Martin Valadez Ezqueda

Expediente 87/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
87/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/04/2022

Partes del expediente

  • Martin Valadez Ezqueda

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de ley sin que haya sido interpuesto recurso de queja contra del auto de treinta y uno de enero de la anualidad, en que se desechó la demanda intentada por ********************, en su carácter de apoderada legal de ********************; atento a lo anterior, se declara que queda firme dicho auto. Ahora, archívese este asunto como totalmente concluido. ... hágase constar que el juicio de amparo es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Auto. Mexicali, Baja California, dos de febrero de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de cuenta de la que consta que no le fue posible notificar de manera personal el auto de treinta y uno de enero del año en curso a la parte quejosa Martín Valadez Ezqueda; en virtud de que no obra en autos el domicilio donde pueda ser notificada la parte en mención. Por lo anterior, se advierte que en el escrito de demanda, la parte quejosa señala el usuario "LICJORGEANDRESLIZARRAGAALVAREZ" para oír y recibir notificaciones, encontrándose registro del mismo en el Portal de Servicios del Poder Judicial de la Federación; para ello háganse las actualizaciones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la legislación aplicable y lo previsto en el Acuerdo General de 12/2020 de referencia, y hágase la notificación vía electrónica a la parte promovente tanto de la presente determinación como del auto de treinta y uno de enero del año en curso. Notifíquese vía electrónica. "Mexicali, Baja California, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Rafaela Álvarez Niebla, en su carácter de apoderada legal de Martín Valadez Ezqueda, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California; regístrese en el Libro de Gobierno con el número 87/2022-1, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se desecha de plano demanda. Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la pretensión de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En torno a ello es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, página 32 (registro 192097), que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En ese orden, la lectura de la demanda de amparo permite colegir que la acción de amparo se plantea respecto de la omisión de la Junta responsable, de proveer sobre la admisión de las pruebas ofertadas dentro del expediente laboral 1390/2021-3C. En ese sentido, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de aplicación en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los preceptos en cita, se obtiene que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional, en virtud de que está condicionada a que el acto tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con la precisión anterior, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Asimismo, del contenido del numeral descrito, se deducen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De igual manera, sustenta lo expuesto la jurisprudencia 244 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 205651, consultable en la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, página 164, de texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En efecto, la omisión que se combate en esta vía, no es de aquellos actos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que no afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; lo anterior, porque la omisión precisada, únicamente dilata la continuación del procedimiento laboral, lo cual constituye omisión de carácter intraprocesal que no puede considerase de imposible reparación, dado que, las consecuencias de dicha omisión (atender plazos y términos previstos en la legislación de la materia) no afectan derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera. Al respecto, cobra vigencia el criterio contenido en la tesis 2a. XLVIII/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Décima Época, página 1070 (registro 2009478), que establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Bajo ese contexto normativo, como se adelantó, la demanda de amparo deviene improcedente toda vez que el acto que a través de ella se reclama no incide ni tiene repercusión inminente o directa sobre derecho fundamental alguno reconocido en favor de la parte quejosa en la Carta Magna o en convención internacional adoptada por el Estado Mexicano. De ese modo, para efecto de que la omisión que se reclama pueda estimarse que trasciende a derechos sustantivos y no solamente a prerrogativas adjetivas o procesales, es necesario que sea de determinada duración sin que la autoridad emita determinación alguna que, en el caso, resuelva sobre la admisión o desechamiento de pruebas, ya que de lo contrario, se insiste, en modo alguno puede considerarse como acto de imposible reparación que torne procedente la instancia de control constitucional. Por supuesto, no es dable considerar que la omisión reclamada constituya una vulneración a derechos fundamentales, pues tomando en cuenta que de lo narrado por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, el diez de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad laboral concluyó la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del expediente laboral de origen, sin que a la data de presentación de la demanda de amparo haya transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días para que pueda considerarse que trascendió a derecho sustantivo alguno. En efecto, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 294/2018, para que resulte procedente