Martina Castillo Noriega

Expediente 121/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
121/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Culiacán, Sinaloa
  • Martina Castillo Noriega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA; en tal virtud, agréguese a los autos el cuaderno original del incidente de suspensión. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. Toda vez que el duplicado del incidente es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado Acuerdo, dese nueva cuenta para acordar lo procedente; en la inteligencia de que la Secretaría deberá realizar el cómputo correspondiente para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva. En el entendido que de conformidad con las fracciones III y IV del artículo noveno, capítulo tercero del referido acuerdo, este expediente no tiene valor jurídico ni relevancia documental, por no actualizarse ninguno de los supuestos indicados en las fracciones de referencia. Finalmente, remítanse a su lugar de origen las constancias allegadas, las cuales ya no son de utilidad en este asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Audiencia constitucional En Culiacán Rosales, Sinaloa, a las diez horas veintidós minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 121/2023, asistido del Secretario Roberto Escobedo Sánchez y sin presencia de las partes, el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, procede a celebrar la audiencia, para lo cual solicita al secretario dé cuenta y relación de las constancias del expediente. El Secretario da cuenta con las constancias relevantes, entre ellas: demanda de amparo, acuerdo de admisión, notificación a las partes e informes justificados de las autoridades responsables. El Juez acuerda: Téngase hecha la anterior relación de constancias. Se abre el período de pruebas, en el que a solicitud del Juez el Secretario hace constar las documentales allegadas por las partes. El Juez acuerda: Se admiten dichas pruebas y se tienen desahogadas en razón de su naturaleza. Al no existir medio de convicción pendiente de relacionar, admitir o desahogar, se cierra esta fase y se ordena pasar a la siguiente. Se apertura el periodo de alegatos, en el que a instancia del Juez el Secretario hace constar que la tercera interesada Dimensiones Asesores, Sociedad Anónima de Capital Variable realizó manifestaciones en vía de alegatos. El Juez acuerda: Se tiene formulando alegatos a la parte citada y se cierra esta fase de alegatos. Concluidas las etapas de pruebas y alegatos, se procede dictar sentencia. VISTOS, para resolver, las constancias del expediente del juicio de amparo 121/2023. PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado en tres de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Culiacán Rosales, Sinaloa, Martina Castillo Noriega solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión. Por acuerdo de ocho de febrero siguiente, este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, ordenó solicitar informe justificado a las responsables, dar intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y fijó hora y día para la audiencia constitucional que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. RESOLUCIÓN: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, virtud que se reclama acto con ejecución en esta ciudad. SEGUNDO. Autoridades y actos reclamados. De la Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad: Orden de lanzamiento de trece de enero de dos mil veintitrés dictada en el juicio ejecutivo mercantil 1937/1992, promovido por Banoro, Sociedad Anónima contra Paula Jacobo Gastelum. Del Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y Familia de este Distrito Judicial de Culiacán, Actuario adscrito y Director de la Unidad de Policía Municipal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de esta ciudad (denominación correcta): Ejecución de la orden de lanzamiento en comento practicada el dos de febrero de dos mil veintitrés. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Coordinador adscritos a la Coordinación de Actuarios de los Justados de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de esta ciudad, ya que sus facultades sólo son administrativas. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 1ª/J 88/2019 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 73, diciembre de 2019, Tomo I, página 198, registro 2021189, de rubro siguiente: ACTUARIO. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN, AUN CUANDO EN LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL LOCAL DE LA ENTIDAD EXISTA UNA OFICINA CENTRAL DE NOTIFICADORES Y EJECUTORES. En consecuencia, por inexistencia procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de tal acto y autoridad con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Autoridad Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados a la Jueza, Actuario y Director de Policía responsables, ya que así se advierte de sus informes justificados, lo que se corrobora con la copia certificada del juicio natural en la que se encuentra el acuerdo que ordenó la orden de lanzamiento reclamada y la diligencia en que se efectuó. QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor compresión del asunto se precisan los antecedentes siguientes: Del cuaderno de pruebas surgen los antecedentes siguientes: 1. Por cuatro escritos de nueve de octubre de mil novecientos noventa dos, en la vía ejecutiva mercantil Banoro, Sociedad Anónima, demandó en la primera a Paula Jacobo Gastelum; en la segunda y tercera a José Montalvo Ozuna y a Paula Jacobo Gastelum, en la tercera a José Montalvo Ozuna, Paula Jacobo Gastelum y a Juan Pablo Montalvo Jacobo, entonces menor de edad (tomo de pruebas I, fojas 1 a 2, 48 a 50 y 108 a 110). 