Martín Villar Calderón
Expediente 1450/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1450/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Martín Villar Calderón
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Visto los oficios de cuenta en que el delegado de Guadalupe Trinidad Reyes García, quien al momento de la imposición de la multa ocupa el cargo de Directora General de Recursos Humanos y la Subdirectora de Amparos Administrativos en suplencia de Laura Ángeles Gómez, quien tienen el cargo de Coordinadora General de Administración antes Oficial Mayor, todos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, interponen recurso de queja en contra del auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente expediente, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 100 y 101 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente de la notificación, señalen las constancias que estiman deben remitirse al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que conocerá del recurso de queja. Asimismo, se les apercibe que una vez transcurrido el término que establece el artículo 101 de la ley de la materia, con o sin su desahogo, se enviará el informe relativo al Tribunal correspondiente. En ese sentido, este Juzgador toma conocimiento del señalamiento de constancias que el promovente estima deben ser remitidas con motivo del recurso de mérito. Finalmente, se reserva proveer respecto a la solicitud de la autoridad oficiante para suspender el presente procedimiento de ejecución de sentencia, hasta en tanto transcurra el plazo otorgado a las parte en el presente proveído, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que obre como corresponda, debiéndose estar a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la copia simple de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, promovida por Miroslava Halabrinova, por su propio derecho, como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, se forma por duplicado el incidente de suspensión correspondiente al juicio de amparo 875/2021-III. Asimismo, con fundamento en el artículo 3, del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación", el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Con apoyo en los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable su informe previo, el que deberá rendir por duplicado y dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento en que queden legalmente notificada del presente proveído, remitiéndole VICTOR AGUIRRE MONTOYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.02 18/01/24 10:23:15 TRÁMITE para el efecto copia simple de la demanda de garantías y sus anexos. Se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINITUNO, para la celebración de la audiencia incidental. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128, 129 y 139 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que los peticionarios de garantías deben reunir para que sea procedente la suspensión del acto reclamado, los cuales son: que la solicite el agraviado; que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicio de difícil reparación para el quejoso. Asimismo, cuando la naturaleza lo permita, se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Cabe precisar que la parte quejosa solicita la suspensión provisional para los siguientes efectos ".que la hoy autoridad responsable de respuesta de inmediato a la petición que se le tiene planteada.", por lo que este juzgador se pronunciara al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia de rubro siguiente: SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. (Época: Décima Época. Registro: 2019200. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, febrero de 2019, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 4/2019 (10a.). Página: 14). Ahora bien, a fin de determinar si los efectos y consecuencias del acto reclamado son susceptibles de VICTOR AGUIRRE MONTOYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.02 18/01/24 10:23:15 TRÁMITE ____________________________________________________________ 3 MESA III Amparo indirecto 875/2021 suspensión, debe tomarse en cuenta que la doctrina y la jurisprudencia han establecido que para cuestiones suspensionales, existen, entre otros, dos tipos de actos, a saber: a) Los positivos b) Los negativos El acto de carácter positivo, es aquél que se traduce en la decisión o ejecución de un hacer de las autoridades, es decir, consiste en un hacer de éstas, voluntario y efectivo, que se presenta con la imposición de obligaciones al individuo, traducidas en una acción, una orden, una privación o una molestia. Asimismo, el acto positivo se subclasifica en: a) Actos de ejecución instantánea. b) Actos de ejecución continuada. c) Actos de ejecución de tracto sucesivo. Los actos de ejecución instantánea, únicamente podrán ser objeto de la concesión de la medida suspensional antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo. Los actos de ejecución continuada o inacabada son aquéllos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios. En relación a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona, del VICTOR AGUIRRE MONTOYA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.02 18/01/24 10:23:15 TRÁMITE quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato. Por lo que, la suspensión concedida contra estos actos actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. Por otra parte, el acto negativo es aquél en que la autoridad se abstiene a obrar en favor de la pretensión del gobernado. En esta clase de actos se manifiesta con la omisión de las autoridades, en responder lo que los gobernados les solicitan. En ese tenor, los actos negativos se clasifican, en: I) Abstenciones. II) Negativas simples. III) Actos prohibitivos. Los actos negativos de abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión. Por cuanto hace a los actos relativos a las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión, porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar. Finalmente, respecto de los actos prohibitivos no son iguales a las negativas simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida. Cabe precisar que en relación con los efectos para los que solicita la medida cautelar, constituye un acto de carácter omisivo, en virtud que la autoridad responsable ha sido pasiva en contestar dicha petición, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, se niega la suspensión provisional solicitada, toda vez que se trata de un acto de esa naturaleza, respecto del cual no procede la suspensión, pues la medida cautelar tiene como efectos paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, lo cual no sucede en el presente caso, al traducirse el acto citado en la negativa de otorgar el cargo de suboficial, por lo que es inconcuso que este acto no es susceptible de suspenderse. Máxime que con el otorgamiento de la suspensión se estaría obligando a la autoridad responsable a realizar una conducta de hacer (dar contestación a la petición de la quejosa), cuyo estudio constituye precisamente la materia de fondo del asunto, más aún, forma parte de los efectos del juicio en caso de concederse el amparo en el principal. En efecto, únicamente la sentencia que se dicte en el juicio en lo principal es la única resolución que puede obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho humano que se estima violado, lo cual es impropio de la medida cautelar en estudio, pues sus efectos son los de paralizar los actos que sean susceptibles de ser suspendidos en razón de su naturaleza, siendo improcedente conceder la suspensión solicitada, pues se darían efectos restitutorios que únicamente corresponden a la sentencia que se emita en el juicio de amparo y de otorgarse dicha medida se estaría obligando a las autoridades responsables a realizar