Martín Torres Rosales

Expediente 2314/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2314/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
20/02/2018

Partes del expediente

  • Martín Torres Rosales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio de cuenta signado por la Presidenta Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento al fallo protector, informa las gestiones realizadas, como lo acredita con el anexo que acompaña; al respecto, agréguense a sus autos para que obren como corresponda; en la inteligencia de que con lo anterior no se tiene por cumplido el fallo protector concedido a la parte quejosa, sino únicamente en vías de cumplimiento, en términos de los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo; por lo que este juzgado estará a la espera del cumplimiento total del fallo protector.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado de autos, en específico el contenido de la demanda se advierte que la parte solicitante del amparo en el apartado de conceptos de violación menciona el artículo 21 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, así como los diversos 22, 24 y 26 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete (fojas 9 y 10); preceptos que no señaló como actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el artículo 111 de la Ley de la materia, requiérase a la parte promovente del amparo a fin de que dentro del plazo de quince días, siguientes al en que sea notificada, aclare si señala como actos reclamados el proceso legislativo y la aplicación de los artículos 21 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, y 22, 24 y 26 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete; y en el supuesto de que sea una respuesta en sentido afirmativo deberá precisar a qué autoridad o autoridades les atribuye esos actos; es decir, cuáles fueron las autoridades que participaron en la elaboración y ejecución de los mismos; en qué consisten los actos que les atribuyen y en su caso formular los conceptos de violación correspondientes. Apercibida que en caso de omisión en el término indicado, no se tendrán como actos los anteriormente mencionados y se resolverá el presente juicio de amparo, tal y como fue planteado. Determinación similar se emitió en el juicio de amparo indirecto 805/2014 de este índice, en atención a la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en el amparo en revisión número 86/2016. Consecuentemente, para dar margen a lo anterior la audiencia constitucional programada para el día de hoy se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL VENTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, con la finalidad de que las partes se impongan de su contenido.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guarda el presente expediente, se obtiene que en proveído de veinte de julio del año actual (foja 358), se solicitó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Técnica de Gestión Administrativa y Pericial, dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, su autorización a efecto de que el perito designado por este Órgano Jurisdiccional, a saber Julián Muro Chávez, desahogue la prueba pericial en materia contable ordenada en los presentes autos, sin que a la fecha se tenga noticia al respecto; por lo tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia incidental señalada para el día de hoy, se DIFIERE y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Por otro lado, remítase atento oficio a la mencionada Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Técnica de Gestión Administrativa y Pericial, dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, residente en la Ciudad de México, a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, se sirva informar el estado en que se encuentra el trámite de la autorización mencionada en el párrafo que precede.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la certificación que antecede, se aprecia que no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia dictada el dieciséis de noviembre del año en curso, en la cual, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación citada en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. En la inteligencia de que la cantidad remanente a devolver a la parte quejosa, deberá ser debidamente actualizada conforme al precepto 35 del Código Fiscal para el Estado de Nayarit; asimismo, la autoridad debe allegar las operaciones aritméticas que realice para obtener la actualización de la cantidad a devolver. Luego, con sustento en el dispositivo 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Administración y Finanzas de la propia Secretaría, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene al referido ente, dé cumplimiento con la ejecutoria de amparo. En la inteligencia de que, deberá emplear los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, pues no basta que en su calidad de superior jerárquico emita un oficio en el que comunique que requirió a la responsable para que dé cumplimiento al fallo. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.) emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el libro 4, Tomo II, página mil trescientos ochenta, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto expresa: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. CONFORME AL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO BASTA QUE EL SUPERIOR JERÁRQUICO EMITA UN OFICIO EN EL QUE INDIQUE QUE GIRÓ UNA ORDEN A LA AUTORIDAD DIRECTAMENTE OBLIGADA, SINO QUE DEBE DEMOSTRAR HABER HECHO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, INCLUSO PREVENCIONES Y SANCIONES, PUES DE LO CONTRARIO SE HACE ACREEDOR A LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA Y, EN SU CASO, A LA SEPARACIÓN DEL CARGO Y SU CONSIGNACIÓN ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Dentro de la Ley de Amparo, en particular en su artículo 192, se establecieron mecanismos necesarios para que las ejecutorias en la materia sean puntualmente cumplidas, entre ellos, que el órgano judicial al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable también lo hará respecto del superior jerárquico de aquélla, para que le instruya cumplir con la sentencia, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la propia ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que su subordinada. En este sentido, acorde con los criterios que sobre el tema ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito." Apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se les impondrá una medida de apremio consistente en multa a cada una de ellas, por la cantidad de cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo) acorde con el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, se les hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo los Titulares respectivos dejaran el cargo que desempeñan, seguirán teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por la cantidad de cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será el que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo) acorde con el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo.

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