2. El doce de ese mes, el Juez Primero de lo Civil de esta ciudad radicó tres primeras demandas y las admitió en los expediente 1937/1992, 1938/1992 y 1939/1992; mientras la cuarta la radicó y admitió el veintiuno de ese mes en el expediente 1998/1992 (tomo de pruebas I, fojas 3, 39, 92 y 140). 3. El tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, Banoro, Sociedad Anónima, celebró un convenio para los anteriores juicio con José Montalvo Ozuna y Paula Jacobo Gastelum de Montalvo, éstos en lo personal y como legítimos representantes del entonces menor de edad Juan Pablo Montalvo Jacobo; aprobado por el juez de origen en auto del tres de marzo siguiente, en que ordenó la acumulación de los referidos juicios mercantiles (tomo de pruebas I, fojas 158 a 167 y 170). En dicho convenio se determinó la subsistencia de los embargos trabados en los citados juicios ejecutivos mercantiles, a fin de garantizar el adeudo reconocido por los demandados. 4. En escrito de uno de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, la parte actora solicitó al juez de origen le ejecución del convenio por incumplimiento de la parte demandada (tomo de pruebas I, fojas 171). 5. El tres de mayo y dos de junio de mil novecientos noventa y cinco, tuvieron lugar audiencias de remate de los bienes inmuebles embargados, en cuyo ocasión la parte actora se adjudicó dichos bienes, entre otros el de 67.40 metros cuadrados con la siguientes medidas y colindancias: Al norte en 4 metros colinda con propiedad de Alicia López de Virgen antes Rosendo B. Ontiveros. Sur: 4 metros colinda con Calle Independencia. Al Oriente 16.70 metros colinda con con fracción vendida al señor José Gpe. Loaiza sicarios. Al poniente: 17.00 metros colinda con Alfredo Sención Barragán (tomo de pruebas I, fojas 361 a 363 y 371 a 373). Adjudicaciones aprobadas por el juez de instancia del cinco de mayo y cinco de junio siguientes, respectivamente. 6. Mediante auto del tres de abril de mil novecientos noventa y siete, el juez natural ordenó requerir a los ejecutados la entrega de las escrituras de los bienes adjudicados a la parte actora (tomo de pruebas I, foja 597). 7. Ante el incumplimiento de la parte ejecutada, en auto de tres octubre siguiente el juez de instrucción ordenó entregar en rebeldía de los ejecutados las escrituras de dichos bienes (tomo de pruebas, foja 599). 8. En el acuerdo de veinticinco de noviembre de los mil veintiuno, la Jueza natural reconoció la calidad de cesionario de los derechos litigiosos a Dimensiones Asesores, Sociedad Anónima de Capital Variable (tomo de pruebas II, foja 1631). 9. A petición de cesionario, en auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, la Jueza Primero de lo Civil ordenó le sea entregado el inmueble adjudicado ubicado en el poblado Costa Rica, Sinaloa, con superficie de 67.40 metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte en 4 metros colinda con propiedad de Alicia López de Virgen antes Rosendo B. Ontiveros. Sur: 4 metros colinda con Calle Independencia. Al Oriente 16.70 metros colinda con con fracción vendida al señor José Gpe. Loaiza sicarios. Al poniente: 17.00 metros colinda con Alfredo Sención Barragán (tomo de pruebas, fojas 1639 a 1640). 10. En escrito presentado el veintisiete de enero de dos mil veintidós, la parte ejecutante aclaró que conforme el avalúo existente en el expediente de origen, el inmueble cuya posesión solicitó está ubicado en calle Independencia 114, poblado Costa Rica, Culiacán, Sinaloa (tomo de pruebas II, fojas 1641 a 1643). 11. Mediante acuerdo de uno de febrero siguiente, con base en esa aclaración la Jueza natural ordenó cumplir el lanzamiento ordenado en auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós (tomo de pruebas II, fojas 1644 a 1645). 12. El ocho de febrero de dos mil veintidós, el actuario adscrito a la Coordinación de actuarios de los juzgados de primera instancia del ramo civil y familiar acudió al indicado domicilio para ejecutar los indicados autos, en cuya ocasión fueron atendidos por Verónica Montalvo Jacobo, quien manifestó que la demandada Paula Jacobo Gastellum era a su madre pero había fallecido; asimismo, se opuso a la entrega del inmueble bajo el argumento que no le fue notificado que algo así sucedería, además que dicho domicilio tiene numeración 175, diversa a la indicada en la orden de entrega 114 (tomo de pruebas II, foja 1658) El actuario dio fe que el inmueble corresponde al indicado en el avalúo; sin embargo se abstuvo de llevar a cabo la diligencia. 