Martin Villanueva Isidro
Expediente 694/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 694/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 13/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Martin Villanueva Isidro
- Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduria General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, trece de febrero de dos mil diecinueve. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Dirección de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada del acuerdo de ocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento administrativo interno número 307/2015-DGAI. Vista a las partes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Cuenta con autos. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; con fecha de engrose de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Martín Villanueva Isidoro. Declaración de ejecutoria. Se declara que la aludida resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Requerimiento a la autoridad responsable. Se requiere al agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento que dé al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. Reiteración de la concesión de amparo. Se reitera a la autoridad responsable la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo consistente: "1. Deje insubsistente el proveído combatido; 2. En su lugar, emita uno nuevo en el que, con libertad de jurisdicción, se pronuncie de manera motivada sobre lo siguiente: -Determine la naturaleza jurídica del procedimiento administrativo que se sigue en contra del aquí quejoso, esto es, determine si se trata de un procedimiento de responsabilidad o incumplimiento de los requisitos de permanencia, y a partir de las disposiciones legales que rijan ese procedimiento ya iniciado, determine si son o no aplicables los artículos 114 de la Constitución Federal y 110 de la Constitución Estatal, respecto a la figura de la prescripción o en caso de que estime que tales disposiciones no resultan aplicables, determine aquellas normas que sí lo son y exponga las razones para tal determinación. -La razón por la que considera que la no aprobación de los exámenes de confianza constituyen una causa de responsabilidad grave por parte del quejoso; y, -Examinar la diversa petición sobre sobreseimiento por caducidad.". Se requiere a superior jerárquico. Hágase saber lo anterior al Procurador General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en cuanto superior jerárquico de la autoridad responsable, para los efectos precisados en el artículo 194 de la Ley de Amparo. Devolución de tomo de prueba. Finalmente, hágase devolución a la autoridad responsable de las copias certificadas del procedimiento administrativo 307/2015-DGAI de su índice, que remitió como sustento de su informe justificado, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
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V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 694/2018-X promovido por Martín Villanueva Isidoro, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, turnado en esa misma data a este Juzgado Tercero de Distrito, Martín Villanueva Isidoro compareció a solicitar la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; en los términos siguientes: "IV. ACTOS RECLAMADOS: El acuerdo de 10 de agosto de 2018, emitido dentro del procedimiento administrativo DGA/307/2015, en que se acordó desfavorablemente la solicitud de sobreseimiento por caducidad y prescripción.". En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho este Juzgado de Distrito admitió a trámite el libelo constitucional; solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema que tratan, ello con fundamento en el artículo Sexto Transitorio de la ley reglamentaria que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se impugna un acto emitido por una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro. De igual forma, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno del Alto Tribunal, del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado en este juicio constitucional, es el siguiente: El acuerdo de diez de agosto de dos mil dieciocho que negó decretar el sobreseimiento por caducidad o prescripción del procedimiento administrativo interno 307/2015-DGAI, que se sigue en contra del aquí quejoso. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, toda vez que al rendir su informe con justificación aceptó su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278. Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias que la autoridad responsable remitió junto con su informe justificado, consistentes en la copia certificada del Procedimiento Administrativo Interno número 307/2015-DGAI que se sigue en contra de Martín Villanueva Isidoro. Documental que adquiere plena eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, al ser expedida por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. QUINTO. Estudio de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando que antecede, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335. Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. Al rendir su opinión ministerial la representación social invocó como causal de improcedencia la contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, virtud a que considera que el quejoso no ofreció las pruebas suficientes para demostrar la afectación a su interés jurídico o legítimo. Lo anterior es infundado. Según se observa de las constancias remitidas por la autoridad responsable, el aquí quejoso se encuentra sujeto a un procedimiento administrativo interno, donde, mediante escrito presentado el siete de agosto de dos mil dieciocho, el interesado solicitó la caducidad o prescripción de la causa; a lo cual, mediante acuerdo de diez de agosto del año mencionado, la autoridad responsable negó lo peticionado por las razones y fundamentos que ahí expuso. Acorde con lo anterior, es incuestionable que el peticionario de amparo cuenta con interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional, toda vez que la negativa a su solicitud de caducidad o prescripción del procedimiento, implica una posible violación con efectos directos en sus derechos sustantivos, pues no debe perderse de vista que el aquí quejoso es parte en el procedimiento natural, además de que fue quien formuló la petición que fue negada en la resolución reclamada; de ahí lo infundado de la causal de improcedencia hecha valer. Lo anterior en términos de la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal que enseguida se transcribe: Época: Décima Época Registro: 2011659 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 49/2016 (10a.) Página: 1329 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno procede el juicio de amparo indirecto, por violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto, al constituir un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que conforme al precepto 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlos aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva; motivo por el que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional." Contradicción de tesis 312/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Séptimo en Materia Administrativa del Primer Circuito y Quinto del Décimo Quinto Circuito. 6 de abril de 2016. Mayoría de tres votos de los Ministros José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Disidentes: Eduardo Medina Mora I. y Javier Laynez Potisek. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Jocelyn Montserrat Mendizábal Ferreyro. Tesis y criterio contendientes: Tesis XV.5o.25 A (10a.), de título y subtítulo: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN INSTRUIDO CONTRA LOS OFICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA. AL NO AFECTAR MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 23 de octubre de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, Tomo IV, octubre de 2015, página 4069, y El criterio sustentado por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión 262/2014 y 301/2015. Tesis de jurisprudencia 49/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinte de abril de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 20 de mayo de 2016 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 de mayo de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. En ese orden, al no existir otra causal de improcedencia invocada por las partes y además de que este juzgador federal no advierte que en la especie se actualice alguna otra, se procede al estudio del fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de garantías, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que se transcribe: Época: Novena Época Registro: 196477 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/129 Página: 599 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca. Además, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. SÉPTIMO. Estudio de fondo. A manera de preámbulo cabe precisar que, en términos de lo que dispone la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, en el presente asunto opera la suplencia de la queja, toda vez que el peticionario de amparo se desempeña como Agente de la Policía Ministerial adscrito a la Procuraduría de Justicia del Estado; razón suficiente para estimar que la relación laboral-administrativa que lo une con el Estado por la prestación de sus servicios, lo coloca en el núcleo de protección de la figura de la suplencia de la queja deficiente, a fin de salvaguardar sus derechos como clase trabajadora. Lo anterior en términos de la jurisprudencia P./J. 7/2017 del Pleno del Alto Tribunal, cuyo contenido, datos de localización, rubro y texto, se transcriben enseguida: Época: Décima Época Registro: 2014203 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 7/2017 (10a.) Página: 12 "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA. El precepto referido establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; mandato que debe interpretarse como una ampliación del ámbito de tutela de esta institución en favor de todos los trabajadores, con independencia de la naturaleza de su relación con la parte patronal, lo cual incluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, por ser personas al servicio del Estado. Así, esta interpretación resulta acorde con el núcleo de protección de la figura de la suplencia de la queja deficiente, pues si lo que con ella se pretende es salvaguardar los derechos de la clase trabajadora, posicionándolos en un plano de igualdad material frente al ejercicio de la labor jurisdiccional, es claro que dicha razón se surte igualmente tratándose de los miembros de las instituciones de seguridad pública, pues en este caso también se encuentran en una relación de subordinación donde la parte patronal, en principio, encuentra mayores facilidades para hacer valer sus pretensiones en juicio, máxime cuando, como en el caso, se trata del propio Estado." Contradicción de tesis 228/2014. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, y el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur. 20 de octubre de 2016. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales; votó en contra Eduardo Medina Mora I. Ausentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Daniel Álvarez Toledo. Tesis contendientes: Tesis (III Región)4o.41 A (10a.), de título y subtítulo: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS INTEGRANTES DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CUANDO IMPUGNAN EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE CESE O LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RECAÍDA A ÉSTE, YA QUE SU RELACIÓN CON EL ESTADO ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo II, junio de 2014, página 1890, y Tesis (V Región)5o.21 A (10a.), de título y subtítulo: "CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. NO OPERA A FAVOR DE SUS MIEMBROS LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO VERSA SOBRE SU SEPARACIÓN DEL CARGO, POR NO REUNIR LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA EN ÉSTE (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", aprobada por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de julio de 2014 a las 8:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, Tomo II, julio de 2014, página 1121. El Tribunal Pleno, el veinte de abril en curso, aprobó, con el número 7/2017 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veinte de abril de dos mil diecisiete. Esta tesis se publicó el viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de mayo de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. En sus conceptos de violación la parte quejosa esencialmente aduce la falta de fundamentación y motivación del acuerdo de diez de agosto de dos mil dieciocho. Lo arguye de esta manera porque considera que la responsable no precisó con exactitud si el incumplimiento de los requisitos de permanencia constituye una causa de responsabilidad administrativa [el quejoso se refiere a una responsabilidad grave]; cuando lo cierto es que la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado prevé un procedimiento para la conclusión del cargo, nombramiento o comisión por incumplimiento de los requisitos de permanencia, de manera que el órgano de control podrá determinar su destitución acorde a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus Municipios; por ello, argumenta que una cosa es la conclusión del cargo, nombramiento o comisión por incumplimiento de los requisitos de permanencia y otra la conclusión por incurrir en alguna responsabilidad en el desempeño del servicio. De esta manera, el quejoso aduce que la caducidad y prescripción no pueden encontrarse regulados por los artículos 110 y 114 que cita la autoridad responsable [Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Constitución Política del Estado de Michoacán, respectivamente], porque dichas disposiciones se refiere a responsabilidades administrativas de naturaleza diferente. Por último, el impetrante argumenta que no resultaba aplicable el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, debido a que dicho ordenamiento fue publicado después del inicio del procedimiento administrativo instaurado en su contra, cuando lo correcto era aplicar en forma supletoria el artículo 124 del Código de Justicia Administrativa en el Estado, a efecto de considerar que las facultades sancionadoras prescribieron. Lo anterior, suplido en deficiencia de la queja, es por una parte infundado y, por otra, fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada. En primer término, es infundado el argumento del quejoso en torno a que no resultaba aplicable el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, toda vez que el procedimiento administrativo interno al que se encuentra sujeto el impetrante, inició el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, conforme a lo asentado en el acuerdo de inicio emitido por la Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la fecha antes señalada. El artículo Primero Transitorio del reglamento aludido dispone: "PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.". Acorde con lo transcrito, la vigencia de la normativa que el quejoso señala, se determinó a partir de su publicación en el medio de difusión oficial para el Estado de Michoacán; por ello, tomando en cuenta que es un hecho notorio que el reglamento citado fue publicado en la octava sección del Periódico Oficial del Estado de Michoacán el pasado veintiuno de mayo de dos mil quince, es decir, una fecha anterior al inicio del procedimiento administrativo 307/2015-DGAI, se estima que, con independencia de que sea o no la ley que rige el procedimiento de origen, en cuanto a su ámbito temporal, era factible la aplicación de la normativa que