Martina Eva Mata
Expediente 888/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 888/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 07/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Martina Eva Mata
- Alfredo Murillo Viramontes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
El siete de julio de dos mil veintidós, Juan García Trejo, secretario de juzgado, certifica que: a) Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. b) Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del doce al veinticinco de mayo de la presente anualidad, sin que hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de derechos en que se actúa. c) Que sí se tramitó incidente de suspensión, en el que se negó la suspensión provisional y definitiva, asimismo, no fue exhibida garantía alguna. d) Sí existen constancias por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, siete de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo en cita; y toda vez que las constancias que integran el incidente de suspensión, se advierte que no son de relevancia documental, es destruible el cuaderno original, en razón de que se negó la suspensión provisional y definitiva. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el artículo 21 del citado acuerdo, llévese a cabo la destrucción de los expedientes antes mencionados. Y dese el trámite correspondiente establecido en el artículo 9 del Acuerdo en mención. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable juez Primero del Ramo Civil del distrito judicial de la capital los tomos de pruebas que en su momento remitió como complemento a su informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. EMVG 19794 y 19795 En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del ocho de julio de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 888/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, Martina Eva Mata por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto y las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. La parte quejosa señaló vulnerados en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda de referencia correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, la cual se registró en el libro de gobierno bajo el número de expediente 888/2021; previo cumplimiento por parte de la quejosa al requerimiento que le fue realizado, se admitió a trámite mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación; y se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional. TERCERO. Audiencia constitucional. El veintiocho de enero del presente año se celebró la audiencia constitucional, la cual inició en los términos asentados en el acta respectiva y concluye con el dictado de esta resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque los actos reclamados tienen ejecución en el territorio en el que se ejercen funciones de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis en conjunto del escrito que constituye la demanda de amparo, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo expresado en la tesis de jurisprudencia número P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En el caso, el acto reclamado en el presente juicio de amparo a la autoridad responsable 1) Juez Primero en Materia Civil del distrito judicial de la Capital de Zacatecas; y, 2) Actuario adscrito al Juzgado Primero en Materia Civil del distrito judicial de la Capital de Zacatecas, consiste en: La falta de emplazamiento al juicio especial de desahucio número 108/2020 promovido por Alfredo Murillo Viramontes; La orden ejecutiva y la notificación de lanzamiento de la quejosa del domicilio que dice es de su propiedad, ubicado en calle Loma Dorada número (212) doscientos doce, del Fraccionamiento "La Loma", en la Ciudad de Zacatecas. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Juez Primero en Materia Civil del distrito judicial de la Capital de Zacatecas y Actuario Adscrito a ese propio Juzgado, fueron coincidentes en señalar: que ante ese Juzgado se encuentra radicado el expediente 108/2020 relativo al Juicio Especial de Desahucio promovido por Alfredo Murillo Viramontes en contra de Rodolfo Rodríguez Mora. De lo anterior, se obtiene que las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados. Apoya lo aseverado, la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Además, esa certeza se corrobora con las documentales que remitieron las citadas responsables; documentales con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, así como por la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, sería innecesario el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." No obstante la certeza de los actos reclamados, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, ya que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5o., ambos de la Ley de Amparo y el diverso numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la parte quejosa no acreditó contar con interés jurídico para promover este juicio, en razón de que el acto reclamado no le genera perjuicio virtud a que no es parte demandada, tampoco acredita interés jurídico para que sea llamada al juicio de origen, como enseguida se explicará. Los preceptos citados establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "ARTÍCULO 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; En términos de los preceptos transcritos, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos procesales indispensables para su procedencia es el acreditamiento pleno del interés jurídico de quien acude a solicitar la tutela constitucional, aspecto que puede demostrar a través de cualquiera de los medios de prueba previstos en la ley. Debe decirse que el interés jurídico es un presupuesto de procedencia en el juicio de amparo que se impone como carga al quejoso, para que demuestre la titularidad del derecho subjetivo que reclama, y