13. Por escrito presentado el catorce del indicado mes, la parte ejecutante indicó que el inmueble cuya posesión solicitó antes tenía la numeración 114 de la calle Independencia, pero en la actualidad tiene el 175; para demostrar lo ofreció prueba pericial (tomo de pruebas II, 1669 a 1671). 14. Mediante escrito, Verónica Montalvo Jacobo compareció al juicio de origen a solicitar no fuera molestada en su domicilio al no corresponder el número en que fue ordenado el desalojo; desestimado por la jueza en proveído del siete de marzo de dos mil veintidós (tomo de pruebas II, fojas 1672 a 1673 y 1682). 15. En diverso escrito, con la calidad de albacea de María Paula Jacobo Gastellum, Verónica Montalvo Jacobo solicitó suspender la orden de lanzamiento del domicilio ubicado en calle Independencia 175, al no corresponder el inmueble cuya entrega ordenó (tomo de pruebas II, fojas 1683 a 1685). 16. Por auto del doce de agosto de dos mil veintidós, la jueza de origen tuvo allegado el peritaje por la parte ejecutante, mediante el cual consideró acreditado que el inmueble cuyo lanzamiento ordenó es el ubicado en calle Independencia 175, colonia Centro, Costa Rica, Sinaloa; cumplir el auto de diecisiete de enero de este año en lanzamiento entrega del inmueble (tomo de pruebas II, fojas 1700 a 1707). 17. Mediante escrito de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, la parte actora solicitó efectuar la diligencia de lanzamiento (tomo de pruebas II, fojas 1848 a 1850). 18. En proveído de trece de enero de este año, la Jueza responsable ordenó ejecutar la orden de lanzamiento ordenada en auto de doce de agosto de dos mil veintidós (tomo de pruebas II, fojas 1856 a 1857). 19. El dos de febrero de dos mil veintitrés, tuvo verificativo el lanzamiento del inmueble ubicado en calle Independencia 175, colonia Centro, Costa Rica, Sinaloa (tomo de pruebas II, fojas 1865 a 1867). Los últimos dos actos constituyen los actos reclamados. SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República; y, 5, fracción I, de la Ley de Amparo establecen uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de instancia de parte agraviada; conforme al cual, dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado, lo que implica la necesidad de la demostración de la generación de algún agravio personal, directo, actual o inminente -interés jurídico-; o bien, quien acredite la afectación virtud su especial situación frente al orden jurídico -interés legítimo-. Esto es, esas normas prevén protección más amplia mediante el juicio de amparo a través del interés legítimo. Aunque se debe aclarar que dichos preceptos determinan que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; esto es, debe tener interés jurídico para instar la vía constitucional, de ahí que, en esos supuestos, se descarta la posibilidad de alegar interés legítimo. En concordancia con lo anterior, el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten el interés jurídico del quejoso. De tal manera, uno de los presupuestos de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, lo cual consiste en la comprobación de la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación con los derechos afectados por el acto de autoridad reclamado; por lo que si no se demuestra ese extremo en forma fehaciente, por consecuencia el juicio de amparo es improcedente. Existe interés jurídico cuando el acto reclamado lesiona de manera efectiva la esfera jurídica del quejoso, ya sea en su persona o patrimonio; eso es lo que provoca el fundamento de la acción constitucional. En esa virtud, la tutela del derecho sólo abarca bienes jurídicos reales y objetivos, motivo por el cual las afectaciones producidas al amparista deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir perjuicio. En el anterior sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, visible en la página 225, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Enero de 2018, con registro 170500, donde se lee: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Entonces, tratándose de actuaciones jurisdiccionales es menester que el acto de autoridad afecte la esfera de derechos del gobernado de manera efectiva y directa, para que éste pueda acudir al juicio de garantías a reprocharlo; de lo contrario, el juicio constitucional resulta improcedente. En el caso, el peticionario de amparo acudió al juicio de amparo ostentándose como persona extraña al juicio ejecutivo mercantil 1937/1992 y sus acumulados, promovido por Banoro, Sociedad Anónima contra Paula Jacobo Gastelum; en la segunda y tercera a José Montalvo Ozuna y a Paula Jacobo Gastelum, en la tercera a José Montalvo Ozuna, Paula Jacobo Gastelum y a Juan Pablo Montalvo Jacobo, entonces menor de edad. En esencia, la parte quejosa alega que la autoridad responsable ordenó lanzamiento y se efectuó respecto del inmueble ubicado en calle Independencia 175, colonia Centro, Costa Rica, Sinaloa, del que alegó tenía en arrendamiento, sin darle la oportunidad de defender sus derechos, en franca violación a su derecho de audiencia previa. Los artículos 791 y 792 del Código Civil para el Estado de