el juicio de amparo en vía indirecta respecto de dilaciones excesivas en el dictado de proveído, laudos o en la realización de cualquier diligencia, es necesario que trascurran más de cuarenta y cinco días naturales desde la data en la que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse el acto procesal respectivo. Lo anterior, precisó el Alto Tribunal, porque con ese plazo se proporciona un estándar mínimo objetivo que da seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, por lo que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, tomando en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Por tanto, si la acción de amparo se hace depender de la circunstancia de que la junta laboral es omisa en proveer en relación al desahogo de pruebas ofrecidas en el juicio de origen, la procedencia del juicio de amparo queda supeditada a que haya transcurrido el plazo definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para considerarlo trasgresor de derecho fundamental. Luego, considerando que entre la data en que se celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral de referencia -diez de diciembre de dos mil veintiuno -, y en la que se presentó la demanda de amparo que aquí se analiza -veintisiete de enero de la anualidad- según se desprende la boleta de turno expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, sólo han transcurrido veintiún días naturales, toda vez que el termino de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que concluyo el plazo para ello, se interrumpió en virtud de que dicha junta tuvo su segundo periodo vacacional del quince de diciembre de dos mil veintiuno al tres de enero del dos mil veintidós, por lo que es inconcuso que no se colma el requisito que establece la procedencia del amparo respecto de dilaciones de autoridades laborales en el dictado de laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, entre ellas, la de resolver sobre la admisión o desechamiento de pruebas, como en el caso acontece. En tales condiciones, se afirma que la omisión que se pretende reclamar de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje no implica una dilación que trasciende a los derechos sustantivos del quejoso y que haga procedente la admisión de la demanda. En consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se trata, en términos del artículo 113 del ordenamiento legal en cita. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 64, marzo de 2019. Tomo II, Décima Época, página 1643 (registro 2019400), que señala: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 30, mayo de 2016, tomo II, Décima Época, página 1086 (Registro 2011580), que dispone: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 3a. 44. de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, Octava Época, página 60, que dispone: "AMPARO. PARA LA INTERPOSICION DE LA DEMANDA NO DEBEN COMPUTARSE LOS DIAS INHABILES POR VACACIONES DE LA AUTORIDAD. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I a V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto deberá promoverse directamente ante el juez de Distrito y los quince días a que se refiere el artículo 21 de la invocada ley para la promoción de la demanda de garantías, son hábiles, naturales y completos. Por su parte el periodo vacacional del que semestralmente disfrutan los tribunales civiles, administrativos o del trabajo, es un lapso en que éstos se encuentran cerrados al público y las partes no tienen oportunidad de imponerse de los autos de los que emana el acto reclamado; en consecuencia, no pueden preparar el material para la elaboración de la demanda de garantías con los datos indispensables para tal efecto, por ello no son computables para el término de la interposición de la petición de amparo. Por tanto, la sentencia del juez de Distrito que considera extemporánea la demanda de garantías computando entre los días hábiles naturales y completos, alguno de los vacacionales, resulta incorrecta y de conformidad con el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, debe levantarse el sobreseimiento decretado y entrar al estudio de los conceptos de violación relativos." Domicilio y autorizados Téngase a la parte quejosa señalado como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones el que menciona en su ocurso, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los que indica en su escrito. Exhortación al uso de medios electrónicos No obstante, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, dada la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, se exhorta a las partes del que de ser posible realicen las gestiones y solicitudes conducentes con el objeto de que el presente expediente continúe su tramitación mediante el esquema de "juicio en línea", a fin de que puedan promover, consultar y notificarse electrónicamente, es decir, utilizando los medios electrónicos, debido a la situación de emergencia de salud pública por el citado virus. Asimismo, para que propongan formas expeditas de contacto, como números telefónicos, correos electrónicos o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales sea posible entablar comunicaciones no procesales que serán susceptibles de registro. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban de realizarse notificaciones personales a las partes, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el diligenciario de la adscripción efectúe las mismas. Transparencia Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7°, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles que puedan contener. Notifíquese personalmente a la quejosa."

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la quejosa.

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