Martín Vargas Hinojosa

Expediente 1807/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1807/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
26/12/2022

Partes del expediente

  • Martín Vargas Hinojosa

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que el citado proveído ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a la destrucción del mismo. Asimismo, devuélvanse al Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, las constancias que remitió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, con motivo de su incompetencia planteada. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio (con anexo) de cuenta, a través del cual, el actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, remite los siguientes documentos: 1.- Los autos que conforman el amparo directo 840/2022 de su índice. 2. Un traslado de la demanda de amparo indirecto, exhibido por la parte quejosa. 3. El oficio 2661/2022, suscrito por el Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con el que rindió su informe justificado y remitió las constancias siguientes: Copias certificadas del expediente 1871/2021 en 88 fojas. Copias certificadas del cuaderno de pruebas de la parte actora en 153 fojas. Copias certificadas del cuaderno de pruebas de la parte demandada en 71 fojas. En atención a lo anterior, con el oficio y anexos de cuenta fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 1807/2022-II. Ahora, del oficio citado en el primer punto, en esencia se aprecia que la autoridad oficiante declara carecer de competencia para conocer y resolver de la demanda de amparo promovida por el quejoso Martín Vargas Hinojosa, por propio derecho, contra el acto del Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, consistente en el auto de trece de octubre de dos mil veintidós, por el cual la autoridad responsable inadmitió el recurso de revocación, en el juicio 1871/2021 de su índice. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de tal manera, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, dado que del análisis integral de la demanda, así como de las constancias remitidas, se aprecia que el acto que se pretende combatir en esta instancia, lo es el auto de trece de octubre de dos mil veintidós, por el cual la autoridad responsable inadmitió el recurso de revocación, en el juicio 1871/2021 de su índice, interpuesto contra el proveído en el que feneció el plazo de la parte quejosa para el desahogo de las pruebas en grafoscopía, grafometría y documentoscopía; de ahí que se aprecia que el acto reclamado es una violación procesal respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente. Precisado lo anterior, este juzgado de Distrito estima que respecto al citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el numeral 107, fracción V, este último de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En principio, es necesario señalar que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" A su vez, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carta Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la ley de la materia anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, pues, el auto de trece de octubre de dos mil veintidós, por el cual la autoridad responsable inadmitió el recurso de revocación, en el juicio 1871/2021 de su índice, contra el proveído en el que feneció el plazo de la parte quejosa para el desahogo de las pruebas en grafoscopía, grafometría y documentoscopía, no produce una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que las posibles consecuencias del acto reclamado, en su caso, ocasionaran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá el resultado del procedimiento que se tramita ante el Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Además, no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, dado que éste únicamente produce efectos intraprocesales y puede ser reparado si el impetrante obtiene sentencia favorable; de tal manera el auto impugnado constituye una violación procesal reclamable hasta que se dicte la sentencia de fondo si fuere desfavorable para el quejoso, a través del juicio de amparo directo, por ello, se afirma que no lesiona sus derechos sustantivos y menos aún en forma irreparable. Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, promovida por Martín Vargas Hinojosa, de conformidad con los artículos 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con el 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Luego, de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se le tienen los correos electrónicos que proporciona, como domicilio para oír y recibir notificaciones. Además, se tienen por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Roberto López Yáñez y Mauricio Alejandro Barbosa Vargas, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente; y al resto de los profesionistas que refiere en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo; limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta al secretario adscrito a este juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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