Sinaloa establecen los supuestos y alcances para otorgar la posesión de algún bien, así como que, en lo interesante, cuando en virtud de algún acto jurídico el propietario dé el bien a través de arrendamiento le otorga al otro el derecho de retenerla como arrendatario, evento en el que ambos gozan del derecho de posesión, el primero originaria y el segundo derivada. Así, a través de los llamados contratos traslativos de uso (en el caso arrendamiento), el titular del derecho de propiedad está facultado para otorgar a otro el derecho de uso. En diverso orden, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que los contratos privados tienen fecha cierta en los casos siguientes: a) Cuando han sido inscritos en algún registro público. b) Cuando algún fedatario público, en razón de su oficio, lo celebró o autorizó. c) A partir de la fecha de la muerte de cualquiera de los firmantes. Sustenta lo anterior la jurisprudencial 237 de la entonces Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en el apéndice de mil novecientos noventa y cinco, página 162, que a la letra establece: DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes. De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el criterio que para acreditar el interés jurídico cuando en el juicio de amparo se defiende la propiedad o posesión de bienes es necesario que los documentos en que se sustente esos derechos sean de fecha cierta, anterior al acto reclamado; de lo contrario no se acredita ese interés. Particularmente al resolver la contradicción de tesis 40/2019, entre otras consideraciones la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vertió las siguientes: Para la resolución de dicha temática, conviene precisar, en primer lugar, que para que pueda afirmarse que quien promueve un juicio de amparo tiene interés jurídico, debe demostrarse la existencia de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa, anterior al acto reclamado, así como la afectación de ese derecho por parte de la autoridad a través del propio acto reclamado, en términos de la fracción I del artículo 107 constitucional, y del artículo 5o. de la Ley de Amparo. Ahora bien, ese interés debe acreditarse plenamente y no sólo de modo presuntivo, según el criterio que ha sustentado esta Primera Sala. De lo contrario, el juicio de amparo resultaría improcedente en términos de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. [.] Interesa para efectos de lo que es materia de la presente contradicción, sobre todo, que para demostrar el interés jurídico debe acreditarse la existencia del derecho que se estima conculcado, con anterioridad al acto de autoridad reclamado en el juicio de amparo; de ahí, la importancia de la fecha cierta del título que constituya la causa generadora de la posesión, a través de la cual se obtiene convicción de que la afectación que el acto reclamado produce al quejoso, es posterior a que éste adquirió derechos sobre el bien objeto del acto reclamado y, que por tanto, existe un derecho a su favor, susceptible de ser defendido a través del juicio constitucional. [.] Por tanto, es dable concluir que la exhibición de un contrato privado de arrendamiento de fecha cierta, es suficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso cuando el mismo ostente la calidad de tercero extraño al juicio, ya que permite determinar con certeza que el contrato de arrendamiento es anterior al reclamo de desposeimiento de que se duele; pues la fecha cierta garantiza la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evita que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales; siendo entonces el documento respectivo oponible a terceros ajenos a los que en él intervinieron. En ese orden, no es menester para demostrar el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo indirecto, tratándose de contratos traslativos de uso, como el de arrendamiento; probar además de la fecha anterior a la orden de desposesión reclamada; la posesión material del bien inmueble de que se trate; pues el Pleno de este Alto Tribunal, ha emitido criterio en el sentido de que la posesión que protege el artículo 14 constitucional, no es la simple tenencia de las cosas o bienes, sino aquella que se funda en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas, como lo es el contrato de arrendamiento, a través del cual se transmite legalmente el uso del bien de su objeto, otorgando el arrendador al arrendatario el derecho a la posesión material; de ahí que probada la causa generadora de la posesión, esto es, la existencia de un título a través del cual ésta fue otorgada; ello, sea suficiente para acreditar el interés jurídico necesario para instar el juicio de amparo. [.] En ese orden, demostrada la fecha cierta del contrato de arrendamiento en que el quejoso funda su derecho de posesión, anterior a la orden de desposesión que reclame, lo procedente será considerar acreditado su interés jurídico, y de no existir algún obstáculo para el efecto, la concesión del amparo que en su momento le sea otorgada, será para el efecto de que se le respete tal derecho de posesión, hasta en tanto fenezca la vigencia del