una conducta de hacer, cuyo estudio constituye precisamente la materia de fondo del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN. CARECE DE EFECTOS CONSTITUTIVOS DE DERECHOS. La suspensión del acto reclamado únicamente tiene efectos suspensivos y no constitutivos de derechos; de manera tal que, si se solicita la suspensión para el efecto de que no se paralice el servicio público de transporte que se viene prestando y los promoventes del amparo no acreditan, en el incidente de suspensión, que cuentan con autorizaciones para prestar el servicio de que se trata o con permisos provisionales para ello, la suspensión debe negarse; pues lo contrario, o sea, conceder el beneficio suspensional, sin la exhibición de dichos documentos, equivaldría a constituir el derecho a prestar el servicio en favor de los agraviados, lo que implicaría, a su vez, sustitución del juez de amparo en facultades exclusivas de las autoridades administrativas. (Registro: 229524, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, Página: 1059, Materia: Administrativa). Lo anterior es así, toda vez al ser un acto omisivo, no existe materia contra la cual se deba otorgar la suspensión solicitada por el quejoso, puesto que en todo caso, es una cuestión que atañe al fondo del amparo, que es propio únicamente de la sentencia que en su caso, conceda el amparo y protección de la Justicia Federal, al fallarse el juicio en lo principal, como lo establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, de ahí que debe negarse la suspensión provisional. En el entendido de que la interpretación del artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender. En efecto, la decisión adoptada deriva de la técnica que se debe seguir en la suspensión provisional del acto reclamado, pues existe un orden en el cual, en principio, es dable analizar si la naturaleza de éste permite su paralización, lo que no acontece en la especie, pues se está en presencia de una negativa de la autoridad de realizar determinada actividad; y en segundo lugar, como requisito legal, si se satisfacen las exigencias previstas en el artículo 128 de la Ley de Amparo. En atención a tales consideraciones, esté Juzgador considera que no resulta aplicable el criterio jurisprudencial identificado con la tesis numero diecisiete, por no estar en el supuesto ahí señalado, esto es, en el presente asunto no se está ante la presencia de actos negativos sino la materia es un acto omisivo atribuido a la autoridad responsable. Con apoyo en el artículo 143 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de su parte las que indica, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y darles el valor que le corresponda en la audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, y como esta ordeno en proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, en el expediente principal, se ordena notificar a la parte quejosa por medio de lista que se fije para tales efectos en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la Ciudad de México. Por otro lado, se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, a Jesús Enrique Díaz Sosa, Carlos López Castellanos y Álvaro Buendía Serrano, quienes tienen inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Elvia Pamela Díaz Aguilar, Óscar Trejo Mata y Juan y Román, ambos de apellidos Ortega Chávez Luis Chávez Mayorga, limitación que se les establece hasta en tanto los profesionistas registren su cédula profesional que los acredite como licenciados en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y hecho lo anterior lo hagan del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Ahora, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, difundido en el Diario Oficial de la Federación el treinta uno de julio de dos mil veinte, ténganse los correos electrónicos que señala la parte quejosa, para entablar comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 278 y 279 del código adjetivo aludido, previa toma de razón que por su recibo se deje en autos, expídase a su costa copia certificada en un tanto del presente proveído, en el entendido de que la persona que acuda a recibirlas, deberá solicitar una cita para tal efecto, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de lunes a viernes en un horario de las trece horas con quince minutos a las quince horas, y acudir con original y copia de su identificación oficial vigente, provista de fotografía, la cual previo cotejo que se realice será glosada en autos. Se precisa que se requiere a la quejosa para que programe la cita correspondiente en ese horario, en uso de la facultad con la que cuenta el suscrito para administrar éste órgano jurisdiccional, derivada de los artículos 17 y 94, constitucionales, lo anterior tomando en consideración que a este Juzgado de Distrito le corresponde la jornada de labores presenciales de las trece horas con cuarenta y cinco minutos a las dieciocho horas con quince minutos, y por su parte, el horario de labores del centro de fotocopiado al público en general, que se encuentra en el edificio en que se ubica este órgano jurisdiccional, es de las nueve a las quince horas, por lo que únicamente coinciden dentro del horario referido en el párrafo precedente. Asimismo, se hace de su conocimiento que en el caso de que no sea posible concluir el trámite interno para la entrega de las copias solicitadas dentro del horario correspondiente a su cita, cuya duración máxima será de veinticinco minutos, conforme al artículo 6 del citado Acuerdo General 21/2020, pues para ello se debe considerar la carga de trabajo del centro de fotocopiado o del volumen de las constancias respectivas, lo cual, aunado al horario restringido de labores presenciales de este órgano jurisdiccional, deberá de programar unilateralmente cita posterior para culminar su entrega. Se hace del conocimiento de la totalidad de las partes, que toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a ellas o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza su uso en el presente sumario. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis I.3º.C.725 C de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. (Registro: 167640, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847) Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. En atención a lo dispuesto por el artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a todas las partes, es decir a la parte quejosa, a las autoridades responsables, tercero interesado y Fiscal Ejecutivo Titular adscrito; para que: 1) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá´ registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberán proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que estas, quedaran sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa . Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Director de asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública en la Ciudad de México, en representación del Director General, Director de Promoción de la Salud, Director de Epidemiología y Medicina Preventiva, todos dependientes de dicho organismo, por medio del cual rinden su informe justificado. Se agrega el oficio de cuenta y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de las autoridades citadas en el párrafo precedente, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente al momento de la celebración de la audiencia constitucional, con éste se da vista a las partes a fin de que manifiesten y puedan hacer valer lo que a su interés y derecho convenga. Con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de las autoridades citadas a las personas que mencionan. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, del citado ordenamiento, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. Notifíquese.
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