cita la autoridad responsable; de ahí lo infundado de su alegación hecha valer. Por otra parte, suplido en su deficiencia de la queja, es fundado lo argüido por el peticionario de amparo en cuanto a que el acuerdo reclamado no se encuentra suficientemente fundado y motivado tal como lo exige el artículo 16 Constitucional, pues considera que no resulta aplicable el artículo 110 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, ni el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando además la autoridad no precisó porqué el incumplimiento de los requisitos de permanencia -no aprobación de los exámenes de confianza- constituyen una causa de responsabilidad grave. Para demostrar lo anterior, conviene citar el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal, en su primer párrafo, que en lo conducente dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [...]". Dicho precepto establece que todo acto de autoridad debe ser emitido por autoridad competente, además de estar adecuado y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por fundado que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso; y, por motivado, que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En relación con el tema, existen entre otras, las jurisprudencias siguientes: Época: Séptima Época Registro: 238212 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 97-102, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 143 "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Sexta Época, Tercera Parte: Volumen CXXXII, página 49. Amparo en revisión 8280/67. Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. Secretario: José Tena Ramírez. Séptima Época, Tercera Parte: Volumen 14, página 37. Amparo en revisión 3713/69. Elías Chaín. 20 de febrero de 1970. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Secretario: Juan Díaz Romero. Volumen 28, página 111. Amparo en revisión 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coagraviados. 26 de abril de 1971. Cinco votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez. Volúmenes 97-102, página 61. Amparo en revisión 2478/75. María del Socorro Castrejón C. y otros y acumulado. 31 de marzo de 1977. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez. Secretaria: Fausta Moreno Flores. Volúmenes 97-102, página 61. Amparo en revisión 5724/76. Ramiro Tarango R. y otros. 28 de abril de 1977. Cinco votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Secretario: Luis Tirado Ledesma. Época: Novena Época Registro: 170307 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Febrero de 2008 Materia(s): Común Tesis: I.3o.C. J/47 Página: 1964 "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. El artículo y jurisprudencias transcritos revelan que la garantía de legalidad obliga a todas las autoridades a fundar y motivar debidamente sus determinaciones; ésta es la única forma que el gobernado tiene de conocer las causas que las originan, para en su caso, combatirlas legalmente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en varios criterios ha establecido que la fundamentación, es la precisión del precepto legal aplicable al caso; y la motivación, el señalamiento exacto de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas, que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; para ello se requiere además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. La inobservancia al mandato constitucional que exige la expresión de ambos requisitos (fundamentación y motivación) en los actos de autoridad, puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta (ausencia total), que constituye una violación formal; y aquella que es incorrecta o indebida, que produce una violación material o de fondo. Se dice que hay una incorrecta fundamentación cuando el precepto legal invocado resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste, que impiden su adecuación en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas no concuerdan con el contenido de la norma legal aplicable al caso. De manera que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de las normas y los razonamientos formulados por la autoridad, con el caso concreto. La importancia de esta diferencia radica en el orden en que habrán de estudiarse los argumentos que haga valer el quejoso, ya que la ausencia de tales requisitos constitucionales (fundamentos y motivos), es decir, una violación formal, dará lugar a la concesión del amparo para que la autoridad responsable subsane la irregularidad, y exprese la fundamentación y motivación de su determinación. En cambio, en la violación material o de fondo, que también da lugar a un fallo protector, el efecto se limita a que la autoridad aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente, dado que si bien cumplió con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, unos y otros son incorrectos. Ahora, al emitir el proveído de diez de agosto pasado, la agente responsable, en la parte medular, consideró lo siguiente: "PRIMERO. Dígasele al promovente que no ha lugar a lo que solicita, tomando en consideración que el artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra señala: '.agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.', que son precisamente la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y