contrato respectivo. [.] Como se advierte de la anterior trascripción, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es categórica al determinar que cuando se defiende la posesión de algún bien con base en contrato de arrendamiento, el interés jurídico se acredita demostrada la fecha cierta del contrato en que el quejoso funda el derecho de posesión, anterior a la orden de desposesión que reclame. De esa ejecutoria surgió la jurisprudencia 1a./J. 62/2019 (10a.), visible en la página 329, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, De la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, donde se lee: INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN. La posesión protegida por el artículo 14 constitucional no es otra que la definida por el derecho común, conforme al cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a la misma, esto debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. En el entendido de que las decisiones que el órgano de control de constitucionalidad tome en relación con la eficacia del título, tienen consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, pues no deciden sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, lo que deberá dilucidarse ante la potestad común. De tal manera, la interpretación gramatical mediante argumentación en sentido contrario lleva a la conclusión que no se acredita el interés jurídico cuando se defiende la posición con base en algún contrato de arrendamiento cuya fecha adquirió certeza posterior al acto reclamado. En el caso, la parte quejosa para acreditar su interés jurídico, el quejoso acompañó a la demanda de amparo certificación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, en el que se hizo constar el registro de contrato de arrendamiento de uno de agosto de dos mil veintidós, pasado ante la fe de Notario Público, celebrado entre Verónica Montalvo Jacobo como albacea de la sucesión intestamentaria de Juan Montalvo Osuna y María Paula Jacobo Gastelum (parte arrendadora) y Martina Castillo Noriega (arrendataria), respecto del inmueble ubicado en calle Independencia 175, colonia Centro, Costa Rica, Sinaloa. Dicho contrato de arrendamiento adquirió fecha cierta a partir que el Notario Público lo tuvo a la vista para su reproducción, esto es, el uno de agosto de dos mil veintidós, ya que la fecha cierta se adquiere a partir que el fedatario realiza la certificación. Si bien el contrato de arrendamiento es de fecha cierta al ratificarse ante fedatario público, empero la certeza de la fecha es posterioridad al proveído de diecisiete de enero de dos mil veintidós en el que la Jueza responsable ya había ordenado la entrega del bien y que lo reiteró en acuerdo de trece de enero de dos mil veintitrés (tomo de pruebas II, foja 1639 a 1640). Habida cuenta que el inmueble aludido se ordenó la entrega de escrituras desde el tres de octubre de mil novecientos diecisiete, momento en el que derecho de propiedad se ordenó trasladar a la parte actora (tomo de pruebas, foja 599). Así, el documento con el que la amparista pretende acreditar la posesión de inmueble afecto tienen fecha cierta (uno de agosto de dos mil veintidós) con posterioridad a la orden de entrega de escritura y de lanzamiento del inmueble; por tanto, al dictado de esas actuaciones la quejosa no tenía algún derecho de posesión sobre el inmueble en cuestión, lo que implica falta de interés jurídico para instar la vía constitucional. Aunado a lo expuesto, el contrato de arrendamiento fue celebrado por albacea, sin que se adviertan constancias de las cuales se desprenda qué bienes conformaron el haber hereditario para corroborar la eficacia del contrato para efectos del presente juicio de amparo. En consecuencia, no demuestra para efectos del juicio de amparo el agravio real y directo en su esfera jurídica. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio con sustento en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. Por lo expuesto y fundando, este Juzgado de Distrito resuelve: ÚNICO. SOBRESEE en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de Roberto Escobedo Sánchez, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Culiacán, Sinaloa, a diez de marzo de dos mil veintitrés. Virtud que obran en el expediente electrónico las constancias remitidas por la Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil en apoyo a su informe justificado; por tanto, como se indicó en auto de veintitrés de febrero del año en curso, con esos documentos se da vista a las partes. Fórmese los cuadernos de pruebas respectivos. Notifíquese.

  4. Principal

    Culiacán, Sinaloa, nueve de marzo de dos mil veintitrés. De la certificación que antecede y del estado de autos se advierte que está programada audiencia constitucional para este día. Sin embargo, trascurre el plazo de ocho días para que las partes se impongan del contenido del informe justificado agregado en veintitrés de febrero pasado. Por lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS VEINTIDÓS MINUTOS DE TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. Notifíquese.

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