que éste se vio afectado; esto es, aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, quien alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal del accionante del amparo, la cual le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo, que de resultar afectado con el acto autoritario que en su caso reclame, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos públicos. Luego, para demostrar la afectación al interés jurídico en el amparo, se requiere acreditar a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, cuando menos, la existencia de los siguientes elementos: (i) un derecho legítimo de la quejosa sobre el bien tutelado; (ii) la precisión indudable de ese derecho (legitimación); y (iii) la afectación del citado derecho, a través de un acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Apoya a lo anterior la tesis de rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Así, el interés jurídico, es un derecho subjetivo que derivado de la norma objetiva se concreta en forma individual en algún bien determinado y brinda al individuo una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Por ello, para acudir al juicio de amparo, tendrá interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y no otra persona. "INTERES JURIDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Es decir, para la procedencia del juicio de amparo, el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica del quejoso, ocasionándole un perjuicio directo en su campo de derechos; entendiéndose como perjuicio, aquel acto que produce una lesión u ofensa material de manera personal y directa a los intereses o derechos de una persona legítimamente tutelados. Cabe precisar que la demostración del interés jurídico es una carga que se debe acreditar en forma indubitable y no inferirse con base en presunciones, circunstancia que constituye un elemento esencial para poder concederle la protección constitucional. Es aplicable a lo expuesto, la tesis de rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." De tal manera, si los actos reclamados en este juicio provienen de una autoridad judicial en materia civil, como es el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatecas, para que proceda el juicio de amparo, la parte quejosa debe demostrar que tiene un interés jurídico y no legítimo, esto dada la naturaleza jurisdiccional de los actos reclamados. Ahora, la parte quejosa se ostenta en el presente juicio de protección de derechos fundamentales, como tercera extraña al procedimiento del que emanan los actos reclamados. En relación con el carácter de tercero extraño, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas. Lo anterior encuentra su apoyo en la tesis de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Ahora, de las constancias del Juicio Especial de Desahucio número 108/2020, del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil de la Capital, en lo que interesa, se advierte lo siguiente: 1. El ocho de mayo de dos mil veinte, Alfredo Murillo Viramontes, presentó escrito de demanda por el cual promovió Juicio Especial de Desahucio contra Rodolfo Rodríguez Mora en su carácter de arrendatario y deudor (fojas 1 a 32 del tomo de pruebas 1/2). 2. Se ordenó el emplazamiento del demandado mencionado, no así de Martina Eva Mata, toda vez que no fue señalada como demandada (fojas 33 y 34 del tomo de pruebas 1/2). 3. El cinco de febrero de dos mil veintiuno, se realizó el emplazamiento del demandado Alfredo Murillo Viramontes (foja 36 del tomo de pruebas 1/2). 4. Mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se acusó la rebeldía del demandado Alfredo Murillo Viramontes (foja 39 del tomo de pruebas 1/2). 5. El dieciséis de julio de dos mil veintiuno se dictó sentencia definitiva, la que se condenó al demandado Alfredo Murillo Viramontes al pago de pesos por concepto de rentas vencidas, así como a la desocupación y entrega del bien inmueble motivo del juicio (fojas 155 a 162 del tomo de pruebas 1/2). 6. Contra esa resolución se interpuso recurso de apelación mismo que fue declarado abandonado juicio (fojas 168 a 172 del tomo de pruebas 1/2). En ese sentido, para efecto de corroborar el carácter con el cual se ostenta la quejosa Martina Eva Mata, basta con realizar una simple lectura de las constancias que remitió la autoridad responsable, para concluir que efectivamente la solicitante del amparo no tiene el carácter de tercero extraño a juicio en estricto sentido, al no haber sido parte demandada en el Juicio Especial de Desahucio número 108/2020, del índice del Juzgado Primero del ramo Civil de la Capital, en la que se demandó el pago de pesos, así como la desocupación y entrega del inmueble objeto de arrendamiento, el cual fue promovido por Alfredo Murillo Viramontes, contra Rodolfo Rodríguez Mora. Por tanto, si la parte quejosa pretende establecer a través del juicio de amparo una violación a sus derechos fundamentales derivado de la falta emplazamiento al citado Juicio Especial de Desahucio número 108/2020; es indudable que carece de interés jurídico para ello, pues quienes debía ser llamado a juicio con la calidad de demandado era Rodolfo Rodríguez Mora, tal y como aconteció. Sustenta lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia P. /J. 23/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 206, con número de registro electrónico 2006144, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo." Ello, en el entendido de que en la acción principal se demandó el pago de pesos, así como la desocupación y entrega del inmueble objeto de arrendamiento. De ahí que se estima que la aquí quejosa, carece de interés jurídico para acudir al presente juicio de amparo; pues no fue parte demandada en el juicio natural. Además, tampoco acredita que detente la posesión con justo título respecto del inmueble que defiende en el presente