Martín Villar Calderón

Expediente 765/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
765/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
14/07/2021

Partes del expediente

  • Martín Villar Calderón

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, catorce de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso por medio del cual en desahogo al requerimiento formulado en proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, realizando diversas manifestaciones en relación al acto reclamado, precisando que lo que reclama en esta sede constitucional es la omisión de dar contestación por parte de la responsable a su petición formulada el nueve de junio actual. Sentido de la determinación inicial Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por ******, ya que -como se explicara más adelante- se actualiza una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. Acto reclamado. La omisión de dar contestación por parte de la autoridad responsable al escrito de nueve de junio de dos mil veintiuno. Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Precisado lo anterior y después de un estudio minucioso del escrito de demanda y anexos que se acompañan, con apoyo en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, con relación al artículo 8 Constitucional y 113 de la ley de la materia, este órgano de control constitucional estima que debe desecharse el escrito de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Razones de la improcedencia. Para demostrar la causa de improcedencia que se propone, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. El artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. --- A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos previene lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Ahora bien, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que así resulte de alguna disposición de la citada Ley o bien a los que prevé la Carta Magna. Por imperativo constitucional, el Estado (a través de sus funcionarios o empleados) está obligado a dar respuesta a toda petición escrita que le formule el gobernado y así atender el mandato de la ley fundamental, pero ello exige el cumplimiento de ciertos requisitos, los cuales enseguida se reseñan: a) La petición que se haga a la autoridad, debe constar por escrito. b) Se debe realizar de manera pacífica y respetuosa; y c) La autoridad a quien se dirigió debe emitir un acuerdo por escrito. d) Dicho acuerdo debe hacerlo del conocimiento del peticionario en un breve término. Como se advierte, el precepto constitucional transcrito otorga a todo gobernado el derecho fundamental consistente en que a toda petición por escrito que se formule a un funcionario, empleado público o cualquier autoridad que forme parte del poder público, siempre que sea por escrito, de manera pacífica y respetuosa, deberá recaer un acuerdo también por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, quienes además están obligadas a dar contestación a cada una de las peticiones que se le formulen, con la obligación de hacerle saber en breve término al gobernado el acuerdo recaído a aquellas. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio aislado que emitió la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 68, Tomo Tercera Parte XXI, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PETICIÓN. DERECHO DE. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario". Ahora bien, de la demanda de amparo y anexos se advierte que la parte quejosa realizó el ejercicio de este derecho de forma escrita, pues el nueve de junio de dos mil veintiuno, la autoridad hoy responsable recibió el escrito de la quejosa, sin que hasta la fecha se hubiese dado respuesta a éste. Como se dijo, el derecho de petición es la potestad que tiene el individuo de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente; por tanto, el titular del derecho subjetivo público individual de petición consagrado como garantía individual en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el gobernado en general, es decir, todo individuo que habite en territorio nacional, aunque está limitado en materia política a los ciudadanos de la República. La petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada, además de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta; por su parte, la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, misma que tiene que ser congruente con lo solicitado, ello sin perjuicio de que la respuesta sea contraria a sus intereses, pues el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formula, a proveer necesariamente de conformidad lo solicitado, sino que está en libertad de resolver acorde con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; asimismo, dicha resolución debe notificarse en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos.

  2. Principal

    Ciudad de México, treinta de junio de dos mil veintiuno. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho, contra actos de la Directora General adjunta de Administración del Banco de Bienestar Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca Múltiple. Integración del expediente. Fórmese el expediente 765/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Una vez analizada la demanda de amparo y previo a determinar lo que en derecho corresponda, debe prevenirse a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad subsane las inconsistencias que más adelante se señalan. Fundamento de la prevención. Artículo 112, 114, fracción IV, en relación con el diverso 108, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Motivos de la prevención. Primero. Tomando en consideración que la parte quejosa señala como acto reclamado "(.) la omisión que subsiste hasta el momento de dar contestación a mi petición de fecha 9 de junio de 2021, conforme a lo previsto en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Se le requiere para que manifieste si es su deseo señalar o no, como acto reclamado destacado, la contestación dada por la Directora General adjunta de Administración del Banco de Bienestar Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca Múltiple, vía correo electrónico, el once de junio de dos mil veintiuno. Lo anterior, toda vez que, en el apartado de los antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad manifiesta que la autoridad responsable le dio contestación en relación a su petición presentada el nueve de junio de dos mil veintiuno. Ello, en virtud que este Juzgado Federal, precisa de dicha información a fin de integrar debidamente la litis en el presente juicio de amparo, analizar la procedencia del juicio y eventualmente la constitucionalidad del acto o actos que se reclama, pues la correcta fijación de la litis constituye la base que posibilita la emisión de una sentencia congruente. Es aplicable al caso, la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, página ochocientos setenta y uno, que reza: "ACTO RECLAMADO. SI ES OSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la oscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda.". Segundo. Exhiba dos copias del escrito aclaratorio de demanda que llegue a presentar con motivo de los presentes requerimientos para distribuirlos entre las partes . Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Materia Común, Novena Época, página 79 que reza: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". En el entendido que si se presenta el desahogo correspondiente, de manera electrónica, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, es innecesario que el quejoso exhiba las copias referidas. Con el apercibimiento, que de no cumplir íntegramente con lo requerido, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata. Asimismo, se hace saber a la parte quejosa que el artículo 261 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis: "I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y --- II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.". Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, en relación con el diverso numeral 3°, se autoriza la consulta y la práctica de notificaciones, aún las de carácter personal, vía electrónica, a la parte quejosa, en virtud de que, conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró el nombre de usuario "****************", que corresponde a **************, autorizado en términos amplios de la parte quejosa. También, ténganse por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los órganos jurisdiccionales. Asimismo, de conformidad con el párrafo segundo, última parte, del artículo 12, en relación con el párrafo segundo, del artículo 24, de la ley de la materia, téngase por autorizas para oír y recibir notificaciones a ***************, junto con las personas propuestas para tal fin. Lo anterior, en virtud de no haberse dado cumplimiento a lo que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, en la parte donde refiere que en las materias civil, mercantil, laboral tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, aunado a que después de una búsqueda no se encontró registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales], para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Protección de Datos Personales y Transparencia Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Lo proveyó Manuel Camargo Serrano, Juez Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido del secretario Miguel Olvera Arreola, que autoriza y da fe.

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