su Reglamento, y la primera en el precepto 51 penúltimo párrafo establece que: '.Las responsabilidades serán sancionadas en términos de la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos en el Estado, por la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría.', a su vez los artículos 62 fracción VII y 88 de su Reglamento, establecen en su orden que: '. Al frente de la Dirección General de Asuntos Internos, habrá un Director General, Agente del Ministerio Público, quien tendrá las facultades siguientes: VII. Substanciar el procedimiento de responsabilidad a que se refiere la Ley Orgánica emitiendo y sometiendo a consideración del Procurador un dictamen, proponiendo en su caso la responsabilidad y la sanción correspondiente, para efectos de su resolución y respectiva aplicación, de conformidad con lo establecido en este Reglamento.' '.La Dirección General de Asuntos Internos, substanciará los procedimientos disciplinarios a los servidores públicos de la Procuraduría que hayan incurrido en una posible falta administrativa, para dictaminar en su caso la responsabilidad y sanción aplicable, sujetándose a lo dispuesto en la Ley Orgánica y el presente Reglamento...', luego entonces, interpretando armónicamente tales disposiciones se llega al convencimiento de que la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos en el Estado, única y exclusivamente se aplicará para imponer la sanción, y el trámite del procedimiento administrativo se llevará conforme al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo tanto no resulta aplicable la Ley de Responsabilidades Administrativas en relación con la substanciación del procedimiento. En cuanto a la prescripción, el artículo 114, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 110 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Michoacán vigentes en la época de los hechos, establecen que cuando los actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años y en el caso concretos los exámenes de control y confianza le fueron practicados a MARTÍN VILLANUEVA ISIDORO con fechas 12 doce y 13 trece de mayo año 2015 dos mil quince y el inicio del procedimiento administrativo le fue notificado el día 9 nueve de febrero del año 2017 dos mil diecisiete, lo que interrumpió dicha prescripción, sin que hayan transcurrido los tres años que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Michoacán, por lo tanto, dentro del presente procedimiento administrativo interno no ha operado la prescripción a que se refiere." Al respecto, es conveniente destacar que los artículos 110 de la Constitución del Estado de Michoacán y 114 de la Constitución Federal citados por la autoridad responsable, respectivamente disponen: "Artículo 110.- El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 105 de esta Constitución. La Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 107 de esta Constitución. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años. " "Artículo 114. El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. . La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años." Conforme a lo anterior, se hace evidente que los preceptos invocados por la Agente responsable, prevén lo relativo al juicio político; empero, el procedimiento del que emana el proveído combatido es el que corresponde a la conclusión del cargo de un servidor público por el incumplimiento de uno de los requisitos de permanencia, el cual se trata de un procedimiento distinto; por lo que la responsable debió justificar por qué los preceptos que invocó como cimiento para determinar el término de la prescripción de las facultades sancionadoras son aplicables al procedimiento natural. En ese tenor, si la autoridad emisora del acto reclamado sólo invocó los preceptos legales y constitucionales que consideró aplicables al caso concreto, pero no expuso las razones por las cuales dichos numerales invocados eran aplicables al asunto particular, lo que era necesario dado que expresamente se refieren a un procedimiento distinto al de origen, resulta factible afirmar que el acuerdo combatido no se encuentra suficientemente fundado y motivado. Además de que, tal como lo ha esgrimido el quejoso, la autoridad responsable no realizó un pronunciamiento expreso en torno a cuál era la razón por la que consideró que la no aprobación de los exámenes de confianza constituye una causa de responsabilidad grave por parte del quejoso; lo que se vincula en su caso al motivo por el que en opinión de la responsable, resultaban aplicables los preceptos invocados al caso particular. Por otra parte, en suplencia de queja, este órgano de control constitucional advierte que al formular la petición de que el procedimiento natural fuera declarado prescrito, el ahora peticionario del amparo también planteó que en el asunto natural se actualizó la caducidad de la instancia, empero, la responsable no hizo mención alguna respecto a ese tópico, de ahí que resulte factible afirmar que el proveído reclamado también carece de exhaustividad, porque no analizó la totalidad de los planteamientos que le fueron sometidos a su consideración. En suma, al haberse analizado la totalidad de los planteamientos formulados por el peticionario de amparo y al evidenciarse la inconstitucionalidad