juicio de amparo. Ahora bien, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, hipótesis legal que encuentra su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 constitucional, de conformidad con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada. Dicho principio es reglamentado por el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia al disponer, en lo conducente, que son partes en el juicio de amparo el quejoso, es decir, la persona que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de tal legislación y produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Como se ve, al tenor de las disposiciones aplicables, el juicio de amparo puede ser promovido tanto por la persona que alegue tener interés jurídico como por aquella que afirme le asiste un interés legítimo en el asunto. Para que un gobernado se encuentre legitimado para solicitar el amparo de la justicia federal en la primera de las hipótesis mencionadas, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de la autoridad. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado, y el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. En otras palabras, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de garantías. Sirve de apoyo a las anteriores afirmaciones la jurisprudencia I. 1o.A. J/17 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 60, diciembre de 1992, página 35, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad que se impugna en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación alguna, porque no tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto o, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. Cabe precisar que a juicio del suscrito, no es el caso explicar la hipótesis legal de interés legítimo que prevé el artículo 107, fracción I, de la Norma Fundamental, porque al encontrarse en controversia la orden de desocupación y entrega de un inmueble, evidentemente se colige que dicha cuestión se relaciona con los derechos de propiedad y posesión respecto de ese inmueble, por lo que es necesario e indispensable que la parte promovente acredite de manera fehaciente su titularidad y no que esa afectación que refiere derive de un interés legítimo. Máxime, que el acto reclamado deriva o proviene de un tribunal judicial y de un juicio de desahucio, razón por la que es necesario que en esta vía la parte quejosa acredite tener interés jurídico, de conformidad con el párrafo segundo de la fracción I del artículo 107 constitucional. Sirve de apoyo a lo antes dicho, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 82, Octubre de 1994, página 17, del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Partiendo de la premisa anterior, se concluye que el presente juicio de control constitucional resulta improcedente, tomando en consideración que la quejosa fue omisa en aportar pruebas idóneas para acreditar la titularidad del derecho de posesión que aduce ostentar respecto del inmueble cuyo restitución a favor de la aquí tercera interesada, se ordenó en el procedimiento natural. En efecto, al advertirse que la solicitante del amparo invocó conculcadas en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que a su juicio, en el procedimiento de origen se le privó de la posesión del inmueble reseñado, del cual dice ser propietaria al haber celebrado un contrato de compraventa, es claro que debe demostrar, necesariamente, el derecho de propiedad sobre el citado bien inmueble, así como la causa jurídica de la que deriva; lo cual, en el caso, no acontece, pues para acreditar el interés jurídico que afirma le asiste, ofreció los siguientes elementos de convicción: Constancia original de concubinato expedida por la encargada del Departamento de Trabajo Social del Sistema Municipal DIF Zacatecas, a favor de Martina Eva Mata y Rodolfo Rodríguez (foja 8). Copias simples de unas constancias relativas al expediente 108/2020, relativas al juicio de desahucio del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital (foja 9 a 19). Empero, con dichos elementos de convicción no se acredita el interés jurídico requerido para la procedencia del juicio de amparo, por los motivos que a continuación se explican. La documental identificadas con el numeral "1", consistentes en constancia original de concubinato expedida por la encargada del Departamento de Trabajo Social del Sistema Municipal DIF Zacatecas, a favor de Martina Eva Mata y Rodolfo Rodríguez, aún de conferírsele eficacia probatoria, lo único que demostraría es que la quejosa y Rodolfo Rodríguez, viven en concubinato, pero no es apta para acreditar el derecho de propiedad a favor de la peticionaria de amparo respecto del inmueble ubicado motivo de controversia. Las constancias enunciadas en el apartado "2", expedidas por el Juzgado Primero de Ramo Civil de la Capital, se estiman carentes de valor probatorio, al ser copias simples. Se invoca por analogía para robustecer el argumento planteado, la tesis con registro 211768, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, que a continuación se transcribe: "PROPIEDAD Y POSESION. CONSTANCIAS QUE NO LA PRUEBAN. La constancia expedida por un agente municipal y regidor carece de valor para acreditar la propiedad de un inmueble, ya que dicha autoridad no tiene facultades para certificar cuestiones de propiedad o posesión, además de que esa no es la prueba idónea para acreditar el hecho de la posesión ni el derecho de propiedad. Aunado a lo anterior, debe decirse que las documentales antes analizadas, no constituyen prueba sobre la existencia de un justo título que respalde la propiedad del inmueble a que se hace referencia, pues de su contenido no se precisa cual fue el documento o documentos con base en los cuales se reconoce el derecho de propiedad derivado de una figura jurídica. En esa medida, se reitera que la peticionaria del amparo fue omisa en