en tanto que en la segunda el aplicable es el diverso 159 fracción I ibidem, y por lo tanto, procedente el juicio unistancial. En efecto, al encontrarse el juicio natural en trámite, la impetrante se encuentra en aptitud de acudir a él y hacer valer en contra de los actos que le causen perjuicio los medios de defensa ordinarios que tenga a su alcance antes de acudir al juicio de amparo y, en su caso, agotado el principio de definitividad, acudir a la acción constitucional, en su oportunidad procesal y la vía correspondiente. Resulta aplicable en lo conducente la tesis jurisprudencial P./J. 1/2012 (10a.), visible en la página 5, libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal." Así como la diversa tesis VII.1o.P.T.7 k (10a.), visible en la página 2329, libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RADICACIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO LABORAL CONFORME A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012, Y NO DE ACUERDO A SU TEXTO ANTERIOR [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS VII.1o.P.T.2 K (10a.)]. El auto que admite a trámite una demanda laboral y sus consecuencias no son actos que dejen sin defensa al quejoso, ni que le causen un perjuicio irreparable, pues si emanan de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo en que se impugnen sólo puede promoverse contra la resolución definitiva, por violaciones cometidas en ella o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le concede; consecuentemente, el amparo promovido contra estos actos es improcedente, al actualizarse la hipótesis de improcedencia del juicio que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, este último interpretado a contrario sensu; razón por la cual este tribunal abandona el criterio sostenido en la tesis aislada VII.1o.P.T.2 K (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de mayo de 2014 a las 10:34 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo III, mayo de 2014, página 1914, de título y subtítulo: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RADICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL JUICIO LABORAL CONFORME A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012, Y NO DE ACUERDO A SU TEXTO ANTERIOR, AL SER UN ACTO QUE PODRÍA GENERAR AL QUEJOSO UN PERJUICIO INMEDIATO E IRREPARABLE, Y RETARDARÍA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. ya que conforme a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el mismo medio de difusión y Época del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en su Gaceta, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). de la interpretación de la citada fracción V, se advierte que el amparo indirecto está reservado a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con los artículos 107, fracción V y 172, fracción I, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio procesal para oír notificaciones los estrados de este juzgado de Distrito, practíquensele todas las notificaciones, aún las de carácter personal, mediante listas que se publican en este órgano judicial; así mismo, se tienen como autorizados en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ********** el primero de ellos por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que cuente con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude el precepto legal en cita; mientras que el segundo de los mencionados, por así haberlo solicitado expresamente. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, el suscrito habilita días y horas inhábiles para notificar las providencias respectivas dictadas en el presente juicio para el adecuado despacho del asunto.

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