Martin Valdez López
Expediente 1134/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1134/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/01/2022
Partes del expediente
- Martin Valdez López
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Firme desechamiento. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término legal previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el acuerdo dictado el once de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado firme para todos los efectos legales. Documentos originales. No obran documentos originales. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
EN ATENCIÓN A LA RAZÓN ACTUARIAL DE 13 DE OCTUBRE DE 2021, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA ****, EL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE.Mexicali, Baja California, a once de octubre de dos mil veintiuno. Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida por *****, contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Salud Federal, y Poder Ejecutivo y/o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 1134/2021. Improcedencia. Una vez analizada en forma íntegra el escrito inicial de demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que obliga a desecharla de plano, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Para sustentar tal aserto, conviene citar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que, en caso de advertir motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Por "manifiesto" se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; lo "indudable" consiste en la certeza y plena convicción de algún hecho, lo que no puede dudarse por lo claro y evidente; de esta manera, motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías es el que está plenamente demostrado, advertida de manera patente y clara de la de demanda de amparo, o de los documentos anexos a esa promoción, de tal suerte que no sería posible concluir en sentido contrario aun con los elementos que se pudieran obtener de tramitarse el juicio constitucional. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observable en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, la cual establece lo siguiente: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. . .] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [. . .]" El citado numeral establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de estudio de otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Antes de continuar, resulta pertinente precisar que los asuntos que se tramitan ante este Juzgado constituyen hechos notorios; por tal razón, se advierte que en este órgano de control constitucional se tramita el diverso juicio constitucional 1133/2021, contra el mismo acto que hoy se reclama, el cual fue igualmente promovido por (1) Martín Valdez López, juicio que actualmente se encuentra en trámite; lo cual actualiza la causa de improcedencia deducida del artículo 61, fracción X, de la Ley de la Materia, según se explica enseguida. En efecto, de la demanda que dio origen a dicho asunto, se advierte que se solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las mismas autoridades Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Salud Federal, y Poder Ejecutivo y/o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el que señaló como actos reclamados la omisión de no brindar adecuada asistencia médica y servicios de salud de calidad; omisión de realizar los protocolos necesarios para brindar los servicios médicos, medicamentos y/o tratamientos quirúrgicos; como radioterapia para el tratamiento del padecimiento del quejoso, de emitir pase o traslado de clínica dentro del Estado que le brinde los servicios médicos, medicamentos y/o tratamientos quirúrgicos, pago de viáticos derivados del traslado de la institución de seguridad social y, de garantizar la aplicación de las medidas sanitarias de protección y contención contra el virus SARS-CoV2 y su propagación. En tal virtud, por tratarse ello de un hecho notorio para esta autoridad, con fundamento en lo previsto por el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, se tiene a la vista para resolver el presente, sin necesidad de obtener copias certificadas para ser agregadas a los presentes autos. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos ochenta y cinco, Tomo XXV, correspondiente al mes de Junio de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "HECHO NOTORIO, PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." De igual forma, por ilustrativa, es aplicable la jurisprudencia 64, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Distrito, visible en la página ochenta y nueve, del tomo VI, Común, Jurisprudencia TCC, del Apéndice (actualización 2002), Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Pues bien, como se advierte de todo lo antes expuesto, el diverso juicio biinstancial 1133/2021, del índice de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, fue promovido por el mismo quejoso, en relación a las mismas autoridades responsable, y por los propios actos de reclamo consistentes en la omisión de no brindar adecuada asistencia médica y servicios de salud de calidad; omisión de realizar los protocolos necesarios para brindar los servicios médicos, medicamentos y/o tratamientos quirúrgicos; como radioterapia para el tratamiento del padecimiento del quejoso, de emitir pase o traslado de clínica dentro del Estado que le brinde los servicios médicos, medicamentos y/o tratamientos quirúrgicos, pago de viáticos derivados del traslado de la institución de seguridad social y, de garantizar la aplicación de las medidas sanitarias de protección y contención contra el virus SARS-CoV2 y su propagación; al igual que en el presente juicio de 1134/2021, según se advierte claramente del escrito de demanda con que se dio cuenta, donde se reclaman los propios actos apenas señalados. Cabe señalar que, de la consulta del sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que, por acuerdo de esta misma fecha se decretó la suspensión de plano en el aludido juicio 1133/2021, y se previno a la parte quejosa. Pues bien, la improcedencia del juicio de amparo que nos ocupa, estriba en que los actos reclamados en el presente juicio 1134/2021, son los mismos reclamados en el diverso 1133/2021, ambos promovidos por el mismo quejoso. Igualmente, apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, editada en la página doscientos veintiséis, Tomo XII, julio de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." En congruencia con lo anterior lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, desechar de plano en el presente juicio de amparo, al surtirse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada contenida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en tanto como se evidenció, este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para analizar un acto de autoridad que es materia juzgada de un diverso juicio de amparo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Autorizados. Se tienen como autorizado en términos restringidos a Bárbara García Reynoso, ya que se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Se instruye a los actuarios judiciales adscritos. Por otro lado, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, a efecto de que una vez que lleven a cabo las notificaciones respectivas integren de inmediato y debidamente el expediente electrónico del presente juicio de amparo. Asimismo, en tanto el presente juicio no se tramite en su totalidad bajo el esquema de juicio en línea, se les instruye a los actuarios para que las notificaciones personales que en su caso sean ordenadas, las realicen con estricta observancia a lo dispuesto por la normatividad aplicable en relación a la protección de la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. En virtud de lo antes citado, por cuestiones de seguridad e higiene, con la intención de salvaguardar tanto la integridad física y salud del personal de este juzgado como de las partes que intervienen en el presente juicio, además de cortar probables cadenas de contagio del virus SARS-CoV2 que ocasiona la enfermedad denominada COVID 19, se solicita de los actuarios adscritos a este juzgado que para la práctica de notificaciones personales, en el acta de notificación respectiva, asienten que leyeron y entregaron copia de los acuerdos relativos, además deberán abstenerse de recabar las firmas relativas, lo que también deberán anotar en el acta, con la finalidad de respetar los protocolos sanitarios de sana distancia, en términos de los artículos 2 y 23 fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales Ante la Contingencia por el Virus Covid-19. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente al promovente.
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