aportar algún medio de convicción que, de manera fehaciente, demostrara la titularidad del derecho que aduce ostentar en relación al bien inmueble materia de controversia en el juicio natural. Asimismo, debe decirse que no representa obstáculo alguno el hecho de que la parte quejosa en su demanda de amparo hubiese manifestado, bajo protesta de decir verdad, tener la calidad de propietaria y poseedora del bien inmueble materia de litigio en el procedimiento natural y, respecto del cual, sustenta su derecho para instar la presente vía constitucional. Lo anterior es así, pues dicha protesta no demuestra el interés jurídico necesario para promover el presente juicio de amparo, ya que dicha afirmación debe estar demostrada con alguno de los medios probatorios previstos por la ley, pues lo manifestado en la demanda de amparo constituye solo un requisito necesario que debe contener en términos del artículo 108, fracción V de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 27/90, con registro 207221, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo V, primera parte, enero-junio de 1990, página 229, que establece: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." En virtud de ello, si como ha quedado precisado, la quejosa no demostró que le asiste interés jurídico para promover el juicio de amparo en que se actúa, es de concluir que, como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de protección de derechos fundamentales, respecto del acto reclamado y la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 1ª./J. 1/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Febrero de 2002, Materia Común, página 15, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Por lo tanto, la quejosa no acredita que los actos reclamados le ocasionan a su esfera jurídica un agravio personal, pues en autos no obra elemento de prueba alguno que evidencie dicha circunstancia. Al margen de la causal de improcedencia analizada, la demanda de amparo también se presentó de manera extemporánea. En el caso, este resolutor considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, ya que, de los antecedentes del caso, se advierte que la demanda de amparo no se presentó dentro de los plazos establecidos por el artículo 17 de la referida Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichas disposiciones normativas, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo en vigor, determina que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en dicha ley, salvo los casos expresamente consignados en los que prevé un plazo distinto a los quince días. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la página 1890, Tomo XXII, Agosto de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de derechos, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Novena Época, enero de dos mil once, página cinco, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". En ese sentido, debe concluirse que, en el presente caso, al ser los actos reclamados la falta de emplazamiento al juicio de desahucio expediente 108/2020 del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil de la Capital, es inconcuso que se trata de actos que no encuadran en ninguna de las hipótesis de excepción del artículo 17 de la Ley de Amparo; es decir, no se trata de normas generales autoaplicativas o procedimientos de extradición, en el que el plazo será de treinta días; tampoco es un acto relativo a la emisión de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, supuesto en el que podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; en el mismo sentido, tampoco es un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en el que el plazo de presentación de la demanda será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; finalmente, tampoco puede concluirse que se trate de un acto reclamado que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo; por lo que debe atenderse al término genérico de quince días que establece el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor. Por lo cual, si la quejosa se ostentó sabedora del acto reclamado, desde el cinco de febrero de dos mil veintiuno, fecha en que el Ministro Ejecutor adscrito a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Distrito Judicial de la Capital, se constituyó en el domicilio ubicado en Calle Loma Dorada número doscientos doce, Fraccionamiento la Loma, Zacatecas, en busca del demandado Alfredo Murillo Viramontes, funcionario que fue atendido por la propia quejosa y la requirió por la presencia del demandado. Lo anterior, toda vez que así lo permite demostrar el acta de emplazamiento y requerimiento de desocupación del inmueble, diligencia que obra a fojas 36 del tomo 1/2 relativo a las copias certificadas del juicio natural, y no se encuentra en ninguna de las hipótesis de excepción a que se refiere el propio arábigo 17 de la Ley de Amparo, el término para la presentación de la demanda es genérico de quince días, a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación del acto reclamado, y si ésta no promueve la demanda de amparo en el término genérico de quince días como lo previene el artículo 17 de la Ley de Amparo, debe considerarse que ha consentido tácitamente los actos reclamados. Lo antes expuesto, pone de manifiesto que la quejosa Martina Eva Mata, desde el ocho de febrero de dos mil veintiuno, se ostentó sabedor (ello no obstante que la diligencia se llevó a cabo en cinco del mismo mes y año, al ser día inhábil pero laborable) de los actos reclamados que hizo consistir la falta de emplazamiento al juicio de desahucio, expediente número 108/2020 del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil de la Capital. Aspectos que de manera clara y precisa demuestran que la parte quejosa conoció por otros medios de la existencia de los actos reclamados en este juicio de amparo, sin que en el