del acuerdo reclamado, lo que se impone es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para que la Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, realice lo siguiente: Deje insubsistente el proveído combatido; En su lugar, emita uno nuevo en el que, con libertad de jurisdicción, se pronuncie de manera motivada sobre lo siguiente: -Determine la naturaleza jurídica del procedimiento administrativo que se sigue en contra del aquí quejoso, esto es, determine si se trata de un procedimiento de responsabilidad o incumplimiento a los requisitos de permanencia, y partir de las disposiciones legales que rijan ese procedimiento ya iniciado, determine si son o no aplicables los artículos 114 de la Constitución Federal y 110 de la Constitución de Estatal, respecto a la figura de la prescripción o en caso de que estime que tales disposiciones no resultan aplicables, determine aquellas normas que sí lo son y exponga las razones para tal determinación. -La razón por la que considera que la no aprobación de los exámenes de confianza constituye una causa de responsabilidad grave por parte del quejoso; y, -Examinar la diversa petición sobre sobreseimiento por caducidad. Por último, se precisa que no es factible examinar la alegación del quejoso relativa a que resultaba aplicable de manera supletoria diversas disposiciones del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, toda vez que el análisis de tal argumento dependerá de lo que resuelva la autoridad responsable en cumplimiento de esta ejecutoria de amparo, respecto a la naturaleza del procedimiento de origen y, en consecuencia, sobre las normas aplicables a dicho procedimiento, pues se trata de un aspecto de fondo susceptible de análisis una vez que se purguen los vicios del acto reclamado. Lo anterior en términos de la tesis sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, enseguida se transcriben: Época: Décima Época Registro: 2013369 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 38, Enero de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a. I/2017 (10a.) Página: 377 "AMPARO DIRECTO. ELEMENTOS A CONSIDERAR POR EL TRIBUNAL DE AMPARO CUANDO SE ALEGUE LA OMISIÓN DE ESTUDIO DE UNA CUESTIÓN DEBIDAMENTE PLANTEADA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por regla general, ante la constatación de una omisión de estudio de una cuestión debidamente planteada ante la autoridad responsable, el tribunal constitucional no tiene permitido sustituirse en las facultades de apreciación e interpretación de aquélla para determinar por sí el sentido de la eventual decisión, ya que los principios federal, de división de poderes y de defensa de las partes exigen que sean los tribunales ordinarios los que resuelvan primeramente las preguntas jurídicas y exploren distintos métodos interpretativos; por tanto, ante la omisión lo que procede es el reenvío y no la sustitución. No obstante, el presupuesto del reenvío es la probabilidad razonable de que al emitirse una nueva resolución, pueda cambiar el sentido de la decisión. Así, cuando no exista la posibilidad de un efecto práctico, el tribunal de amparo debe evitar retardar la administración de justicia y, por economía procesal, negar el amparo, lo que debe realizar desarrollando las razones objetivas de su decisión. El tribunal de amparo debe considerar que a medida que el punto controvertido esté más abierto a una pluralidad de opciones interpretativas, existe una presunción a favor del reenvío del asunto, mientras que al tratarse de un punto sobre el cual exista una respuesta firme y objetiva, entonces, esa presunción será más débil, al no existir margen jurídico para que las partes puedan oponerse a esa decisión, ni los tribunales explorar distintas respuestas normativas. Por tanto, los jueces constitucionales sólo deben resolver ante sí dichas cuestiones cuando las interrogantes no estén abiertas a distintas posibilidades interpretativas igualmente valiosas, es decir, cuando estén resueltas claramente por las normas jurídicas aplicables o por criterios jurisprudenciales firmes." Amparo directo 23/2014. Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. 17 de junio de 2015. Mayoría de tres votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 2017 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Por lo expuesto y con fundamento legal, además en los artículos 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Martín Villanueva Isidoro, en relación al acto atribuido a la autoridad que quedó precisada, por los motivos expuestos y para efectos señalados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
por lista notifico a la parte quejosa la siguiente resolución: V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 694/2018-X promovido por Martín Villanueva Isidoro, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Dirección General de Asuntos Internos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O:...C O N S I D E R A N D O: ... R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Martín Villanueva Isidoro, en relación al acto atribuido a la autoridad que quedó precisada, por los motivos expuestos y para efectos señalados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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