caso, haya quedado demostrado que la quejosa, estuviera impedida para promover la demanda de amparo, dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que se ostentó sabedora de tales actos; de ahí, que el día ocho de febrero de dos mil veintiuno, será la fecha en que Martina Eva Mata se hizo sabedora. En tales condiciones, debe decirse que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo contra dichos actos, transcurrió del nueve de febrero al uno de marzo de dos mil veintiuno, siendo inhábiles entre ambas fechas los trece, catorce, veinte, veintiuno,, veintisiete y veintiocho de febrero del citado año (sábados y domingos) de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, es inconcuso que su promoción resulta extemporánea. En esas condiciones, al haberse presentado la demanda de amparo en forma extemporánea, lo que procede y se determina es sobreseer en el juicio de amparo de conformidad con el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados consistente en la falta de emplazamiento al juicio de desahucio, expediente número 108/2020 del índice del Juzgado Primero del Ramo Civil de la Capital. En suma, al surtirse la causa de improcedencia invocada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional, respecto de los actos atribuidos a las responsables precisados en este considerando, de conformidad con la fracción V del artículo 63 en relación con el numeral 61, fracción XIV, así como en los dispositivos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso -terminar la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al fondo planteado-, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Martina Eva Mata, contra los actos que reclamados del Juez Primero del Ramo Civil; y, Actuario Ejecutor adscrito al citado Juzgado, con sede en esta ciudad de Zacatecas, en los términos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese; y personalmente. Así lo resolvió y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, hasta hoy veintiocho de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. En Zacatecas, Zacatecas a veintiocho de abril de dos mil veintidós, Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifico: en la sentencia que antecede se marcó la información considerada legalmente como reservada o confidencial en términos de los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del citado Consejo, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, del Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas de Documentos Electrónicos, generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Doy fe. 56 y 12457 En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veintinueve de abril de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
- Principal
El veintiuno de enero de dos mil veintiuno, la secretaria de juzgado, da cuenta con lo siguiente: La circunstancia de que los licenciados J. Luis Aparicio de la Torre y Manuel Solís Rodarte, tienen registrada su cédula profesional (1065058 y 1768750) en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con la promoción con folio 657. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintiuno de enero de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por Alfredo Murillo Viramontes; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le tiene apersonado en el presente juicio de amparo, con el carácter de tercero interesado y como autorizados de su parte en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a J. Luis Aparicio de la Torre y Manuel Solís Rodarte, quienes cuentan con cédulas profesionales 1065058 y 1768750 registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a José Luis Aparicio Trujillo y como domicilio para tal fin el que refiere en su ocurso. Finalmente, se tiene como correo electrónico de su parte el que precisa, lo anterior a efecto de que se establezca el contacto respectivo en los casos que se estime necesario. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, en unión de Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe. *Amci
- Principal
El veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de Juzgado, certifica: Que se encuentran señaladas las diez horas con diez minutos de hoy para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Asimismo, que el tercero interesado Alfredo Murillo Viramontes, fue emplazado al presente juicio de amparo en veintiséis de noviembre del presente año, sin que a la presente data haya señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, como le fue requerido en auto de veinticinco del cietado mes y año. Lo anterior se asienta para los efectos legales correspondientes. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado de autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se advierte que el tercero interesado Alfredo Murillo Viramontes no ha señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, no obstante haber sido emplazado y requerido para ello; en consecuencia, hasta en tanto no se haga señalamiento al respecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, la notificación del presente auto, así como las posteriores de carácter personal, practíquensele por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del diverso numeral 29 del cuerpo de leyes invocado. De igual forma, visto el estado que guardan los autos y certificación que antecede se advierte que se encuentran señaladas las diez horas con diez minutos de hoy para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio, así como que ya obran agregados los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; luego, con el objeto de evitar innecesarias reposiciones, dese vista al nombrado tercero interesado con el contenido de los mismos para que si es su deseo manifieste lo que a su interés legal convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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